Angela Lorena Flores Lopez
Expediente 2403/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2403/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/09/2023
Partes del expediente
- Angela Lorena Flores Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad de México, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio remitido por el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, por el que envía la promoción registrada con folio 22195 de su estadística, con motivo de la remisión del presente asunto a este órgano jurisdiccional, por lo que al efecto se provee: Agréguese el oficio remitido por el titular de la Delegación Jalisco del Instituto Federal de Defensoría Pública, por el que informa que se designó al licenciado ********************, asesor Jurídico Federal adscrito a esa Delegación en sustitución de la asesora ********************, para que funja como representante de la quejosa, al respecto, hágasele de su conocimiento que por sentencia de ocho de enero de dos mil veinte, se sobreseyó en el juicio y por auto de dieciocho de febrero de ese año, se ordenó el archivo del asunto, por lo que deberá estarse a dichas determinaciones. Con independencia de lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como cuenta de correo electrónico la que indica, para los casos en los que esta juzgadora lo estime necesario, a efecto de establecer el contacto respectivo. Asimismo, en atención a lo solicitado y a la certificación de cuenta, de la que se desprende que de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en específico en el campo "Autorizados Expediente Electrónico" se advierte que las claves de usuario ******************** están debidamente registradas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia, en relación con el numeral 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía electrónica de las constancias que integran este expediente. En atención a ello, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice los movimientos informáticos correspondientes. Finalmente, vista la certificación de cuenta, devuélvase al archivo este expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, diez de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, por medio del cual envía diversa promoción con motivo de la remisión del presente asunto a este órgano jurisdiccional, por lo que al efecto se provee: Por recibido el oficio remitido por el Titular de la Delegación Jalisco del Instituto Federal de Defensoría Pública, por medio cual hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que designó a la licenciada *****, Asesora Jurídica Federal adscrita a esta Delegación en sustitución del Asesor ******, quien fungirá como representante del menor que interviene en el presente juicio de garantías, así mismo deja sin efectos las anteriores designaciones, de lo cual este juzgado federal toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar Finalmente De conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como cuenta de correo electrónico spcontrerasjf.gob.mx, asimismo se ordena devolver el presente expediente a su respectivo archivo para su debido resguardo Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
- Principal
Ciudad de México, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el oficio signado por la Actuaria del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual, acusa recibo del diverso con el que se le remitió el original del oficio de expresión de agravios y un legajo en copia certificada relativos a los recursos de revisión interpuestos en autos; asimismo informa que los registró con el número 3574/2019 y que los admitió a trámite; por otra parte, como es solicitado, notifíquese el oficio de cuenta a las autoridades responsables, corriéndoles traslado con la copia respectiva, y una vez practicada dicha notificación, sin ulterior acuerdo remítase de inmediato las constancias al tribunal en comento. Notifíquese.
