Angélica Islas Hernández
Expediente 729/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 25 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 729/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 28/03/2023
Partes del expediente
- Angélica Islas Hernández
- M. I. E. I.
- C. E. I.
- ANGÉLICA ISLAS HERNÁNDEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se obtiene que a la fecha transcurrió el plazo de quince días hábiles establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad en contra del proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplido el fallo protector, sin que lo hubiera realizado; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, es susceptible de depuración, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar, es susceptible de depuración, toda vez que, encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Finamente, toda vez que resulta innecesaria la retención de los tomos I y II de prueba remitidos por la autoridad responsable, devuélvanse los mismos. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/jrcm
- Principal
uno de marzo de dos mil veintitrés, Rufino Salgado Ramírez, actuario judicial de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hago constar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, siendo las nueve horas de esta fecha, se notifica por medio de lista a la parte quejosa Angélica Islas Hernández, por sí y en representación de sus hijas C.E.I, M.I.E.I y A.E.I, el acuerdo dictado (a) el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional y se tiene por legalmente hecha la notificación del acuerdo antes citado, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Mediante sentencia dictada el veinticinco de abril de dos mil veintidós, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Angélica Islas Hernández, por sí y en representación de sus hijas C.E.I., M.I.E.I., y A.E.I., para el efecto de que la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar, en esta ciudad, en el ámbito de sus respectivas competencias, realice lo siguiente: "Sexto. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para el efecto de la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar, de esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución emitida el dos de septiembre de dos mil veintiuno. 2. En su lugar, dicte otra en la que lleve a cabo lo siguiente: 2.a. Conforme a las consideraciones expuestas en este fallo, determine que el derecho de posesión (no el de propiedad) del inmueble ubicado en calle De la Laja 1320, sección Jardines, Playas de Tijuana, de esta ciudad, sí forma parte de las prestaciones reclamadas en el juicio de origen. 2.b. Conforme a las consideraciones expuestas en este fallo, se abstenga de afirmar que la parte actora no reclamó el adeudo de obligaciones alimenticias por parte del demandado. 2.c. Conforme a las consideraciones expuestas en este fallo, se abstenga de considerar que la inscripción solicitada tiene como finalidad asegurar el bien inmueble para el pago o cumplimiento de una obligación alimenticia por parte del demandado. 2.d. Con libertad de jurisdicción, se pronuncie sobre los puntos de debate siguientes: (i) Que la parte actora informó a la autoridad responsable las manifestaciones expuestas por el demandado, en el sentido de que la "sacaría" de la casa donde actualmente habita con sus hijas. (ii) Que la solicitud de inscripción multimencionada tiene como finalidad dar publicidad al hecho de que la quejosa y sus hijas menores de edad habitan en ese inmueble y evitar que, en su caso, el demandado disponga de aquel, eludiendo su obligación de proporcionar vivienda a sus hijas. En el entendido de que la autoridad responsable deberá señalar, de manera fundada y motivada, si conforme a los puntos debatidos por las partes y las constancias que obran en autos, la anotación preventiva en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad (de la demanda o incluso de la medida provisional de depósito de las menores de edad), conforme al principio de interés superior de las niñas involucradas en la contienda, constituye o no una medida eficaz para proteger sus derechos." Al no haber sido recurrida, el treinta de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia referida y se requirió su cumplimiento. En cumplimiento a dicha sentencia, mediante oficio recibido en este Juzgado el ocho de julio de dos mil veintidós, la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, informó que mediante resolución de siete de julio de dos mil veintidós -resultando tercero- dejó insubsistente la resolución de dos de septiembre de dos mil veintiuno, dictando en su lugar la primera en mención; con lo cual, cumplió el punto 1 de la ejecutoria de amparo. Posteriormente, en la referida resolución de siete de julio de dos mil veintidós, en su considerando tercero, determinó que contrario a lo que sostuvo el recurrente Mariano Esparza Vázquez dentro de su escrito de revocación, que el derecho de posesión del inmueble materia de la litis sí forma parte de las prestaciones reclamadas en el juico de origen. Con lo anterior, se tiene por cumplido el punto 2.a., de los efectos de la ejecutoria. De igual forma, del análisis de la determinación emitida para dar cumplimiento, se obtiene que la autoridad responsable se abstuvo de