Angélica Meza Crisosto
Expediente 1274/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1274/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Angélica Meza Crisosto
- Director del "Hospital General de Zamora"
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de octubre de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se concedió a Angelina Meza Crisosto, el amparo y protección de la Justicia Federal, la cual causo ejecutoria el veintiocho de ese mes y año, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: "Le proporcionen el tratamiento y medicamentos que a juicio del o los especialistas correspondientes, sean útiles y adecuados para la correcta atención médica de la quejosa Angelina Meza Crisosto, atendiendo a los padecimientos que presenta. En el entendido de que la atención médica prestada deberá ser integral, con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico de la paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación o, de ser el caso, procurando la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado de salud del paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; procurando que el tratamiento sea adecuado, de modo que si el paciente requiere algún medicamento y/o tratamiento, éste contenga las sales originales o genéricas que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia de las sales originales para su efectividad. En el entendido de que para el caso de ser necesario, deberá canalizar a la paciente (quejosa) a una clínica privada en donde se le brinde el tratamiento adecuado de manera subrogada a cargo de las responsables, a fin de garantizar su derecho a la salud integral. Asimismo, la atención otorgada deberá garantizar que el tratamiento se preste de forma oportuna, permanente y constante, garantizando que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento, lo hagan de conformidad con los estándares más altos de tecnología y especialización médica. Para lo cual deberán proveer la apertura de un expediente clínico de la paciente, que deberá ser actualizado conforme evolucione su historial médico, y mantener constantemente informada a la paciente respecto del avance de su condición de salud, en términos de las fracciones V y VII del artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud. Asimismo, deberán elaborar un programa integral que sea adecuado para la atención y tratamiento del padecimiento de la quejosa, que puede ser modificado o ajustado conforme evolucione la salud del paciente, teniendo siempre como eje rector la recuperación de la enfermedad o el control de la sintomatología. En todo caso, las responsables deberán informar de manera periódica, sobre las sesiones y citas programadas y el resultado de las mismas, así como de toda acción que sea parte del tratamiento del paciente y la evolución de su salud." 2. Actos realizados por las responsables. -En auto de cuatro de enero del año en curso, se tuvo a las responsables informando que se contrató la prestación de servicios por licitación pública con la empresa "IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V.", de la terapia sustitutiva renal extracorpórea (hemodiálisis) para los pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal crónica, como es el caso de la parte quejosa. -Posteriormente, en proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, las autoridades responsables, informaron que el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios, mediante oficio 5009/2022, de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, dirigido al representante legal de la empresa "IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. de C.V.", solicitó gestionara la ampliación del contrato de compraventa y prestación de servicios por licitación pública para que se siguieran proporcionando a los quejosos que lo requirieran de manera subrogada las sesiones de hemodiálisis, informando que en respuesta, se autorizó la ampliación del monto establecido en el referido contrato de compraventa. -Asimismo, en auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, las autoridades responsables de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, informaron que hasta ese día, la quejosa había recibido su tratamiento adjuntando para acreditarlo las constancias relativas a las sesiones practicadas desde el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós a enero de dos mil veintitrés. -Ahora bien, en ocho de junio de la presente anualidad, de un análisis del estado que guardaban los autos en esa fecha, ante el incumplimiento dado por las responsables a la presente ejecutoria se hizo efectivo el apercibimiento decretado en aquél auto, imponiéndole la multa correspondiente por separado a cada una de las autoridades, requiriéndoseles nuevamente el cumplimiento de la ejecutoria. -Luego, en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, las autoridades responsables, remitieron las constancias con las que acreditaron que la quejosa solo acudió a recibir las sesiones de hemodiálisis en el mes de enero de este año y remitió el oficio 001-hemo-107 en el cual se apreció que la "Coordinadora Regional