Angélica Buenrostro Maldonado
Expediente 730/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Angélica Buenrostro Maldonado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Acuerdo. Visto el comunicado signado por la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; téngasele acusando recibo de la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente asunto y del toca de apelación 149/2021 de su índice.
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. 3. Transferencia. Una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse, previa depuración y anotación correspondiente en los libros de gobierno, el expediente en que se actúa a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Devolución de constancias. En virtud de que al informe justificado respectivo la autoridad responsable adjuntó el toca de apelación 149/2021 en dos tomos y ya que resulta innecesaria su retención, se ordena la devolución de ello a su lugar de origen, en el entendido de que como certeza de su recepción se tendrá el acuse que para tal efecto se obtenga.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: Estado de autos. Vista la cuenta que antecede, se advierte que se han superado diversas circunstancias que habían disminuido la capacidad operativa de este órgano jurisdiccional para actualizar la integración del expediente físico del asunto en que se actúa, hasta glosar al mismo la más reciente determinación judicial, como es la sentencia correspondiente; circunstancias entre las que se encuentran: a) la atención prioritaria a la integración de expedientes con recursos y su envío al órgano revisor; b) el rezago prexistente; c) las nuevas y elevadas cargas de trabajo; d) la constante disminución de personal operativo por licencias personales, médicas o contagios del virus SARS-Cov2, vacaciones, días económicos; y, e) la depuración y destrucción de expedientes que se llevó a cabo entre el ocho de noviembre y diez de diciembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento estricto al requerimiento formulado a este juzgado por la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal en el dictamen de treinta de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 501/2020-DV. En consecuencia, una vez que se ha producido la glosa al expediente físico de la sentencia en cita, cuya emisión con firmas autógrafas constituyó una medida necesaria, racional y proporcional para abatir el rezago precisamente en la integración del citado cuaderno (atraso producido por la atención a otras actividades jurisdiccionales que se consideraron prioritarias), procédase a notificar dicho fallo como legalmente corresponda y a integrar la resolución al expediente electrónico, a fin de que exista coincidencia con el impreso.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NORTITICA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO SALVADOR GALVÁN INFANTE LA SIGUIENTE SENTENCIA: veintinueve de octubre de dos mil veintiuno SENTENCIA Visto, para resolver, el juicio de amparo 730/2021, promovido por Angélica Buen Rostro Maldonado, por alegada violación de los artículos 1°, 4, 14, 16, 27,113 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán con residencia en Morelia, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución de quince de julio de dos mil veintiuno, del toca I-149/2021, formado con el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veinte, en el juicio ordinario oral familiar 1077/2018, del índice del juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del distrito judicial de Morelia, por el cual se negó librar oficio a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para realizar los descuentos a la parte demandada en el juicio natural. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en Morelia, Michoacán, dentro del territorio en el que se ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó demostrada. Es cierto el acto reclamado al magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, ya que al rendir el informe justificado así lo manifestó. Lo que además se corrobora con las copias certificadas del expediente ordinario familiar 1077/2018, del índice del juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del distrito judicial de Morelia, y con el toca I-149/2021 de su índice, que adjuntó al mismo, las que tienen valor probatorio pleno con base en lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe ser analizado por el juzgado aún de oficio, como lo señala el artículo 62 de la ley de amparo; sin embargo, ninguna de las partes las hizo valer y este juzgador no advierte, de oficio, que se actualice alguna que impida el estudio de los conceptos de violación. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de agravio son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue hacerlo, de manera que deviene innecesaria su transcripción. SEXTO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación. Consta en autos que, en la sentencia reclamada el magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán al avocarse al estudio de la procedencia del recurso de apelación, determinó abstenerse de analizar los agravios expresados por la quejosa, en virtud de que consideró que el recurso de apelación se promovió de forma extemporánea. Lo anterior, porque con base en la interpretación que realizó de los artículos 1097 a 1110, del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, el recurso de apelación debe interponerse dentro del plazo de seis días; que en el caso, la resolución apelada es el auto pronunciado el diecisiete de febrero de dos mil veinte, y que conforme al normativo 1097 del código en cita el plazo comenzó a correr desde el día hábil siguiente al en que se pronunció esto es el diecinueve (sic) de febrero de dos mil veinte para vencer el día veintiocho siguiente, descontándose del cómputo los días veinte y veintiuno de