Angélica Barradas Sánchez

Expediente 349/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
349/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Angélica Barradas Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesada, mediante proveído de primero de febrero del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, la que desahogó la parte quejosa, por escrito presentado ante este juzgado el nueve de febrero de la presente anualidad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no lo está, si la responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no exista materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que mediante sentencia autorizada el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ANGÉLICA BARRADAS SÁNCHEZ, para los efectos siguientes: "(.) se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el Juez Sexto de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial con residencia en Veracruz, Veracruz: 1. Deje insubsistente la interlocutoria de ocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 909/2021 de su índice. 2. En su lugar con plenitud de jurisdicción deberá emitir una nueva, en la deberá dar respuesta de manera total y puntual a los argumentos que la aquí quejosa formuló en su escrito de solicitud de nulidad de actuaciones, esto a fin de resolver la litis efectivamente planteada, pero fundando y motivando debidamente su determinación. (.)" Es así que, mediante proveído de doce de diciembre del año inmediato anterior, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Sexto de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, con residencia en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz. Seguidamente, en autos de primero de febrero de la presente anualidad, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así toda vez que mediante oficio 387/2023, con registro interno 1589, el Juez Sexto de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial de Veracruz, con residencia en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz, en cumplimiento al fallo amparador dictado en el presente asunto, remitió copia certificada de la resolución dictada el treinta de enero de dos mil veintitrés, de la que se advierte que dejó insubsistente la interlocutoria de ocho de marzo de dos mil veintidós, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la demanda en el juicio ejecutivo mercantil de origen, aquí quejosa. Acto seguido, el juez responsable procedió a resolver de nueva cuenta el Incidente de Nulidad de Actuaciones en contra de la Diligencia de Requerimiento de Pago y Embargo de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en autos del expediente 107/2021 del índice del extinto Juzgado Mixto de Primera Instancia Microregional de la Antigua, Veracruz, ahora 909/2021 de su estadística, analizando las constancias procesales de autos en el expediente de que se trata, las probanzas aportadas dentro del mismo, así como los argumentos vertidos por la actora incidental, para resolver de la siguiente manera: Respecto al primero de los agravios vertidos por la actora incidental, en relación a que la diligencia de mérito la colocó en un estado completo de indefensión, privándola del derecho de señalar bienes de su propiedad suficientes y bastantes para garantizar las prestaciones reclamadas, toda vez que la misma fue entendida con persona diferente; el juez señaló que del análisis de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, de la que se duele la actora incidental, se advierte que ésta contraviene con lo dispuesto por los artículos 1393, 1394 del Código de Comercio, 76 y 77, primer párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Por tanto, la diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se encuentra afectada de nulidad, únicamente por cuanto hace al hecho de que el personal quien practicó la diligencia, la entendió con la persona que se encontraba en el domicilio de la diligencia en ese momento, contraviniendo lo dispuesto por los numerales 1393 y 1394 del Código de Comercio, al no haberse dejado citatorio de espera dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y así poder defender sus derechos, de realizar el pago del adeudo en ese momento o en su caso, de no ser así, señalar bienes de su propiedad para cubrir el monto de lo adeudado. Ahora, por cuanto hace al segundo de los argumentos vertidos por la actora incidental, en relación a que la diligencia resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 1071 del Código de Comercio, que establece que cuando se deba realizar una notificación a perdona residente fuera del lugar del juicio, se hará la misma por medio de despacho o exhorto al juez que corresponda en la población en que aquella residiere, pero en lugar de ello, personal del Juzgado Microregional se trasladó a la diversa localidad para efectuar la diligencia de forma personal. En ese sentido, el juez planteó que en cuanto al hecho de que era necesario que el Juez que conoció del Juicio en su momento, girara despacho o exhorto al juez que corresponda a la población en que residiera la persona buscada, conforme a lo dispuesto por el artículo 1071 del Código de Comercio. Lo anterior es así, pues si bien el domicilio donde se realizó la diligencia de requerimiento de pago y embargo de bienes se ubica en la población de Zempoala, Municipio de Úrsulo Galván, el cual es distinto al lugar de residencia del entonces Juzgado Mixto de Primera Instancia Microregional, con