Arquina, S.A. de C.V." informó que la quejosa no había acudió a recibir sus sesiones de hemodiálisis. -Enseguida, en auto de seis de julio del año en curso, al tomar en cuenta que la quejosa no había comparecido a recibir las sesiones de hemodiálisis a la clínica asignada, se le requirió a través de su autorizada, en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda, a fin de que informara si a esa fecha, se le había otorgado de manera oportuna y continua las sesiones de hemodiálisis solicitadas, así como los medicamentos que necesitaba, o en su caso informara el impedimento que haya tenido para ello. -En esas condiciones, mediante acuerdo de trece de julio actual, el autorizado de la parte quejosa, informó que ésta decidió por su propia voluntad no seguir acudiendo a la clínica privada "UNIDAD RENAL DE ZAMORA", donde recibía las sesiones de hemodiálisis de manera subrogada, dejando de asistir además a las citas al nosocomio demandado, manifestando que no se sintió a gusto y se regresó a la clínica "Centro de Hemodiálisis Zamorano" y seguir pagando por su propia cuenta. 3. Conclusión. De todo lo anterior es dable concluir que, si bien la sentencia no fue cumplida en los términos en los que se ordenó, también es verdad, que ello se debió a que los efectos de la ejecutoria que la responsable debía cumplir quedaron sin materia, a razón de que la quejosa directa -a través de su autorizado- manifestó que había decidió por su propia voluntad no seguir acudiendo a la clínica privada "UNIDAD RENAL DE ZAMORA", donde recibía las sesiones de hemodiálisis de manera subrogada, para asistir a la clínica "Centro de Hemodiálisis Zamorano" y seguir pagando por su propia cuenta; por lo que, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que no existe materia para la ejecución. Pronunciamiento que se realiza desde luego, sin soslayar como se dijo en autos que la quejosa goza del derecho a obtener por parte de las autoridades responsables, las prestaciones de salud que aquí vino a reclamar, las cuales deben otorgarse siempre que se pidan, de forma oportuna, idónea y de calidad, así como recibir atención profesional y éticamente responsable, con un trato respetuoso y digno del personal de salud; todo ello en términos de los numerales 51, 51 bis 1 y 2 la Ley General de Salud; preceptos conforme a los cuales, la quejosa también tiene derecho de elegir, de manera libre y voluntaria, si acepta o no, el tratamiento o procedimiento, así como al médico tratante en primer nivel. De esa manera, es importante subrayar que si la impetrante de amparo eligió de manera libre en este momento continuar recibiendo la atención médica que requiere en una clínica distinta a la que le fue asignada por a las autoridades responsables de manera subrogada, está en su derecho sin que ello implique que las autoridades responsables queden deslindadas de brindar la atención médica a la quejosa en el momento en que ésta lo solicite pues el hecho de que en estos momentos la peticionara haya elegido sufragar los gastos de su tratamiento no las exime en lo subsecuente de salvaguardar en su favor, el derecho a recibir la atención médica gratuita adecuada y oportuna para contrarrestar el padecimiento que presenta. 4. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES CONSERVABLE. 6. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en los artículos 17 y 26 del mencionado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, con apoyo de la Administración Regional del edificio sede de este órgano jurisdiccional, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 7. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión 8. Documentos originales. En términos del artículo 19 del citado acuerdo, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 9. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. 10. Se dejan sin efectos las multas impuestas. Atento a lo anterior, toda vez que de autos se desprende que las autoridades responsables realizaron todas las acciones tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo, sin que les fuera atribuible la decisión optada por la quejosa; por tanto, se dejan sin efectos las multas impuestas en proveído de nueve de marzo y ocho de junio de este año, para lo cual gírese oficio al Administración Desconcentrada de Recaudación Michoacán "1", con sede en esta ciudad, a fin de que cancele las multas decretadas en autos. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. De la certificación de cuenta, se desprende Que por auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia amparadora dictada en autos, por lo que en esa data se requirió a las responsables para que en tres días dieran cumplimiento a ello, para los siguientes efectos: "Le proporcionen el tratamiento y medicamentos que a juicio del o los especialistas correspondientes, sean útiles y adecuados para la correcta atención médica de la quejosa Angelina Meza Crisosto, atendiendo a los padecimientos que presenta. En el entendido de que la atención médica prestada deberá ser integral, con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico de la paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación o, de ser el caso, procurando la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado de salud del paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; procurando que el tratamiento sea adecuado, de modo que si el paciente requiere algún medicamento y/o tratamiento, éste contenga las sales originales o genéricas que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia de las sales originales para su efectividad. En el entendido de que para el caso de ser necesario, deberá canalizar a la paciente (quejosa) a una clínica privada en donde se le brinde el tratamiento adecuado de manera subrogada a cargo de las responsables, a fin de garantizar su derecho a la salud integral. Asimismo, la atención otorgada deberá garantizar que el tratamiento se preste de forma oportuna, permanente y constante, garantizando que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento, lo hagan de conformidad con los estándares más altos de tecnología y especialización médica. Para lo cual deberán proveer la apertura de un expediente clínico de la paciente, que deberá ser actualizado conforme evolucione su historial médico, y mantener constantemente informada a la paciente respecto del avance de su condición de salud, en términos de las fracciones V y VII del artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud. Asimismo, deberán elaborar un programa integral que sea adecuado para la atención y tratamiento del padecimiento de la quejosa, que puede ser modificado o ajustado conforme evolucione la salud del paciente, teniendo siempre como eje rector la recuperación de la enfermedad o el control de la sintomatología. En todo caso, las responsables deberán informar de manera periódica, sobre las sesiones y citas programadas y el resultado de las mismas, así como de toda acción que sea parte del tratamiento del paciente y la evolución de su salud." 2. Actos de cumplimiento de las responsables. Ahora, del estado que guardan los autos se desprende que las responsables informaron que el tratamiento dialítico que requiere la quejosa sería otorgado de manera subrogada a través de la clínica particular denominada Unidad Renal de Zamora S. C. Sin embargo, por autos de dieciséis de junio y seis de julio de dos mil veintitrés, informaron que la quejosa no había comparecido a la clínica particular citada a fin de recibir el tratamiento médico que requiere, por lo que, en auto de seis de julio del año en curso, se solicitó a la parte quejosa, para que en tres días informara si a la fecha, se le ha otorgado de manera oportuna y continua las sesiones de hemodiálisis que requiere, así como los medicamentos que necesita, sin que haya realizado manifestación alguna. Por ello, en proveído de trece de julio de este año, el autorizado de la parte quejosa informó que previa comunicación con su representada, se le hizo del conocimiento que actualmente ésta acude a la clínica privada "Centro de Hemodiálisis Zamorano" en la que paga las sesiones de hemodiálisis que requiere, toda vez que, refirió que no se sintió a gusto en la clínica a la cual fue subrogada, por lo que decidió pagar las sesiones de hemodiálisis que requiere. Luego, del citado auto de trece de julio del año en curso, se deprende que, se informó a la parte quejosa que, conforme a lo establecido en el numeral 51, 51 bis 1 y 2 de dicha Ley General de Salud, ésta tiene derecho de elegir, de manera libre y voluntaria, si aceptan el tratamiento o procedimiento ofertado por las responsables, por lo que cualquier cuestión inherente al tratamiento deberá dilucidarse ante las autoridades responsables, al ser estas quienes cuentan con los conocimientos técnico-científicos para realizar el abordaje clínico que sea más adecuado para la atención médica de la paciente, quien fue notificada el pasado veinte de julio del año en curso, como se advierte de la constancia de notificación. Bajo ese contexto, se tiene que las autoridades responsables proveyeron e informaron que la atención médica que requiere la parte quejosa, específicamente las sesiones de hemodiálisis que se le otorgan, le serían brindadas de manera oportuna, constante, gratuita y subrogada en la clínica particular denominada Unidad Renal de Zamora S. C. Ahora, atendiendo a que la parte quejosa informó que recibe dichas sesiones de forma particular en diversa clínica médica, pues como se precisó en auto de trece de julio de este año y en el párrafo anterior, tiene el derecho a elegir, de manera libre y voluntaria, si acepta el tratamiento o procedimiento que le ofrecen las autoridades responsables. 3. Vista con cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, dese vista a las partes con lo anterior, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Máxime que, con fundamento en los artículos 77 bis 1, 2 y 91 y 166 bis 132 de la Ley General de Salud, la quejosa tiene derecho de solicitar en todo momento la prestación de salud oportuna a las responsables, a fin de que sea valorada y se le proporcione el tratamiento médico correspondiente de forma gratuita. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Luis Enrique Pérez Ruiz.
