Angelica Rodriguez Ramirez

Expediente 38/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
38/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
18/02/2022

Partes del expediente

  • Angelica Rodriguez Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso b) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, tomando en consideración que obran cuatro tomos de pruebas por separado en esta Secretaría VI, los cuales fueron remitidos por los Magistrados Integrantes de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca; por tanto, al no existir trámite pendiente por acordar, remítanse los mismos a la citada autoridad; lo anterior, toda vez que carece de objeto su permanencia en este juzgado; sin necesidad que acuse recibo pues para tal efecto se contará con la constancia de notificación a dicha autoridad en la cual se deberá plasmar la entrega del mismo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de enero de dos mil veintidós. Recepción de constancias. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual por una parte informa que carece de competencia legal por razón de la vía para conocer de la demanda de amparo promovida por Angélica Rodríguez Ramírez, por conducto de Martin Guerra Vásquez, a la que le correspondió número de juicio de amparo directo 26/2022, de su estadística, pues señaló que quien debe conocer es un Juez de Distrito de este circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, conforme a lo establecido en el artículo 170 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa substancialmente combate la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por los Magistrados Integrantes de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, en el toca familiar 56/2021, en la que esencialmente ordenó la reposición del procedimiento en el expediente 219/2016, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Centro de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y dicha determinación no se encuentra dentro de las hipótesis previstas por el aludido numeral 170. Acúsese recibo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 41 y 45 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada, y este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 38/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, dada la voluminosidad de las constancias recibidas, así como que éstas son originales, se ordena formar cuatro tomos de prueba por separado; mismos que quedan a disposición de las partes en esta Secretaría VI, para su consulta. Desechamiento. Previo a la admisión de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, se considera necesario señalar que de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa, reclama la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por los Magistrados Integrantes de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, en el toca familiar 56/2021, en la que esencialmente ordenó la reposición del procedimiento en el expediente 219/2016, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Centro de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. En este orden, cabe señalar que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El diverso 107, fracción V, de la ley de la materia, prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los preceptos legales reproducidos se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como aquellos que necesariamente deben afectar materialmente derechos sustantivos. En relación a lo anterior, es menester precisar que actualmente el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterios orientadores a la luz de la Ley de Amparo en vigor, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación. Ciertamente, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)"; el Alto Tribunal sostuvo que: Los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, que de la interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se deducen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: 1. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, 2. La segunda, que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto, conviene precisar, en lo que aquí interesa, lo establecido en la resolución reclamada: "Por tanto, con fundamento en el citado numeral 696 del Código Adjetivo Civil, el cual refiere que tratándose de violaciones procesales que trasciendan al resultado del fallo, de oficio o a petición de parte la Sala debe revocar la resolución y ordenar la reposición de procedimiento a partir de que se cometieron dichas violaciones, ésta Sala con el objeto de que se subsanen las violaciones procesales considera procedente reponer los autos originales a partir de la fase de alegatos celebrada con fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, dejando sin efectos la parte relativa de dicha diligencia y todo lo actuado con posterioridad a la misma, incluida la sentencia de cinco de veintisiete (sic) de enero del dos mil veinte, con la finalidad de que: 1.- Con la ayuda de un especialista en materia de psicología, atendiendo a la edad actual de la menor involucrada, se valore al infante para determinar si es posible escucharlo en relación a con quién de sus progenitores desea vivir. Deberá preparar la entrevista con la menor y para ello le informará en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar. Previo a la escucha de la infante, se reunirá con un psicólogo especialista en temas de la niñez, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar con el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y continuar la plática. La entrevista deberá realizar en un ambiente que no resulte hostil para los intereses de la infante, para que ésta pueda expresar su opinión libre y espontánea. Para ello deberá estar siempre el perito en psicología y de así desearlo la menor, una persona de confianza para ella, siempre que ello no genere un conflicto de intereses. 