Angel Xavier Sulu Chan

Expediente 1755/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1755/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Angel Xavier Sulu Chan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos y la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese la copia del oficio signado por la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual comunica que el uno de febrero de esta anualidad, decretó la suspensión del procedimiento en la carpeta administrativa 181/2022, a efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan hasta en tanto se resuelva el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia constitucional dictada en este asunto. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional se da por enterado para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el presente expediente, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la parte aquí quejosa, en contra de la sentencia constitucional pronunciada en el presente asunto. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional se da por enterado para los efectos legales correspondientes. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el presente expediente, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia constitucional pronunciada en el presente asunto. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional se da por enterado para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    ELECTR.VISTOS, para resolver el juicio de amparo 1755/2022-VII-A, promovido por Guillermo Mario Solís Guillermo, en su carácter de defensor de Ángel Xavier Sulú Chan, en contra del acto que reclama de la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Guillermo Mario Solís Guillermo, en su carácter de defensor de Ángel Xavier Sulú Chan, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós, se admitió la demanda, la que quedó registrada con el número 1755/2022-VII-A; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, junto con su informe justificado, se tiene que la parte quejosa reclama: El auto de vinculación a proceso de cuatro de julio de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 181/2022, por el delito de falsificación de documentos en su variante de uso de documento falso. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se encuentra corroborada con las constancias que remitió la autoridad responsable derivadas de la causa penal 181/2022, así como en el disco versátil digital (DVD), relativo al audio y video de las audiencias de veintinueve de junio y cuatro de julio de dos mil veintidós. Los cuales alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que constituye un documento expedido por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. Inexistencia de alguna causal de improcedencia. Al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de la litis constitucional. Los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa son fundados, suplidos en su deficiencia, al tenor de la fracción III inciso a) del artículo 79 de la Ley de Amparo, por lo que procede otorgar la protección constitucional. En el caso, como ya se dijo, el quejoso Ángel Xavier Sulú Chan, por conducto de su defensor, reclama de la autoridad judicial responsable el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en autos de la causa penal 181/2022, por el delito de falsificación de documentos en su variante de uso de documentos falsos, previsto y sancionado por el numeral 284 fracción V, en relación con el 283, ambos del Código Penal del Estado, denunciado por Agustín Genaro Laines García, fundándose en los siguientes hechos: "Que en fecha veintidós de septiembre de dos mil quince, aproximadamente a las once horas con cuarenta y cinco minutos, el imputado Ángel Xavier Sulú Chan, promovió ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, un juicio ejecutivo mercantil en contra de Agustín Genaro Laines García, mismo que fue radicado con el número 1114/2015; siendo el caso, que al promover el citado procedimiento ofreció como prueba a sabiendas de que era falso, el documento consistente en el pagaré original suscrito el día 24 de septiembre de 2012, por el denunciante Agustín Génaro Laines García, a favor de Reyes Joaquín Barrera Quintal, por la cantidad de $800,000.00 (ochocientos mil pesos, moneda nacional), siendo el caso, que al practicarse diversos dictámenes en materia de grafoscopía al referido pagaré, se determinó que la firma y los textos manuscritos que obran en el mismo, no fueron puestos por el ciudadano Agustín Génaro Laines García." Como se ha dicho, son fundados los motivos de inconformidad, suplidos en su deficiencia, en virtud de que en el caso que nos ocupa se advierte que ha prescrito la acción penal ejercitada en contra del imputado, hoy quejoso. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia1a./J. 18/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 328, del Tomo IX, Mayo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 194068, de rubro y texto siguientes: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE ANALIZARSE EN AMPARO INDIRECTO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO AL RESPECTO. El Juez de Distrito tiene la obligación de analizar la legalidad del acto reclamado, tomando en cuenta diversos aspectos: competencia de la autoridad, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc. Esta obligación es más intensa tratándose del juicio de garantías en materia penal, pues el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, previene la suplencia total de la queja en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación. De ahí que cuando en la demanda de garantías el quejoso haga valer como concepto de violación en contra del auto de formal prisión reclamado, que la acción penal se encontraba prescrita, el juzgador tiene el deber de estudiar tal argumento, a pesar de que no se le hubiera propuesto a la autoridad responsable. Tal proceder, en modo alguno puede estimarse como una indebida sustitución del Juez, o infracción a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, pues este precepto sólo lo obliga a apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; esto es, a no allegarse más pruebas que le permitan conocer los hechos, que aquellas que formen parte de la averiguación previa, o que hayan sido admitidas por la autoridad responsable. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen." En relación con el tema de la prescripción de la acción penal, se impone atender el contenido de los artículos relacionados a dicho tópico, que son los numerales 119 a 121, 125 a 127 del Código Penal del Estado de Yucatán, aplicables en la época de los hechos (año dos mil dieciséis), mismos que disponen lo siguiente: "Artículo 119.- La acción penal prescribe en un año si el delito sólo mereciere multa. Si el delito mereciere además de ésta, sanción privativa de libertad o fuere alternativa, se estará en todo caso a la prescripción de la acción penal, en los términos del artículo siguiente y lo mismo se observará cuando corresponda imponer alguna otra sanción accesoria." "Artículo 120.- La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso será menor de tres años." "Artículo 121.- Cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito que sólo pueda perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año contado desde el día en que, quienes pueden formularlos, tengan conocimiento del delito y del imputado, y en tres, independientemente de esta última circunstancia. Pero una vez llenado el requisito de procedibilidad o el acto equivalente dentro del término antes señalado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio." "Artículo 125.- La prescripción de las acciones penales se interrumpirá por las actuaciones del Ministerio Público o de la autoridad judicial que se practiquen en la investigación del delito, aunque por ignorarse quiénes sean los imputados, las diligencias no se practicaren contra personas determinadas. La prescripción también se interrumpirá por las causas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a contarse de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia." "Artículo 126.- La prescripción de las acciones se interrumpirá también por el requerimiento de auxilio en la investigación del delito o del imputado; por las diligencias que se practiquen para obtener la extradición internacional y por el requerimiento de entrega del imputado que formalmente haga el Ministerio Público de esta entidad federativa al de otra donde aquél se refugie, se localice o se encuentre detenido por el mismo o por otro delito. En el primer caso, también causarán la interrupción las actuaciones que practique la autoridad requerida y en el segundo, subsistirá la interrupción hasta en tanto la autoridad requerida niegue la entrega o en tanto desaparezca la situación legal del detenido, que dé motivo al aplazamiento de su entrega. La interrupción de la prescripción de la acción penal, hará que se amplíen hasta una mitad como máximo los plazos señalados en los artículos 119, 120, 121, 122 y 123 de este Código, a cuyo vencimiento quedará consumada la prescripción." "Artículo 127.- Las prevenciones contenidas en los artículos 125, primer párrafo y 126 de este Código, no operarán cuando las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del tiempo necesario para la prescripción, la cual ya no podrá interrumpirse, salvo por la aprehensión del imputado. Se exceptúa de la regla anterior el plazo que el artículo 121 de este Código fija para que se satisfaga la querella u otro requisito equivalente." A su vez, el numeral 10 de dicho ordenamiento sustantivo local, dispone: "Artículo 10.- Delito instantáneo es aquél cuya consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado sus elementos constitutivos." Del análisis de los reproducidos preceptos, se obtiene que para efectos de realizar el cómputo de la prescripción de la acción penal, es menester atender a tres cuestiones fundamentales, a saber: 1.- El término para que opere; 2.- A partir de cuándo debe computarse dicho término; y, 3.