Angelica Edith Beltran Navarrete

Expediente 11/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
11/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
08/03/2018

Partes del expediente

  • Angelica Edith Beltran Navarrete

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ocho de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de diez de enero del presente año; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente proveído, dado que no obran documentos originales, ni es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado y carece de valor institucional e histórico. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, residente en Tlapa de Comonfort, Guerrero, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho ******************** (número de orden 62/2018), del índice de este órgano jurisdiccional, que le fue enviado para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal notificara el proveído de diez de enero del año que transcurre a la promovente ********************. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En virtud de lo anterior y toda vez que de autos no se advierte diverso domicilio, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquesele dicha notificación, así como las subsecuentes aún las de carácter personal por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la pieza postal que devuelve el Jefe de la Administración Postal de esta ciudad, que ampara el despacho con número de origen 1/2018 número de orden 11/2018 de fecha diez de enero del año en curso, que se envió al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos, residente en Tlapa de Comonfort, Guerrero, a efecto de notificar a la parte quejosa el proveído de diez de enero de dos mil dieciocho, en el que aparece la leyenda NO EXISTE EL JUEZ MIXTO PRIMERA NO RECLAMADO 25-01-18 sic, la cual fue devuelta por la oficina de destino. Consecuentemente, dese de baja la comunicación oficial de mérito y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Por tanto, con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, gírese despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, residente en Tlapa de Comonfort, Guerrero, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, comisione a quien corresponda se constituya en el domicilio ubicado en *** y notifique a la quejosa ***, el proveído de diez de enero del presente año, asimismo la requiera para que en el acto de la diligencia, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, o bien, lo haga dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación, apercibida que de no hacerlo así, las siguientes notificaciones aun las de carácter personal, se le practicara por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia. Asimismo a fin de evitar mayores dilaciones procesales, remítase el despacho con número de origen 10/2018 número de orden 62/2018 del índice de este Juzgado Federal, por conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico del Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, residente en Tlapa de Comonfort, Guerrero para que éste a su vez ordene a quien corresponda la diligenciación de la citada comunicación oficial. Debiendo el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, acreditar ante este Juzgado Federal dicha entrega dentro del término de cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, de conformidad con lo establecido en el artículo 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2. Se le apercibe que de no hacerlo en el plazo que para ello se le concede, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con los artículo transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO, POR ASÍ ORDENARLO EL DIVERSO DE VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE... Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diez de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de garantías promovida por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) por ******, por propio derecho, contra actos del Titular del Servicio de Administración Tributaria, residente en la Ciudad de México. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 11/2018; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este Juzgado Federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional: ACTO RECLAMADO: ".la negativa de devolverme el dinero que me corresponde por concepto de devolución del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 2016, el cual solicité oportunamente el 28 de abril de dos mil diecisiete al presentar dentro del tiempo legal mi declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio 2016..." En la especie, a juicio del suscrito se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, al no impugnar el acto reclamado a través de un medio de defensa legal que tenía a su alcance, por medio del que éste pudo ser modificado, nulificado o revocado. La fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Del dispositivo trascrito se advierte que los elementos integradores de la causa de improcedencia referida, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Ese acto reclamado debe ser revisado de oficio o bien proceder en su contra algún recurso o medio de defensa legal. c) A través de esa revisión oficiosa o de ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Que conforme a las leyes que rijan el acto reclamado, se suspenda su ejecución a través de la interposición del recurso o medio de defensa en comento. e) Que para conceder dicha medida cautelar no se exijan mayores requisitos que los que impone la Ley de Amparo para la suspensión definitiva, con independencia de que el acto reclamado, considerado en sí sea, o no susceptible de ser suspendido acorde a la ley reglamentaria de la materia; y f) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. Sobre el tema el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la locución "leyes que los rijan", se debe entender como todos aquellos ordenamientos legales, que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, debiendo tomar en consideración que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que se puede dar el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Esta consideración encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 3/2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIII, Enero del 2001, página 8, del Semanario Judicial de la Federación, registro 190367, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA.- El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo.". La porción normativa transcrita, establece lo que se conoce como principio de definitividad, consistente en que el quejoso previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que garantiza la protección de los derechos humanos, de modo que para acudir a él, es necesario interponer en la vía ordinaria procedente, los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan, que puedan tener por efecto modificar o revocar el acto reclamado. En el caso concreto, el acto reclamado carece de definitividad para los efectos del amparo, ya que pueden ser impugnado a través del procedimiento administrativo que debe ser planteado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos del artículo 1º del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Numero 215, mismo que la parte quejosa está obligada a agotar previamente al juicio constitucional, habida cuenta que con tal medio de defensa los actos reclamados pueden ser modificados, revocados o nulificados. Los artículos 1º y 46, fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, establecen: "ARTÍCULO 1º.- El presente Código es de orden público e interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos". "ARTÍCULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: I.