Angela Esther Arispe Basulto

Expediente 1401/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1401/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
21/09/2022

Partes del expediente

  • Angela Esther Arispe Basulto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil veintidós, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 21, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el citado ordinal 18, inciso a), del Acuerdo general relativo. Por lo cual, de conformidad con el aludido artículo 21, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el último párrafo del numeral 18 del Acuerdo normativo en comento. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico impreso como el incidental coinciden en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto para resolver los autos del juicio de amparo 1401/2022-VII-B, promovido por Ángela Esther Arispe Basulto en contra de los actos que reclama de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, así como de otra autoridad. ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado en la misma fecha a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la parte quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, y actuario de su adscripción. SEGUNDO. Por auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, previos requerimientos, se admitió a trámite la demanda, misma que se registró con el número 1401/2022-VII-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se mandó emplazar a la parte tercero interesada; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Asimismo, por auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, se desechó la ampliación de demanda amparo, respecto de los nuevos actos reclamados que atribuyó a las autoridades responsables, y en su lugar, se tuvieron por vertidos nuevos conceptos de violación. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y su ampliación, como de las constancias remitidas por las responsables, se tiene que la parte quejosa reclama: El ilegal emplazamiento al juicio ordinario civil 178/2022, promovido en su contra por Erika del Jesús Méndez Corcuera. TERCERA. Son ciertos los actos reclamados de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, así como del actuario de su adscripción, pues aun cuando negaron su existencia, en su informe justificado que rindieron realizaron manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se les atribuye, lo que se corrobora con las constancias que remitió con su aludido informe la primera mencionada. Razones por las que se tienen por existentes los actos reclamados por el quejoso en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTA. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, aquellas cuya actualización se advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Así como de la jurisprudencia 228 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS" En la especie, este órgano jurisdiccional, de oficio advierte que respecto del acto reclamado consistente en el emplazamiento practicado a Ángela Esther Arispe Basulto, en su calidad de demandada en el juicio ordinario civil 178/2022, del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, se actualiza la causa de improcedencia de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, del propio ordenamiento legal. Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas.". Ahora bien, en relación con el concepto de persona extraña a juicio, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes . VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.". Del contenido de los preceptos transcritos se advierte, que el juicio de amparo biinstancial es procedente cuando se promueve por personas extrañas al juicio, que son distintas de los sujetos de la controversia que en el procedimiento se ventila. De una interpretación sistemática y en sentido contrario de los preceptos en estudio, es factible concluir que la causal de improcedencia ahí prevista se surte cuando los actos ejecutados dentro o fuera de juicio no afecten a personas extrañas a él. En tanto, doctrinal y jurisprudencialmente se ha distinguido entre el tercero extraño en estricto sentido y el tercero extraño por equiparación. La persona extraña a juicio propiamente dicha es aquella moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila; en este caso, la persona extraña es opuesta a la de parte procesal, pues es ajena por completo a la secuela del procedimiento. En cambio, la persona extraña a juicio por equiparación, es la persona física o moral que, formando parte de la controversia, no fue llamada al procedimiento por no haber sido legalmente vinculada desde el inicio o que dejó de estarlo por alguna eventualidad procesal posterior. Sobre el tema, se invoca la jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Tomo VII, Enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 196932, página 56, cuyos rubro y texto se reproducen a continuación: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En el caso específico, precisa destacar que la quejosa Ángela Esther Arispe Basulto, solicita amparo ostentándose como tercero extraña al procedimiento por equiparación y reclama la legalidad del emplazamiento practicado en el juicio natural 178/2022, del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial de la Entidad, lo anterior, porque aduce no haber sido oída y vencida en el controvertido de origen y, en consecuencia, no pudo ejercer su defensa. Para un menor entendimiento del asunto, se hace una relación de los antecedentes que se advierten de las constancias enviadas como justificación a su informe por la Juez responsable, de las que se advierte: 1. Erika del Jesús Méndez Corcuera demandó en la vía especial ordinaria de Ángela Esther Arispe Basulto, diversas prestaciones. 2. El doce de mayo de dos mil veintidós, la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda antes referida, la registró bajo el número 178/2022 de su índice; asimismo, ordenó correr traslado y emplazar a juicio a la parte demandada Ángela Esther Arispe Basulto para que en el término de cinco días diera contestación a la demanda. 3. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la diligencia de emplazamiento, la cual se advierte tuvo verificativo con quien dijo llamarse Lourdes Ek López, empleada de la aquí quejosa. Establecido lo anterior, cabe reiterar que la parte quejosa Ángela Esther Arispe Basulto ocurrió ante esta instancia federal, ostentándose como tercero extraña por equiparación al procedimiento génesis, lo anterior en contravención a lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional, pues se ha omitido enterarla de la existencia de esa controversia, trasgrediendo con ello el derecho de audiencia. Aquí, es necesario precisar que conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para los efectos del juicio constitucional, persona extraña es, en principio, aquella que no ha configurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, claro está, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Pues bien, el juicio de amparo en el que se actúa es improcedente, dado que si bien de las constancias que conforman el contencioso de origen, y cuyos aspectos más relevantes quedaron reseñados en párrafos precedentes, se desprende que aun y cuando se haya logrado o no su emplazamiento o que se haya hecho sin las formalidades admisibles de ley según la quejosa, esto es, las contingencias que pudieren acaecer al momento de llevar a cabo la diligencia de emplazamiento, no necesariamente llevan a su ilegalidad, pues ello debe ser materia de nulidad, a través del medio ordinario conducente, en tanto válida, de ahí que ello es suficiente para desvirtuar el carácter de persona extraña a juicio. Aunado a que no se ha emitido sentencia definitiva; de lo que se colige que opuestamente a lo que la promovente sostiene, no es persona extraña al juicio, y por ende, tampoco se actualiza la hipótesis de procedencia que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; lo que de suyo conduce a decretar el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, de ese propio ordenamiento legal. Es decir, teniendo en consideración que la quejosa tuvo conocimiento del juicio seguido en su contra, cuando menos desde antes que instó la acción constitucional o bien, cuando se puso a la vista el informe justificado de la autoridad responsable en el que como ya se indicó, aún no se emite la sentencia de primera instancia, es indudable que con ello se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque ya no puede considerarse que se ubica en el supuesto relativo a que el acto reclamado le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, atendiendo a que la quejosa se encontraba ya en total conocimiento del acto de queja, debió agotar el principio de definitividad del juicio de amparo consistente en la obligación de interponer los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Verbigracia, el incidente de nulidad de actuaciones, previsto en los artículos 37 y 480, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, los cuales señalan lo siguiente: "ARTÍCULO 37. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en este Capítulo serán nulas, y el notificador que las autorice incurrirá en una multa hasta de 10 veces el salario mínimo vigente en la ciudad de Mérida, debiendo además responder de cuantos perjuicios y gastos se hayan originado por su culpa. La parte agraviada podrá promover ante el mismo Juez que conozca del negocio, el respectivo incidente sobre declaración de nulidad, dentro de los tres días siguientes a aquél en que tenga conocimiento de la notificación. ARTÍCULO 480. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata y necesaria con el negocio principal." En tales condiciones, dado el estado procesal que actualmente guarda el juicio de origen, en el que se insiste, todavía no se emite la sentencia correspondiente, es claro que se encuentra en posibilidad legal de comparecer al mismo y defender a través de los recursos o medios de defensa ordinarios, los intereses que le asisten dentro de dicho procedimiento; y no pretender mantenerse como un extraño al procedimiento cuya existencia ya conoce. Razón por la que la promovente no es persona extraña al referido procedimiento, y por ende, tampoco se encuentra legitimada en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, para instar la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 2a./J. 47/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro V, Febrero de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2000293, página 1627, cuyo texto es el siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Asimismo, la Jurisprudencia número 1a./J. 67/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro XXIII, Agosto de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Pagina 729, Registro 2004274, que reza: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso - demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Por tanto, opera la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, del referido ordenamiento legal. Motivo por el cual procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, atento a los razonamientos expuestos en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para estudiar los motivos de inconformidad hechos valer. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número VI, 1º.J/23, Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 252 del Tomo XXII- XXIV, Octubre- Diciembre de 1989, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado a la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, al no impugnarse por vicios propios, sino como consecuencia del ilegal emplazamiento en autos del juicio natural. Se cita como apoyo, la tesis de jurisprudencia número 231, consultable a foja 156, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y texto siguiente: "EJECUCION, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". QUINTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ángela Esther Arispe Basulto en contra de los actos que reclama de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, y actuario de su adscripción; por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán, quince de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase

  4. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, cinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, con motivo de la ampliación de los conceptos de violación de la parte quejosa; con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

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