residencia en Cardel, Veracruz, lo cierto es, que dicho juzgado si se encontraba con facultades para poder llevar a cabo dicha diligencia, toda vez que de acuerdo a la circular 37 de fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, signado por la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura y la Gaceta Oficial del Estado de fecha veinte de noviembre del mismo año, por el cual se propuso la creación de los Juzgados Mixto de Primera Instancia denominado "Microregional", entre ellos el Juzgado Microregional quien atendió la diligencia de mérito, era competente para conocer de los asuntos provenientes de los municipios de La Antigua, Paso de Ovejas, Puente Nacional y Úrsulo Galván, en materia mixta, incluyendo los asuntos de naturaleza penal oral, civil, familiar y mercantil, de conformidad con las leyes en la materia. Concluyendo así que dicho Juzgado, se encuentra dentro de la Jurisdicción del Décimo Séptimo Distrito Judicial, conforme el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, por ende se encuentra facultado para poder realizar la diligencia referida; por tanto, dicho argumento no es obstáculo para poder declarar de ilegal la diligencia de requerimiento de pago y embargo. Por último, el juez señaló que la diligencia de emplazamiento, se encuentra satisfecha, dada la naturaleza de dicha diligencia, se cumplió el principal cometido de la misma, que fue el de hacer saber a la parte reo la existencia de un juicio en su contra. En ese sentido, la demandada en lo principal y actora incidental, no quedó en estado de indefensión, porque dio contestación a la demanda instada en su contra oponiéndose a la misma por medio de las excepciones que invocó, lo que convalida perfectamente, la diligencia de emplazamiento, pues oportunamente, se apersona al proceso y se defiende, lo cual, se traduce que los vicios que pudiera haber adolecido el emplazamiento quedaron compurgados, respetando así las garantías de legalidad y audiencia contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal. En consecuencia, el juez responsable determinó que resultaba procedente la vía incidental promovida por la parte actora incidental ANGÉLICA BARRADAS SÁNCHEZ, quien probó su acción, en tanto que la demandada incidental, no dio contestación, motivo por el cual declaró procedente el Incidente de Nulidad de Actuaciones, declarando su nulidad únicamente por cuanto hace a la diligencia de requerimiento de pago y embargo, de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, al encontrarse afectada de nulidad por los motivos expuestos dentro de la presente interlocutoria, quedando intocadas las subsecuentes actuaciones. Por consiguiente, autorizó a la Actuaria adscrita a la Central de Actuarios a la Ciudad de Xalapa, Veracruz, comisionada al juzgado responsable, a efecto de que practique ña diligencia antes citada, en el domicilio señalado en autos, con las formalidades aplicables de conformidad con la ley de la materia. Asimismo, ordenó girar oficio al Pagador y/o Jefe de Recurso Humanos de la moral denominada Comisión Federal de Electricidad (CFE) Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, a fin de que deje sin efectos el oficio 3401 de veintiuno de junio de dos mil veintidós, signado por el titular del juzgado responsable, así como informe los montos que por concepto del 30% treinta por ciento del excedente del monto del salario mínimo de las percepciones que percibe la demandada Angélica Barradas Sánchez, como trabajadora de esa dependencia. En tales condiciones, con lo descrito con anterioridad, se advierte que la autoridad responsable, atendió a los lineamientos que se le especificaron en la ejecutoria de amparo, esto es, dejó dejó insubsistente la interlocutoria de ocho de marzo de dos mil veintidós en los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 909/2021, en su lugar con plenitud de jurisdicción emitió una nueva por la cual determinó procedente el Incidente de Nulidad de Actuaciones, declarando su nulidad únicamente por cuanto hace a la diligencia de requerimiento de pago y embargo, de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafo de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, mediante escrito presentado ante este juzgado el nueve del actual, toda vez que contrario a éstas, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados; además, dichas manifestaciones son en el sentido de que este Juzgado ordene al juez responsable que ponga a su disposición las cantidades de dinero que le fueron retenidas con motivo del embargo efectuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 909/2021 de su estadística, el cual entrañaría un nuevo acto que no es materia de concesión del presente fallo amparador, y por tanto, el suscrito se encuentra impedido a pronunciarse respecto al mismo. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de trece de septiembre de dos mil veintidós (fojas 36 a 39 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica por este conducto y en esta fecha a la parte tercero interesado por así estar ordenado en autos.