Angélica Morales Martínez

Expediente 514/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
514/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • Angélica Morales Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia dictada el uno de septiembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Angélica Morales Martínez; así, una vez que la misma causó ejecutoria en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, para el efecto de que realizara lo siguiente: "Dejar insubsistente el emplazamiento practicado a la quejosa Angélica Morales Martínez, en el juicio ejecutivo mercantil 275/2021, y como consecuencia de ello, los actos posteriores a dicha diligencia, únicamente por lo que respecta a la citada quejosa." 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. La Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, mediante oficio 2233/2022 de tres de octubre del año en curso, remitió copia certificada del auto de la misma fecha, en el que dejó insubsistente el emplazamiento practicado a la quejosa Angélica Morales Martínez, en el juicio ejecutivo mercantil 275/2021, y, como consecuencia de ello, los actos posteriores a dicha diligencia, respecto de la citada quejosa 3. Conclusión. En tales circunstancias, por lo anteriormente señalado, queda evidenciado que el juez responsable restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental violado; ya que dejó insubsistente el emplazamiento practicado a la citada quejosa, en el juicio ejecutivo mercantil 275/2021, y como consecuencia de ello, los actos posteriores a dicha diligencia, únicamente por lo que respecta a la misma. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 4. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 6. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 7. Original del incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión provisional y definitiva, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que por se concedió la suspensión definitiva con motivo de la ampliación de demanda, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 8. Duplicado del incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 9. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 10. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Osmar Iván Esparza Piñón, quien da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. 1. Se recibe oficio. Agréguese a los autos el comunicado de cuenta y su anexo, signado por la Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, mediante el cual remite el auto de tres de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro del juico ejecutivo mercantil 275/2022, del que se advierte dejó insubsistente el emplazamiento practicado a la quejosa Angélica Morales Martínez, en el juicio ejecutivo citado, y como consecuencia de ello, los actos posteriores a dicha diligencia, únicamente por lo que respecta a la citada. 2. Vista con cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, con ello dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Osmar Iván Esparza Piñón, quien da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Se requiere cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: "Dejar insubsistente el emplazamiento practicado a la quejosa Angélica Morales Martínez, en el juicio ejecutivo mercantil 275/2021, y como consecuencia de ello, los actos posteriores a dicha diligencia, únicamente por lo que respecta a la citada quejosa." Apercibimiento. Apercibida que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la Ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Osmar Iván Esparza Piñón, quien da fe.

  4. Principal

    SENTENCIA Visto, para resolver, el juicio de amparo 514/2022, promovido por Angélica Morales Martínez, por alegada violación de los artículos 1º, 14, 16, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán así como al Actuario adscrito al referido órgano judicial, este órgano jurisdiccional ha decidido: CONCEDER EL AMPARO SOLICITADO Lo anterior, al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada . Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: Juez y Actuario adscritos al Juzgado Menor Mixto del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, lo siguiente: Todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 275/2021, así como el cumplimiento al auto exequendum ordenado por la autoridad responsable. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver este juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo en virtud de que el acto reclamado conlleva ejecución, el cual tiene verificativo en el municipio de Opopeo, Michoacán, correspondiente a la circunscripción territorial de este juzgado. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. Las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Menor Mixto del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, aceptaron la existencia del acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte actualizada alguna causal de improcedencia, asimismo, las partes no señalaron que se actualizara alguna. QUINTO. Antecedentes. Previo al estudio de los motivos de inconformidad, conviene precisar los antecedentes de los actos reclamados: El catorce de junio de dos mil veintiuno, Ma. Hilda Tzintzun Pio y/o Ylda Zintzun Pio, promovió demanda en la vía ejecutiva mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa en contra de Angélica Morales Martínez, de la que correspondió conocer al Juzgado Menor Mixto en Pátzcuaro, Michoacán, quien la admitió por auto de quince de junio de dos mil veintiuno, ordenando el emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio 