Angélica Ríos Suaste
Expediente 820/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 820/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 29/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Angélica Ríos Suaste
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por ************, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis previstas en el artículo 21, inciso a) del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó; y respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso a), del artículo 18, del acuerdo precitado, toda vez que se concedió la suspensión provisional, por lo se deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; así como, el acuerdo de su archivo; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosarlo para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo lo establecido por el artículo 20, la fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Incidental
Único. Se niega la suspensión definitiva a ****************, respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente interlocutoria.
- Incidental
Agréguese en autos el oficio signado por la Directora del Hospital General de Zona No. 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual rinde su informe previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia incidental. Con fundamento en el numeral 143 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como prueba de su intención las documentales que acompaña, las que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia incidental. Asimismo, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos, mismos que podrán ser tomados en cuenta al resolver en definitiva la presente incidencia. De igual manera, se le tiene como delegadas a las personas que indica, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento, y como domicilio para recibir notificaciones el que señala. Finalmente, dado el contenido de la documentales que acompaña, con copia certificada de las mismas y del informe que se acuerda, dese cuenta en el cuaderno principal del que deriva la presente incidencia.
- Principal
Vista la copia certificada del oficio y anexo remitidos por la Directora del Hospital General de Zona, No. 4, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, los cuales obran en en el cuaderno incidental, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de dichas constancias, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: A) La gestionante del amparo ******************** acudió al presente juicio señalando como acto reclamado, en esencia: La omisión agendarle una cita para determinar lo correspondiente a la cirugía que necesita por su hernia abdominal postquirúrgica. B) Ahora bien, de acuerdo con las constancias que remitió la Directora del Hospital General de Zona, No. 4, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, a las que como se advierte de párrafos que anteceden, se les concedió valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que: El doce de noviembre de dos mil veintiuno, la peticionaria del amparo fue valorada por un especialista en cirugía general, quien determinó que era candidata para la colocación de malla por hernia de pared. De acuerdo a lo narrado en la nota medica del especialista en cirugía antes mencionado, el dieciocho de noviembre del presente año, se llevó acabo la valoración preoperatoria; por lo que, su cirugía de plastia de pared quedó programada para el seis de los actuales. En relatadas condiciones, es incuestionable que la omisión reclamada por la quejosa y que tildaba de inconstitucional, cesó en sus efectos, ya que al haber sido valorado su padecimiento por un especialista, quien determinó someterla a cirugía para la colocación de malla por hernia de pared, y agendando cita para la realización de la misma, ello hace que ya no hace posible el resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, ya que con su valoración por parte de un especialista, su análisis preoperatorio y el agendarle cita para su cirugía, desaparecieron los efectos de la omisión reclamada. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Finalmente, se tiene a la Directora del Hospital General de Zona, No. 4, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, designando como delegadas a las personas que indica, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento, y como domicilio para recibir notificaciones el que señala.
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