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 349/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesada, mediante proveído de primero de febrero del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, la que desahogó la parte quejosa, por escrito presentado ante este juzgado el nueve de febrero de la presente anualidad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no lo está, si la responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no exista materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que mediante sentencia autorizada el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para los efectos siguientes: "(.) se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el Juez Sexto de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial con residencia en Veracruz, Veracruz: 1. Deje insubsistente la interlocutoria de ocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ******************** de su índice. 2. En su lugar con plenitud de jurisdicción deberá emitir una nueva, en la deberá dar respuesta de manera total y puntual a los argumentos que la aquí quejosa formuló en su escrito de solicitud de nulidad de actuaciones, esto a fin de resolver la litis efectivamente planteada, pero fundando y motivando debidamente su determinación. (.)" Es así que, mediante proveído de doce de diciembre del año inmediato anterior, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Sexto de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, con residencia en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz. Seguidamente, en autos de primero de febrero de la presente anualidad, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así toda vez que mediante oficio 387/2023, con registro interno 1589, el Juez Sexto de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial de Veracruz, con residencia en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz, en cumplimiento al fallo amparador dictado en el presente asunto, remitió copia certificada de la resolución dictada el treinta de enero de dos mil veintitrés, de la que se advierte que dejó insubsistente la interlocutoria de ocho de marzo de dos mil veintidós, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la demanda en el juicio ejecutivo mercantil de origen, aquí quejosa. Acto seguido, el juez responsable procedió a resolver de nueva cuenta el Incidente de Nulidad de Actuaciones en contra de la Diligencia de Requerimiento de Pago y Embargo de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en autos del expediente 107/2021 del índice del extinto Juzgado Mixto de Primera Instancia Microregional de la Antigua, Veracruz, ahora ******************** de su estadística, analizando las constancias procesales de autos en el expediente de que se trata, las probanzas aportadas dentro del mismo, así como los argumentos vertidos por la actora incidental, para resolver de la siguiente manera: Respecto al primero de los agravios vertidos por la actora incidental, en relación a que la diligencia de mérito la colocó en un estado completo de indefensión, privándola del derecho de señalar bienes de su propiedad suficientes y bastantes para garantizar las prestaciones reclamadas, toda vez que la misma fue entendida con persona diferente; el juez señaló que del análisis de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, de la que se duele la actora incidental, se advierte que ésta contraviene con lo dispuesto por los artículos 1393, 1394 del Código de Comercio, 76 y 77, primer párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Por tanto, la diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se encuentra afectada de nulidad, únicamente por cuanto hace al hecho de que el personal quien practicó la diligencia, la entendió con la persona que se encontraba en el domicilio de la diligencia en ese momento, contraviniendo lo dispuesto por los numerales 1393 y 1394 del Código de Comercio, al no haberse dejado citatorio de espera dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y así poder defender sus derechos, de realizar el pago del adeudo en ese momento o en su caso, de no ser así, señalar bienes de su propiedad para cubrir el monto de lo adeudado. Ahora, por cuanto hace al segundo de los argumentos vertidos por la actora incidental, en relación a que la diligencia resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 1071 del Código de Comercio, que establece que cuando se deba realizar una notificación a perdona residente fuera del lugar del juicio, se hará la misma por medio de despacho o exhorto al juez que corresponda en la población en que aquella residiere, pero en lugar de ello, personal del Juzgado Microregional se trasladó a la diversa localidad para efectuar la diligencia de forma personal. En ese sentido, el juez consideró que dicho agravio resultaba infundado en cuanto al hecho de que era necesario que el Juez que conoció del Juicio en su momento, girara despacho o exhorto al juez que corresponda a la población en que residiera la persona buscada, conforme a lo dispuesto por el artículo 1071 del Código de Comercio. Lo anterior es así, pues si bien el domicilio donde se realizó la diligencia de requerimiento de pago y embargo de bienes se ubica en la población de Zempoala, Municipio de Úrsulo Galván, el cual es distinto al lugar de residencia del entonces Juzgado Mixto de Primera Instancia Microregional, con residencia en Cardel, Veracruz, lo cierto es, que dicho juzgado si se encontraba con facultades para poder llevar a cabo dicha diligencia, toda vez que de acuerdo a la circular 37 de fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, signado por la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura y la Gaceta Oficial del Estado de fecha veinte de noviembre del mismo año, por el cual se propuso la creación de los Juzgados Mixto de Primera Instancia denominado "Microregional", entre