Angélica González Aguilar
Expediente 690/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 690/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Angélica González Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa exhibió un documento original en el presente juicio de amparo (foja 13), como prueba de su parte; en esas condiciones, y en atención al artículo 18, primer y segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realicen a la parte quejosa la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger el citado documento. Apercibido que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, una vez concluido el mismo, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dicho documentos, junto con las actuaciones del presente expediente. Asimismo, hágase del conocimiento de dicha parte que de conformidad con el artículos 3 y 4, capítulo II del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia que se toman en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, se determinó que a fin de acceder a los órganos jurisdiccionales, los justiciables deberán previamente generar una cita en el Portal de Servicios en Línea en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" dentro de la cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", el cual, una vez elegida la hora y fecha de su preferencia, proporcionara un código QR (que podrá presentarse electrónicamente o impreso) que permitirá que la parte en el juicio que haya generado la cita, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingrese al órgano jurisdiccional correspondiente; debiendo hacerse del conocimiento en el momento de la generación de la cita, si las personas que acudirán a la misma se encuentran dentro del grupo vulnerable de Covid-19 o cuentan con alguna discapacidad, a fin de que este juzgado tome las medidas establecidas en el citado acuerdo general para tal caso. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa la sentencia engrosada el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, que a la letra dice: RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el dos de septiembre de dos mil veintiuno, y turnado a este órgano jurisdiccional seis siguiente, ANGÉLICA GONZÁLEZ AGUILAR promovió demanda de amparo contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye al 1. Fiscal de la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador de Boca del Río, Veracruz, encargado del Despacho de Rezago de la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador de Veracruz. SEGUNDO. Trámite. Mediante auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno se acordó admitir la demanda (fojas 14-18); requerir a la autoridad responsable su informe justificado; emplazar al Fiscal Federal de la adscripción, y fijar fecha y hora para la audiencia constitucional. TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 23 y 35) la audiencia constitucional tuvo verificativo el día y hora señalada para tal efecto, sin que ninguna de las partes se hubiera opuesto a la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I, y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, en virtud de que se trata de un acto que trasgrede el derecho fundamental de la debida defensa de la aquí quejosa, al no permitirle, mediante la entrega de copias, un conocimiento del estado procesal que guarda la carpeta de investigación que se sigue en su contra; lo que es impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio ya que es en la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este juzgado, el domicilio en el que tiene su residencia la autoridad responsable. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se precisa el acto reclamado en el presente juicio. La omisión de acordar o pronunciarse sobre la petición realizada por la quejosa relativa a la solicitud de copias íntegras de la carpeta de investigación 412/2013/4º/VER/V-5 y su acumulada 572/2014/8vo/VER/III- 05, solicitado mediante escrito de fecha ocho de abril de la presente anualidad, recibido el catorce de abril siguiente. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Debe tener por cierta la omisión reclamada al 1. Fiscal de la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador de Boca del Río, Veracruz, encargado del Despacho de Rezago de la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador de Veracruz Lo anterior, es así, pues aun cuando negó el acto que se le atribuye (foja 23) enseguida, en el mismo escrito, hizo manifestaciones que evidencian su certeza y que confirmó en el diverso informe que presentó ante esta autoridad de amparo (foja 35). Además, lo anterior se corrobora con las constancias que exhibió como justificación del mismo, consistentes en copias certificadas de actuaciones relacionadas con la orden de proceder a la reposición de autos de la investigación ministerial 412/2013/4º/VER/V-5 y su acumulada 572/2014/8vo/VER/III- 05 del índice de la citada autoridad responsable (fojas 25 y 37-41 y62-64); documentos que alcanzan pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tienen aplicación al caso las siguientes tesis: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia del juicio. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie, incluso las que hacen valer las partes. Señalado lo anterior, a juicio del suscrito, el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, al haber cesado la omisión combatida. MARCO NORMATIVO El precepto legal citado, en su parte respectiva, es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del artículo trascrito se advierte que la causa de improcedencia precitada se genera por la insubsistencia del acto reclamado, es decir, que materialmente las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De ahí que la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. ANTECEDENTES En virtud de exponer con claridad la conclusión anterior, es conveniente hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las documentales que se allegaron al presente juicio, así como de las manifestaciones realizadas por las partes del presente juicio, lo que se hace en la relación siguiente. 1. La carpeta de investigación 412/2013/4º/VER/V-5 y su acumulada 572/2014/8vo/VER/III- 05 se sigue por la autoridad responsable en contra de la quejosa. 