Angélica Merlo Stefanoni (Representane)
Expediente 890/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 890/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Angélica Merlo Stefanoni (Representane)
- Angélica Fascineto Merlo
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de uno de septiembre del año en curso por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Y SU DESTINO Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado. En virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 20, fracción II, se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes. Expediente principal. Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado, por lo tanto se declara que: Es Conservable de conformidad con el diverso 17, fracción III), porque se concedió la suspensión de plano y se desechó la demanda. Por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracción II. Sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo, dado que no los exhibió. ANOTACIONES EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del citado acuerdo, y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Puebla, Puebla, primero de septiembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se desprenden que ha trascurrido el término otorgado a la parte quejosa en proveído de veintidós de agosto del año en curso, a fin de que señalara en que consistieron los actos de tortura que indicó en su demanda de amparo contra los actos del DIRECTORA DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD SERDÁN y otras autoridades; por lo anterior se provee: Se advierte que mediante diligencia practicada al quejoso ******************** por el diligenciario judicial adscrito al Juzgado de lo Penal de Chalchicomula de Sesma, Puebla, el veintitrés de este mes y año, aquélla le manifestó de vida voz al funcionario judicial que no tenía ningún golpe físico y que se encontraba en perfectas condiciones físicas. Que si tenía comunicación con su familia y abogado, así como que si era su deseo ratificar la demanda presentada en su nombre favor por ******************** En ese sentido, se acuerda: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO RESPECTO AL ACTO DE TORTURA E INCOMUNICACIÓN Del estado de los autos se advierte la actualización de diversas causas de improcedencia de forma notoria y manifiesta que imposibilitan la continuación del presente juicio. En efecto, de la diligencia desahogada el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés por el diligenciario judicial adscrito al juzgado solicitado, se advierte que si bien la quejosa ********************, ratificó la demanda promovida en su nombre por ********************, también es cierto que ésta manifestó que no se encontraba incomunicada, ello al referir que si tiene comunicación con su familia y abogado. Como se lee, la quejosa señaló que no se encontraba incomunicada, lo que hace presumir el hecho de que en la demanda formulada por ********************, quien manifestó que promovía en su nombre fue con el único objeto de ubicar la demanda de amparo en los supuestos de urgencia previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pero sin que se actualizara dicha hipótesis legal. La circunstancia anterior implica la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues con dicha expresión se evidencia que quien promovió la demanda carecía de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro, pues resulta inconcuso que el quejoso directo no se encuentra en la hipótesis de estar incomunicado. Es decir, la promovente invocó una situación que lo legitimaba para promover la demanda de amparo en nombre de otro, con el fin de ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo que es del texto que a continuación se cita: "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Esto es, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el referido artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier persona distinta al quejoso -como lo es la incomunicación- sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación, y al ser ésta un presupuesto procesal, el promovente no estuvo en aptitud de haber iniciado el proceso. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que ********************, estuviera en aptitud de promover en nombre de ********************, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, en virtud de que las constancias de autos consistente en la diligencia efectuada el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés por el diligenciario judicial adscrito al Juzgado de lo Penal de Chalchicomula de Sesma, Ciudad Serdán, Puebla, la aquí directa quejosa señaló de manera expresa y categórica que no se encontraba incomunicada ni torturada y, por ende, imposibilitado para promover la demanda de amparo en que se actúa. En tales condiciones, al no satisfacerse el presupuesto exigido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, haberse ejercido la acción por persona legitimada para hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del ordenamiento legal en cita, por lo que procede desechar la demanda, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Por tanto, se dejan sin efectos las medidas provisionales de suspensión que le fueron concedidas al quejoso respecto de los actos consistentes en la incomunicación, tortura física o maltrato de la quejosa directa. Pues en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y esto lo podrá hacer por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la propia ley. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO RESPECTO AL ACTO DE CONDICIONES DE INTERNAMIENTO Al margen de lo anterior, respecto a los actos reclamados a la DIRECTORA DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD SERDÁN, consistentes en: "4.- La DIRECTORA DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD SERDÁN, se reclama la negativa para la presentación administrativa por lo cual se opta por promover amparo indirecto por inconstitucionalidad de normas generales al estar implícita la aplicación de los artículos reclamados que exigen la presentación por escrito de la petición administrativa ante la autoridad penitenciaria, consistentes en los artículos 107, 108, fracciones I y IV, 109, 110, 111, 112, 114, 115 y 116, fracciones I y II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, se reclaman las condiciones de internamiento relativas a: Omisión de contar con papel para escribir y libretas; Omisión para tener acceso al servicio médico del centro de reinserción; Omisión de brindar alimentación suficiente y de calidad e insumos de aseo y de higiene personal (toallas sanitarias, papel sanitario); Omisión de reubicar a la quejosa, ya que se le tiene aislada en un espacio oscuro, sin ventanas, sin acceso a luz solar, sin que cuente con un espacio para dormir y descansar. Omisión para brindar acceso a las áreas de esparcimiento y establecer un plan actividades de trabajo, educación, deporte y capacitación. Omisión de brindar un trato digno por el personal adscrito al personal penitenciario y de tener contacto directo, personal y físico con sus familiares directos. De igual forma, resultaría improcedente el juicio de amparo, pues antes de acudir en demanda de amparo, se debió agotar el medio ordinario de impugnación previsto en la ley penal aplicable, pues el incumplimiento tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio. Ello, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa, cuya finalidad es mantener el orden constitucional; de ahí que no pueda acudirse a esa instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un medio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada. Además, con la tramitación del medio de defensa propuesto que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Entonces, contra de las diversas omisiones atribuidas a la autoridad administrativa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...) En tal fracción se establece que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar el medio ordinario de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Ello porque de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Lo cual acontece en el caso, porque contra las cuestiones de internamiento procede la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra prevé: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." Conforme a lo anterior, uno de los supuestos contra los cuales procede la controversia referida, es en materia de condiciones de internamiento, la cual puede formularse por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. Además, en términos de lo establecido en el arábigo 108 de la ley sustantiva, se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros, entre otros, a la persona privada de la libertad, los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho, funcionarios públicos, incluso hasta un visitante. Es decir, la propia legislación reconoce legitimación a los familiares de las personas privadas de su libertad para interponer los medios de defensa. De ahí que, como se indicó, previo a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar ese medio de defensa ordinario y, al no hacerlo, se actualiza el motivo de improcedencia referido, lo que conlleva a desechar la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto: Registro digital: 2018548 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230 Tipo: Jurisprudencia OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2024692 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: II.2o.P. J/2 P (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, página 4261 Tipo: Jurisprudencia CONDICIONES DE RECLUSIÓN DE LOS DETENIDOS. PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA CUESTIONES INHERENTES A ÉSTAS, DEBE AGOTARSE EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, AUN CUANDO SE ALEGUEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN GENERAL. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la falta de atención médica y la omisión de atender una solicitud de copias de su expediente carcelario (omisiones inherentes a sus condiciones de detención), atribuidas a las autoridades penitenciarias del centro de reinserción social en que se encuentra, alegando violación directa a los artículos 4o., 8o. y 22 constitucionales. El Juez de Distrito desechó la demanda, con fundamento en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso no agotó previamente el principio de definitividad. Inconforme con la decisión, éste interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito abandona el criterio sustentado al resolver el amparo en revisión 118/2020 y el recurso de queja 126/2020, en sesiones de 26 de enero de 2021 y 12 de noviembre de 2020, respectivamente, y determina que el juicio de amparo indirecto promovido contra las cuestiones inherentes a las condiciones de reclusión es improcedente, si previamente no se agota el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, aun cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución General. Justificación: Ello es así, porque la omisión de brindar atención médica y de atender una solicitud no constituyen, per se, violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino, en todo caso, vulneraciones indirectas a los derechos a la salud y de petición, susceptibles de tutelarse y resolverse por las autoridades ordinarias. Lo anterior, pues las alegadas transgresiones tienen relación directa con la obligación ordinaria de las autoridades penitenciarias de tutelar los derechos humanos del inconforme en el centro de reinserción social en que se halla, mediante la administración penitenciaria y el servicio médico y, en general, de las medidas pertinentes para garantizar la vida digna de aquél en ese lugar, para lo cual, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé en sus artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135, el procedimiento ordinario por el que las autoridades penitenciarias y judiciales deben atender y resolver sobre la negativa a tutelar esas prerrogativas. Esta interpretación es acorde con las reformas a los artículos 18, 21 y 73, fracción XXI, constitucionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 que, en su conjunto, implementaron un modelo penitenciario de reinserción social, el control judicial de las cuestiones inherentes a las condiciones de reclusión y la creación de Jueces de Ejecución, cuya función es, entre otras, ejercer un efectivo control de legalidad de los actos de las autoridades penitenciarias y velar por los derechos de las personas privadas de la libertad, previo a su control constitucional; con lo cual, adquiere sentido uno de los objetivos para los que fue expedida la citada ley nacional, esto es, la implementación de mecanismos eficientes, rápidos y sencillos, a cargo de los Jueces mencionados, para la protección de las prerrogativas de los sentenciados y procesados que se hallan en centros de reinserción social. Por tanto, si en la actualidad existe un mecanismo sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los detenidos pueden reclamar, sin mayores formalismos, los aspectos vinculados con esas condiciones, se impone la obligación de agotarlo antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Desechamiento que se hace extensivo respecto al diverso acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 107, 108, fracciones I y IV, 109, 110, 111, 112, 114, 115 y 116, fracciones I y II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ello al haber resultado improcedente el juicio de amparo respecto de los actos de aplicación impugnados. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada." En tales condiciones, se advierte la actualización del supuesto previsto en el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, conforme al cual el juicio de amparo es improcedente cuando previo a este no se agotó el principio de definitividad. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y SE INFORMA A LAS RESPONSABLES EL CONTENIDO DE ESTA DETERMINACIÓN Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno e infórmese a las autoridades penitencias responsables, que se han dejado sin efectos las medidas decretadas el veintidós de agosto pasado. SIN MAYOR ACUERDO Finalmente, agréguese a sus autos sin mayor acuerdo el oficio del Juez de lo Penal de Ciudad Sedan, Puebla, en virtud de que la comunicación oficial que remite ya fue recepcionada con anterioridad. NOTIFÍQUESE, Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.
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Puebla, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. ACATA SUSPENSIÓN DE PLANO Agréguese a los autos el oficio remitido por la Encargada de Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario de Ciudad Serdán, Puebla, visto su contenido, téngase a la citada responsable, informando el cumplimiento a la suspensión de plano decretada en favor de ********************, mediante auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés; lo anterior, a fin de que surtan los efectos legales a que haya lugar. DESPACHO DILIGENCIADO Por otra parte, agréguese a los presentes autos el oficio y anexo remitido por el Juez de lo Penal de Ciudad Serdán, Puebla, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 423/2023 con número de orden 673/2023 del índice de este Juzgado de Distrito, mediante el cual se ordenó la notificación personal a la quejosa de plano decretada en favor de ******************** del proveído dictado el veintidós de agosto de dos mil veintitrés en el lugar de su reclusión, así como el desahogo de la diligencia ahí citada. Acúsese recibo mediante oficio que se gire, dése de baja en la estadística de este Juzgado de Distrito el despacho antes citado y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. QUEJOSA RATIFICA DEMANDA DE AMPARO Por otra parte, vista la diligencia encomendada al Juez de lo Penal de Ciudad Serdán, de la cual se advierte que ******************** si ratificó la demanda de amparo promovida en su favor; sin embargo, se reserva su acuerdo correspondiente hasta en tanto transcurra el término concedido en proveído de veintidós de agosto del presente año a la citada parte, a efecto de que precise los actos reclamados relativos a la tortura. NOTIFÍQUESE.
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Puebla, Puebla, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en favor ********************, contra los actos del Presidente de los Estado Unidos Mexicanos y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 890/2023. Con fundamento en los artículos 15, 109, 112 y 115 de la Ley de Amparo se tiene a ********************, promoviendo demanda de amparo en favor de ********************, debido a que, al parecer esta última no puede promover por sí misma. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LOS ACTOS DE INCOMUNICACIÓN Y TORTURA Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO en favor de ********************, para el efecto de que CESEN DE INMEDIATO LOS ACTOS DE TORTURA e INCOMUNICACIÓN, así como cualquier otro de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Lo anterior, pues la promovente indica que al acudir a las instalaciones del centro penitenciario en el que se encuentra recluida ********************, no se le permitió el contacto físico, directo y personal con la directa quejosa; sin que la concesión precisada signifique obviar los requisitos que el propio Centro Penitenciario solicite para tener contacto con los internos. Así mismo, respecto de la falta de atención médica que reclama la promovente en favor de ********************, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para efectos de que el Director del Centro Penitenciario de Ciudad Serdán, Puebla -en caso de que sea necesario-, brinde a la quejosa la atención médica que requiera; en cuyo caso, deberá de acreditarlo mediante las documentales necesarias, de las cuales se corrobore que ha acatado con lo ordenado por este órgano jurisdiccional dentro de la suspensión de plano otorgada. Lo anterior, tomando en consideración que conforme a los artículos 1o., párrafos primero y tercero, 4o., párrafo tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; situación que impone la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, destacando, entre