Angélica Prado Bocanegra y Otros.

Expediente 1003/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1003/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Angélica Prado Bocanegra y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de octubre del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *************, por propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1003/2022-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el en el artículo 61, fracción XII, en relación con el dispositivo 5°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Federal, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". Debe precisarse que el interés jurídico a que aluden los preceptos transcritos, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o convencional que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En este orden de ideas, de acuerdo con el sistema contenido en el artículo 107 constitucional y en el invocado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la norma general que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Esto es así, dado que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traduzcan en un perjuicio real al demandante del amparo, es decir, cuando alguna autoridad jurisdiccional emite un acto que el gobernado estime violatorio de tales derechos y, lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así, se tiene que para acudir al juicio de amparo es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales. Cabe señalar que no basta que exista el acto de autoridad para que prospere el juicio constitucional, sino que es necesario que el accionante de amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. En este sentido, debe destacarse que entre otros requisitos de procedencia del juicio de amparo, el texto del artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentado en esa parte en el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto reclamado exista, sino que es necesario para efectos de procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales que transgreda en perjuicio del quejoso un derecho subjetivo que le otorgue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional. Lo anterior es así, ya que en la tesis XIV/2011, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la interpretación del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación, y que sólo ha cambiado el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material"; tal criterio jurídico es de la literalidad siguiente: INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material"." En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio constitucional y no otra persona. Por otra parte, a través de la reforma del artículo 107 constitucional contenida en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y el cual también se adoptó en la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el citado medio de comunicación oficial el dos de abril de dos mil trece, introdujo la institución jurídica del el interés legítimo, pues la redacción actual de dicho precepto constitucional establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.". Sobre el particular, debe precisarse que el interés legítimo se refiere a aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por lo anterior, el legislador ordinario estableció que el interés legítimo no puede ser planteado tratándose de actos que emanen de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, esto es, respecto de actos jurisdiccionales, pues como en estos casos, debe aducirse ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa tal como se desprende del transcrito artículo 5º, fracción I, párrafo cuarto, de la ley de la materia, por lo que el interés legítimo, se encuentra acotado a los actos administrativos. Naturalmente, este cambio cualitativo abre el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. No obstante lo anterior, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo que se le ocurra acuda al juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan sólo con este tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. En efecto, el interés legítimo puede definirse como aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés, deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Así, para demostrar el interés legítimo colectivo -derechos difusos-, para impugnar actos de autoridad, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. En tanto que, para demostrar interés legítimo individual para impugnar actos de autoridad, deberán cumplirse los supuestos siguientes: 1) Que se aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) Alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución o los tratados internacionales; 3) Demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Con base en lo expuesto, para corroborar la improcedencia del juicio de amparo debe ponderarse el interés legítimo individual, que: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución o los tratados internacionales; y 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En síntesis, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, pues implica que se ha ampliado el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo debido a que han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación -a cargo del quejoso- de la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. No obstante, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo que se le ocurra acuda al juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan solo con ese tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. Entonces, el interés legítimo es de naturaleza cualificada, lo que implica que la acción de amparo no le está autorizada a la persona que tenga algún interés simple o meramente económico, sino que deben concurrir una serie de situaciones, a saber: Que la situación jurídica esté garantizada por el derecho objetivo, aunque ello no dé lugar a un derecho subjetivo; en otras palabras, que el interesado tenga una situación jurídica propia y distinta a los demás gobernados. Que esa situación jurídica se vea afectada por el acto de autoridad. Que la potencial anulación del acto de autoridad produzca un beneficio a la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, la procedencia de la acción de amparo continúa siendo limitada, pues de acuerdo con las premisas que se han señalado, la inclusión del interés legítimo como presupuesto de