Ángel Tamayo Tovar
Expediente 1020/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ángel Tamayo Tovar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por la apoderada legal del quejoso **********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele los documentos cuya devolución gestiona; previa identificación, certificación de desglose, razón que de su entrega se deje en autos y copia certificada a costa de la promovente que en sustitución obren en el expediente. Hágase del conocimiento de la gestionante que los documentos que solicita le serán devueltos únicamente de las trece a las quince horas en cualquier día hábil.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiuno de diciembre de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la diligencia de reconocimiento de firma que antecede, de la que se advierte que Angélica Ma. Tamayo Hernández, reconoció el contenido y firma del ocurso presentado ante este juzgado el diez de diciembre pasado, al efecto se provee: Téngase a Angélica Ma. Tamayo Hernández, en su carácter de apoderada legal de Ángel Tamayo Tovar, desahogando el requerimiento que se le hizo en proveído veintiséis de noviembre de dos mil quince, lo que hace manifestando, bajo protesta de decir verdad que no tiene conocimiento del acto reclamado. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1, fracción I, este último dispositivo aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos u omisiones de autoridad o de algún particular, que trastoquen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo. Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva; cabe destacar que, conforme a la ley de amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el juicio de amparo también protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la ley. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Apoya lo anterior la tesis XX.308 K, sustentada por el otrora Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Ahora bien, en la especie la parte quejosa señaló como acto reclamado: "(.) De la SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, ASÍ COMO DE LA DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN CELAYA, GUANAJUATO; El inicio de un procedimiento de expropiación de mi parcela, sin haberme dado la garantía de audiencia previa y/o afectación sin el pago de alguna indemnización. Asimismo la publicación, también cualquier decreto expropiatorio o acto emitido por estas autoridades que afecten al quejoso. Así como los acuerdos o determinaciones que hayan dictado, dicten o pretendan dictar encausados a la ejecución material de un acto tendiente a la ocupación y privación, bloqueo o cancelación de accesos al inmueble del quejoso (.)" Asimismo, del capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado y del escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa narró bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "(.) PRIMERO.- Que mi representado Ángel Tamayo Tovar es Titular de Derechos Agrarios mediante CERTIFICADO DE DERECHOS AGRARIOS a favor de mi poderdante Ángel Tamayo Tovar, expedido a través de la Secretaria de la Reforma Agraria por el Presidente de la Republica José López Portillo, para el EJIDO DE TROJES Y MAYORAZGO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO, número 2271070, Resolución Presidencial dictada el 08 de enero de 1981 publicada en el diario Oficial de la Federación Número 05 de fecha 06 de Marzo de 1981 e inscrita en el Registro Agrario Nacional Volumen Número DCCCV foja número 216 el 09 de Marzo de 1981(.). SEGUNDO.- Que la superficie de la anterior parcela constaba de 4-00-00 hectáreas que es conocida como parcela sin número. Es reconocida por el Gobierno Municipal y sus órganos como Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato, como PARCELA SIN NÚMERO UBICADA EN LA COLONIA DEL BOSQUE. Y que de dentro de la misma ya se han hecho calles de hecho actualmente se cobra a mi poderdante Ángel Tamayo Tovar por pavimentación y agua potable por parte del municipio de Celaya, Guanajuato, (.). TERCERO.- A la fecha no conoce mi poderdante ni la suscrita el contenido de alguna resolución, ni se les a notificado alguna, donde se prive de derechos y/o posesiones y/o propiedades respecto a las Tierras de esta Parcela llamadas sin número (.). CUARTO.