2.- Además de lo anterior, la juzgadora de origen deberá recabar las pruebas periciales en psicología familiar respecto de los progenitores, para ello deberá darle intervención a un perito en psicología dependiente de la dirección de servicios periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, para que realice una valoración psicológica de los litigantes. Probanzas que deberá tomar en cuenta y valorar exhaustivamente al momento de decidir sobre la guarda y custodia demandada, contando con libertad de jurisdicción para ello; siempre en beneficio del interés superior de la niña. Quedan subsistentes las medidas provisionales sobre guarda y custodia, régimen de visitas y convivencias de la menor con su progenitor y la pensión alimenticia provisional". Ante ese panorama, es evidente que en el presente asunto no se actualiza ninguna de las anteriores condiciones establecidas por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para considerar que nos encontramos ante un acto de imposible reparación, pues no se advierte que con su emisión se afecten materialmente los derechos sustantivos de la parte impetrante, al grado que se le impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Se afirma lo expuesto, porque el acto que aquí se reclama únicamente tiene como objeto reponer el procedimiento del juicio natural a fin de que se integre correctamente una prueba pericial en psicología de una menor de edad y se valore a cabalidad el material probatorio en el expediente de origen. Sin que se advierta que se hayan dejado insubsistentes actuaciones que sería imposible que se vuelvan a realizar. Cobra aplicación al caso, por las razones que la informan, la jurisprudencia 881 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 981 del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Séptima Sección - Procedencia del amparo directo, Novena Época, con registro 1002947, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." No pasa inadvertido para quien aquí suscribe el contenido de la jurisprudencia 2ª./J. 87/2016 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 97/2015, Décima Época, visible en la página 1180, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con registro 2012245, de rubro y texto siguiente: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva." No obstante, dado que el Tribunal Colegiado oficiante remitió el expediente original de donde deviene el acto aquí reclamado; por tanto, al tenerlo a la vista desaparece la circunstancia de imposibilidad para determinar desde el auto inicial, puesto que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que al tener las constancias pertinentes (lo que normalmente sólo acontece hasta la celebración de la audiencia constitucional) este órgano jurisdiccional está en posibilidades de realizar un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que el acto reclamado produce tanto en el procedimiento como en las cosas y las personas; dando como resultado que el caso concreto no amerite que se postergue el análisis de la causal de mérito hasta colocar el asunto en estado de dictar sentencia, pues al imponerse de las constancias que constituyen los antecedentes del caso, permiten establecer con precisión que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia del juicio ya analizada. Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Además, el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo cuyo rubro a la letra dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." Vinculación de expediente electrónico. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, se solicita atentamente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, de no tener inconveniente alguno, autorice la vinculación permanente del expediente de amparo directo 26/2022 de su índice, al diverso juicio de amparo indirecto 38/2022 de este juzgado, a fin de integrar el expediente electrónico respectivo; asimismo, comunique a este juzgado dicha autorización. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; o en su caso, que proporcionen un número de teléfono o correo electrónico, por medio del cual, de ser necesario, este órgano jurisdiccional pueda tener establecer comunicación con las partes, de conformidad con el referido Acuerdo General, dadas las medidas de contingencia. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo. Asimismo, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere en el proemio de su demanda, ya que no tienen su cédula profesional registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF). Es aplicable al respecto, la Tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1384, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 173706, cuyo rubro dice: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". Número de celular. Ahora, por cuanto hace al número telefónico que pone a disposición para realizar las debidas notificaciones, dígasele que no es procedente acordar de conformidad su petición, toda vez que en la Ley de Amparo, que rige este procedimiento, no existe dispositivo que faculte realizar llamadas telefónicas y realizar las actuaciones que existen en los expedientes a su cargo, a determinado número de celular, y en su caso, las notificaciones que se ordenen practicar en este juicio se harán conforme lo regula la ley de la materia; y, además, únicamente se encuentran previstas las notificaciones electrónicas de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la citada ley de la materia. No obstante lo anterior, en atención al artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota del mismo, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza a la actuaria y/o secretaria judicial para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente.

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