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Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintitrés. 1. Manifestaciones parte quejosa. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, informa lo siguiente: -Que la quejosa decidió por su propia voluntad no seguir acudiendo a la clínica privada "UNIDAD RENAL DE ZAMORA", donde recibía las sesiones de hemodiálisis de manera subrogada. -Dejó de asistir a las citas al nosocomio demandado, manifestando la misma que no se sintió a gusto. -Regresó a la clínica "Centro de Hemodiálisis Zamorano" y seguir pagando por su propia cuenta. 2. Se provee lo conducente. En relación a lo anterior, con fundamento en los artículos 77 bis 1, 2 y 9 y 166 bis 13 de la Ley General de Salud, el Estado a través de las dependencias de Salud -responsables- tiene la obligación, por conducto de sus unidades médicas, de proporcionar de forma gratuita, progresiva, efectiva, oportuna, integral y de calidad en todas sus formas y niveles, la atención médica a toda persona que lo requiera; además, de que dicho servicio puede ampliarse de forma progresiva conforme a las necesidades particulares de cada paciente. Esto es, conforme a sus facultades y obligaciones, debe otorgar a la parte quejosa, servicios de orientación, asesoría, seguimiento y cuidados paliativos correspondientes al tipo y grado de enfermedad que padece y que necesite para que preserve su salud y vida. A partir de dicha obligación, se desprende que el derecho a la salud implica un cúmulo de responsabilidades de las autoridades responsables, entre otras la de garantizar las condiciones necesarias para que la salud de la quejosa esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general, como lo es la Norma Oficial Mexicana NOM 003-SSA3-2010, especificando en el caso concreto, la práctica de hemodiálisis, por el que se fijan los parámetros mínimos que la infraestructura y equipamiento de los establecimientos en que se practique dicho servicio y terapias afines, como hospitales, así como unidades independientes ya sean del sector público o privado, deben reunir, lo que es vinculante para el perfil del personal que debe seguir los criterios científicos y tecnológicos aprobados. Por ello, se precisa que son médicos especialistas en nefrología adscritos a las autoridades responsables o que proporcionan el servicio de forma subrogada a éstas y no este órgano jurisdiccional los autorizados para prescribir y aplicar el procedimiento terapéutico de hemodiálisis que requiere la quejosa. Por otro lado, conforme a lo establecido en el numeral 51, 51 bis 1 y 2 de dicha Ley General de Salud, la quejosa tiene derecho a obtener por parte de las responsables, las prestaciones de salud citadas, mismas que deberán recibirse de forma oportuna, idónea y de calidad, así como recibir atención profesional y éticamente responsable, con un trato respetuoso y digno del personal de salud. Asimismo, la quejosa también tienen derecho de elegir, de manera libre y voluntaria, si aceptan el tratamiento o procedimiento, así como al médico tratante en primer nivel, conforme a su residencia, horario laboral y disponibilidad en las áreas médicas, con base en las reglas generales que determine cada institución, siempre y cuando éste tenga conocimiento informado sobre el caso en concreto. Lo anterior, siempre y cuando dichos usuarios no se encuentren en un estado urgente de incapacidad transitoria o permanente, de decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos, diagnósticos y terapéuticos ofrecidos, a fin de preservar su vida y salud. Es así, pues previo a otorgar dicho consentimiento, deberá apoyarse con las instituciones de salud, a fin de que por conducto de éstas, se le precise de forma clara, oportuna y con un lenguaje sencillo, los posibles beneficios y riesgos esperados con el tratamiento médico propuesto, así como las diversas alternativas que se tenga y de así decidirlo, de forma libre aceptar o rechazar los mismos. En conclusión, la restitución del derecho vulnerado a la salud de la quejosa a través de la suspensión, o en definitiva en sentencia, comprende la obligación de las autoridades responsables, quienes habrán de actuar bajo su más estricta responsabilidad por ser ellas quienes tienen la pericia necesaria y no el juzgador, para determinar el tratamiento que en su caso requiere la parte quejosa. Luego, si bien del estado que guardan los autos se advierte que las responsables brindan la atención médica a la parte quejosa -sesiones de hemodiálisis- de manera subrogada a través de la empresa "Arquina, S.A. de C.V." en la clínica Unidad Renal de Zamora S. C.; y, que el autorizado de la quejosa refiere que esta recibe su tratamiento en esa propia clínica en donde en forma previa le proporcionaban el servicio en forma subrogada; por lo que, no es factible que éste órgano jurisdiccional determine dónde debe darse la atención médica, pues ello corresponde a una obligación de las autoridades responsables, quienes bajo su más estricta responsabilidad deben ofrecer el tratamiento médico que corresponda, informando en todo momento a la paciente los alcances, implicaciones y riesgos del mismo y en su caso será la parte quejosa quien determine si lo acepta o no, salvo aquellos casos de urgencia en donde las responsables deberán actuar de forma inmediata ante el inminente riesgo en la salud y vida de la paciente. En consecuencia, cualquier cuestión inherente al tratamiento deberá dilucidarse ante las autoridades responsables, al ser estas quienes cuentan con los conocimientos técnico-científicos para realizar el abordaje clínico que sea más adecuado para la atención médica al paciente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Luis Enrique Pérez Ruiz.