Angélica Aragon Sánchez

Expediente 1325/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1325/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • Angélica Aragon Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Quejosa pretende desistirse. Agréguese a los autos, el diverso escrito de cuenta signado por la quejosa Angélica Aragón Sánchez; a través de cual, se desiste del presente juicio de amparo, en consecuencia, se provee lo siguiente: Se requiere ratificación. Atento a la naturaleza del desistimiento en cuestión, de las consecuencias que el mismo implica, y en razón de que éste contraviene los intereses que pueda tener el referido peticionario de amparo; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su numeral 2°, requiérase a la parte quejosa, a fin de que comparezca en forma personal ante este órgano federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que ratifique el escrito de cuenta; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo indicado, se continuará con la tramitación del presente juicio de garantías, en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, por su idea jurídica, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 295, del Tomo XXIV, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Agosto de dos mil seis, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decreté el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande a ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que se desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Priscila Rivera Valera, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, quince de noviembre de dos mil veintidós. Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueve Angélica Aragón Sánchez, por propio derecho, contra actos de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1325/2022-6. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 112, primer párrafo y 113 de la Ley de Amparo imponen, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo; para lo cual se recuerda que el peticionario de amparo reclama: De las anteriores impresiones, se advierte que de lo que se duele la aquí quejosa es del procedimiento de designación de Magistrado que sustituirá al actual en el Tribunal Superior de Justicia del Estado y la emisión del nombramiento respectivo, pues refiere es extemporáneo. En el entendido de que, como parte del aludido procedimiento de designación, se entiende comprendida la terna que se envió al Congreso para el nombramiento de la nueva magistrada. Atento a lo anterior, se estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. Importa tener presente que de acuerdo con el artículo 61, fracción VII, de la ley de la materia , el juicio constitucional es improcedente en contra de las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. En el caso se advierte que este juicio de amparo es improcedente en virtud de que los actos reclamados están referidos al ejercicio de una potestad que la Constitución Política del Estado de Tlaxcala confiere al Congreso del Estado para resolver de manera soberana y discrecional, por lo que se actualiza el motivo de inejercitabilidad de la acción de amparo establecido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo La causa de improcedencia del juicio de amparo mencionada surge cuando éste se promueve contra resoluciones o declaraciones dictadas por las Legislaturas de los Estados, en elección, suspensión o remoción de funcionarios; sin embargo, condiciona la actualización del supuesto de mérito a la circunstancia de que la Constitución local correspondiente le confiera al órgano legislativo la posibilidad de resolver soberanamente o de manera discrecional . De esta manera el juicio de amparo se excluye del ámbito político en que surgen las decisiones de una legislatura federal o local, que, sin intervención de otro órgano, ejerce las atribuciones discrecionales que le autoriza el marco constitucional y legal aplicables para nombrar, suspender o remover a un funcionario. El sentido gramatical de los conceptos de facultad soberana, autónoma y discrecional, tiene lugar, entre otros supuestos, cuando se reclamen actos del Congreso Federal o local, relativos a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que la Constitución Federal o local confiera a tales entes, la facultad de resolver en forma independiente, sin injerencia de terceros, o bien, conforme a su arbitrio y con prudencia en la adopción de su decisión. En ambos casos, la facultad relativa no depende de la decisión de terceros y se encuentra libre de presión e injerencia alguna. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

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