Ángela Ramírez Pizano
Expediente 717/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 717/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ángela Ramírez Pizano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del diverso 15264, por el que se le notificó el proveído de quince de octubre del año en curso, y se le devolvió las copias certificadas de las constancias que integran el juicio sucesorio intestamentario C-308/2017 de su índice.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de veinticinco de septiembre pasado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las copias certificadas de las constancias que integran el juicio sucesorio intestamentario *****************, que como justificación a su informe anexó el Juez Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no exhibió dentro del término otorgado, la garantía que le fue fijada en resolución interlocutoria de veinticuatro de septiembre del año en curso, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida; lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos señalados en el segundo párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Único de lo Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de las constancias que allegó el nombrado resolutor, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, es necesario precisar que del análisis integral de la demanda de amparo, en concordancia con la información allegada al presente expediente, se desprende que la parte quejosa esencialmente reclama: El emplazamiento que se le practicó como heredera al juicio sucesorio intestamentario 308/2017 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato y, como consecuencia de ello, todo lo actuado en dicho procedimiento. De igual forma, es necesario destacar que el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato estatuye: "Artículo 328. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse sin haber pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que este sea resuelto." De la interpretación literal del numeral transcrito se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un mecanismo de defensa, a través del cual se puede conseguir la nulidad de las notificaciones que no fueren realizadas en la forma que establecen las disposiciones correspondientes. Ciertamente, la nulidad de notificaciones tiene como finalidad anular la notificación que se practique en forma distinta a la prevenida por la ley y que lesione los intereses de la parte quejosa, con efectos similares a la revocación. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa esencialmente reclama en esta instancia constitucional el emplazamiento que se le practicó al juicio sucesorio intestamentario C-308/2017 de la estadística del Juzgado Único de lo Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato; es incuestionable que previo acudir al presente juicio de amparo debió promover el incidente de nulidad previsto en el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, para cumplir con el principio de definitividad rector del juicio de amparo, contenido en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria. En efecto, como la solicitante del amparo no controvirtió el emplazamiento que cuestiona a través del medio de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, III. No se trata de tercera extraña a procedimiento, ya que la aquí quejosa fue señalada en la denuncia respectiva como posible heredera en el juicio sucesorio intestamentario C-308/2017 de la estadística del Juzgado Único de lo Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato; y tampoco le reviste la calidad de tercera extraña por equiparación dado que el procedimiento de origen aún no concluye, pues no se ha dictado la resolución definitiva, que en los juicios sucesorios se entiende como tal la que determina la adjudicación de los bienes, por lo que puede y debe hacer uso de los medios ordinarios de impugnación. Por ello, se afirma que la parte quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -incidente de nulidad-, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. Sin embargo, se estima que la misma no es aplicable al caso concreto porque para la procedencia del juicio de amparo parte de la base de que el juicio sucesorio de origen se encuentre concluido, es decir, que ya se dictó la resolución definitiva (entendida como tal la que determina la adjudicación de bienes), lo que no sucede en la especie. Por ello, al no encontrarse concluido el juicio sucesorio de origen y al haber sido señalada en la denuncia respectiva como posible heredera la aquí quejosa, es incuestionable que estaba obligada a observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, al no surtirse la excepción prevista en la fracción c) del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues como se dijo, no les reviste el carácter de persona extraña al procedimiento. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
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