2. Mediante escrito presentado el catorce de abril de dos mil veintiuno ante la Fiscalía aquí responsable, la impetrante de amparo solicitó la expedición de las copias certificadas de la aludida carpeta de investigación y de la resolución recaída a la misma (foja 13). 3. Ante la falta de respuesta de la autoridad responsable señaladas en el párrafo anterior, la aquí quejosa promovió amparo el dos de septiembre de dos mil veintiuno. 4. El diez de septiembre de dos mil veintiuno, la 1. Fiscal de la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador de Boca del Río, Veracruz, encargado del Despacho de Rezago de la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador de Veracruz, dio respuesta a la petición planteada por la aquí quejosa (fojas 37-39); lo cual fue notificado a la parte aquí quejosa en el domicilio que señaló para tal efecto, el veintitrés de noviembre siguiente (foja 51). Expuestos los antecedentes de referencia, se procede al estudio de la causal de improcedencia mencionada en el marco normativo de esta sentencia. SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior, se estima que la omisión existente al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio (dos de septiembre de dos mil veintiuno) ha quedado sin efectos, pues el diez de septiembre siguiente, la autoridad responsable dio respuesta a la petición planteada por la aquí quejosa (fojas 37-39); según se advierte del citado acuerdo que, incluso, fue notificado a la parte aquí quejosa el veintitrés de noviembre siguiente, en el domicilio que señaló para tal efecto (foja 51). Por tanto, la omisión reclamada quedó destruida en forma total e incondicional, de manera que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese afectado la esfera jurídica de la impetrante de amparo, pues la autoridad responsable acordó en congruencia con el estado procesal de la investigación ministerial en que se actuó y que en la especie se traduce en la imposibilidad de otorgar la citadas copias solicitadas, por el extravío de la citada investigación ministerial. De ahí que, basta que el Juez pueda apreciar por las constancias de autos, que dichos efectos han dejado de existir, para que de oficio declare que el juicio es improcedente en relación con dicho acto reclamado, de acuerdo con lo prescrito por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. CONCLUSIÓN En consecuencia, al resultar indudable que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia de mérito, entonces debe sobreseerse en el presente juicio de amparo respecto a la omisión de la autoridad responsable de expedir las copias certificadas solicitadas el catorce de abril de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora bien, conforme a los términos antes expuestos, no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por la peticionaria de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ANGÉLICA GONZÁLEZ AGUILAR, en contra del acto y autoridad señalados en el considerando segundo y tercero, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Fiscal Primero de Boca del Río, Veracruz, Encargado del Despacho de las Fiscalías Cuarta y Octava de Abatimiento de Rezago, en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se tiene informando en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de cinco de enero de este año, que en contestación al oficio 325/2021 de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, que giró al Director del Centro de Información e Infraestructura Tecnológica de la Fiscalía General del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, en el que le solicitó se le proporcionara la digitalización de la investigación ministerial 412/2013/4º/VER/V-5 y su acumulada 572/2014/8VA/VER/III- 05, iniciada con motivo de la denuncia presentada por María Virginia Aguilar Ávila, fue informado que después de realizada la búsqueda solicitada, no se encontró archivo digitalizado con información correspondiente a la misma; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cinco de enero de dos mil veintidós. Del estado de autos, se advierte que en proveído de veintisiete de octubre de la presente anualidad, se tuvo a la autoridad responsable Fiscal Primero de Boca del Río, Veracruz, Encargado del Despacho de las Fiscalías Cuarta y Octava de Abatimiento de Rezago, en Veracruz, remitiendo diversas constancias, entre las que se encuentra el oficio 325/2021 de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dirigido al Director del Centro de Información e Infraestructura Tecnológica de la Fiscalía General del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, mediante el que le solicitó en auxilio de sus labores se le proporcionara la digitalización de la investigación ministerial 412/2013/4º/VER/V-5 y su acumulada 572/2014/8vo/VER/III- 05, iniciada con motivo de la denuncia presentada por María Virginia Aguilar Ávila, sin que a la fecha haya informado al respecto. En consecuencia, requiérase al Fiscal Primero de Boca del Río, Veracruz, Encargado del Despacho de las Fiscalías Cuarta y Octava de Abatimiento de Rezago, en Veracruz, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación del presente proveído, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, informe a este Juzgado, el seguimiento que se le dio a su solicitud respecto a la digitalización de la investigación ministerial 412/2013/4º/VER/V-5 y su acumulada 572/2014/8vo/VER/III- 05, iniciada con motivo de la denuncia presentada por María Virginia Aguilar Ávila, asimismo, de ser el caso, remita copia certificada íntegra y legible de todo lo actuando en atención a la respuesta dada por parte del . Director del Centro de Información e Infraestructura Tecnológica de la Fiscalía General del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz. Apercibido que de no cumplir con lo anterior se le impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con la fracción I, del artículo 237, en relación con el disímil 259, ambos de la Ley de Amparo. En esas condiciones, se impone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese en términos de ley.
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