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA TRECE DE JULIO DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintitrés. 1. Manifestaciones parte quejosa. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, informa lo siguiente: -Que la quejosa decidió por su propia voluntad no seguir acudiendo a la clínica privada "UNIDAD RENAL DE ZAMORA", donde recibía las sesiones de hemodiálisis de manera subrogada. -Dejó de asistir a las citas al nosocomio demandado, manifestando la misma que no se sintió a gusto. -Regresó a la clínica "Centro de Hemodiálisis Zamorano" y seguir pagando por su propia cuenta. 2. Se provee lo conducente. En relación a lo anterior, con fundamento en los artículos 77 bis 1, 2 y 9 y 166 bis 13 de la Ley General de Salud, el Estado a través de las dependencias de Salud -responsables- tiene la obligación, por conducto de sus unidades médicas, de proporcionar de forma gratuita, progresiva, efectiva, oportuna, integral y de calidad en todas sus formas y niveles, la atención médica a toda persona que lo requiera; además, de que dicho servicio puede ampliarse de forma progresiva conforme a las necesidades particulares de cada paciente. Esto es, conforme a sus facultades y obligaciones, debe otorgar a la parte quejosa, servicios de orientación, asesoría, seguimiento y cuidados paliativos correspondientes al tipo y grado de enfermedad que padece y que necesite para que preserve su salud y vida. A partir de dicha obligación, se desprende que el derecho a la salud implica un cúmulo de responsabilidades de las autoridades responsables, entre otras la de garantizar las condiciones necesarias para que la salud de la quejosa esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general, como lo es la Norma Oficial Mexicana NOM 003-SSA3-2010, especificando en el caso concreto, la práctica de hemodiálisis, por el que se fijan los parámetros mínimos que la infraestructura y equipamiento de los establecimientos en que se practique dicho servicio y terapias afines, como hospitales, así como unidades independientes ya sean del sector público o privado, deben reunir, lo que es vinculante para el perfil del personal que debe seguir los criterios científicos y tecnológicos aprobados. Por ello, se precisa que son médicos especialistas en nefrología adscritos a las autoridades responsables o que proporcionan el servicio de forma subrogada a éstas y no este órgano jurisdiccional los autorizados para prescribir y aplicar el procedimiento terapéutico de hemodiálisis que requiere la quejosa. Por otro lado, conforme a lo establecido en el numeral 51, 51 bis 1 y 2 de dicha Ley General de Salud, la quejosa tiene derecho a obtener por parte de las responsables, las prestaciones de salud citadas, mismas que deberán recibirse de forma oportuna, idónea y de calidad, así como recibir atención profesional y éticamente responsable, con un trato respetuoso y digno del personal de salud. Asimismo, la quejosa también tienen derecho de elegir, de manera libre y voluntaria, si aceptan el tratamiento o procedimiento, así como al médico tratante en primer nivel, conforme a su residencia, horario laboral y disponibilidad en las áreas médicas, con base en las reglas generales que determine cada institución, siempre y cuando éste tenga conocimiento informado sobre el caso en concreto. Lo anterior, siempre y cuando dichos usuarios no se encuentren en un estado urgente de incapacidad transitoria o permanente, de decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos, diagnósticos y terapéuticos ofrecidos, a fin de preservar su vida y salud. Es así, pues previo a otorgar dicho consentimiento, deberá apoyarse con las instituciones de salud, a fin de que por conducto de éstas, se le precise de forma clara, oportuna y con un lenguaje sencillo, los posibles beneficios y riesgos esperados con el tratamiento médico propuesto, así como las diversas alternativas que se tenga y de así decidirlo, de forma libre aceptar o rechazar los mismos. En conclusión, la restitución del derecho vulnerado a la salud de la quejosa a través de la suspensión, o en definitiva en sentencia, comprende la obligación de las autoridades responsables, quienes habrán de actuar bajo su más estricta responsabilidad por ser ellas quienes tienen la pericia necesaria y no el juzgador, para determinar el tratamiento que en su caso requiere la parte quejosa. Luego, si bien del estado que guardan los autos se advierte que las responsables brindan la atención médica a la parte quejosa -sesiones de hemodiálisis- de manera subrogada a través de la empresa "Arquina, S.A. de C.V." en la clínica Unidad Renal de Zamora S. C.; y, que el autorizado de la quejosa refiere que esta recibe su tratamiento en esa propia clínica en donde en forma previa le proporcionaban el servicio en forma subrogada; por lo que, no es factible que éste órgano jurisdiccional determine dónde debe darse la atención médica, pues ello corresponde a una obligación de las autoridades responsables, quienes bajo su más estricta responsabilidad deben ofrecer el tratamiento médico que corresponda, informando en todo momento a la paciente los alcances, implicaciones y riesgos del mismo y en su caso será la parte quejosa quien determine si lo acepta o no, salvo aquellos casos de urgencia en donde las responsables deberán actuar de forma inmediata ante el inminente riesgo en la salud y vida de la paciente. En consecuencia, cualquier cuestión inherente al tratamiento deberá dilucidarse ante las autoridades responsables, al ser estas quienes cuentan con los conocimientos técnico-científicos para realizar el abordaje clínico que sea más adecuado para la atención médica al paciente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Luis Enrique Pérez Ruiz.
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