- Incidental
Ciudad de México, once de diciembre de dos mil diecinueve. Apertura del incidente y fijación de actos Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 130, 138, 139, 157 y 158 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 577/2019, promovido por **********, por su propio derecho, contra actos de los Integrantes de los Integrantes de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal y otras autoridades. Como quedó precisado en el expediente principal, del análisis integral de la demanda de amparo, sus anexos y del escrito aclaratorio se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridades responsables Acto reclamado 1. Integrantes de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal. 2. Titular de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación. 3. Titular de la Dirección General de Auditoría de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación. 4. Titular de la Dirección General de Substanciación, Registro y Seguimiento de la Evolución Patrimonial del Poder Judicial de la Federación. La resolución de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, emitida por la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, en el recurso de revisión derivado del Procedimiento Administrativo Sancionador **********. Solicitud de informe previo y documentos Con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, con copia de la demanda y anexos del escrito aclaratorio, se requiere a las autoridades responsables para que rinda su informe previo, el cual deberá exhibir por duplicado dentro del plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído. En dicho informe, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuye y podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. De igual manera, tendrán obligación de proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. Únicamente en el caso de asuntos urgentes podrán rendir su informe a través de alguna oficina pública de comunicaciones. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que acompañen a su informe previo cualquier documento que estime necesario para que este juzgador se pronuncie sobre la suspensión definitiva; lo anterior, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo. Apercibimientos en caso de no rendir informe previo En caso de que las autoridades responsables sean omisas en rendir su informe previo, se presumirá cierto los actos reclamados para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo. Asimismo, con excepción de las autoridades legislativas, en caso de ser omisas se les impondrá una multa de cien a mil días fijada conforme al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo previsto en el artículo 260, fracción I, del ordenamiento citado. Finalmente, se hace de su conocimiento que, en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de expresar hechos falsos o negar la verdad al rendir su informe, podrá imponérseles una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Fijación de la audiencia incidental Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo se fijan las nueve horas con veintisiete minutos del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, así como ofrecer pruebas documentales y de inspección judicial, y excepcionalmente, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 143 de la propia ley, la testimonial en caso de que se reclamen actos previstos en el artículo 15 del ordenamiento citado. Resolución sobre la suspensión Efectos de la suspensión La medida suspensiva fue solicitada por la parte quejosa en los siguientes términos: De lo anterior, se advierte que la parte quejosa solicitó la suspensión de los efectos y consecuencias de la resolución de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, emitida por la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, en el recurso de revisión derivado del Procedimiento Administrativo Sancionador **********; esto es, para el efecto de que no se ejecute la multa impuesta así como para que se le permita participar en procedimientos de contratación y de celebrar contratos con entes gubernamentales, en razón de que en dicho procedimiento administrativo sancionador se le impuso una multa por un monto que asciende a la cantidad de $19,609,260.92 (diecinueve millones seiscientos nueve mil doscientos sesenta pesos 92/100 moneda nacional), así como la inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por el periodo de cinco años y un mes, por lo que este juzgador se pronunciará solamente de ello, atendiendo a los efectos para los cuales se solicitó la medida cautelar. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 111/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 98, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. Con ese propósito, para determinar si resulta procedente o no la suspensión solicitada, se analizarán en orden los siguientes aspectos: 1) La certeza de los actos reclamados. 2) Si su naturaleza permite su paralización. 3) Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. 4) Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión, porque existe tercero interesado o se trate del cobro de contribuciones. Ahora bien, respecto de los efectos para los cuales se solicitó la medida cautelar, lo procedente es verificar si se satisfacen los requisitos previstos en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, que dicen: "ARTÍCULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "ARTÍCULO 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." Del precepto transcrito en primer término, se deprenden los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la suspensión, a saber: 1) Que la solicite el agraviado. 2) Que con la concesión de la medida cautelar no se infringen disposiciones de orden público ni se vulnera el interés social. 3) Que el quejoso aduzca un interés legítimo, y acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue. Por su parte, de lo señalado en el artículo 131 de la Ley de Amparo, se desprende que es necesario que si la parte quejosa aduce un interés legítimo, éste deberá acreditar un daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue; ahora, si bien es cierto que el artículo mencionado hace referencia a un interés legítimo, no menos lo es que si para este tipo de interés se habla de que el quejoso debe acreditar el daño inminente e irreparable, con mayoría de razón también deberá hacerlo cuando aduzca ser titular de un interés jurídico, como lo manifiestan los peticionarios de amparo. Esto es así, ya que si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo no prevé de manera expresa el requisito mencionado en el artículo 131 de la citada ley, también lo es que resultaría imposible interpretar cada precepto considerándolo fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que de ser así, cualquier intento de interpretación resultaría infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas, aunado al hecho de que un principio de hermenéutica obliga a interpretar los preceptos jurídicos en función a los demás que integran el ordenamiento al que pertenecen. Por lo que de la interpretación sistemática de los artículos en comento, se colige, que se concederá dicha medida cautelar, cuando se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; lo que impone a los quejosos la obligación de acreditar en el juicio de amparo que son titulares del derecho que dicen le es afectado. Ahora bien, el artículo 131 de la Ley de Amparo, supone la demostración de su interés en forma presuntiva en la suspensión provisional al solicitar ésta y, fehaciente en la definitiva; dicho interés es un requisito de procedencia de la medida cautelar, y su examen implica generalmente el de la apariencia del buen derecho, que puede traducirse en el examen del interés o de la titularidad de los quejosos para promover la suspensión de los actos reclamados. En ese tenor, el primer requisito previsto en el artículo 128, se ve colmado, puesto que en el escrito de demanda se solicitó la medida suspensiva. No obstante lo anterior, no se reúne el segundo requisito previsto en el citado artículo 128 de la ley de la materia, respecto al efecto para el cual se solicita la medida cautelar, esto es, para que se le permita a la parte quejosa participar en procedimientos de contratación y de celebrar contratos con entes gubernamentales, en razón de que en el Procedimiento Administrativo Sancionador **********, se le impuso como sanción la inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por el periodo de cinco años y un mes, por lo que debe negarse la suspensión solicitada, dado que de concederse se ocasionaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Lo anterior es así, atento a las siguientes consideraciones. Debe decirse que el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en ese matiz, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Apoya lo anterior, la tesis II.1o.A.23 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en el Semanario judicial de la Federación, Tomo XXI, abril de 2005, Novena Época, página 1515, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ALCANCE Y VALORACIÓN DE LOS CONCEPTOS "INTERÉS SOCIAL" Y "ORDEN PÚBLICO", PARA EFECTOS DE SU CONCESIÓN. El vocablo "interés" implica nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y trascendencia. Cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia o trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. Asimismo, el vocablo "orden" hace referencia a la idea de un mandato que debe ser obedecido. En el contexto de lo público, es decir, de orden público, puede entenderse como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Tales nociones, en materia de suspensión del acto reclamado, deben plantearse en función de elementos objetivos mínimos que reflejen preocupaciones fundamentales y trascendentes para la sociedad, como las establecidas en el artículo 124 de la Ley de Amparo (funcionamiento de centros de vicio, comercio de drogas, continuación de delitos, alza de precios de artículos de primera necesidad, peligro de epidemias graves, entre otras). Por tanto, para distinguir si una disposición es de orden público y si afecta al interés social -nociones que, por cierto, guardan un estrecho vínculo entre sí- debe atenderse a su finalidad directa e inmediata en relación con la colectividad." Asimismo, la jurisprudencia quinientos veintidós, visible en la página trescientos cuarenta y tres, Tomo VI, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." Así, ante la naturaleza del acto que nos ocupa, para determinar sobre la procedencia de la suspensión, se debe sopesar el perjuicio que podría sufrir el gobernado con su ejecución y la afectación a sus derechos en disputa, frente al bienestar social. En efecto, la suspensión es improcedente cuando el acto reclamado afecta el interés público o social, para lo cual no basta con que se funde formalmente en una ley de interés público o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, sino que es necesario que se acredite que la concesión de la suspensión causaría reales perjuicios al interés social o