ellos el Juzgado Microregional quien atendió la diligencia de mérito, era competente para conocer de los asuntos provenientes de los municipios de La Antigua, Paso de Ovejas, Puente Nacional y Úrsulo Galván, en materia mixta, incluyendo los asuntos de naturaleza penal oral, civil, familiar y mercantil, de conformidad con las leyes en la materia. Concluyendo así que dicho Juzgado, se encuentra dentro de la Jurisdicción del Décimo Séptimo Distrito Judicial, conforme el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, por ende se encuentra facultado para poder realizar la diligencia referida; por tanto, dicho argumento no es obstáculo para poder declarar de ilegal la diligencia de requerimiento de pago y embargo. Por último, el juez señaló que la diligencia de emplazamiento, se encuentra satisfecha, dada la naturaleza de dicha diligencia, se cumplió el principal cometido de la misma, que fue el de hacer saber a la parte reo la existencia de un juicio en su contra. En ese sentido, la demandada en lo principal y actora incidental, no quedó en estado de indefensión, porque dio contestación a la demanda instada en su contra oponiéndose a la misma por medio de las excepciones que invocó, lo que convalida perfectamente, la diligencia de emplazamiento, pues oportunamente, se apersona al proceso y se defiende, lo cual, se traduce que los vicios que pudiera haber adolecido el emplazamiento quedaron compurgados, respetando así las garantías de legalidad y audiencia contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal. En consecuencia, el juez responsable determinó que resultaba procedente la vía incidental promovida por la parte actora incidental ********************, quien probó su acción, en tanto que la demandada incidental, no dio contestación, motivo por el cual declaró procedente el Incidente de Nulidad de Actuaciones, declarando su nulidad únicamente por cuanto hace a la diligencia de requerimiento de pago y embargo, de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, al encontrarse afectada de nulidad por los motivos expuestos dentro de la presente interlocutoria, quedando intocadas las subsecuentes actuaciones. Por consiguiente, autorizó a la Actuaria adscrita a la Central de Actuarios a la Ciudad de Xalapa, Veracruz, comisionada al juzgado responsable, a efecto de que practique ña diligencia antes citada, en el domicilio señalado en autos, con las formalidades aplicables de conformidad con la ley de la materia. Asimismo, ordenó girar oficio al Pagador y/o Jefe de Recurso Humanos de la moral denominada Comisión Federal de Electricidad (CFE) Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, a fin de que deje sin efectos el oficio 3401 de veintiuno de junio de dos mil veintidós, signado por el titular del juzgado responsable, así como informe los montos que por concepto del 30% treinta por ciento del excedente del monto del salario mínimo de las percepciones que percibe la demandada Angélica Barradas Sánchez, como trabajadora de esa dependencia. En tales condiciones, con lo descrito con anterioridad, se advierte que la autoridad responsable, atendió a los lineamientos que se le especificaron en la ejecutoria de amparo, esto es, dejó dejó insubsistente la interlocutoria de ocho de marzo de dos mil veintidós en los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil ********************, en su lugar con plenitud de jurisdicción emitió una nueva por la cual determinó procedente el Incidente de Nulidad de Actuaciones, declarando su nulidad únicamente por cuanto hace a la diligencia de requerimiento de pago y embargo, de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafo de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, mediante escrito presentado ante este juzgado el nueve del actual, toda vez que contrario a éstas, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados; además, dichas manifestaciones son en el sentido de que este Juzgado ordene al juez responsable que ponga a su disposición las cantidades de dinero que le fueron retenidas con motivo del embargo efectuado dentro del juicio ejecutivo mercantil ******************** de su estadística, el cual entrañaría un nuevo acto que no es materia de concesión del presente fallo amparador, y por tanto, el suscrito se encuentra impedido a pronunciarse respecto al mismo. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de trece de septiembre de dos mil veintidós (fojas 36 a 39 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    se notifica a la parte quejosa lo siguiente:Boca del Río, Veracruz, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesada, mediante proveído de primero de febrero del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, la que desahogó la parte quejosa, por escrito presentado ante este juzgado el nueve de febrero de la presente anualidad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no lo está, si la responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no exista materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que mediante sentencia autorizada el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ANGÉLICA BARRADAS SÁNCHEZ, para los efectos siguientes: "(.) se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el Juez Sexto de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial con residencia en Veracruz, Veracruz: 1. Deje insubsistente la interlocutoria de ocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 909/2021 de su índice. 