ellos, el de la protección a la salud, cuyos titulares son todos los seres humanos, incluidas las personas sujetas a prisión, quienes siguen gozando de dicha prerrogativa. Así mismo, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de las personas privadas de la libertad, incluso los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y 24 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión, adoptados por las Naciones Unidas, establecen la obligación de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusión, los cuales velarán por la salud física y mental de los internos, quienes tienen en todo tiempo el derecho a recibir gratuitamente atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Requiérase a las autoridades responsables mediante oficio ordinario o electrónico, para que informen dentro del plazo de DOCE HORAS siguientes a la notificación del presente proveído, acerca de la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión, previniéndosele a las autoridades responsables que la violación a este mandato traerá como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTOS Apercibidas que de no cumplir con lo anterior en el término concedido o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá UNA MULTA EQUIVALENTE A CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Al margen de ello, hágase saber a las autoridades responsables que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de ABUSO DE AUTORIDAD, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. FACULTAD DEL ACTUARIO JUDICIAL Se faculta al fedatario judicial que en caso de que la autoridad responsable se niegue a recibir el oficio que le es enviado, deberá proceder en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, haciendo saber al encargado de la oficina que se tendrá por hecha la notificación si insiste en negarse a recibir, y que en términos del artículo 245 de la ley citada se le impondrá al encargado así como a la autoridad responsable una multa de MIL VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente auto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; todo de lo cual el fedatario asentará razón en autos. Se estima procedente el apercibimiento por el máximo de mil días a que se refiere el artículo 245, porque la notificación de este acuerdo es urgente al contener medidas cautelares de ejecución inmediata que tratan de salvaguardar los derechos fundamentales del quejoso, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa y, por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. ORDEN DE COMUNICACIÓN URGENTE A fin de dar una comunicación efectiva, en términos del artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar de manera inmediata el contenido de este acuerdo a la autoridades responsables mediante oficio ordinario, vía fax o correo electrónico. MEDIOS PARA FACILITAR LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES Se hace de su conocimiento que el secretario autorizado para recibir fuera del horario de labores de la Oficialía de Partes del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal, así como en días inhábiles es José Julián Fierro Blanco, con número de teléfono 222 323 1671 y que podrán remitir su correspondiente informe vía correo electrónico a la dirección siguiente: Correo electrónico: jose.fierro.blanco@correo.cjf.gob.mx Debiendo confirmar su recepción. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA A fin de acordar lo procedente sobre la admisión de la demanda de amparo promovida en favor de ********************, así como para evitar dejarla en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez de lo Penal de Ciudad Serdán, Puebla, a fin de que ordene al servidor público adscrito al juzgado de su adscripción que corresponda, bajo su más estricta responsabilidad: 1.- Se constituya de manera inmediata en el recinto oficial que ocupa las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, con el objeto de localizar a la quejosa antes mencionada. 2.- Dé fe de su estado físico y le haga saber el motivo de la diligencia. 3.- Le notifique el contenido íntegro del presente proveído y le corra traslado con copia autorizada del mismo. 4.- Le pregunte si ha estado incomunicada. 5.- Le haga del conocimiento la demanda de amparo promovida a su favor por ********************, y a cuya lectura de los hechos narrados en la misma deberá remitirse, y enterado de su contenido lo prevenga para que en el momento de la diligencia, o dentro del plazo de TRES DÍAS siguientes a aquel en que surta efectos la notificación, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su nombre, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efecto las medidas decretadas. 6. De igual forma, haga saber a la quejosa que, en caso de ratificar la demanda, deberá precisar dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente de que surta efectos la notificación de este acuerdo, en qué consistieron los actos de tortura, a los que se alude al señalar los actos reclamados. Concluida la diligencia encomendada el funcionario público encargado de la diligencia deberá asentar razón circunstanciada correspondiente. AUTORIZADOS Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que cita. JUICIO EN LÍNEA; ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita, téngasele proporcionando el nombre de usuario ********************, a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico y las notificaciones electrónicas; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que solo se le realizarán las notificaciones electrónicamente a través del mencionado usuario, de las resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar en forma personal, en términos del artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. Así mismo, únicamente en caso de que el usuario señalado sea incorrecto, se ordenaran las notificaciones personales en el domicilio que indica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE Y EN FORMA PERSONAL A LA QUEJOSA DIRECTA EN LA VÍA INDICADA.
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