- Que a mi poderdante que es mi padre se le dotó inicialmente de una superficie que trabajaba de 4-00-00 hectáreas que es conocida como parcela sin número. Y luego a través del tiempo y el trazo de calles en dicha parcela le restan 2-50-00 hectáreas en sus posesiones ya que ha cedido en partes para dichas calles la municipio de Celaya, Guanajuato, y a terceras personas para construir. QUINTO.- Que incluso se tramito Juicio de Derechos Agrarios ya que no se le asigno número de parcela a mi padre por el Ejido de Trojes y Mayorazgo, demandándose al Tribunal Unitario Agrario en el Distrito 11 once de Guanajuato, Guanajuato, la delimitación de dicha parcela y le fuera entregado su Certificado de Derechos Agrarios, por lo que corresponde a solo esta superficie que es la que tiene en posesión actualmente 2-50-00 hectáreas. Cabe mencionar que la tierra existe, a favor de mi padre poderdante, exhibiendo el certificado de derechos agrarios correspondiente y que poseyó dicha superficie inicial de 4-00-00 hectáreas, pero al absorber la marcha humana con calles y al haber cedido a terceros solo se mantuvo la posesión de actualmente 2-50-00 hectáreas a lo cual fue demandado como se dijo y fue reconocido por el Comisariado del Ejido de Trojes y Mayorazgo, asimismo SE LLEGO A UN CONVENIO EN DICHO JUICIO AGRARIO EXPEDIENTE 788/2011, en el Tribunal Agrario en el Distrito 11 once de Guanajuato, Guanajuato, en fecha 08 de agosto del 2013 dos mil trece en el cual se reconocieron las personalidades y en la cláusula PRIMERA.- se reconoció a mi poderdante ÁNGEL TAMAYO TOVAR, como Ejidatario con derechos vigentes en el ejido de Trojes y Mayorazgo de la ciudad de Celaya, Guanajuato (.). SEXTO.- Con independencia de todo lo narrado mi poderdante que es mi padre mantiene a la fecha la posesión de estas 2-50-00 hectáreas dentro de la parcela sin número (.), DESDE QUE LE FUE DOTADA DE MANERA LEGAL, ADEMÁS DE CONTINUA EN EL TIEMPO, DE MANERA PÚBLICA Y PACÍFICA. Citando que estas 2-50-00 hectáreas la superficie que fue desprendida de las iniciales 4-00-00 hectáreas que se cedieron para calles al Municipio de Celaya, Guanajuato y a terceras personas (.)" "(.) No tengo el conocimiento de dichos actos ni su iniciación, si me ha notificado ningún acto formalmente, pero tengo el temor fundado. Por otra parte invoco en mi carácter de Apoderada del quejoso la suplencia de la deficiencia en la quejosa por tratarse de materia Agraria (.)" No obstante lo puntualizado, a consideración del suscrito, el acto reclamado, debe ser catalogado como acto futuro de realización incierta, contra el cual es improcedente el juicio de amparo intentado. Ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo que en el caso no sucede, ya que no existe indicio cierto de que el acto que señaló como reclamado vaya a acontecer; incluso, no hay rastro alguno que indique que las autoridades que señaló como responsables la parte quejosa, efectivamente sean quienes vayan a materializar el acto tildado de inconstitucional. De ahí que el acto que reclama la impetrante de amparo se considere como futuro de realización eventual, pues no existe una certeza clara y fundada de que pueda llegar a existir. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa el goce del derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito supuestamente firmado por Angélica Ma. Tamayo Hernández, en su carácter de apoderada legal de Ángel Tamayo Tovar, antes de proveer respecto de su contenido y tomando en consideración que el suscrito, sin ser un perito en la materia, advierte de la simple confrontación del escrito de cuenta con el de la demanda, que la firma que calza aquél tiene rasgos notoriamente discrepantes con la estampada por la promovente en el escrito constitucional; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente auto se le practique, comparezca ante este juzgado debidamente identificada, en día y horas hábiles, para que en diligencia formal reconozca el contenido y firma del ocurso de mérito, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Ángel Pérez Rojas608/2015
- Ángel Plineo Ávila Herrera227/2017
- Ángel Reyes Ramírez807/2015
- Ángel Rodríguez Luna18/2017
- Ángel Rodríguez Pizano520/2013
- Ángel Rosendo Reyes7/2014
- Ángel Vázquez Martínez24/2018
- Ángela Contreras López y Otros.623/2018
- Ángela González Cuevas185/2020
- Ángela Ramírez Pizano717/2018
- Ángela Ramírez Rico165/2019
- Ángeles Guadalupe Mejía Munguía802/2021