afirmar que la parte actora no reclamó el adeudo de obligaciones alimenticias por parte del demandado y de considerar que la inscripción solicitada tiene como finalidad el asegurar el bien inmueble para el pago o cumplimiento de una obligación alimenticia por parte del demandado. Se arriba a dicha conclusión ya que en relación con dichas consideraciones, la autoridad responsable estableció, por una parte, determinó "A la postre, mediante escrito presentado el dos de julio de dos mil veintiuno, la parte actora ANGÉLICA ISLAS HERNÁNDEZ informó a este tribunal que el demandado MARIANO ESPARZA VAZQUEZ había incumplido con sus obligaciones de proporcionar alimentos [.]" y, por otra, señalo que la inscripción de la demanda ante el Registro público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, en ninguna manera constituye un gravamen al derecho de propiedad sino únicamente un acto mediante el cual se le da publicidad a terceros respecto de las personas que habitaran en el referido domicilio durante el procedimiento hasta en tanto se resuelva en definitiva sobre a la situación de la parte actora y sus menores hijas. Con lo anterior, la autoridad responsable cumplió con los puntos 2.b. y 2.c., de la ejecutoria de amparo. Ahora, en relación con el punto 2.d., la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción emitió resolución en la que declaró infundado y por tanto improcedente el recurso de revocación promovido por Mariano Esparza Vázquez. Asimismo, en dicha resolución se pronunció sobre los puntos de debate que le fueron señalados en la ejecutoria de amparo, respecto de los cuales, en relación al punto (i) "Que la parte actora informó a la autoridad responsable las manifestaciones expuestas por el demandado, en el sentido de que la "sacaría" de la casa donde actualmente habita con sus hijas"; la autoridad responsable consideró lo siguiente: "[.] aunado a las manifestaciones denunciada (sic) por la accionante en las que refiere el demandado aduce que la va a sacar de dicho domicilio tal y como se advierte de su escrito con número de registro local 11827, presentado ante esta autoridad en fecha dos de julio de dos mil veintiuno, el cual obra de foja 517 a la 543 de las actuaciones, lo que no solo constituye un acto de violencia en contra de la (sic) ANGÉLICA ISLAS HERNÁNDEZora (sic) y sus hijas, sino que además sería lesivo al sano desarrollo de las hijas de las partes para el caso de llegar a perpetrarse las amenazas inferidas a la accionante; en tales condiciones el Suscrito Juzgador en protección y salvaguarda del interés superior de las personas menores de edad de identidad reservada C., M.I. y A. todas de apellidos E.I., hijas de los contendientes en el presente juicio, y para garantizar su acceso a los satisfactores de estas requieren entendidos entre ellos los alimentos, particularmente en lo que se refiere a la vivienda digna a la que tienen derecho y para que se les siga brindando el nivel de vida al que están acostumbradas, derecho que se encuentra previsto en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [.]". Y, en atención a dicho debate determinó que al encontrarse expedita la posibilidad que de manera unilateral el demandado decidiera la no continuidad de la actora en el referido domicilio, lo cual conllevaría que las menores quejosas tampoco estarían en ese domicilio, se pondría en riesgo no solo su estabilidad sino afectaría directa y considerablemente los derechos de las menores, por lo que estaba obligado a decretar medidas tendientes a conservar la paz, tranquilidad y el adecuado desarrollo de las hijas de las partes, por lo que decretó como medida de protección, la anotación preventiva del escrito inicial de demanda al igual que la inscripción preventiva del auto de radicación en la partida relativa al inmueble materia de la litis. De igual forma, en relación con el (ii), señaló por una parte que la inscripción de la demanda ante el Registro Público, únicamente constituía un acto mediante el cual se le da publicidad a terceros respecto de las personas que habitarán en la casa materia de la litis, durante el procedimiento hasta en tanto se resuelva la situación de la actora y sus menores hijas, lo cual consideró al atender al interés superior de las personas menores de edad, a quienes además del acceso a seguir gozando de la pensión alimenticia, tienen derecho a la vivienda como parte de los alimentos que a su favor se deben proveer. Concluyendo que en atención al debate de las partes y al interés superior de las hijas de los litigantes, lo procedente era decretar la anotación preventiva de la demanda y del auto de radicación, lo cual obedece a una medida con la que pretende asegurar y garantizar el eficaz interés superior los menores, dado que en el juicio se controvierte el derecho de posesión respecto del bien inmueble cuya inscripción se ordenó y en el cual se decretó el depósito de las menores para que vivan con su madre, lo cual fundamentó en los artículos 46 de la Ley de la Organización Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Baja California, 2765 del Código Civil para el Estado de Baja California y 49 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio para el Estado. Sin que se advierta de la existencia de algún otro acto que deba quedar sin efectos por parte de la autoridad responsable. Con lo anterior, es inconcuso que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que la parte quejosa y tercero interesada intenten el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia. Finalmente, en conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; se les comunica a las partes que a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la denominación de este órgano jurisdiccional es Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