2. En su lugar con plenitud de jurisdicción deberá emitir una nueva, en la deberá dar respuesta de manera total y puntual a los argumentos que la aquí quejosa formuló en su escrito de solicitud de nulidad de actuaciones, esto a fin de resolver la litis efectivamente planteada, pero fundando y motivando debidamente su determinación. (.)" Es así que, mediante proveído de doce de diciembre del año inmediato anterior, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Sexto de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, con residencia en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz. Seguidamente, en autos de primero de febrero de la presente anualidad, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así toda vez que mediante oficio 387/2023, con registro interno 1589, el Juez Sexto de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial de Veracruz, con residencia en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz, en cumplimiento al fallo amparador dictado en el presente asunto, remitió copia certificada de la resolución dictada el treinta de enero de dos mil veintitrés, de la que se advierte que dejó insubsistente la interlocutoria de ocho de marzo de dos mil veintidós, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la demanda en el juicio ejecutivo mercantil de origen, aquí quejosa. Acto seguido, el juez responsable procedió a resolver de nueva cuenta el Incidente de Nulidad de Actuaciones en contra de la Diligencia de Requerimiento de Pago y Embargo de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en autos del expediente 107/2021 del índice del extinto Juzgado Mixto de Primera Instancia Microregional de la Antigua, Veracruz, ahora 909/2021 de su estadística, analizando las constancias procesales de autos en el expediente de que se trata, las probanzas aportadas dentro del mismo, así como los argumentos vertidos por la actora incidental, para resolver de la siguiente manera: Respecto al primero de los agravios vertidos por la actora incidental, en relación a que la diligencia de mérito la colocó en un estado completo de indefensión, privándola del derecho de señalar bienes de su propiedad suficientes y bastantes para garantizar las prestaciones reclamadas, toda vez que la misma fue entendida con persona diferente; el juez señaló que del análisis de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, de la que se duele la actora incidental, se advierte que ésta contraviene con lo dispuesto por los artículos 1393, 1394 del Código de Comercio, 76 y 77, primer párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Por tanto, la diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se encuentra afectada de nulidad, únicamente por cuanto hace al hecho de que el personal quien practicó la diligencia, la entendió con la persona que se encontraba en el domicilio de la diligencia en ese momento, contraviniendo lo dispuesto por los numerales 1393 y 1394 del Código de Comercio, al no haberse dejado citatorio de espera dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y así poder defender sus derechos, de realizar el pago del adeudo en ese momento o en su caso, de no ser así, señalar bienes de su propiedad para cubrir el monto de lo adeudado. Ahora, por cuanto hace al segundo de los argumentos vertidos por la actora incidental, en relación a que la diligencia resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 1071 del Código de Comercio, que establece que cuando se deba realizar una notificación a perdona residente fuera del lugar del juicio, se hará la misma por medio de despacho o exhorto al juez que corresponda en la población en que aquella residiere, pero en lugar de ello, personal del Juzgado Microregional se trasladó a la diversa localidad para efectuar la diligencia de forma personal. En ese sentido, el juez planteó que en cuanto al hecho de que era necesario que el Juez que conoció del Juicio en su momento, girara despacho o exhorto al juez que corresponda a la población en que residiera la persona buscada, conforme a lo dispuesto por el artículo 1071 del Código de Comercio. Lo anterior es así, pues si bien el domicilio donde se realizó la diligencia de requerimiento de pago y embargo de bienes se ubica en la población de Zempoala, Municipio de Úrsulo Galván, el cual es distinto al lugar de residencia del entonces Juzgado Mixto de Primera Instancia Microregional, con residencia en Cardel, Veracruz, lo cierto es, que dicho juzgado si se encontraba con facultades para poder llevar a cabo dicha diligencia, toda vez que de acuerdo a la circular 37 de fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, signado por la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura y la Gaceta Oficial del Estado de fecha veinte de noviembre del mismo año, por el cual se propuso la creación de los Juzgados Mixto de Primera Instancia denominado "Microregional", entre ellos el Juzgado Microregional quien atendió la diligencia de mérito, era competente para conocer de los asuntos provenientes de los municipios de La Antigua, Paso de Ovejas, Puente Nacional y Úrsulo Galván, en materia mixta, incluyendo los asuntos de naturaleza penal oral, civil, familiar y mercantil, de conformidad con las leyes en la materia. Concluyendo así que dicho Juzgado, se encuentra dentro de la Jurisdicción del Décimo Séptimo Distrito Judicial, conforme el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, por ende se encuentra facultado para poder realizar la diligencia referida; por