Angeles Maciel Sixto González y Otros.

Expediente 417/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
417/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
28/09/2021

Partes del expediente

  • Angeles Maciel Sixto González y Otros.
  • Ulises Alejandro Sixto Rojas y Otros.
  • Angeles Maciel Sixto González

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Por analogía de razón, con apoyo en el numeral 18, fracción a), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que si bien se tuvo por no presentada la demanda de amparo, lo cierto es, que se decretó la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamado por la parte quejosa; sin que obste lo anterior, el hecho de que dicho numeral refiera únicamente por cuanto hace al incidente de suspensión, cuando en éste se haya concedido la medida cautelar ya sea provisional, definitiva o ambas, pues lo cierto es que la suspensión de plano se equipara a una suspensión definitiva; asimismo, este asunto no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a la depuración del expediente; terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente asunto a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción y actuación a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    EN VIRTUD A QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIO A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTES AL EN QUE SE LE DEJÓ AVISO, SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEIONTIUNO, EN EL CUAL SE ACORDÓ: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que el plazo de cinco días concedido a la parte promovente, para que desahogara la prevención realizada en auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, transcurrió del siete al once de los corrientes, sin que hubiere dado cumplimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo que dio origen a este expediente. Hágase del conocimiento de la parte promovente este proveído y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones de Ley en el libro correspondiente. Finalmente, se exhorta al personal y actuarios encargados de este expediente, a fin que en lo sucesivo sean cuidadosos y diligentes en la integración de los asuntos que tienen a cargo, a efecto de evitar el retraso de los asuntos tramitados ante este Juzgado Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    ... requiérase al Juzgado Mixto de Huajuapan de León, Oaxaca, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, computadas legalmente, devuelva la comunicación oficial 52/2021, con número de orden 97/2021, o en su caso, el impedimento que tenga para ello.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por ******, contra actos del Síndico Municipal de San Jorge Nuchita, Huajuapan de León, Oaxaca y otra autoridad. En consecuencia, regístrese en el libro de Gobierno bajo el número 417/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso. Suspensión de plano. Ahora, del análisis del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del Síndico Municipal y Comandante e integrantes de la Policía Municipal, ambos de San Jorge Nuchita, Huajuapan de León, Oaxaca, actos contenidos en el artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo, a saber: Privación de la libertad personal y deambulatoria fuera de procedimiento. Órdenes que pongan en peligro su vida. Orden de proscripción o destierro de la localidad de San Jorge Nuchita, Oaxaca. Orden de confiscación de bienes. En esta línea, debe decirse que el artículo 126 de la Ley de Amparo, establece que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Así, con independencia de la prevención que más adelante se precisará, este órgano jurisdiccional estima que debe pronunciarse respecto de la suspensión de plano, en los términos siguientes. Con fundamento en los artículos 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo y demás relativos, de la Ley de Amparo, toda vez que, conforme a las manifestaciones de la parte quejosa, no se advierte participación de autoridad judicial alguna, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO, para que cese de inmediato la orden de detención, alguna diversa o acto que ponga en peligro la vida, así como la orden de destierro o proscripción de la localidad de San Jorge Nuchita, Oaxaca y confiscación de bienes, dictadas contra los aquí quejosos (Ulises Alejandro Sixto Rojas y Ángeles Maciel o Marciel Sixto González) y cualquier otro prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se relacione con los antecedentes narrados en la demanda de amparo, para que no se ejecuten, o en su caso, cesen de inmediato, en razón que tales actos, se ubica dentro de aquéllos comprendidos en el citado artículo 126, párrafo primero de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establece: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Se precisa efectos del acto consistente en detención fuera de procedimiento, dada su particularidad. Esto es, que las autoridades responsables: a) De existir orden de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, emitido contra la parte quejosa por autoridad distinta al ministerio público, se abstengan de ejecutarlo, siempre que la parte quejosa no hubiere sido sorprendida en flagrancia, cuasiflagrancia o presunción de delito, así como en caso de urgencia, a que se refiere el párrafo sexto del precepto 16 de la Constitución Federal, en que el Ministerio Público puede ordenar la detención. b) En el caso que la orden de privación o restricción