- Principal
Veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, quien suscribe licenciado Rufino Salgado Ramírez, actuario adscrito al juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, hago constar; que como esta ordenado en autos, notifiqué por medio de lista que se fijó en los estrados de este Tribunal Federal, el contenido del acuerdo de veintitrés de febrero dos mil veintitrés, a la parte tercero interesado Mariano Esparza Vázquez, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, y se tiene por legalmente hecha la notificación del referido acuerdo, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Mediante sentencia dictada el veinticinco de abril de dos mil veintidós, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Angélica Islas Hernández, por sí y en representación de sus hijas C.E.I., M.I.E.I., y A.E.I., para el efecto de que la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar, en esta ciudad, en el ámbito de sus respectivas competencias, realice lo siguiente: "Sexto. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para el efecto de la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar, de esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución emitida el dos de septiembre de dos mil veintiuno. 2. En su lugar, dicte otra en la que lleve a cabo lo siguiente: 2.a. Conforme a las consideraciones expuestas en este fallo, determine que el derecho de posesión (no el de propiedad) del inmueble ubicado en calle De la Laja 1320, sección Jardines, Playas de Tijuana, de esta ciudad, sí forma parte de las prestaciones reclamadas en el juicio de origen. 2.b. Conforme a las consideraciones expuestas en este fallo, se abstenga de afirmar que la parte actora no reclamó el adeudo de obligaciones alimenticias por parte del demandado. 2.c. Conforme a las consideraciones expuestas en este fallo, se abstenga de considerar que la inscripción solicitada tiene como finalidad asegurar el bien inmueble para el pago o cumplimiento de una obligación alimenticia por parte del demandado. 2.d. Con libertad de jurisdicción, se pronuncie sobre los puntos de debate siguientes: (i) Que la parte actora informó a la autoridad responsable las manifestaciones expuestas por el demandado, en el sentido de que la "sacaría" de la casa donde actualmente habita con sus hijas. (ii) Que la solicitud de inscripción multimencionada tiene como finalidad dar publicidad al hecho de que la quejosa y sus hijas menores de edad habitan en ese inmueble y evitar que, en su caso, el demandado disponga de aquel, eludiendo su obligación de proporcionar vivienda a sus hijas. En el entendido de que la autoridad responsable deberá señalar, de manera fundada y motivada, si conforme a los puntos debatidos por las partes y las constancias que obran en autos, la anotación preventiva en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad (de la demanda o incluso de la medida provisional de depósito de las menores de edad), conforme al principio de interés superior de las niñas involucradas en la contienda, constituye o no una medida eficaz para proteger sus derechos." Al no haber sido recurrida, el treinta de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia referida y se requirió su cumplimiento. En cumplimiento a dicha sentencia, mediante oficio recibido en este Juzgado el ocho de julio de dos mil veintidós, la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, informó que mediante resolución de siete de julio de dos mil veintidós -resultando tercero- dejó insubsistente la resolución de dos de septiembre de dos mil veintiuno, dictando en su lugar la primera en mención; con lo cual, cumplió el punto 1 de la ejecutoria de amparo. Posteriormente, en la referida resolución de siete de julio de dos mil veintidós, en su considerando tercero, determinó que contrario a lo que sostuvo el recurrente Mariano Esparza Vázquez dentro de su escrito de revocación, que el derecho de posesión del inmueble materia de la litis sí forma parte de las prestaciones reclamadas en el juico de origen. Con lo anterior, se tiene por cumplido el punto 2.a., de los efectos de la ejecutoria. De igual forma, del análisis de la determinación emitida para dar cumplimiento, se obtiene que la autoridad responsable se abstuvo de afirmar que la parte actora no reclamó el adeudo de obligaciones alimenticias por parte del demandado y de considerar que la inscripción solicitada tiene como finalidad el asegurar el bien inmueble para el pago o cumplimiento de una obligación alimenticia por parte del demandado. Se arriba a dicha conclusión ya que en relación con dichas consideraciones, la autoridad responsable estableció, por una parte, determinó "A la postre, mediante escrito presentado el dos de julio de dos mil veintiuno, la parte actora ANGÉLICA ISLAS HERNÁNDEZ informó a este tribunal