Angélica Cruz Lima
Expediente 1131/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1131/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Angélica Cruz Lima
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, siete de febrero de dos mil veintitrés. Se autoriza devolución de documentos. Agréguese el escrito signado Marco Antonio Campeche Martínez, en su carácter de delegado del Organismo Público Descentralizado "Salud Tlaxcala", mediante el cual solicita la devolución de los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo; por tanto, hágase saber al promovente que deberá estar a lo ordenado en proveído de veinte de enero del año actual. Ahora, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos de mérito, el solicitante o los autorizados deberán comunicarse al teléfono 241 418 8190, extensión 1308 (dentro de un horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes) con la licenciada Sonia López Márquez, Secretaria del Juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinte de enero de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, ********************. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida definitiva, es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Finalmente, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Se ordena notificar por lista. Agréguese a los autos la constancia de cuenta, levantada por el actuario adscrito a este juzgado, de la que se desprende la imposibilidad de realizar la notificación del proveído de veintisiete de octubre del año que transcurre, a la quejosa Angélica Cruz Lima, en el domicilio señalado para tal efecto, por los motivos que expone, en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a); y 29 de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones de los proveídos en comento por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes notificaciones que sean de carácter personal, hasta en tanto la quejosa de referencia señale un domicilio distinto para tal efecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Priscila Rivera Valera Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe. Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Informes justificados. Agréguense los oficios signados por el Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado "Salud Tlaxcala", así como en representación del Secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, del Director General del Organismo Público Descentralizado Salud Tlaxcala y Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Organismo Público Descentralizado "Salud Tlaxcala"; atento a sus contenidos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendido su respectivo informe justificado. Vista a las partes Con el contenido de los informes y anexos de mérito, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. Pruebas De igual forma, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado "Salud Tlaxcala", las documentales que anexa al oficio de cuenta, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Delegados y domicilio Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de la Materia, téngase como delegados de las citadas autoridades a las personas que indican. Sobreseimiento fuera de audiencia, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo En el presente caso se estima igualmente actualizada la causal de improcedencia contemplada ... en virtud de que los actos reclamados en el presente asunto no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; tal y como lo hacen valer tanto las autoridades responsables como la parte tercero interesada, en atención a lo siguiente: Los citados artículos disponen: ... De conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y es obligación del quejoso señalar en su demanda a aquella que dictó u ordenó su ejecución para que sea llamada a juicio y examinar el acto que se le reclama; en caso contrario, no podría estudiarse la constitucionalidad de actos provenientes de autoridades que no fueron llamadas al juicio pues tal actuar significaría una infracción al principio de audiencia previa que rige en el sistema jurídico. En ese sentido, las relaciones jurídicas pueden clasificarse en: de coordinación, de supra-subordinación y de supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. En torno a este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", consideró que es autoridad para efectos del juicio de amparo el ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular y que esa relación tenga su nacimiento en la ley -lo que dota al ente de una facultad administrativa-, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; asimismo, que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Precisado lo anterior, la interpretación lógica y sistemática del artículo 5 transcrito, debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Por tanto, la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, se dará con base en el tipo de relación jurídica que ejerza el ente público o privado frente a los particulares, que necesariamente debe ser cuando éste actúe en relaciones jurídicas de "supra a subordinación"; es decir, aquellas que se entablan entre gobernantes y gobernados, actuando los primeros en un plano superior a los segundos. Por ello, debe atenderse al caso concreto y analizarse si dichos entes, con fundamento en una ley de origen público, ejercen un poder jurídico de tal suerte que afecten por sí y ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso directo de la fuerza pública. Esto implica que se deben acreditar los siguientes tópicos: a) La existencia de una relación de supra a subordinación. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que se dota de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. En el caso, la quejosa Angélica Cruz Lima reclama: Por tanto, es claro que en la especie el Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado "Salud Tlaxcala", así como en representación del Secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, del Director General del Organismo Público Descentralizado Salud Tlaxcala y Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Organismo Público Descentralizado "Salud Tlaxcala", no actúan como autoridades para efectos del juicio de amparo y en consecuencia, los descuentos reclamados no son combatibles a través del juicio constitucional, pues se está en presencia de reclamos que tienen que ver con la relación que existe entre la aquí quejosa como trabajadora y las señaladas como responsables en su carácter del ente que se encarga del pago de su salario, particularmente el descuento o deducción que aplica a su pago mensual. Por lo que, los entes que fueron señalados como responsables solo actúan en función del pago que realizan al quejoso de su salario, y por ello se encuentran en un plano de igualdad con éste, sin la posibilidad de actuar con imperio al tratarse de una relación de coordinación y entrar en el ámbito del derecho laboral, tal como lo refieren las autoridades señaladas como responsables al rendir sus informes con justificación. Aunado a ello de las constancias remitidas por las autoridades responsables como apoyo a su informe con justificación, se advierte un convenio de colaboración celebrado entre la Secretaría de Salud en el Estado de Tlaxcala Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala La tienda México Sociedad Anónima de Capital Variable y DXN Crédito Express, Sociedad Anónima de Capital Variable, S.O.F.O.M.. "PRIMERA.