- Tratándose de la resolución negativa ficta, la demanda podrá presentarse una vez que haya transcurrido el plazo legal para su configuración en los términos que establezcan las leyes conducentes. A falta de disposición expresa, en cuarenta y cinco días naturales; (.)". De los preceptos legales transcritos, se desprende que el procedimiento contencioso administrativo que estatuye el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado de Guerrero número 215, en su artículo 1º, tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias, que se planteen entre los particulares y las autoridades Estatales, pues la quejosa reclama la negativa de devolverle el dinero que le corresponde por concepto de devolución del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 2016, el cual solicitó oportunamente el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, al presentar dentro del plazo legal su declaración anual; por ello, está obligada a agotar previamente al juicio de amparo, el procedimiento administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, contra el acto reclamado a la autoridad mencionada. Lo anterior deja claro, que la parte quejosa, ante el silencio de la autoridad responsable por más de seis meses desde que presentó su declaración anual correspondiente al ejercicio 2016 (veintiocho de abril de dos mil diecisiete), trae como consecuencia la negativa ficta de la misma, la cual puede ser combatida a través del procedimiento administrativo que se siga ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de razón, la tesis III. 2°.T. Aux.42 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 1511, del rubro y texto siguiente: "NEGATIVA FICTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. OPERA ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE EMITIR UNA RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO DERIVADA DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN EL PLAZO DE CUATRO MESES, AL SER UN ACTO DE NATURALEZA CONSTITUTIVA (TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 12 DE JUNIO DE 2008). Conforme al artículo 9, fracción I, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, se consideran actos administrativos definitivos aquellos que son un fin en sí mismos o el resultado de un procedimiento ordinario, por lo que éstos pueden ser: a) Declarativos: los que sólo reconocen, sin modificar una situación jurídica del administrado, pero que resultan necesarios para la realización de algún trámite o acto administrativo, como certificaciones, dictámenes técnicos, actos registrales, expedición de constancias, contestación de peticiones que no implican algún otro acto administrativo o análogos; b) Regulativos: por virtud de los cuales la autoridad administrativa permite a un administrado el ejercicio de alguna actividad regulada, tales como permisos, licencias, autorizaciones o análogos; y c) Constitutivos: por los que se otorgan derechos o imponen obligaciones entre la autoridad administrativa y el administrado, como concesiones, adjudicaciones y licitaciones. En estas condiciones, la solicitud de pago derivada de un contrato de obra pública que formula un particular a la autoridad estatal, constituye un acto de naturaleza constitutiva, pues la eventual respuesta que pudiera darse otorgaría un derecho a aquél e impondría una obligación de pago a ésta, es decir, no sólo va a reflejar o a reproducir la ley, que es la característica de los actos declarativos, sino que el reconocimiento del derecho de pago configura una situación específica singular, en función tanto de particularidades del sujeto como del caso, que deriva del ejercicio de una facultad discrecional, conforme a la cual la autoridad, con libertad de apreciación de circunstancias del hecho y del supuesto normativo, elige de entre varias alternativas o consecuencias que la norma le faculta a aplicar, lo que de suyo es una característica de los actos constitutivos. Por tanto, en términos del artículo 25 del indicado ordenamiento, en su texto anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 12 de junio de 2008, la negativa ficta opera ante la omisión de la autoridad de emitir una resolución a la mencionada solicitud en el plazo de cuatro meses, pues se trata de un acto constitutivo. No obsta a lo anterior que el invocado numeral 9 cite como ejemplos de actos constitutivos a las concesiones, adjudicaciones y licitaciones y no a la referida solicitud de pago, pues ello se hace de manera enunciativa, mas no limitativa." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.2o.P.A. 10 A (10a), del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 1777, del Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, que indica: "NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA POR LA OMISIÓN DE REALIZAR, EN EL PLAZO DE TRES MESES, EL DEPÓSITO SOLICITADO COMO SALDO A FAVOR EN LA DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2012). El artículo 37 del Código Fiscal de la Federación establece la figura jurídica denominada negativa ficta, cuya naturaleza se centra en estimar que el silencio de la autoridad, ante una instancia o petición formulada por el contribuyente, durante un plazo no interrumpido de tres meses, genera la presunción legal de que resolvió desfavorablemente a los intereses de éste; circunstancia que origina su derecho procesal a interponer los medios de defensa pertinentes contra esa determinación tácita. Por su parte, de la regla I.2.3.1. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, se advierte que las autoridades fiscales están obligadas a devolver, de oficio o a petición de parte, las cantidades pagadas indebidamente o las que procedan conforme a las leyes fiscales, y que los contribuyentes pueden solicitar su devolución mediante la declaración correspondiente. Por tanto, cualquiera que sea la manera en que se realice la solicitud de saldo a favor, las autoridades quedan obligadas a proveer lo conducente en el plazo señalado, por lo cual, ante su silencio o, específicamente, ante la omisión de realizar el depósito solicitado como saldo a favor en la declaración anual del impuesto sobre la renta, se configura la negativa ficta." En tales condiciones, no se puede considerar la omisión de la autoridad responsable viole los derechos fundamentales de la impetrante, en virtud de que el aludido silencio tiene como consecuencia la negativa ficta del acto combatido, el que puede ser impugnado por medio del procedimiento administrativo que, en su caso se tiene que agotar previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, en aras de respetar el principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, visible en la página 902 del Tomo XV, de Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En atención a lo relatado, en el caso se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de garantías que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113, del ordenamiento legal en cita. Téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a *****, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa en su escrito de demanda señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Abasolo, número dos letra "A" (2-A), Colonia Centro, código postal 41300, en la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero; en tal virtud, con el objeto de no dejar en estado de indefensión a la promovente y toda vez que el citado domicilio se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado Federal, pero dentro de su jurisdicción, con fundamento en los artículos 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, gírese atento exhorto al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, comisione a quien corresponda se constituya en el referido domicilio y le notifique el presente proveído, asimismo la requiera para que en el acto de la diligencia, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, o bien, lo haga dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación, apercibida que de no hacerlo así, las siguientes notificaciones aun las de carácter personal, se le practicara por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, constitucional, con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Infórmese a las partes que en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con el Acuerdo General 1/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, así como los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese personalmente.

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