que el demandado MARIANO ESPARZA VAZQUEZ había incumplido con sus obligaciones de proporcionar alimentos [.]" y, por otra, señalo que la inscripción de la demanda ante el Registro público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, en ninguna manera constituye un gravamen al derecho de propiedad sino únicamente un acto mediante el cual se le da publicidad a terceros respecto de las personas que habitaran en el referido domicilio durante el procedimiento hasta en tanto se resuelva en definitiva sobre a la situación de la parte actora y sus menores hijas. Con lo anterior, la autoridad responsable cumplió con los puntos 2.b. y 2.c., de la ejecutoria de amparo. Ahora, en relación con el punto 2.d., la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción emitió resolución en la que declaró infundado y por tanto improcedente el recurso de revocación promovido por Mariano Esparza Vázquez. Asimismo, en dicha resolución se pronunció sobre los puntos de debate que le fueron señalados en la ejecutoria de amparo, respecto de los cuales, en relación al punto (i) "Que la parte actora informó a la autoridad responsable las manifestaciones expuestas por el demandado, en el sentido de que la "sacaría" de la casa donde actualmente habita con sus hijas"; la autoridad responsable consideró lo siguiente: "[.] aunado a las manifestaciones denunciada (sic) por la accionante en las que refiere el demandado aduce que la va a sacar de dicho domicilio tal y como se advierte de su escrito con número de registro local 11827, presentado ante esta autoridad en fecha dos de julio de dos mil veintiuno, el cual obra de foja 517 a la 543 de las actuaciones, lo que no solo constituye un acto de violencia en contra de la (sic) ANGÉLICA ISLAS HERNÁNDEZora (sic) y sus hijas, sino que además sería lesivo al sano desarrollo de las hijas de las partes para el caso de llegar a perpetrarse las amenazas inferidas a la accionante; en tales condiciones el Suscrito Juzgador en protección y salvaguarda del interés superior de las personas menores de edad de identidad reservada C., M.I. y A. todas de apellidos E.I., hijas de los contendientes en el presente juicio, y para garantizar su acceso a los satisfactores de estas requieren entendidos entre ellos los alimentos, particularmente en lo que se refiere a la vivienda digna a la que tienen derecho y para que se les siga brindando el nivel de vida al que están acostumbradas, derecho que se encuentra previsto en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [.]". Y, en atención a dicho debate determinó que al encontrarse expedita la posibilidad que de manera unilateral el demandado decidiera la no continuidad de la actora en el referido domicilio, lo cual conllevaría que las menores quejosas tampoco estarían en ese domicilio, se pondría en riesgo no solo su estabilidad sino afectaría directa y considerablemente los derechos de las menores, por lo que estaba obligado a decretar medidas tendientes a conservar la paz, tranquilidad y el adecuado desarrollo de las hijas de las partes, por lo que decretó como medida de protección, la anotación preventiva del escrito inicial de demanda al igual que la inscripción preventiva del auto de radicación en la partida relativa al inmueble materia de la litis. De igual forma, en relación con el (ii), señaló por una parte que la inscripción de la demanda ante el Registro Público, únicamente constituía un acto mediante el cual se le da publicidad a terceros respecto de las personas que habitarán en la casa materia de la litis, durante el procedimiento hasta en tanto se resuelva la situación de la actora y sus menores hijas, lo cual consideró al atender al interés superior de las personas menores de edad, a quienes además del acceso a seguir gozando de la pensión alimenticia, tienen derecho a la vivienda como parte de los alimentos que a su favor se deben proveer. Concluyendo que en atención al debate de las partes y al interés superior de las hijas de los litigantes, lo procedente era decretar la anotación preventiva de la demanda y del auto de radicación, lo cual obedece a una medida con la que pretende asegurar y garantizar el eficaz interés superior los menores, dado que en el juicio se controvierte el derecho de posesión respecto del bien inmueble cuya inscripción se ordenó y en el cual se decretó el depósito de las menores para que vivan con su madre, lo cual fundamentó en los artículos 46 de la Ley de la Organización Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Baja California, 2765 del Código Civil para el Estado de Baja California y 49 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio para el Estado. Sin que se advierta de la existencia de algún otro acto que deba quedar sin efectos por parte de la autoridad responsable. Con lo anterior, es inconcuso que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que la parte quejosa y tercero interesada intenten el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia. Finalmente, en conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; se les comunica a las partes que a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la denominación de este órgano jurisdiccional es Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Notifíquese personalmente.
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