de la libertad consistente en la orden de detención, decretada en contra de los agraviados, por las autoridades municipales de referencia, ya se hubiere ejecutado, tendrá por efecto que los quejoso sean puestos en inmediata libertad; en el entendido que dicha medida suspensional en los términos antes descritos no surtirá efectos, si la parte quejosa fue sorprendida en flagrancia, cuasiflagrancia, presunción de delito, comisión de delito, ni en caso de urgencia, a que se refiere el párrafo sexto del precepto 16 de la Constitución Federal, en que el Ministerio Público puede ordenar la detención; supuestos en los cuales, la medida suspensional únicamente tendrá por objeto, que el directo quejoso sea puesto a disposición del agente del Ministerio Público que corresponda. Además, la suspensión no surtirá efectos en caso de que la detención hubiera sido ordenada por autoridad jurisdiccional, o por haber cometido un ilícito, y se encuentre instruyéndose o se instruirá en contra de la parte directamente agraviada una causa penal; o bien, tales actos, emanen de diversas autoridades de las señaladas como responsables, o por hechos diversos. Sirve de apoyo la Tesis I.8º.A.11 K (10ª), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 3016, Libro 34, Septiembre de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2012710, cuyo rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE PROCEDA DE PLANO, NO JUSTIFICA QUE SUS EFECTOS DESCONOZCAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO O SE SIGAN EN PERJUICIO DEL INTERÉS SOCIAL". Lo anterior, a fin de que no se consume la materia del juicio, ni se ejecuten irreparablemente las alegadas violaciones; sin perjuicio de que si con posterioridad al analizar el fondo del asunto, se aprecia que se trate de una restricción o privación de la libertad personal válida constitucionalmente, se constriña a la parte quejosa a compurgar la sanción faltante al momento de ser puesta en libertad. Ahora bien, en caso de que la parte quejosa se encuentre a disposición del Agente del Ministerio Público, por la comisión de un delito, las autoridades responsables en el término CUARENTA Y OCHO o NOVENTA Y SEIS HORAS, tratándose de delincuencia organizada, según sea el caso, conforme lo disponen los artículos 16, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 165 de la Ley de Amparo, deberán poner a los quejosos a disposición de la autoridad jurisdiccional competente que corresponda, o en su caso, deberán ordenar su libertad. En el entendido que la presente medida suspensional decretada en los términos antes anotados, es únicamente respecto de la orden de detención y/o privación de la libertad fuera de procedimiento, reclamada a las autoridades responsables, al encuadrarse dentro de los supuestos que resulta su procedencia. Respecto a todos los actos reclamados debe señalarse: Que dicha medida suspensional, no surtirá sus efectos, si deriva de actos o hechos diversos a los señalados en el escrito de demanda, o bien, si provienen de autoridad o autoridades diversas a la señalada por la parte quejosa. En ese contexto, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de su legal notificación, informen a este Juzgado de Distrito, la forma y términos en que dio cumplimiento a esta suspensión; así como para que, en su caso, acrediten dentro del citado plazo con las constancias respectivas, la existencia del acto; se previene a las autoridades responsables, que la desobediencia de este mandato será sancionada en los términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, con independencia de cualquier otro delito en el que se incurra. Asimismo, se informa a las mencionadas autoridades responsables que la violación de la medida suspensional decretada implica la comisión de un delito, conforme a los artículos 262, fracción III y 266, fracción, I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se le reclama, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Apoya la anterior determinación, la tesis VI. 1o.A. 19 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y ocho, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". Asimismo, infórmese a las autoridades señaladas como responsables, que podrán remitir sus informes sobre la suspensión de plano, vía fax a este órgano jurisdiccional al número de teléfono 951-5023701 o al correo electrónico institucional 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Se instruye al actuario judicial adscrito, en su carácter de fedatario, envíe de manera inmediata por cualquier vía acelerada que asegure su inmediata recepción, CON CARÁCTER DE URGENTE, los oficios que contienen este auto, a las autoridades señaladas como responsables, debiendo levantar la certificación en la que se asiente el nombre de la persona, cargo y hora en que fue recibido, para el caso que se logre su envío por fax o medios electrónicos. Asimismo, de manera simultánea a lo anterior, a fin de evitar dilaciones procesales en la recepción de los oficios que se libren derivados del presente proveído, tomándose en consideración que las autoridades señaladas como responsables, tienen su domicilio en la localidad de San Jorge Nuchita, Huajuapan de León, Oaxaca, esto es, fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; en consecuencia, con fundamento en los artículos 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicha Ley y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vía fax o correo electrónico o correo acelerado, líbrese atento despacho al Juzgado Mixto de Huajuapan de León, Oaxaca, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, encomiende a quien corresponda, se constituya en la residencia oficial de las autoridades señaladas responsables Síndico Municipal y Comandante e integrantes de la Policía Municipal, ambos de San Jorge Nuchita, Huajuapan de León, Oaxaca, y les haga entrega de los oficios que deriven del presente dirigidos a las autoridades señaladas como responsables, debiendo recabar el acuse de estilo correspondiente y, remitirlo inmediatamente a este Juzgado Federal, a los cuales se anexa copia del escrito de demanda de que se trata. Asimismo, se faculta al juzgado que auxiliará en la citada diligencia, a agotar los medios legales con que cuente para el éxito de la misma, en el entendido que si a la fecha en que se pretenda realizar la diligencia, en la región donde tienen domicilio las autoridades responsables no se permite el acceso por cuestiones sanitarias, inmediatamente comunique dicha circunstancia a este órgano jurisdiccional, debiendo reservar la diligenciación de la encomienda solicitada, hasta que se reanude el tránsito regular a la región en cuestión. Finalmente, se hace del conocimiento al juzgado requerido, que podrá remitir la devolución del despacho en comento vía fax al teléfono 9515023701 o por correo electrónico 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y, confirmar su recepción por la misma vía. De igual forma, se faculta al actuario judicial para el caso de que al constituirse en los domicilios de la autoridad responsable, en ese acto corrija la denominación o denominaciones de las autoridades siempre que fuere necesario, para efecto de que las responsables reciban los oficios relativos. Sirve de apoyo, en lo conducente, la Jurisprudencia 75/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 18, Tomo XII, Agosto 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 191374, cuyo rubro y texto son: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. A LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA NO LE SON APLICABLES ANALÓGICAMENTE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL QUEJOSO PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 130 Y 136 DE LA LEY DE AMPARO. El arresto como medida de apremio, que tiene su fundamento en el artículo 17 constitucional que exige como garantía individual la de una administración de justicia pronta, completa e imparcial, persigue vencer la resistencia de quien se opone a acatar un mandato judicial. En cambio, las órdenes de aprehensión, detención o retención dictadas por autoridades judiciales del orden penal, por el Ministerio Público o por autoridades administrativas, se refieren a un acto tipificado como delito por la ley y del que se presume probable responsable al quejoso. Las medidas de aseguramiento a que aluden los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, que debe tomar en cuenta el Juez de Distrito al conceder la suspensión contra las órdenes de aprehensión, detención o retención aludidas, no pueden exigirse al concederse la suspensión contra el arresto como medio de apremio en aplicación analógica de los preceptos citados, en virtud de que el origen y los fines perseguidos en cada tipo de órdenes son distintos y, además, en las segundas no están presentes las razones que justifican el dictado de esas medidas respecto de las primeras porque en aquéllas no hay necesidad de devolver al quejoso a la autoridad responsable en caso de que se niegue el amparo pues no hay hecho delictivo respecto del que deba purgarse pena privativa de la libertad. Además, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte el arresto como medida de apremio no puede exceder del plazo de treinta y seis horas previsto por el artículo 21 constitucional, por lo que el dictado de medidas de aseguramiento en ese supuesto podría ocasionar la consumación irreparable de los efectos del acto reclamado, tornándose nugatorios los fines de la suspensión al agotarse la materia del amparo. Por último, frente al interés particular del quejoso de obtener su libertad en ambos tipos de órdenes en las que derivan de un hecho delictivo, el interés social exige que quien resulte responsable purgue la pena correspondiente, mientras que en las otras sólo exige el acatamiento al mandato judicial, lo que puede hacer el quejoso en cualquier momento.". Prevención. Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: Los artículos 108, fracciones IV y V, 112 y 114, fracciones II y IV, todos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; [...]. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación". "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite". "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: [.]. II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley. [.]. IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado;". De los artículos y fracciones trascritas, se advierte la facultad de este juzgado federal, de prevenir a la parte quejosa, para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad o bien, se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo, así como no acompañar con documento que acredite la personalidad con la que se ostente. En tales condiciones, a fin de acordar conforme a derecho la demanda que se intenta, con fundamento en lo previsto en los artículos 108, fracciones IV y V, 112 y 114, fracciones II, y IV, todos de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: 1. Aclare en qué consiste el acto reclamado que señaló como: orden de confiscación de bienes, pues de la lectura integra de la demanda de amparo no se advierte algún hecho o acto que se encuentre relacionado con éste. 2. Señale si reclama de manera autónoma y destacada las órdenes de privarlos del libre tránsito en la localidad de San Jorge Nuchita, Oaxaca; así como la diversa que atente contra la privación de su vida; o bien, únicamente como una consecuencia posible de las órdenes de detención y destierro o proscripción también reclamadas. 3. Amplié el capítulo de antecedentes de cada uno de los actos reclamados -bajo protesta de decir verdad-, habida cuenta que los vertidos en su escrito inicial se encuentran dirigidos a la orden de detención, así como a la diversa de destierro o procripción. 4. Indique si ha promovido algún juicio de amparo en contra de los actos aquí reclamados; y de ser así proporcione el número y el órgano jurisdiccional a quien correspondió su conocimiento. 5. Señale la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto o actos reclamados. 6. Aclare si Ángeles Maciel Sixto González es la misma persona que Ángeles Marciel Sixto González. 7. Exhiba documento fehaciente que acredite la representación del menor de edad, pues la documental anexa a la demanda de amparo, resulta insuficiente al tratarse de una copia simple de un acta de nacimiento, lo que produce incertidumbre de su autenticidad. Por tanto, en el caso, resulta dable prevenir a la parte quejosa fin de estar en aptitud de determinar la procedencia o no de la instauración del presente juicio biinstancial y así lograr una impartición de justicia completa e integral, tal como lo exige el artículo 17 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo por sus consideraciones esenciales, la tesis aislada sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, página 393, Tomo CVIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. El Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, mandará aclararla, no sólo cuando el quejoso haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la Ley de Amparo, sino también cuando en ella encuentre alguna irregularidad; cuando no se hayan expresado con precisión el acto reclamado; o cuando no se haya exhibido las copias que señala el artículo 120 de la propia Ley, previniendo al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que correspondan, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades y deficiencias que deben llenarse para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo; en la inteligencia que si no lo hace se tendrá por no interpuesta la demanda. Es improcedente el agravio que se haga valer en el sentido de que no se previno al quejoso se hiciera la aclaración, con apercibimiento de que en caso de no hacerla, se tendría por no interpuesta la demanda, ya que el artículo 146 de la Ley de Amparo que es el que establece el procedimiento de aclaración de la demanda, no dispone que deba hacerse al promovente de la misma, tal apercibimiento." Hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". Se hace la precisión a la parte promovente, que al dar cumplimiento a lo requerido en la presente determinación, deberá exhibir tantas copias del escrito aclaratorio y de los anexos que para tal efecto allegue a este sumario constitucional, como partes sean en el presente juicio, lo anterior según lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y sustancia jurídica el criterio que ha sustentado el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, en la tesis visible en la página 222, del Tomo XI, Enero de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "AMPARO DEMANDA DE, REQUERIMIENTO PARA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE LA." Así como, la Jurisprudencia 124/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1449, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES". Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a la prevención o de no acompañar la totalidad de las copias del documento con el que acredite su representación dentro del término concedido, se tendrá POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo; en el entendido, que de no cumplir exclusivamente con el punto 7, únicamente se proveerá respecto al quejoso Ulises Alejandro Sixto Rojas, sobre la admisión o desechamiento dependiendo de la observancia de los restantes puntos de prevención. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Tomando en consideración el presente juicio fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", de conformidad con el artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que el Actuario Judicial adscrito, logre llevarlas a cabo. Domicilio y autorizados del promovente. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto. Asimismo, como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que indica, por no tener su cédula profesional registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF). Ahora, respecto al correo electrónico y número telefónico que indica la parte quejosa, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota de los mismos, para entablar únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido, en su caso, se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte promovente.Así lo proveyó y firma Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Leonardo Morales Castillo, Secretario Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. DOY FE.

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