tanto, dicho argumento no es obstáculo para poder declarar de ilegal la diligencia de requerimiento de pago y embargo. Por último, el juez señaló que la diligencia de emplazamiento, se encuentra satisfecha, dada la naturaleza de dicha diligencia, se cumplió el principal cometido de la misma, que fue el de hacer saber a la parte reo la existencia de un juicio en su contra. En ese sentido, la demandada en lo principal y actora incidental, no quedó en estado de indefensión, porque dio contestación a la demanda instada en su contra oponiéndose a la misma por medio de las excepciones que invocó, lo que convalida perfectamente, la diligencia de emplazamiento, pues oportunamente, se apersona al proceso y se defiende, lo cual, se traduce que los vicios que pudiera haber adolecido el emplazamiento quedaron compurgados, respetando así las garantías de legalidad y audiencia contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal. En consecuencia, el juez responsable determinó que resultaba procedente la vía incidental promovida por la parte actora incidental ANGÉLICA BARRADAS SÁNCHEZ, quien probó su acción, en tanto que la demandada incidental, no dio contestación, motivo por el cual declaró procedente el Incidente de Nulidad de Actuaciones, declarando su nulidad únicamente por cuanto hace a la diligencia de requerimiento de pago y embargo, de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, al encontrarse afectada de nulidad por los motivos expuestos dentro de la presente interlocutoria, quedando intocadas las subsecuentes actuaciones. Por consiguiente, autorizó a la Actuaria adscrita a la Central de Actuarios a la Ciudad de Xalapa, Veracruz, comisionada al juzgado responsable, a efecto de que practique ña diligencia antes citada, en el domicilio señalado en autos, con las formalidades aplicables de conformidad con la ley de la materia. Asimismo, ordenó girar oficio al Pagador y/o Jefe de Recurso Humanos de la moral denominada Comisión Federal de Electricidad (CFE) Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, a fin de que deje sin efectos el oficio 3401 de veintiuno de junio de dos mil veintidós, signado por el titular del juzgado responsable, así como informe los montos que por concepto del 30% treinta por ciento del excedente del monto del salario mínimo de las percepciones que percibe la demandada Angélica Barradas Sánchez, como trabajadora de esa dependencia. En tales condiciones, con lo descrito con anterioridad, se advierte que la autoridad responsable, atendió a los lineamientos que se le especificaron en la ejecutoria de amparo, esto es, dejó dejó insubsistente la interlocutoria de ocho de marzo de dos mil veintidós en los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 909/2021, en su lugar con plenitud de jurisdicción emitió una nueva por la cual determinó procedente el Incidente de Nulidad de Actuaciones, declarando su nulidad únicamente por cuanto hace a la diligencia de requerimiento de pago y embargo, de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafo de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, mediante escrito presentado ante este juzgado el nueve del actual, toda vez que contrario a éstas, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados; además, dichas manifestaciones son en el sentido de que este Juzgado ordene al juez responsable que ponga a su disposición las cantidades de dinero que le fueron retenidas con motivo del embargo efectuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 909/2021 de su estadística, el cual entrañaría un nuevo acto que no es materia de concesión del presente fallo amparador, y por tanto, el suscrito se encuentra impedido a pronunciarse respecto al mismo. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución emitida en data de trece de septiembre de dos mil veintidós (fojas 36 a 39 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica por este conducto y en esta fecha a la parte tercero interesado por así estar ordenado en autos.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense los escritos de cuenta signados por Angélica Barradas Sánchez en su carácter de parte quejosa; en atención al contenido del primero de los mismos, téngasele desahogando la vista que se otorgó en auto de primero de febrero del año en curso y, por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. En relación al contenido del segundo de los escritos, ténganse como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Jaime Morales Malpica, Beatriz Hernández Cabrera, Aracely Bolaños Vásquez y Helide Mora Suárez, puesto que sí acreditan la calidad de licenciados en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Por cuanto hace a Carlos Antonio Hernández Cabrera, se le tiene como autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no se encontró registro de sus cédula en el aludido Sistema. Por otro lado, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Américo Vespucio número doscientos diecinueve (219), entre Américas y Paseo Jacarandas, fraccionamiento Virginia, Boca del Río, Veracruz; por lo que, hágase del conocimiento de la aludida parte, que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a las personas buscadas, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, las notificaciones se practicarán por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta plaza, cierto y exacto para tal efecto. Notifíquese en términos de ley.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano