Ángelica Benitez Guzman
Expediente 669/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 669/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Ángelica Benitez Guzman
- Candido Morales Villanueva
- Gregorio Hernandez Dominguillo
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintidós de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; visto su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele por rendido su informe justificado. Asimismo, con las copias certificadas que remite, fórmese el primer tomo de pruebas, el cual queda a disposición de las partes para su consulta, cuando así lo soliciten. Ahora bien, de las referidas constancias se advierte que es innecesario continuar con la tramitación del presente juicio de amparo, por las razones que se explican a continuación: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama medularmente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, la omisión de acordar los escritos de veinticinco de enero y once de abril del año en curso, presentados en el expediente laboral 165/2012. La quejosa adjuntó a la demanda los acuses de esas promociones (foja 17 a 19), por lo que su intención es que se le acuerden las promociones referidas y se dé continuidad al procedimiento de ejecución en el juicio de origen. Además, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el veintiséis de mayo del año en curso, la responsable aún no se había pronunciado respecto de las peticiones realizadas en sus promociones, por lo que debe tenerse como acto reclamado la omisión en que incurre la autoridad laboral ya apuntada. En ese sentido, de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se aprecia que dictó el acuerdo de ocho de junio del año en curso, proveyó lo conducente a las promociones que la parte actora presentó en el juicio de origen, en el sentido de no vincular al Cabildo, Presidente, Síndico y Tesorero del Ayuntamiento Municipal de Tixtla, Guerrero, toda vez que a quien corresponde realizar el pago a la parte actora, es al Síndico Procurador en calidad de representante legal del referido Ayuntamiento; asimismo, refiere que actualizó los salarios caídos de los actores, dentro del juicio laboral 165/2012; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 179 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley de la materia por haber sido emitido por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. De este modo, de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si se actualiza alguna causal que torne improcedente el juicio. En ese contexto, esta juzgadora advierte que ha cesado la omisión reclamada en esta vía constitucional, toda vez que el ocho de junio de la presente anualidad, la autoridad responsable acordó en los términos apuntados respecto de las promociones que le presentó la parte actora en autos del expediente laboral 165/2012, del índice de la autoridad responsable, por lo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Disposición normativa conforme a cuyo contenido el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión que ya no invade la esfera jurídica del particular que amerite obligar a la autoridad a realizar un acto, cuyo efecto sería la concesión de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa la jurisprudencia número 2ª./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al haberse restituido a la quejosa en el goce de sus derechos humanos vulnerados, imposibilita el examen constitucional de la retardación de justicia que tilda de inconstitucional, precisamente porque esa omisión ya no invade la esfera jurídica de la promovente al haberse dictado el auto de ocho de junio del presente año, en autos del expediente laboral de origen, en el cual se proveyó lo conducente a las peticiones que realizó en las promociones que presentó ante la autoridad responsable, sin que sea posible analizar diversos actos por los que se inició este sumario, máxime que se trata de un procedimiento propiamente de carácter jurisdiccional. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, pagina 480, con registro digital 200884, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Por tanto, al ser la causal invocada de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio constitucional y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado de esta decisión que será siempre en el mismo sentido. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, con registro digital 184572, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". También, cabe precisar que no es obstáculo para tomar la determinación que antecede, el hecho de que se dejen transcurrir los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de amparo para que las partes se impongan del informe y las constancias que remitió la autoridad responsable oficiante, puesto que la vista es para que éstas se encuentren en aptitud de conocer las razones que tuvo la autoridad para emitir el acto reclamado y en su caso, desvirtuar tanto el contenido del informe como las razones aludidas; sin embargo, al ser indudable y manifiesta la causal invocada, ningún sentido tiene dejar transcurrir dicho termino. En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS; comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes; y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a dos de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado por Francisco Javier Mesino Núñez, apoderado legal de los quejosos Gregorio Hernández Dominguillo, Angélica Benítez Guzmán, Cándido Morales Villanueva y********************en atención a su contenido, téngasele por desahogada la prevención realizada en auto de veintinueve de mayo del presente año; por tanto, se procede a proveer en relación a la demanda de amparo. Por lo que con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda. Hágase saber a las partes que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales. No se forma incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni se advierte que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para no hacerlo. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Hágase saber a las partes que en términos del arábigo 64, de la ley de la materia, están obligadas a informar de inmediato a este órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del impetrante o de alguno de los terceros interesados, una vez que estén enteradas de tal hecho, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 242 y 251, de la Ley de Amparo. Asimismo, para que informen a este Tribunal Federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieran estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. Se tiene como tercero interesado al Ayuntamiento de Tixtla Guerrero; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda efectúese su emplazamiento por medio de oficio que se le gire en el domicilio de su residencia oficial. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Órgano Jurisdiccional, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda, en términos de la fracción I, inciso b), del artículo 26 de la ley de la materia. Con base en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en párrafos precedentes, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, podrán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. En este contexto, se exhorta a las partes para que en cuanto les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
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