implicaría una contravención ineludible a disposiciones de orden público por las características propias del acto; así, ante un acto de la naturaleza del reclamado, para determinar la procedencia de la suspensión, se debe sopesar el perjuicio que podría sufrir la parte quejosa con su ejecución y la afectación a sus derechos en disputa frente al bienestar de la colectividad. Desde este punto de vista, se considera que con la concesión de la suspensión provisional para los efectos que solicita la promovente, se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social, ello es así, toda vez que los procedimientos para la contratación de obra pública o servicios relacionados con su objeto, en sí mismos, una actividad de la administración encaminada a la satisfacción de un interés colectivo y típicamente de orden público, pues innegablemente la sociedad tiene un interés en que se proteja el ejercicio de los recursos para la satisfacción de sus propias necesidades. En este sentido, el hecho de suspender la inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por el periodo de cinco años y un mes, que se le impuso como sanción en el Procedimiento Administrativo Sancionador **********, en beneficio de la parte quejosa, contravendría disposiciones de orden público, relativas al cumplimiento de obligaciones, en perjuicio de las facultades que otorgan las disposiciones administrativas en favor de las autoridades. En este orden de ideas, y contrario a lo que aduce la parte quejosa, de que la suspensión es para evitar perjuicios de imposible reparación para la parte quejosa y quede sin materia el presente juicio de amparo, no afecta, al menos de un estudio preliminar de los mismos derechos fundamentales del impetrante de garantías. Por otra parte, el negar la suspensión tampoco implica afectaciones irreparables a la parte quejosa, de tal manera que ello llevara a que el presente juicio de garantías quedase sin materia dado que en el supuesto de concederse la protección constitucional, el efecto sería que las obligaciones que contienen las disposiciones legales reclamadas, quedarían insubsistentes a partir de que quedara firme la sentencia concesoria del amparo. De igual forma, este juzgador considera que en el caso no aplica en favor de la parte quejosa la apariencia del buen derecho, que hiciera procedente conceder a su favor la medida cautelar solicitada, dado que una lectura preliminar de las disposiciones reclamadas no se advierte afectación a derechos fundamentales. En ese tenor, la alegada inconstitucionalidad del acto reclamado no es evidente, y en todo caso es motivo de un estudio acucioso, el que es propio de la sentencia de amparo. En relación a lo señalado por la quejosa, que de no concederse la suspensión y de ejecutarse el acto reclamado, se le ocasionarían daños de difícil reparación, debe decirse que si bien pudiera ser cierta tal afirmación, ello no es motivo suficiente para la concesión de la medida cautelar, ya que el hecho de tratarse de actos de difícil reparación, e inclusive de imposible reparación, no permite soslayar el hecho de que la Ley de Amparo exija que para la concesión de la medida cautelar no se afecten disposiciones de orden público ni el interés social, asimismo, se advierte que los procedimientos para la contratación de obra pública o servicios relacionados con esta, representan, en sí mismo, una actividad de la administración encaminada a la satisfacción de un interés colectivo y típicamente de orden público, pues innegablemente la sociedad tiene un interés en que se proteja el ejercicio de los recursos para la satisfacción de sus propias necesidades que se realiza a través del procedimiento de licitaciones públicas. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 157/2019, con registro digital 162971 (10ª.); publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXXIII, Enero de 2011, Décima Época, página 1402, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN O PARA CELEBRAR CONTRATOS PÚBLICOS. Debe negarse la suspensión solicitada en el amparo contra los efectos y consecuencias de la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de licitación o para celebrar contratos públicos en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, pues de concederse se contravendrían las disposiciones de orden público que desarrollan las bases y principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo fin es regular y vigilar que las acciones relativas a la adquisición, arrendamiento y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y contratación de obra por parte de la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos colectivos para los que están destinados, situaciones respecto de las cuales la sociedad está interesada en que se protejan, aunado a que esa sanción goza de la presunción de legalidad y validez de los actos administrativos, por lo que el interés particular se subordina al general, evitando que participe en una licitación o se otorgue un contrato público a la persona sancionada respecto de la cual existe duda sobre su honradez. Asimismo, apoya a lo anterior, la tesis I.3o.A. J/16; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: V, Enero de 1997; Novena Época, página 383, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Expuesto lo anterior, se niega la suspensión provisional solicitada respecto del efecto para el cual se solicitó la medida cautelar, esto es, para que se le permita a la parte quejosa participar en procedimientos de contratación y de celebrar contratos con entes gubernamentales, en razón de que en el Procedimiento Administrativo Sancionador CPJF/PA/004/2017, se le impuso como sanción la inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por el periodo de cinco años y un mes. Por otra parte, respecto del diverso efecto para el cual se solicita la medida cautelar, esto es, para que no se ejecute la multa impuesta en el procedimiento administrativo sancionador **********, por un monto que asciende a la cantidad de **********; en el caso se surten todos y cada uno de los requisitos a que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues media solicitud de la parte agraviada, con la concesión de la suspensión no se sigue perjuicio al interés social, no se contravienen disposiciones de orden público, y de ejecutarse el acto reclamado traería como consecuencia daños y perjuicios para la parte peticionaria del amparo, de difícil reparación, razón por la cual atendiendo a la apariencia del buen derecho, ya que se causarían daños de difícil reparación a la parte quejosa, si se llegara a ejecutar dicho acto reclamado, por lo cual a efecto de preservar la materia del amparo, procede conceder la suspensión provisional que se solicita, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, es decir, no se ejecute el cobro de la multa impuesta a ésta por la cantidad de **********; hasta en tanto de dicte la resolución interlocutoria que al efecto se emita en esta incidencia, en virtud de que acredita su interés suspensional al ser parte en el procedimiento de origen. En ese orden de ideas, debe precisarse que, por un lado el otorgamiento de la medida cautelar establece un mecanismo que atiende a la naturaleza del acto reclamado y a los efectos individuales y sociales que con ella se pudieran provocar; por otro lado, en cuanto a los requisitos que debe cumplir la parte quejosa para que surta efectos la suspensión que se le haya conferido, se incorpora el principio general consistente en que para ello será necesario que se otorgue caución bastante que responda por los daños y perjuicios que puedan ocasionar al tercero perjudicado. Ahora bien, conviene tener presente el contenido del artículo 135 de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. Asimismo, resulta pertinente invocar los artículos 3º y 4º del Código Fiscal de la Federación que señalan: "Artículo 3o.- Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este Código, que se apliquen en relación con aprovechamientos, son accesorios de éstos y participan de su naturaleza. Los aprovechamientos por concepto de multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean de carácter fiscal, podrán ser destinados a cubrir los gastos de operación e inversión de las dependencias encargadas de aplicar o vigilar el cumplimiento de las disposiciones cuya infracción dio lugar a la imposición de la multa, cuando dicho destino específico así lo establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado." "Artículo 4o.- Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que dicha Secretaría autorice. Para efectos del párrafo anterior, las autoridades que remitan créditos fiscales al Servicio de Administración Tributaria para su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca dicho órgano." En efecto en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos, previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda, depósito que tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se llegan a causar, asegurando con ella el interés fiscal. En congruencia con lo expuesto, la medida cautelar que se concede surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la quejosa dentro del plazo de cinco días siguientes al en que se notifique esta determinación, no exhibe las constancias con las que acredite haber constituido la garantía del interés fiscal de la multa que impuesta en el Procedimiento Administrativo Sancionador **********, por un monto que asciende a la cantidad de **********, ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2ª/j.148/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXII, diciembre de 2005, página 365, de rubro y texto: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva." Asimismo, la jurisprudencia número 2.a/J.138/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVIII, octubre de 2008, página 445, de rubro y texto: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El precepto en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas distintas de garantía." Expuesto lo anterior, se concede la suspensión provisional solicitada respecto del efecto para el cual se solicitó la medida cautelar, esto es, para que no se ejecute la multa impuesta en el Procedimiento Administrativo Sancionador ********* siempre y cuando no se haya hecho efectiva la misma al momento en que se dicta la presente determinación. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J.15/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, abril de 1996, página 16, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO." Solicitud de Garantía. Dado que el acto reclamado por el cual se concedió la suspensión provisional se ubica en el supuesto previsto en el artículo 135 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que acredite haber constituido o en su caso constituya la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, en el entendido de que, en caso de no cumplir con este requerimiento en un plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo dejará de surtir efectos la medida cautelar. Notifíquese.
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