Ángela Raquel García Parra

Expediente 785/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
785/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Ángela Raquel García Parra
  • Jefa del Departamento Juridico Y Atención Al Migrante Adscrita A la Estación Migratoria Janos, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración En el Estado de Chihuahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años; y en atención a que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es depurable. Por lo que, concluido el plazo de conservación, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de éste expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es depurable. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Vistos el oficio y anexo de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan. Así, atento a su contenido se tiene a la autoridad, Instituto Nacional de Migración Oficina de Representación en Chihuahua, Estación Provisional Juárez, rindiendo informe justificado, por lo que se ordena dar vista con ello a las partes para que se impongan de su contenido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. Ahora bien, se tiene por recibida la documental que la autoridad exhibe en calidad de medio probatorio para sostener lo dicho en su informe, la cual, será tomada en consideración en el momento procesal oportuno; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a los profesionistas que se indican; y, como domicilio procesal el señalado para tal efecto. Ahora bien, de la lectura de los autos de cuenta, este juzgado advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, porque en el caso operó un cambio de situación jurídica respecto de la quejosa, por virtud del cual deben estimarse consumadas irreparablemente las violaciones atribuidas en torno a los actos reclamados. Para advertirlo así, conviene tener en cuenta el contenido del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en el cual se prevé la causal de improcedencia que se actualiza en el caso que nos ocupa. En lo que interesa, ese numeral dice así: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.--- Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. ." Así pues, la lectura de tal precepto legal obliga a considerar improcedente el juicio de amparo, cuando en un procedimiento judicial o en alguno administrativo seguido en forma de juicio, se actualiza un cambio de situación jurídica respecto de la parte quejosa, por virtud del cual deban estimarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento relativo. En relación con la causal de improcedencia de que se trata, cabe acotar que el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad se llama situación jurídica. Desde luego, la libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: I. La detención realizada por una autoridad no jurisdiccional. II. La detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de la causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica. III. La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión. IV. La sentencia de primera instancia y en su caso, la de segunda instancia. V. La que abarca la fase de ejecución de la pena relativa. Como se puede apreciar, cada situación jurídica excluye a la que le antecede, de ahí que cuando por actos posteriores cambia la situación jurídica de la parte quejosa, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones atacadas, pues no podría decidirse sin afectar a la nueva situación jurídica creada. Con lo anterior se tiene que el cambio de situación jurídica debe entenderse como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos que, por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de manera que pueden subsistir con independencia de que los previos sean ilegales, por lo que estos actos con autonomía cambian la situación jurídica que existía y como consecuencia, acarrean la irreparabilidad jurídica, en su caso, de las violaciones constitucionales que se hayan realizado en el procedimiento de que se trate. Por tanto, para que se surta la causal de improcedencia de que se trata, es necesario que se demuestre no sólo que se está en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento y que al promoverse la vía constitucional la parte impetrante se halla en un estado jurídico determinado, sino también que después de admitida la demanda sobrevino otro acto en el procedimiento, así como que entre el acto reclamado y el nuevo acto no existe una relación de causalidad tal, que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y que, al producirse el nuevo acto, se agotaron los efectos del acto inicialmente atacado, creándose frente a la parte quejosa una nueva situación jurídica que no derivó de este último. En el caso, debe tenerse presente no sólo que al acudir a esta vía Ángela Raquel García Parra, reclamó la la privación de la liberta, la incomunicación, la orden de deportación y los efectos de esos actos, sino también que en el informe de la Instituto Nacional de Migración Oficina de Representación en Chihuahua, Estación Provisional Juárez, se informó que el treinta de agosto del año en curso, se decretó su libertad. Con esto queda claro que, en la especie, operó un cambio de situación jurídica respecto de la aquí quejosa, en virtud del cual deben considerarse consumadas las violaciones que, en su caso, se hubieren cometido en los actos reclamados en este juicio. Lo anterior es así, pues, además de que ambas etapas procedimentales son de naturaleza jurídica diferente y se rigen por normas procesales también distintas, debe tenerse en cuenta que son producto de actuaciones de naturaleza diversa, por lo cual, sin duda, los efectos de las normas aplicables en estas etapas procedimentales también son diferentes. Desde luego, no se trata de cualquier cambio de situación jurídica, sino únicamente el derivado de las diferentes fases en las que se divide el procedimiento administrativo, lo cual obedece a la figura procesal llamada preclusión, la que regula la pérdida de un derecho adjetivo por el transcurso del tiempo, más la realización de una posterior actuación judicial, en virtud de que el cambio de situación jurídica se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Efectivamente, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que se hubieran ocasionado en el acto que por esta vía se reclamó, pero hay un impedimento jurídico para ello, en razón de que el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio de amparo, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia de los actos que se reclamaron en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conceder el amparo invalidándose, como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida, ni resuelta conforme a derecho. Así, las razones anteriores conducen a considerar que, en el caso, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, porque operó un cambio de situación jurídica respecto de la parte impetrante, por virtud del cual deben estimarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en torno a los actos atacados en este juicio. Con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha no se ha localizado a la parte quejosa Ángela Raquel García Parra, como se desprende de las actuaciones no se encuentra en las estaciones migratorias informadas por la parte promovente. En tal sentido, se ordena requerir a Ana Karen Maldonado Vera, para que en el término de tres días, legalmente computado, informe a éste órgano jurisdiccional, si tiene conocimiento del lugar en el que se encuentra el directamente agraviado Ángela Raquel García Parra, o bien, lo presente ante este juzgado a fin de que ratifique o no la demanda de amparo presentada a su favor; lo anterior, con la finalidad de tener por manifiesta la voluntad del impetrante de promover el juicio de amparo que nos ocupa y tener por cumplido el principio de instancia de parte agraviada, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento que de incumplir con lo ordenado, se le impondrá multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (96.22), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A cuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se reciben el escrito signado por Ana Karen Maldonado Vera, por medio del cual desahoga la prevención realizada mediante proveído inmediato anterior, agréguese únicamente para efectos de control toda vez que ya se ordenó lo referente a la autoridad relativa. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado José universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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