Angélica María Rodrigo Bojórquez

Expediente 749/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
749/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
19/07/2021

Partes del expediente

  • Angélica María Rodrigo Bojórquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta presentado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual realiza manifestaciones en relación con el cumplimiento dado al fallo protector, las cuales serán tomadas en consideración al momento de emitir el pronunciamiento a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos de los que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días hábiles previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el trece de abril de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Subdirector de Atención a Usuarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Baja California, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe el cumplimiento dado al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que lo acrediten; apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo; y, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las doce horas con cincuenta minutos del trece de abril de dos mil veintiuno, Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Ana Cecilia Morales Ahumada, Secretaria con quien actúa, declara abierta la audiencia constitucional señalada para esta hora y fecha en el juicio de amparo 749/2020-VIII, sin la comparecencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda y documentales anexas consistente en original de los acuses de recibo de los escritos presentados el seis de mayo y treinta de julio de dos mil veinte, ante la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana; b) constancia de emplazamiento realizado a la agente del Ministerio Público Federal adscrita; c) informe justificado rendido por la autoridad responsable; y, d) constancias de notificación a las partes del acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el que se ordenó la reanudación de este procedimiento. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Enseguida, se declara abierto el periodo probatorio en el que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las documentales antes relacionadas, en virtud de que no requieren de preparación para tal efecto, las que se tomarán en consideración al momento de emitir la resolución correspondiente en este asunto; sin pruebas pendientes por proveer o desahogar se declara cerrado este periodo y abierto el de alegatos en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo que se declara igualmente cerrado. Concluidas las etapas de referencia se levanta la presente acta para constancia, procediéndose a dictar la sentencia respectiva en los términos siguientes. Vistos, para resolver el juicio de amparo indirecto 749/2020-VIII, promovido por Angélica María Rodrigo Bojórquez, por su propio derecho, contra actos del Subdirector de Atención a Usuarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Baja California. R E S U L T A N D O Primero. Por escrito depositado en el buzón judicial el dos de diciembre de dos mil veinte, recibido el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y, finalmente, recibido en la propia fecha en este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Angélica María Rodrigo Bojórquez, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a las autoridad responsable que a continuación se precisan: Autoridad responsable Subdirector de Atención a Usuarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Baja California. Acto reclamado "Reclamo de las autoridades señaladas como responsables (sic) el silencio administrativo en que ha incurrido, al omitir dictar el acuerdo o resolución en el que se me informe con precisión cuáles son los adeudos que tiene la cuenta número 2890952 y cuáles son las lecturas precisas de cada uno de los periodos correspondiente al año 2016 al 2020, en relación a mi petición formulada mediante escrito de fecha 6 de mayo del 2020 sellada y recibida por la autoridad responsable también el 30 de julio del 2020 respectivamente." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a actuar en ese sentido. Tercero. El dos de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda relativa, quedando registrada bajo el expediente 749/2020-VIII; se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Con motivo de las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021 de veinte de diciembre de dos mil veinte y ocho de enero de dos mil veintiuno, respectivamente, se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, durante el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Mediante circular SECNO/4/2021, de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, se determinó que la actividad jurisdiccional se sujetaría a las reglas establecidas en Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación. En ese tenor, el cuatro de febrero del año en curso, se determinó reanudar el procedimiento en este juicio, lo que se comunicó personalmente a la totalidad de las partes. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales; 1º, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: 1. La omisión de dar respuesta a la petición presentada el seis de mayo de dos mil veinte. 2. La omisión de dar respuesta a la petición presentada el treinta de julio de dos mil veinte. Cuarto. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Subdirector de Atención a Usuarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Baja California, ya que así se desprende del contenido de su informe justificado, en el que reconoció no haber dado respuesta las peticiones presentadas el seis de mayo y treinta de julio de dos mil veinte. Máxime, que la existencia de las peticiones de mérito quedó corroborada con las documentales exhibidas por la parte quejosa, consistentes en original de los acuses de recibo de los escritos de referencia, los cuales, al no haber sido objetados por las partes, adquieren valor probatorio pleno, en términos de los numerales 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia y este órgano jurisdiccional, de oficio, no advierte la actualización de alguna de ellas, por lo que se procede al examen de los motivos de inconformidad. Quinto. El único concepto de violación es sustancialmente fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada. La parte quejosa sostiene que la conducta de la autoridad responsable transgrede el derecho fundamental reconocido en el artículo 8º constitucional, ya que, a pesar de que desde el seis de mayo y treinta de julio de dos mil veinte, respectivamente, presentó escritos solicitando al Subdirector de Atención a Usuarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Baja California, una prórroga para proporcionar la documentación que le fue solicitada, al parecer, con motivo del cobro por servicio de suministro de agua potable, así como el apoyo para aclarar tales anomalías y la liberación de la cuenta correspondiente, han transcurrido más de ciento ochenta días sin que dicha autoridad emita la respuesta correspondiente. Según se anticipó, dicho argumento es sustancialmente fundado. Para avalar la postura que antecede, es dable destacar que el artículo 8º de la norma fundamental consagra de manera general el deber de todo funcionario y empleado público de contestar las peticiones de los gobernados, al señalar lo siguiente: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Dicho precepto establece la obligación de los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; de ahí que a toda petición, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En relación con dicho precepto, es vasta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se ha señalado, que el derecho de petición implica la obligación correlativa a cargo de la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a la solicitud elevada -en la que se debe pronunciar sobre todas las cuestiones planteadas- y de darla a conocer en breve término al peticionario, siendo que éste debe señalar el domicilio en que se deba notificar tal solicitud; asimismo, que el referido derecho está reconocido exclusivamente frente a las autoridades, esto es, en las relaciones entre gobernantes y gobernados, lo que excluye su operatividad en las relaciones de coordinación, reguladas por el derecho privado, en el que el ente público actúa como particular. Aunado a lo anterior, debe destacarse que conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, según se anticipó, en el caso concreto, la quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable Subdirector de Atención a Usuarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Baja California, de responder las solicitudes que presentó el seis de mayo y treinta de julio de dos mil veinte, en las que -en esencia- pidió, respectivamente, lo siguiente: Petición recibida el seis de mayo de dos mil veinte (i) Una para prórroga exhibir la documentación solicitada con motivo de los cargos generados por consumo de agua potable; y, (ii) Un recuento del cálculo por concepto de consumo de agua respecto del establecimiento denominado "Hotel Maviri". Petición recibida el treinta de julio de dos mil veinte (i) Apoyo para aclarar las anomalías relacionadas con el consumo de agua; y, (ii) Liberación de la cuenta para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas. Luego, de las constancias que obran en autos no se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de derechos fundamentales, esto es, el dos de diciembre de dos mil veinte o incluso a la data en que se dicta el presente fallo, la autoridad responsable Subdirector de Atención a Usuarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Baja California, haya dado respuesta a las peticiones de mérito y menos aun, que las hubiera comunicado a la interesada, lo que permite tener por demostrado que han transcurrido más de seis meses sin que la responsable emita la contestación relativa. Circunstancia que contraviene lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, que establece que, en los casos en que dicha legislación no señale el término para el cumplimiento de las obligaciones en materia de agua, éstas deberán cumplirse dentro del término de treinta días. Esto es así, debido a que la ley de referencia no prevé expresamente el plazo para dar respuesta a una petición formulada en los términos antes destacados, por lo que -en el caso concreto- resulta aplicable el contenido del numeral 107 aludido y, por ende, la autoridad responsable estaba constreñida a dar respuesta a las citadas peticiones dentro del término de treinta días. En ese orden de ideas, al estar acreditado que transcurrió en exceso el plazo de treinta días con que cuenta la autoridad responsable Subdirector de Atención a Usuarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Baja California, para dar contestación a las solicitudes presentadas el seis de mayo y treinta de julio de dos mil veinte, sin que lo haya realizado, es inconcuso que se vulneró el derecho fundamental contenido en el artículo 8º constitucional; de ahí lo fundado del concepto de violación relativo. En tales condiciones, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable Subdirector de Atención a Usuarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Baja California, consistente en la omisión de dar respuesta a las peticiones formuladas el seis de mayo y treinta de julio de dos mil veinte, para los efectos que se precisarán en el último considerando de este fallo. Sexto. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se otorga para el efecto de que la autoridad responsable Subdirector de Atención a Usuarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Baja California, realice lo siguiente: 1. De inmediato, dé respuesta a las peticiones formuladas el seis de mayo y treinta de julio de dos mil veinte. 2. Con la misma prontitud, notifique tales respuestas a la parte interesada. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Único. La Justicia Federal ampara y protege a Angélica María Rodrigo Bojórquez, por su propio derecho, contra los actos reclamados a la autoridad responsable, para los efectos indicados en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

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