275/2021. El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, al Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto en Pátzcuaro, Michoacán, procedió a realizar acta de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, la que fue entendida con la quejosa, diligencia en la que se le hizo saber que en su contra Ma. Hilda Tzintzun Pío o Ma, Ylda Zintzun Pío, promovió el juicio ejecutivo mercantil 275/2021, sobre pago de pesos, la cual fue entendida con la quejosa directa, asimismo, asentó que "con las copias certificadas de la demanda y auto admisorio, así como copia al carbón de esta actuación, corro traslado y emplazo al demandado."; aunado a ello, se aprecia la cédula dirigida a la quejosa en la que se aprecia el siguiente texto: "POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DEL LOS (sic) AUTOS QUE INTEGRAN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NÚMERO 268/2021, QUE PROMUEVE MA HILDA TZINTZUN PIO MA YLDA ZINTZUN PIO, A TRAVEZ (sic) DE SUS ENDOSATARIOS EN PROCURACIÓN, FRENTE A USTED, SE DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE." Seguida la secuela procesal el uno de febrero de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil 275/2021, en la que se declararon procedentes las prestaciones reclamadas y condenando a la quejosa a su pago, y ordenando el trance y remate de los bienes que con posterioridad fueran embargados a la amparista. Por su parte Angélica Morales Martínez afirma que derivado del emplazamiento efectuado y de los datos que obran en la cédula de notificación, compareció al juicio ejecutivo mercantil 268/2021, del índice del Juzgado Menor Mixto de Pátzcuaro, Michoacán, lo que demuestra con el acuse de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que afirma que el dato asentado en la referida cédula le ocasionó un perjuicio al orillarla al error y comparecer en el juicio en el que no fue parte demandada, lo que hizo nugatorio su derecho a defender sus intereses en el diverso 275/2021, del propio órgano jurisdiccional. SEXTO. Estudio de fondo. En el presente asunto, se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, dado el estudio y respuesta vinculada a los planteamientos, se dará en el considerando referente al estudio. Lo anterior no constituye impedimento para sintetizar los conceptos de violación que expone la parte quejosa a fin de llevar a cabo su análisis sistemático, en términos de la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo. Violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica al vulnerar las formalidades previstas en el artículo 1068, del Código de Comercio, ya que la cédula de notificación contiene un número de juicio diverso al que corresponde el proceso en el que fue demandada la quejosa. Al respecto, se precisa que en el presente caso, se suplirá la queja deficiente, conforme a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, atendiendo a que se reclama la ilegalidad del emplazamiento practicado en el juicio de origen. En este sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que cuando se reclama el emplazamiento verificado en forma ilegal, al tratarse de la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento, obliga a los juzgadores de amparo a suplir la deficiencia de la queja, aun cuando no existan conceptos de violación o agravios al respecto, incluso tratándose de la materia civil, ya que la procedencia de la suplencia de la queja deficiente se examina con independencia en cualquier materia por violación manifiesta de la ley. En primer lugar, es preciso establecer que el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "ARTÍCULO 14. . Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ." En interpretación de este precepto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia, en la que destacó cuáles son las formalidades esenciales del procedimiento que deben respetarse previo a un acto privativo, en los términos siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". El emplazamiento es un acto procesal emanado de un órgano jurisdiccional destinado a hacer del conocimiento del gobernando la existencia de una demanda que se ha interpuesto en su contra y la posibilidad legal que tiene de contestarla; de tal suerte que esta figura jurídica ha sido considerada como una de las más importantes del proceso, tan es así que su falta de verificación o la hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Para ilustrar lo anterior, se cita la jurisprudencia siguiente: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y sí, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia." Precisamente por la importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad. En el presente se advierte que la propia acta de emplazamiento contiene diversos vicios consistentes en que el actuario judicial entregó en la diligencia de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, "con las copias certificadas de la demanda y auto admisorio, así como copia al carbón de esta actuación, corro traslado y emplazo al demandado."; aunado a ello, se aprecia la cédula dirigida a la quejosa en la que se aprecia el siguiente texto: "POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DEL LOS (sic) AUTOS QUE INTEGRAN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NÚMERO 268/2021, QUE PROMUEVE MA HILDA TZINTZUN PIO MA YLDA ZINTZUN PIO, A TRAVEZ (sic) DE SUS ENDOSATARIOS EN PROCURACIÓN, FRENTE A USTED, SE DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE." El artículo 1068 bis del Código de Comercio, establece como formalidad del emplazamiento el entregar copia de la demanda, así como de los documentos que acompañan la demanda, como ejemplo, aquellos que acrediten el carácter del litigante, el poder