procedencia del juicio relativo, no implica que cualquier persona pueda accionar este medio de control constitucional, pues no basta el simple interés económico, ni aún el interés general de legalidad de los actos de la administración pública, sino que es necesario que se satisfagan los supuestos que demuestren la existencia de interés jurídico o legítimo y, fundamentalmente, que dichos intereses se vean afectados por el acto de autoridad, sin que baste la sola existencia del acto autoritario para que prospere el juicio de amparo. De lo anterior, se sigue que para considerar que los demandantes del amparo cuentan con interés legítimo, deben demostrar que se encuentran en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aducen, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo. En la especie, los quejosos promovieron el presente juicio de amparo, en el que reclamaron del Congreso de la Unión y otras autoridades, concretamente, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. Luego, en el presente asunto no se actualizan las hipótesis aducidas para tener por acreditado el interés legítimo, porque, en primer lugar, es claro que la situación jurídica de la parte demandante no es distinta a la del resto de los gobernados, ya que si bien aduce tener en su calidad de defensores de derechos humanos, ya que la sujeción al mando militar inhibe el ejercicio de derechos esenciales en una democracia, como la libertad personal o la privacidad de las comunicaciones. También lo es que no se allegó algún medio de convicción, más allá del carácter de defensores de derechos humanos con el que se ostentan; sin embargo, esa autodeterminación es insuficiente para acreditar un agravio diferenciado al del resto de la población. Es decir, el decreto reclamado no impone, por sí mismo, obligaciones adicionales o restricciones a la libertad personal de los ciudadanos, su integridad física, o los derechos de seguridad jurídica, audiencia, legalidad, etcétera, por lo que no es dable asegurar que genere disuasión o inhibición en el ejercicio de los derechos de los residentes en el territorio nacional, y por lo tanto, tampoco la afectación necesaria para acudir al amparo en defensa de un interés jurídicamente relevante, cualificado, actual y real. Lo expuesto se corrobora con las propias manifestaciones de los quejosos, ya que en la demanda de amparo, en esencia, refirieron que el decreto reclamado impacta en su esfera jurídica como defensores de derechos humanos, en función de que con tal carácter realizan acciones ejerciendo pacíficamente su derecho de manifestación de ideas, solicitan información pública, difunden opiniones, información e ideas por varios medios, presentan peticiones en dependencias públicas municipales, estatales y federales, se reúnen pacíficamente con otros mexicanos para tomar parte en los asuntos políticos del país, se desplazan libremente por la república, interponen denuncias, quejas y juicios de amparo contra los actos de servidores públicos que violan derechos humanos. Así, aducen que ante la arbitrariedad e imprudencia del presidente de la república y de los elementos castrenses y de la Guardia Nacional, pueden sufrir un riesgo irreparable a su vida, integridad física, libertad y seguridad personal derivado del acuerdo presidencial que combaten; siendo que, de modo objetivo, no se advierte, desde la entrada en vigor de la normatividad atacada, en qué medida la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, implique, por vía de consecuencia e inmediata, la trasgresión a los derechos que refieren los solicitantes de la protección constitucional. Tanto es así que, contrario a dicha postura, el decreto reclamado no establece obligaciones específicas a los quejosos, ya que no implica afectación a los solicitantes de amparo por tratarse únicamente de reglas de organización institucional, y por sí solo, su texto no prevé prohibición o modificación al goce de los derechos alegados que puedan ser contravenidos desde la entrada en vigor de la normatividad reclamada. Con base en lo anterior se considera que no puede advertirse la existencia de una afectación concreta y directa a la esfera de derechos de los quejosos, derivada de la emisión del acto combatido y, por tanto, una eventual concesión del amparo no podría reportarles un beneficio respecto de la posición que aducen tener frente a los derechos que reclaman. En tal virtud, se considera que el decreto reclamado no genera un perjuicio a los gobernados, desde el momento de su vigencia, precisamente porque, como se tiene expuesto, el eventual agravio que, en su caso se genere, será en el momento que en ejercicio de las facultades que se confirieron a las fuerzas armadas del país afecten de manera directa y, en concreto a los derechos de los promoventes. De estimarse lo contrario, esto es, que cualquier persona por el hecho de aducir presuntas afectaciones al derecho a la seguridad pública -sin importar si cuenta con un grado de afectación cualificado y relevante-, pueda acceder al juicio de amparo de manera inmediata, implicaría reconocer que una persona puede lograr el escrutinio constitucional de cualquier acto que estime que afecta a la población en general -al bien común-, y por tanto, aducir una afectación de manera abstracta, probable y de realización incierta, con un interés genérico -simple-, lo cual, evidentemente, es una postura que resulta impropia del juicio de amparo, pues el interés simple que tiene toda la población de que se respeten sus derechos a la libertad y integridad personal, es insuficiente, por sí, para activar el mecanismo de control constitucional por parte de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el dispositivo 5°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Federal, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. De igual forma, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de la contingencia sanitaria que actualmente impera en el país, téngasele proporcionando como forma especial y expedita de contacto, el correo electrónico que menciona. Se hace la precisión que el correo electrónico proporcionado no puede tenérsele como domicilio para oír y recibir notificaciones, ya que dicho supuesto no está previsto en la Ley de Amparo y el correo al que alude el indicado Acuerdo General únicamente es para establecer contacto en caso de estimarse necesario. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Se instruye al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que cuando practique la notificación personal, acate el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *************, por propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1003/2022-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el en el artículo 61, fracción XII, en relación con el dispositivo 5°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Federal, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". Debe precisarse que el interés jurídico a que aluden los preceptos transcritos, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o convencional que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En este orden de ideas, de acuerdo con el sistema contenido en el artículo 107 constitucional y en el invocado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la norma general que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Esto es así, dado que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traduzcan en un perjuicio real al demandante del amparo, es decir, cuando alguna autoridad jurisdiccional emite un acto que el gobernado estime violatorio de tales derechos y, lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así, se tiene que para acudir al juicio de amparo es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales. Cabe señalar que no basta que exista el acto de autoridad para que prospere el juicio constitucional, sino que es necesario que el accionante de amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. En este sentido, debe destacarse que entre otros requisitos de procedencia del juicio de amparo, el texto del artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentado en esa parte en el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto reclamado exista, sino que es necesario para efectos de procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales que transgreda en perjuicio del quejoso un derecho subjetivo que le otorgue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional. Lo anterior es así, ya que en la tesis XIV/2011, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la interpretación del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación, y que sólo ha cambiado el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material"; tal criterio jurídico es de la literalidad siguiente: INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material"." En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio constitucional y no otra persona. Por otra parte, a través de la reforma del artículo 107 constitucional contenida en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y el cual también se adoptó en la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el citado medio de comunicación oficial el dos de abril de dos mil trece, introdujo la institución jurídica del el interés legítimo, pues la redacción actual de dicho precepto constitucional establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.". Sobre el particular, debe precisarse que el interés legítimo se refiere a aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por lo anterior, el legislador ordinario estableció que el interés legítimo no puede ser planteado tratándose de actos que emanen de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, esto es, respecto de actos jurisdiccionales, pues como en estos casos, debe aducirse ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa tal como se desprende del transcrito artículo 5º, fracción I, párrafo cuarto, de la ley de la materia, por lo que el interés legítimo, se encuentra acotado a los actos administrativos. Naturalmente, este cambio cualitativo abre el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. No obstante lo anterior, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo que se le ocurra acuda al juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan sólo con este tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. En efecto, el interés legítimo puede definirse como aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés, deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Así, para demostrar el interés legítimo colectivo -derechos difusos-, para impugnar actos de autoridad, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. En tanto que, para demostrar interés legítimo individual para impugnar actos de autoridad, deberán cumplirse los supuestos siguientes: 1) Que se aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) Alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución o los tratados internacionales; 3) Demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Con base en lo expuesto, para corroborar la improcedencia del juicio de amparo debe ponderarse el interés legítimo individual, que: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución o los tratados internacionales; y 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En síntesis, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, pues implica que se ha ampliado el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo debido a que han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación -a cargo del quejoso- de la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. No obstante, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo que se le ocurra acuda al juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan solo con ese tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. Entonces, el interés legítimo es de naturaleza cualificada, lo que implica que la acción de amparo no le está autorizada a la persona que tenga algún interés simple o meramente económico, sino que deben concurrir una serie de situaciones, a saber: Que la situación jurídica esté garantizada por el derecho objetivo, aunque ello no dé lugar a un derecho subjetivo; en otras palabras, que el interesado tenga una situación jurídica propia y distinta a los demás gobernados. Que esa situación jurídica se vea afectada por el acto de autoridad. Que la potencial anulación del acto de autoridad produzca un beneficio a la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, la procedencia de la acción de amparo continúa siendo limitada, pues de acuerdo con las premisas que se han señalado, la inclusión del interés legítimo como presupuesto de procedencia del juicio relativo, no implica que cualquier persona pueda accionar este medio de control constitucional, pues no basta el simple interés económico, ni