febrero por haberse decretado inhábiles, debido a la suspensión de labores por virtud del informe de actividades del Poder Judicial del Estado, el diecinueve del mismo mes con base en el artículo 28, fracción II, de las condiciones generales de trabajo del Poder Judicial del Estado, un sábado y un domingo. Luego señaló que el último día que tuvo la ahora quejosa para interponer el recurso de apelación fue el veintiocho de febrero de dos mil veinte y no el diecinueve de agosto de ese año, como en realidad sucedió. Ahora, la quejosa sostiene que el acto reclamado viola derechos humanos por las razones siguientes: Conceptos de violación primero, segundo y tercero. Porque el juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del distrito judicial de Morelia, omitió ordenar que el proveído de diecisiete de febrero de dos mil veinte se notificara personalmente, no obstante que tiene señalado un domicilio para tal efecto. Que el acuerdo recurrido se debió notificar personalmente porque la quejosa tiene el carácter de gestionante (sic) dentro del juicio. No existe constancia en el juicio, de que el actuario haya notificado personalmente el proveído apelado; y que por ello, combatió el acuerdo hasta que tuvo conocimiento del mismo. Conceptos de violación cuarto, quinto y sexto. Se debió notificar personalmente el acuerdo porque no girar el oficio como se solicitó implica que el acreedor alimentario siga sin gozar de la pensión que se determinó en su favor, además porque se trata de una gestión expresa de una de las partes en el juicio. Que el conocimiento de las actuaciones en un juicio sólo se produce cuando son notificadas personalmente al interesado. No se trata de un acto gestionado en favor del acreedor alimentario por lo que, se debió considerar que ese tipo de acuerdos debe notificarse personalmente en el domicilio designado en autos para tal efecto. Que es razonable que un acuerdo que afecte el interés superior del menor debe ser notificado personalmente. La renuncia a promover un medio de impugnación sólo puede darse de manera libre sin ningún tipo de coacción, presión, obstrucción, ni dificultad, lo que no se puede lograr si no se notifica de forma alguna el acuerdo. Conceptos de violación séptimo y octavo. Que el argumento expuesto para omitir estudiar los agravios carece de lógica porque si no se le notificó personalmente el acuerdo, la quejosa no estuvo en posibilidad de hacer valer el recurso sino hasta que tuvo conocimiento del auto recurrido. El principio de firmeza de las resoluciones por falta de impugnación, solo se produce cuando fueron debidamente notificadas, porque mientras eso no suceda, el plazo para su impugnación no puede comenzar a correr. La notificación es el acto procesal por el que se da a conocer una actuación, sin él, las actuaciones permanecerían en secrecía sin que las partes pudieran impugnarlas o ejercer el derecho de defensa. En ese orden, si en un acuerdo se rechaza una petición por disposición del propio Código Familiar debe notificarse personalmente a las partes. Concepto de violación noveno. Con base en los artículos 464, fracción II, 465, 466, 470 y 471 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, la notificación del acuerdo recurrido debió ser personalmente. Debe reconocerse que la entrega de los alimentos es de carácter urgente y perentorio y que en el caso, hasta el día en que se promovió el juicio de amparo no se ha entregado las pensiones correspondientes en lo que respecta a las prestaciones adicionales y aguinaldo de dos mil diecinueve por parte del deudor alimentario. Concepto de violación décimo. Que derivado de la contingencia sanitaria producida por la enfermedad COVID-19, el Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán emitió una serie de disposiciones para el retorno de las actividades de los órganos de impartición de justicia en particular el treinta de junio y uno de agosto de dos mil veinte en el que se establecieron que los litigantes debería solicitar cita para la revisión y consulta física de los expedientes a través del módulo "tribunal electrónico" de la página del Poder Judicial del Estado, y derivado de la escases de citas o la saturación de agenda, fue imposible concretar una para la consulta del expediente. Lo anterior como se expuso, es infundado porque contrario a los planteamientos resumidos, el Libro Segundo (Procedimiento familiar), Título Segundo (Reglas Generales), Capítulo III (Notificaciones) del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, establece cuáles notificaciones deben practicarse de forma personal, conforme a la etapa del procedimiento en la que se encuentre el juicio; en el caso, después de concluido el juicio, ya que la sentencia de segunda instancia que lo dio por terminado se pronunció el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. En ese orden, la notificación del auto que se impugnó a través del recurso de apelación no es la primera notificación en el juicio, tampoco se trata de la sentencia definitiva sino la de un auto que se emitió después de concluido. En ese contexto, el artículo 748 del Código Familiar para el Estado de Michoacán establece: "Artículo 748. También se harán personalmente las notificaciones de: I. Los autos en que se deseche una demanda, reconvención o solicitud de jurisdicción voluntaria; II. El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; III. Cuando por cualquier causa se deje de actuar más de dos meses; IV. El primer auto emitido por el juez que conozca del negocio en caso de una recusación o excusa; V. Cuando el juez o magistrado lo estime necesario; y, VI. Las demás que este Código expresamente determine". De la interpretación gramatical de este precepto, se advierte que las notificaciones personales una vez que ya se estableció la relación jurídico procesal, son aquellas que tiene un impacto trascendental