Angel Villarreal de los Santos
Expediente 381/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 30/11/2020
Partes del expediente
- Angel Villarreal de los Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad de México, treinta de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio, remitido por el Director General de Amparos, contra actos Administrativos "A", en representación de la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del cual; devuelve diversa documentación, por los motivos que ahí expone. En atención a lo anterior, y toda vez que mediante diverso proveído la autoridad responsable, solicitó copia de la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el toca del incidente de inejecución IIS 6/2020, remítase la misma, en obvio de mayores dilaciones y para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio, remitido por el Director General de Amparos, contra actos Administrativos, en representación de la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del cual solicita copias de la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el toca del incidente de inejecución IIS 6/2020, en atención a su contenido remítase la resolución que solicita; sin que haya lugar a solicitar acuse de recibo ya que la constancia de notificación hará las veces de este. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta y como delegados a las personas que refiere en su oficio de cuenta. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, tres de noviembre de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta, remitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, adjunto al cual remite el testimonio de la resolución dictada por dicho cuerpo Colegiado en el toca del incidente de inejecución IIS 6/2020, dictado por este órgano jurisdiccional, hágase del conocimiento de las partes que el referido tribunal, resolvió: "ÙNICO. Ha quedado sin materia el incidente de inejecución a que este toca se refiere. Notifíquese;." Háganse las anotaciones respectivas, acúsese de recibo; y en atención al estado procesal que guardan los autos, se provee: Causa estado declaratoria de cumplimiento Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha alguna de las partes haya interpuesto recurso de inconformidad contra del proveído de veinte de agosto de dos mil veinte, en el que se determinó que la sentencia de amparo se encuentra cumplida. En consecuencia, se declara que dicho proveído HA QUEDADO FIRME. Archivo del asunto como total y definitivamente concluido Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Destino del juicio Asimismo, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de agosto de dos mil veinte , se determina que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a) del mencionado Acuerdo General, pues se trata de un sumario constitucional en el que se concedió el amparo y protección constitucional, misma que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el recurso de revisión RA 344/2019, de su índice y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el artículo citado del referido Acuerdo. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Devolución de Documentos Originales. Finalmente, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en el presente asunto, sí fueron exhibidos por la parte quejosa documentos originales; por tanto, con fundamento en el artículo 18 del mencionado Acuerdo General, hágase de su conocimiento que deberá acudir al local que ocupa este Juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido que de no hacerlo serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables al cumplimiento de la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa han sido omisas en desahogar el requerimiento de veintiséis de noviembre del año en curso, por el cual se tuvo por recibido el testimonio remitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que el tribunal en comento resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ************, en contra de los actos que reclama de las autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para el efecto señalado en el último considerando del fallo recurrido y conforme la precisión señalada al final de esta sentencia. Notifíquese;." Ahora bien, del análisis del último considerando de la sentencia dictada en el presente juicio se desprende que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: "se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ********** para el efecto de que la Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, dependiente de la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Regional Zona Sur, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realice lo siguiente: Desincorpore de la esfera jurídica del solicitante de amparo, en el presente y en lo futuro, los artículos 51, párrafo segundo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de la Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sustenta la consideración anterior, la jurisprudencia número P./J. 112/99 con número de registro 192846, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA." Deje insubsistente el oficio ************ de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve; Dicte una nueva resolución en la que, sin aplicar los artículos 51, párrafo segundo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de la Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resuelva que el quejoso ************ tiene derecho a percibir íntegramente los pagos correspondientes a la pensión por viudez identificada con el número 398441 y a la diversa pensión por jubilación número 383793 y notifique esa determinación a la quejosa. Deberá devolver al quejoso ***********las cantidades que le hayan sido retenidas o descontadas derivado de la aplicación de los artículos 51, párrafo segundo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de la Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, desde la fecha en que le hayan sido retenidas por dicho concepto, a fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados. Sin que resulte procedente que las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión ni el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, realicen acto alguno en cumplimiento a la presente sentencia, toda vez que únicamente ejercieron sus facultades legislativas respecto de los preceptos aquí reclamados. Lo anterior en términos de la tesis 2a. CXV/97, que al rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS." En tales condiciones, por segunda ocasión con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, dependiente de la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Regional Zona Sur, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a su superior jerárquico Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Regional Zona Sur, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumplan con dichos efectos de la sentencia y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten. En el entendido de que: Las autoridades responsables y sus superiores jerárquicos deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se apercibe a las autoridades con lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese.
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