aún el interés general de legalidad de los actos de la administración pública, sino que es necesario que se satisfagan los supuestos que demuestren la existencia de interés jurídico o legítimo y, fundamentalmente, que dichos intereses se vean afectados por el acto de autoridad, sin que baste la sola existencia del acto autoritario para que prospere el juicio de amparo. De lo anterior, se sigue que para considerar que los demandantes del amparo cuentan con interés legítimo, deben demostrar que se encuentran en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aducen, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo. En la especie, los quejosos promovieron el presente juicio de amparo, en el que reclamaron del Congreso de la Unión y otras autoridades, concretamente, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. Luego, en el presente asunto no se actualizan las hipótesis aducidas para tener por acreditado el interés legítimo, porque, en primer lugar, es claro que la situación jurídica de la parte demandante no es distinta a la del resto de los gobernados, ya que si bien aduce tener en su calidad de defensores de derechos humanos, ya que la sujeción al mando militar inhibe el ejercicio de derechos esenciales en una democracia, como la libertad personal o la privacidad de las comunicaciones. También lo es que no se allegó algún medio de convicción, más allá del carácter de defensores de derechos humanos con el que se ostentan; sin embargo, esa autodeterminación es insuficiente para acreditar un agravio diferenciado al del resto de la población. Es decir, el decreto reclamado no impone, por sí mismo, obligaciones adicionales o restricciones a la libertad personal de los ciudadanos, su integridad física, o los derechos de seguridad jurídica, audiencia, legalidad, etcétera, por lo que no es dable asegurar que genere disuasión o inhibición en el ejercicio de los derechos de los residentes en el territorio nacional, y por lo tanto, tampoco la afectación necesaria para acudir al amparo en defensa de un interés jurídicamente relevante, cualificado, actual y real. Lo expuesto se corrobora con las propias manifestaciones de los quejosos, ya que en la demanda de amparo, en esencia, refirieron que el decreto reclamado impacta en su esfera jurídica como defensores de derechos humanos, en función de que con tal carácter realizan acciones ejerciendo pacíficamente su derecho de manifestación de ideas, solicitan información pública, difunden opiniones, información e ideas por varios medios, presentan peticiones en dependencias públicas municipales, estatales y federales, se reúnen pacíficamente con otros mexicanos para tomar parte en los asuntos políticos del país, se desplazan libremente por la república, interponen denuncias, quejas y juicios de amparo contra los actos de servidores públicos que violan derechos humanos. Así, aducen que ante la arbitrariedad e imprudencia del presidente de la república y de los elementos castrenses y de la Guardia Nacional, pueden sufrir un riesgo irreparable a su vida, integridad física, libertad y seguridad personal derivado del acuerdo presidencial que combaten; siendo que, de modo objetivo, no se advierte, desde la entrada en vigor de la normatividad atacada, en qué medida la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, implique, por vía de consecuencia e inmediata, la trasgresión a los derechos que refieren los solicitantes de la protección constitucional. Tanto es así que, contrario a dicha postura, el decreto reclamado no establece obligaciones específicas a los quejosos, ya que no implica afectación a los solicitantes de amparo por tratarse únicamente de reglas de organización institucional, y por sí solo, su texto no prevé prohibición o modificación al goce de los derechos alegados que puedan ser contravenidos desde la entrada en vigor de la normatividad reclamada. Con base en lo anterior se considera que no puede advertirse la existencia de una afectación concreta y directa a la esfera de derechos de los quejosos, derivada de la emisión del acto combatido y, por tanto, una eventual concesión del amparo no podría reportarles un beneficio respecto de la posición que aducen tener frente a los derechos que reclaman. En tal virtud, se considera que el decreto reclamado no genera un perjuicio a los gobernados, desde el momento de su vigencia, precisamente porque, como se tiene expuesto, el eventual agravio que, en su caso se genere, será en el momento que en ejercicio de las facultades que se confirieron a las fuerzas armadas del país afecten de manera directa y, en concreto a los derechos de los promoventes. De estimarse lo contrario, esto es, que cualquier persona por el hecho de aducir presuntas afectaciones al derecho a la seguridad pública -sin importar si cuenta con un grado de afectación cualificado y relevante-, pueda acceder al juicio de amparo de manera inmediata, implicaría reconocer que una persona puede lograr el escrutinio constitucional de cualquier acto que estime que afecta a la población en general -al bien común-, y por tanto, aducir una afectación de manera abstracta, probable y de realización incierta, con un interés genérico -simple-, lo cual, evidentemente, es una postura que resulta impropia del juicio de amparo, pues el interés simple que tiene toda la población de que se respeten sus derechos a la libertad y integridad personal, es insuficiente, por sí, para activar el mecanismo de control constitucional por parte de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el dispositivo 5°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Federal, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. De igual forma, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de la contingencia sanitaria que actualmente impera en el país, téngasele proporcionando como forma especial y expedita de contacto, el correo electrónico que menciona. Se hace la precisión que el correo electrónico proporcionado no puede tenérsele como domicilio para oír y recibir notificaciones, ya que dicho supuesto no está previsto en la Ley de Amparo y el correo al que alude el indicado Acuerdo General únicamente es para establecer contacto en caso de estimarse necesario. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Se instruye al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que cuando practique la notificación personal, acate el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano