Angelica Medina Castillo

Expediente 882/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
882/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
08/02/2021

Partes del expediente

  • Angelica Medina Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Causa estado auto que desechó de plano la demanda de amparo. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Angélica Medina Castillo, por propio derecho, y en cuanto representante de su menor hija de iniciales V.I.S.M., sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Archivo. Ahora, como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. Valoración de cuaderno. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Devolución de documentos. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso, hubiera adjuntado, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Obs: verificar que existan documentos; si son de Condiciones para la entrega de documentos. Por lo que ve a la entrega de los documentos que la parte quejosa hubiera exhibido, es pertinente recordar que en el contexto de pandemia mundial derivada de la enfermedad denominada Covid-19, ha modificado los esquemas de normalidad con la que se venían desarrollando las actividades cotidianas de las distintas autoridades que conforman en sistema jurídico mexicano, entre ellas, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Así, en condiciones normales, la entrega de los documentos a las partes conlleva realizar una serie de gestiones administrativas internas que implican el manejo de un expediente para obtener de él copia certificada del o los autos que se hayan de adjuntar a la misma; así como su cotejo y certificación y la elaboración del recibo respectivo que se deje en autos. En ese tenor, a fin de posibilitar la entrega de las constancias exhibidas en el presente sumario se requiere a la parte quejosa para que: Con base en los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, genere una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ"; Hecho lo anterior deberá informarlo a este juzgado federal cuando menos con cinco días de anticipación a la fecha en la que se haya programado la referida cita, sin contar el de la propia cita, a fin de que el personal que realiza labores presenciales en este juzgado federal, tenga oportunidad de hacer las gestiones antes indicadas, a fin de que pueda ser entregados a la parte compareciente, previo recibo que se otorgue a los autos. Impresión. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Causa estado auto que desechó de plano la demanda de amparo. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Angélica Medina Castillo, por propio derecho, y en cuanto representante de su menor hija de iniciales V.I.S.M., sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Archivo. Ahora, como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. Valoración de cuaderno. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Devolución de documentos. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso, hubiera adjuntado, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Obs: verificar que existan documentos; si son de Condiciones para la entrega de documentos. Por lo que ve a la entrega de los documentos que la parte quejosa hubiera exhibido, es pertinente recordar que en el contexto de pandemia mundial derivada de la enfermedad denominada Covid-19, ha modificado los esquemas de normalidad con la que se venían desarrollando las actividades cotidianas de las distintas autoridades que conforman en sistema jurídico mexicano, entre ellas, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Así, en condiciones normales, la entrega de los documentos a las partes conlleva realizar una serie de gestiones administrativas internas que implican el manejo de un expediente para obtener de él copia certificada del o los autos que se hayan de adjuntar a la misma; así como su cotejo y certificación y la elaboración del recibo respectivo que se deje en autos. En ese tenor, a fin de posibilitar la entrega de las constancias exhibidas en el presente sumario se requiere a la parte quejosa para que: Con base en los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, genere una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ"; Hecho lo anterior deberá informarlo a este juzgado federal cuando menos con cinco días de anticipación a la fecha en la que se haya programado la referida cita, sin contar el de la propia cita, a fin de que el personal que realiza labores presenciales en este juzgado federal, tenga oportunidad de hacer las gestiones antes indicadas, a fin de que pueda ser entregados a la parte compareciente, previo recibo que se otorgue a los autos. Impresión. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  3. Principal

    Certificación secretarial de cuenta. Vista la certificación que antecede, de la que se observa que se suspendieron las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo dispuesto por la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Suspensión que ya cesó; por tanto, en esta data se reanudan los plazos en el presente juicio, para los efectos legales pertinentes; sin que sea oportuno proveer lo concerniente en el incidente de suspensión, toda vez que no se aperturó. Cita para consulta. Por otro lado, glósese a los autos para que obre únicamente como constancia legal, el correo electrónico remitido por el Sistema de Servicios en Línea, mediante el cual se informa que se generó una cita para las catorce horas del diecinueve de enero de dos mil veintiuno, en el Sistema de Agendas de Cita OJ la cual corresponde a ******************** (autorizado de la parte quejosa en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo). Sin que se haga mayor pronunciamiento al respecto, dado que la cita de referencia se programó para la misma data en la que se acuerda el correo que da aviso de la cita, en la inteligencia de que, con base en el sistema electrónico establecido en el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, es posible atender a los justiciables en los días y horas establecidos en dicho portal, con independencia de la fecha en que se provea el correo electrónico que da aviso al órgano jurisdiccional sobre la cita programada para consulta de expedientes. Sin perjuicio de lo anterior, se conmina a las partes tomar en consideración la posibilidad de tramitación electrónica del presente juicio, como se ha indicado en acuerdos precedentes. Impresión. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Angélica Medina Castillo, por propio derecho, y en cuanto representante de su menor hija de iniciales V.I.S.M, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, se manda formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno respectivo, bajo el número VIII-882/2020. Consideraciones previas. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Fijación del acto reclamado. En el caso concreto, debe decirse que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos siguientes: El auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, dictado en el Juicio Especial Oral Familiar número 455/2018 del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, en el que se decretó que no ha lugar a dejar sin efectos los proveídos de catorce de octubre y diez de noviembre del año en curso, por los cuales se determinó que las partes del contradictorio citado, deberían asistir cada quince días al hospital psiquiátrico Dr. José Torres Orozco con residencia en Morelia, para recibir las terapias psicológicas establecidas en la sentencia definitiva de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Consideraciones previas. En ese orden, respecto de los actos mencionados, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. Primeramente, debe decirse que el artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Antecedentes de la demanda de amparo. De la demanda de amparo, así como de los anexos a la misma, se advierten los antecedentes del acto reclamado que bajo protestad de decir verdad expuso la quejosa, los cuales se resumen de la manera siguiente: En el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, admitió a trámite la demanda que dio origen al Juicio Especial Oral Familiar número 455/2018, sobre modificación de convenio, promovido por Alejandro Sánchez Ávila frente a la hoy quejosa Angélica Medina Castillo. Seguido el juicio en sus etapas procesales, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva, en la que en el considerando tercera de ésta se estableció entre otras cosas lo siguiente: ". Se considera necesario que los padres asistan a terapia con el psicólogo Osvaldo Castro Ornelas en términos del artículo 435 del Código Familiar ya que fue este quien detectó la alienación parental en el presente caso y está al tanto de la situación, dejando a iniciativa del psicólogo la periodicidad del tratamiento y de las visitas o consultas, así como de las técnicas empleadas para lograr que los padres puedan superar las situaciones personales y en conjunto que entorpecen y merman el sano desarrollo de la menor. Para tal efecto debe, cada dos meses a pedimento de parte interesada o bien de oficio por parte del Juzgado remitir un diagnóstico del estado psicológico y avance que se advierta a las partes, decretando una obligación a cargo de estos últimos asistir puntualmente a las sesiones que el psicólogo les agende, en especial a la madre, a quien se le i apercibe que de no hacerlo así, por el sano desarrollo de su hija, a quien además tiene en custodia, se 'decretará previo procedimiento respectivo el cambio de custodia a favor del padre, o de persona que se acredite se encuentre más proclive a proveer un sano desarrollo a la menor, la cual de darse así se entregará de forma gradual según se establezca en su caso" Sentencia que fue declarada ejecutoriada el diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Posteriormente en proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, a fin de ejecutar dicha resolución, ordenó girar oficio al Instituto de la Mujer Tacambarense, situado en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, para que proporcionaran un especialista en psicología, diverso al licenciado Osvaldo Castro Ornelas, a objeto de que asistieran a las partes dentro del controvertido antes citado las terapias psicológicas que les fueron decretadas, así como realizar un diagnóstico del estado psicológico de pestos y el avance que se advierta. Oficio que le fue contestado mediante comunicado PMT-IMT/331/2019, expedido por el Instituto de la Mujer Tacambarense, de fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, en el que le fue informada a la juez responsable, que dicha dependencia únicamente cuenta con el profesionista Castro Ornelas mencionado, motivo por el cual se veía imposibilitada a colaborar con la petición que le fue planteada. En vista de lo anterior, en auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, giró oficio al Hospital General del municipio mencionado -Tacámbaro, Michoacán-, solicitando su auxilio para la ejecución de la sentencia que resolvió el fondo del asunto, respondiendo dicho nosocomio que no contaba con ese servicio. Por lo que, el quince de enero de este año, la juez responsable ordenó girar comunicado a la Directora del DIF Michoacán, con sede en esta ciudad, con los mismos fines; sin embargo, le fue informada que dicha institución no contaba con departamento de psicología. Derivado de los resultados antes expuestos y a fin de llevar a cabo los tratamientos ordenados en la sentencia definitiva, giró oficio al Hospital General de esta " María Zendejas", con sede en esta ciudad, para que remitieran a Alejandro Sánchez Ávila y Angélica Medina Castillo al Hospital Psiquiátrico "Dr. José Torres Orozco", de la ciudad de Morelia, Michoacán. Mediante oficio de nueve de octubre del año en curso, la subdirección jurídica de la Secretaría de Salud, informó que las partes que conforman el contradictorio de origen, deberían de presentarse en el Hospital Psiquiatrico "Dr. José Torres Orozco", de esta ciudad -Morelia- los días martes, de 8:00 a 13:00 horas, para realizar la valoración correspondiente. En razón de lo anterior, por proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, la responsable determinó requerir mediante notificación personal a las partes, a fin de que comparecieran al nosocomio antes citado, en los días y horario fijado, para que les proporcione las terapias correspondientes, las cuales tendrán lugar cada quince días a cargo de la psicóloga Minerva Miranda Marín. Inconforme con dicha situación, la hoy quejosa mediante escrito acordado en auto de veinticinco de noviembre pasado, realizó diversas manifestaciones con el objetivo de evitar que se le obligue asistir a las terapias que le fueron impuestas hasta esta ciudad, sin embargo la autoridad responsable proveyó improcedentes las mismas, pues adujo que tales determinaciones se encontraban firmes, siendo este auto el que constituye el acto reclamado. De lo anterior se colige que el juicio oral familiar aludido, se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, sin que de la demanda se desprenda que en el procedimiento de ejecución de la sentencia se haya emitido ya una resolución definitiva. Actualización de causales de improcedencia En la especie se estima que, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, como a continuación se abordará. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" El precepto normativo transcrito prevé la posibilidad de que los justiciables que promuevan juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De lo que se advierte que tratándose de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, solamente será posible ejercitar la acción constitucional, contra la última resolución dictada en el procedimiento de cumplimiento, ya sea que dicha resolución apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para cumplimentar dicho fallo. Por lo que, contra los actos dictados en el procedimiento de ejecución de una sentencia, encaminados a que se le dé cumplimiento, no procede el juicio de amparo indirecto, pues no se encuentra previsto en las hipótesis de procedencia establecidas en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que para poder emitir el pronunciamiento respectivo, en relación al acatamiento de una sentencia o la imposibilidad material o jurídica para llevarse a cabo, primeramente es menester lograr su acatamiento por las partes, al ser una cuestión de orden público. Así, de lo expuesto en párrafos que anteceden, se colige que la quejosa, no se encuentra dentro del supuesto señalado por el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que si bien el auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, fue dictado después de concluido el juicio, toda vez que ya se emitió la sentencia respectiva, aún se encuentra pendiente de lograrse su acatamiento por las partes, en el referido Juicio Especial Oral Familiar número 455/2018, sobre modificación de convenio, promovido por Alejandro Sánchez Ávila frente a la hoy quejosa Angélica Medina Castillo, radicado ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, por lo que se concluye que no existe todavía la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia respectivo, por encontrarse en vías de ejecución. Sin que el acto reclamado implique una afectación a un derecho sustancial ajeno a la cosa juzgada, pues en la sentencia ejecutoriada, precisamente, se estableció que las partes del contradictorio se someterían a una terapia piscológica, y es en función a tal mandato que surge el acto ahora reclamado; de suerte que no tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Conclusión. Por consiguiente, la demanda de amparo indirecto que se analiza es notoria, manifiesta e indudablemente improcedente, de conformidad con lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Desechamiento En consecuencia, con fundamento en los artículos citados y el diverso 113 de la legislación en consulta, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Angélica Medina Castillo, por propio derecho, y en cuanto representante de su menor hija de iniciales V.I.S.M., contra actos que atribuye al Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán No pasa inadvertido que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; empero, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto, se invocan los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyos rubros son: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA" y "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, esta determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualizó de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. Domicilio y Autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Manuel General de la Peña y Peña número 369, colonia Chapultepec Norte, en esta ciudad, así como autorizando en los términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Gustavo Mendoza Pedro; mientras que las diversas personas que cita, estarán facultadas únicamente en los términos restringidos de dicho numeral, por así haberlo solicitado expresamente. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a la parte quejosa, autoridades responsables y Ministerio Público intervinientes en este asunto, a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejoso, autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: Consultar constancias. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. Notificarse. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órganos jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio Agenda OJ, en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedaron instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del tres de agosto de dos mil veinte, y funcionan en dos turnos; a saber: (i) turno matutino presta servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboran por las mañanas, y la del turno vespertino lo hace de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboran por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. De igual modo, indíquesele que la duración máxima de la cita será de veinticinco minutos, puesto que aquélla se generó a solicitud de la parte interesada y no por este órgano jurisdiccional. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Notificación. Se exhorta a los actuarios de la adscripción para que tomen las medidas sanitarias necesarias, debido al fenómeno de salud COVID 19, y previo a trasladarse a realizar las notificaciones que se dicten en este expediente, agoten los medios electrónicos, como pueden ser, correos electrónicos o fax, debiendo recabar el acuse de recibo ya sea electrónico o bien vía telefónica. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Capturas e integración al expediente electrónico. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración al expediente electrónico Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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