- Acuerdan las partes que el objeto de este convenio es la colaboración entre las mismas con la finalidad de que "LA TENDA" ofrezca créditos a los trabajadores de la "LA SECRETARÍA" y que este último aplique el descuento correspondiente en el salario de los beneficiarios respecto de las cantidades pactadas entre estos y "LA TENDA" para el pago de las amortizaciones a su cargo y favor de "LA TENDA". (.) QUINTA. "LA SECRETARÍA" puede descontar del salario de los beneficiarios la cantidad que se haya convenido entre estos y "LA TIENDA" en el tiempo y bajo las condiciones que se contengan en la instrucción de pago, identificando dicha retención en el concepto de deducción. (.)" DXN Crédito Express, Sociedad Anónima de Capital Variable, S.O.F.O.M. Documentales públicas a las cuales se les otorga valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así como copias certificadas de los contratos de crédito simple celebrados entre La Tenda México, Sociedad Anónima de Capital Variable, DXN Crédito Express, Sociedad Anónima de Capital Variable, S.O.F.O.M. y la quejosa Angélica Cruz Lima, por lo que las autoridades señaladas como responsables realizan el descuento con motivo de dichos contratos de crédito y los convenios de colaboración señalados en párrafos que anteceden. En atención a lo anterior, es dable concluir que las autoridades señaladas como responsables no actuaron en forma unilateral o por vía de consecuencia y no ejecutaron actos de imperio, pues no impusieron su decisión al margen de la voluntad de la quejosa, lo que excluye la unilateralidad del acto; característica primordial del acto de autoridad materia del juicio de amparo. Aunado a ello, tampoco se advierte que el actuar de las autoridades responsables sea coercitivo, en la medida que no se utiliza la infraestructura del Estado para someter la voluntad del trabajador a través de medios represivos o inhibitorios, para que se cumpla la decisión. En consecuencia, los descuentos realizados que constituyen el acto reclamado en el presente asunto, no pueden ser considerados actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, aún y cuando repercutan en el salario del quejoso, pues carecen del atributo de unilateralidad y coercitividad. De ahí que al no estar ante actos de autoridad para efectos del amparo, se actualiza la causa de improcedencia en estudio. No se desatiende que el derecho de la quejosa a percibir el salario es irrenunciable y, por tanto, imprescriptible; sin embargo, en el caso no se está ante alguno de los supuestos de renuncia o pérdida de derecho a percibir su salario, sino solo ante el consentimiento expreso al ser la propia quejosa quien dio la instrucción para la realización del cobro. Sin que la causal de improcedencia analizada entrañe aspectos de fondo de la problemática constitucional planteada, pues no se aborda la legalidad de la instrucción dada por el quejoso para la realización de los descuentos cuestionados. En efecto, al tratarse de actos realizados por sujetos situados en un plano de coordinación dado que deriva de un acuerdo de voluntades, es una circunstancia que no puede remediarse a través del juicio de amparo, pues aun cuando el descuento pueda calificarse de unilateral, arbitrario o ilegal, no constituye un acto de autoridad, al estar ausente el elemento que caracteriza a éstos, y que sitúa al afectado en un plano de subordinación. Sin que dicho razonamiento implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues ésta se encuentra en condición de acudir a los tribunales del orden común para dirimir el conflicto relativo a los pagos requeridos y por los cuales se realizan los descuentos de los que se duele; en donde podrá, en su caso, solicitar la nulidad del contrato de crédito no reconocido. Y, una vez resuelto por el órgano jurisdiccional del fuero común, en su caso, atacarlo a través del juicio de amparo respectivo. Sirve como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada I.8o.C.74. C (10ª.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 2020618, de rubro y contenido siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD. NO TIENE ESTE CARÁCTER LA NEGATIVA DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA A REESTRUCTURAR O RENEGOCIAR UN CRÉDITO. La negativa de uno de los contratantes (acreedor), en el caso una institución bancaria, a aceptar la propuesta del deudor de reestructurar o renegociar la deuda, por más que pueda dicha negativa calificarse de unilateral, arbitraria o ilegal, no constituye un acto de autoridad, al estar ausente el elemento fundamental que caracteriza a éstos y que sitúa al afectado en un plano de subordinación. En efecto, la violación de derechos entre sujetos situados en un plano de coordinación, como sucede tratándose de las partes en un contrato, no puede ser remediada a través del juicio de amparo, que ha sido instituido para proteger a los particulares de los actos de las autoridades, y excepcionalmente para proteger contra los actos de los particulares que por mandato legal actúen como si fuesen autoridades; una violación de esa clase, ya sea al contrato o a las normas que lo regulen, debe, en su caso, ser enmendada por los tribunales del orden común, en la vía que las leyes contemplen para solucionar el conflicto; de ahí que el juicio constitucional resulte improcedente." En mérito de lo anterior, y al actualizarse las causales de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con doce minutos del diez de noviembre de dos mil veintidós), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Autoridad remite oficio. Agréguese el oficio signado por el Abogado General de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, por el cual manifiesta la imposibilidad de designar un experto en materia de inmobiliaria, en virtud de que no cuenta con algún catedrático que pueda fungir como perito en la materia. Se solicita apoyo para designar perito. Por tanto, toda vez que en este asunto se han agotado los medios dentro de esta jurisdicción, a fin de obtener la comparecencia de algún perito en la materia que pretende la parte oferente, dentro del incidente de reclamación de daños y perjuicios promovido por el tercero interesado, Jesús Menéndez Camarillo; gírese oficio a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para que en auxilio de la Justicia Federal y de las labores propias de este Juzgado, informe si cuenta con perito en materia de inmobiliaria, a fin de que emita su opinión respecto de los puntos relativos a dicha prueba, y de ser así, lo haga comparecer ante este Juzgado Federal dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que tenga conocimiento de este auto, para los efectos de aceptación, protesta y discernimiento del cargo o bien manifieste la imposibilidad para ello. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM
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