en el juicio; ya sea porque deba cumplirse con una carga u obligación dentro del procedimiento, porque se haya dejado de actuar por determinado tiempo, y cuando el juez o magistrado lo estimen conveniente. Sin que el acuerdo que negó librar el oficio que solicitó la quejosa tenga alguna de las características apuntadas, porque si bien se solicitó que se requiriera mediante oficio a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para que informara sobre los descuentos respecto de las prestaciones adicionales del deudor alimentario, lo cierto es que en el propio acuerdo, se dio a conocer a la quejosa que ya obraba en autos la información del descuento aplicado y que éste se vería reflejado en la primer quincena del mes de marzo de dos mil veinte. Lo anterior pone de manifiesto que la determinación no reúne las características para que fuera notificada personalmente porque ya existía en autos, información sobre el núcleo de la petición. En ese orden, si la actuación no reúne las características de trascendencia a que alude el artículo 748 en cita, no existe razón para que el auto tuviera que notificarse personalmente, además que no se había dejado de actuar por más de tres meses, no impuso cargas u obligaciones dentro del procedimiento de ejecución, tampoco de trata de la primera notificación, o de la llegada de los autos por causa de excusa o recusación. En virtud ello, el cómputo del plazo que realizó la autoridad responsable para resolver sobre la procedencia del recurso, es apegado a derecho, pues en él tomó en consideración la fecha en que el proveído se notificó por lista, esto es en la misma fecha en que se emitió, así como los días inhábiles que transcurrieron entre la notificación y la fecha de presentación del recurso. También se advierte, que no escapó a la consideración del magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, el hecho de que por la emergencia sanitaria que se decretó por la enfermedad que produce el virus SARS Cov-2, los Órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado, suspendieron labores y que su retorno a las actividades respectivas se realizó bajo un esquema limitado, sin embargo, precisó que el acuerdo apelado, y el plazo para promover el medio de impugnación se verificó previo a la declaratoria de emergencia, de ahí que eso no afectó el derecho de defensa de la parte quejosa. En virtud de lo anterior, son inaplicables las tesis que invoca la parte quejosa; la que tiene el número de registro digital 166119, cuyo rubro es: "NOTIFICACIÓN PERSONAL. PROCEDE CUANDO SE IMPONE UNA PREVENCIÓN Y SE APERCIBE QUE DE NO SATISFACERLA SE ORDENARÁ EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TERMINADO." porque se refiere a la materia laboral. La que lleva por rubro: ALIMENTOS. CUANDO SE INVOLUCRA EL DERECHO DE UN MENOR A RECIBIRLOS, NINGUNA RAZÓN FORMAL VÁLIDAMENTE LO PUEDE OBSTACULIZAR O HACER NUGATORIO." Con número de registro digital 163238, porque en ella se levanta todo tipo de obstáculo para que los jueces competentes se pronuncien en el sentido de fijar una pensión provisional o definitiva, o declare la cancelación o derecho a recibirlos, y en el caso, tales pensiones ya se encuentran determinadas, e incluso en el mismo auto se estableció información relevante respecto de las pensiones que derivan de las asignaciones adicionales del deudor. Y lo mismo sucede respecto de las tesis de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA DE UN MENOR. ANTE LA OMISIÓN DE DECRETARLA Y PONER EN RIESGO LA SUBSISTENCIA DE AQUÉL, ES PRECISO DICTAR LA MEDIDA PERTINENTE QUE ASEGURE EL DERECHO A RECIBIRLA Y ORDENAR A LA RESPONSABLE QUE LA FIJE PARA SU COBRO Y DARLE PROVISIONALMENTE EL EFECTO RESTITUTORIO AL DERECHO INFRINGIDO DEL INFANTE." y "ALIMENTOS. TRATÁNDOSE DE ACREEDORES MENORES DE EDAD EL JUZGADOR PUEDE, DE OFICIO Y EN SUPLENCIA DE LA QUEJA, DICTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES PARA EL EFECTIVO RESGUARDO DEL DERECHO A RECIBIRLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).", porque o se está en el caso de que por virtud del acuerdo se haya dejado de percibir pensión alguna o se obstaculice su disfrute, ya que en el mismo proveído se acordó información relevante sobre la forma en que se está ejecutando la sentencia definitiva dictada en el juicio. Finalmente, tampoco es aplacable la tesis 46/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro digital 2004039, de rubro "PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA INCREMENTARLA CUANDO EL ACTOR MATERIAL Y ACREEDOR EN EL JUICIO RELATIVO SEA UN MENOR DE EDAD, EL JUEZ PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA RESOLVER LA CUESTIÓN PLANTEADA.", porque en ella se establece la obligación del juez de recabar oficiosamente pruebas para resolver la cuestión planteada y en el caso, la litis en este asunto gira alrededor de un requisito de procedencia de un recurso que se interpuso en contra de un auto que no fija, modifica o extingue la pensión alimenticia establecida. Por tanto, los conceptos de violación son infundados y por ello, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. No pasa inadvertido el alegato formulado por la parte tercero interesada; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen; mayormente, que tienden a rebatir la fundamentación y motivación del mismo, es evidente que no es materia de este juicio, como se puso de manifiesto. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión, no ampara ni protege a Angélica Buenrostro Maldonado, contra los actos que reclamó al magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, por las razones expuestas en el último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en que concluyó la emisión del fallo; y da fe la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo. 730/2021 OFICIO(S) 4963
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