Angélica María Bravo Gutiérrez
Expediente 444/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 444/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Angélica María Bravo Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Vistos los autos se advierte que en acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno se desechó la demanda, el cual se notificó vía electrónica a la parte quejosa el veintiuno de mayo del presente año. En tales condiciones, y toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se desprende que el auto de doce de mayo de dos mil veintiuno por el que desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, doce de mayo de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Oswaldo Alfredo Domínguez Escobar asesor jurídico de la quejosa Angélica María Bravo Gutiérrez, contra los actos de la Agente del Ministerio Publico, Licenciada Mercedes Daniela Vargas Hernandez adscrita a la Zona Centro de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otra autoridad; Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 444/2021. DESECHAMIENTO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Agente del Ministerio Publico, Licenciada Mercedes Daniela Vargas Hernandez adscrita a la Zona Centro de la Fiscalía General del Estado de Puebla y Fiscal General del Estado de Puebla. La falta de acceso y consulta de las actuaciones que integran la carpeta de investigación FGE.UAT@17/01629. 2. La pérdida material de los tomos que componen la carpeta de investigación FGE.UAT@17/01629. 3. La falta de acuerdo y notificación a mis escritos pacíficos y respetuosos, recibidos por la autoridad responsable el veintiuno de marzo y tres de abril ambos del año dos mil dieciocho, y seis de marzo de dos mil veintiuno. Sin embargo, respecto de dichos actos se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...)" Efectivamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las determinaciones de la instancia investigadora sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal se deberán notificar a los sujetos pasivos del delito, quienes podrán impugnar ante el Juez de Control dicha resolución; instancia jurisdiccional que convocará a una audiencia para decidir en definitiva, con la concurrencia de las partes (víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su Defensor). Tal como se advierte del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." Al respecto, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, se puede concluir que las aclaraciones y omisiones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Circunstancia que implica que la revisión de la conducta omisiva por parte de las autoridades investigadoras en dicho precepto no se limite a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad, el no ejercicio de la acción penal o la negativa de permitir el acceso a los registros de investigación), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto evitar dar a conocer las condiciones de la investigación, paralizar, suspender o terminar una investigación. De ahí que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadren en la procedencia de dicho recurso, ya que implican una paralización de su función investigadora donde se incluye recibir las querellas presentadas ante él. Por lo tanto, la parte peticionaria de amparo debió agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales invocado, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra las omisiones de la autoridad investigadora que aquí controvierte. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: Época: Décima Época Registro: 2017641 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 17 de agosto de 2018 10:25 h Materia(s): (Penal) Tesis: 1a./J. 27/2018 (10a.) SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Así como la diversa cuyo rubro y texto, son del tenor siguientes: Época: Décima Época Registro: 2017640 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 17 de agosto de 2018 10:25 h Materia(s): (Común, Penal) Tesis: 1a./J. 28/2018 (10a.) SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. En consecuencia, por ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se ha hecho alusión en líneas que anteceden, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, con relación al diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido y artículo 113 del ordenamiento legal en cita SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. AUTORIZADOS Se tiene como autorizadas de la parte quejosa a los profesionistas, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Téngase proporcionando el nombre de usuario DOMINGUEZESCOBAR, para la consulta el expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 26, fracción IV, Así también, se autoriza que las notificaciones se realicen vía electrónica respecto de las resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar de manera personal, a través del usuario que precisa, de conformidad con lo previsto en el artículo y 30, fracción II, de la ley de la materia. NO SE TIENE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Atento a lo anterior, es innecesario tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales en el que indica en su escrito de cuenta de amparo, esto, toda vez que ha proporcionado el nombre de usuario para la consulta del expediente electrónico y recibir sus notificaciones por la misma vía del presente asunto. COMUNICACIONES NO PROCESALES Respecto al señalamiento del correo electrónico oswafacura@gmail.com, que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Por lo que respecta a la petición del impetrante en cuanto a permitir la utilización de medios electrónicos respecto de las actuaciones que de este expediente emanan; dígasele que de conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se provee de conformidad su solicitud, previa petición verbal y razón que del citado acto se deje asentada en el presente sumario; empero, se hace de su conocimiento que de conformidad con el artículo 6, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado únicamente está facultado para programar citas de acceso físico a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia necesaria. De tal manera que, tomando en consideración que la solicitud no se trata de una diligencia que el juzgado determine como necesaria, por no tratarse de un caso urgente, sino que es a petición del propio interesado, entonces, queda a cargo de la parte quejosa, obtener la cita correspondiente para el desahogo de la diligencia que requiere, en los términos establecidos en el artículo 32 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del micrositio "Agenda OJ" del Portal de Servicios en Línea, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para la generación de citas para consultar expedientes, donde a su vez se le permitirá que la persona a cuyo nombre la solicita y en su caso otra persona autorizada en el expediente ingrese al órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa a través del usuario proporcionado para tal efecto.
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