que acredite la personalidad de quien comparece a nombre de otro, los documentos en los que se funde la acción; tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Lo anterior, con la finalidad de que, al practicarse el emplazamiento se corra traslado con la copia de los documentos que la parte actora adjuntó a su demanda, no es otra que la de garantizar que la persona emplazada tenga conocimiento cierto y completo, no sólo de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción; a fin de estar en condiciones de contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. En consecuencia, es a partir de esos documentos que se adjuntan que la parte demandada adquiere conocimiento pleno y cierto de aquella información que le permitirá ejercer su derecho de defensa. Por el contrario, si el notificador no corriera traslado con las copias respectivas que se anexaron al escrito inicial de demanda, la parte enjuiciada no podría establecer con la certeza suficiente, para formular excepciones y defensas, si existe legitimación en la causa, si operó o no la prescripción de la acción, si el derecho procede en menor medida que lo reclamado o si el órgano jurisdiccional es competente o no, por mencionar algunas situaciones. En el particular, en el auto de quince de junio de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a la demandada y correrle traslado con las copias simples que adjuntaron a la demanda. De ahí, que como se señaló la manifestación de la fedataria judicial en el sentido que entregó en la diligencia "con las copias certificadas de la demanda y auto admisorio, así como copia al carbón de esta actuación, corro traslado y emplazo al demandado."; no basta para tener cubierta la formalidad exigida en aquélla norma, sino que era preciso que se hiciera constar en el acta relativa, la indicación, descripción o establecer cuáles son los documentos anexos con los que corrió traslado, lo que no se advierte en el caso. Aunado a ello, se advierte diverso yerro en la cédula de notificación, en la que se asentó: "POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DEL LOS (sic) AUTOS QUE INTEGRAN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NÚMERO 268/2021, QUE PROMUEVE MA HILDA TZINTZUN PIO MA YLDA ZINTZUN PIO, A TRAVEZ (sic) DE SUS ENDOSATARIOS EN PROCURACIÓN, FRENTE A USTED, SE DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.", dado que el juicio en el que se realizó el emplazamiento fue el 275/2021, con lo que se demuestra que dicha cédula contiene un dato erróneo, lo que arrojó como resultado que la quejosa compareciera en el juicio ejecutivo mercantil 268/2021, como se advierte del acuse de recibo que anexó a su escrito de demanda de amparo. Atento a ello, se concluye que la diligencia de emplazamiento no cumplió su objetivo de hacer saber de manera cierta a la parte demandada aquella información que le permitirá ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Dicho de otra forma, la manifestación asentada en el sentido de que corrió traslado con copias certificadas de la demanda, y auto admisorio, sin señalar los documentos anexos y su descripción, genera incertidumbre en torno a que la demandada, aquí quejosa, tuvo conocimiento de la acción entablada en su contra, los hechos y demás circunstancias relacionadas en el escrito inicial; tales datos resultan necesarios para otorgarle posibilidad de acudir al juicio y plantear su defensa, además, del error en la identificación del número de juicio al que debió comparecer a deducir sus derechos. En ese tenor, en el acta de emplazamiento no se observó la formalidad de describir cuáles fueron los documentos que se adjuntaron a la demanda, ni si se corrió traslado con ellos; además del referido error en la cédula de notificación en la que se asentó el número de juicio 268/2021, siendo lo correcto 275/2021, lo cual trasgrede en perjuicio de la quejosa su derecho fundamental contenido en el artículo 14 Constitucional, por no haberse cumplido con las formalidades que para efecto del emplazamiento establece la normatividad aplicable. Es aplicable al particular, la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO." Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado." Por las razones dadas, resulta fundado el concepto de violación formulado, suplido en su deficiencia, y atento a ello, procede CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a la quejosa Angélica Morales Martínez, para los efectos que se precisan en el siguiente considerando. Resulta innecesario abordar el estudio de los alegatos formulados por la representante social pues los mismos no forman parte de la litis dentro del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia 39, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SÉPTIMO. Efectos de la concesión. El Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, deberá: Dejar insubsistente el emplazamiento practicado a la quejosa Angélica Morales Martínez, en el juicio ejecutivo mercantil 275/2021, y como consecuencia de ello, los actos posteriores a dicha diligencia, únicamente por lo que respecta a la citada quejosa. Lo anterior, a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho fundamental vulnerado, de conformidad con el numeral 77, fracción II de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Angélica Morales Martínez, de conformidad a lo expuesto en el considerando sexto, y para los efectos precisados en el diverso séptimo de la presente sentencia. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismo términos firma también el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello, quien da fe.

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