- Qué actuaciones interrumpen la prescripción. En relación con el punto número "1" (el término para que opere), y en tratándose de delito que merece pena privativa de libertad, como en el caso a estudio, los artículos 119 y 120 transcritos establecen, como regla genérica, que la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso será menor de tres años. En cuanto al punto número "2" (a partir de cuándo debe computarse dicho término), tomando en consideración que el ilícito de falsificación de documentos en su variante de uso de documentos falsos, es un delito instantáneo, que no se persigue por querella de parte ofendida por no establecerlo así la ley de la materia, y cuya consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado sus elementos constitutivos, es que se contará a partir del momento en que se consumó el delito. Y en lo que ve al punto "3" (las actuaciones que interrumpen la prescripción), el artículo 125 de la mencionada codificación dispone que la prescripción de las acciones penales se interrumpirá por las actuaciones del Ministerio Público, o de la autoridad judicial, que se practiquen en averiguación del delito, aunque por ignorarse quiénes sean los delincuentes, las diligencias no se practicaren contra personas determinadas, y que si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a contarse de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia. Salvo cuando las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del tiempo necesario para la prescripción, en cuyo caso ya no podrá interrumpirse la prescripción de la acción penal, salvo por la aprehensión del imputado. Por otra parte, es pertinente destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tanto al obsequiarse la orden de aprehensión, así como al dictarse el auto (vinculación a proceso) de plazo constitucional respectivo, debe fijarse el delito, ya sea en forma simple o con sus respectivas modificativas (sean de tipo agravante o atenuante); de ahí que en cualquier fase del procedimiento penal, el plazo para que opere la prescripción debe computarse a partir del establecimiento del delito que se le atribuye al probable responsable. Esto es, debe tomarse en cuenta el delito por el cual se sigue el procedimiento, de manera que la prescripción quedará condicionada al transcurso del término establecido para la sanción que corresponda al delito concreto señalado en cada etapa procesal. Resulta aplicable por su esencia, la tesis jurisprudencial 1a./J. 65/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PARA SU CÓMPUTO DEBE ATENDERSE A LA PENALIDAD APLICABLE AL DELITO ESTABLECIDO EN CADA FASE QUE INTEGRA EL PROCEDIMIENTO PENAL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tanto al obsequiarse la orden de aprehensión como al dictar el auto de formal prisión, debe fijarse el delito, ya sea en forma simple o con sus respectivas calificativas, modalidades o modificativas; de ahí que en cualquier fase del procedimiento penal, el plazo para que opere la prescripción debe computarse a partir del establecimiento del delito que se le atribuye al probable responsable. Así, la prescripción se actualiza en cada etapa procesal, tomando en cuenta el delito por el cual se emite la determinación respectiva, atendiendo a si existen o no calificativas sobre el ilícito establecido y conforme a la legislación correspondiente. Esto es, debe considerarse la pena del delito configurado atribuido al responsable, ya sea básico o con todas sus modalidades o circunstancias modificativas o calificativas, lo cual deriva en la obligación constitucional y legal de todo juzgador consistente en que al emitir una orden de aprehensión, auto de formal prisión, apelación o cualquier otro acto durante el proceso determine, según el delito de que se trate, los datos que acrediten los elementos del tipo penal, no sólo para precisar la figura delictiva básica, sino también para que, de ser el caso, se configure su específica referencia a un tipo complementado, subordinado o cualificado, pues no debe perderse de vista que durante el proceso penal pueden actualizarse diferentes fases, por lo que deben determinarse con precisión sus elementos constitutivos, incluyendo las modificativas o calificativas que, en su caso, surjan de los hechos materia de la etapa procesal de que se trate. Por tanto, debe tomarse en cuenta el delito determinado por el cual se sigue el procedimiento, en cualquiera de sus fases, de manera que la prescripción quedará condicionada al transcurso del término establecido para la sanción que corresponda al delito concreto señalado en cada etapa procesal. Lo anterior es así, porque conforme al principio de seguridad jurídica, en cada una de ellas puede modificarse el delito, por lo que si al obsequiar la orden de aprehensión se le atribuye al probable responsable determinado ilícito, el término para que opere la prescripción se computará de acuerdo a los plazos previstos en la legislación correspondiente, y si al dictado del auto de formal prisión se le ubica en uno diverso, ya sea básico o con calificativas, el indicado término se computará de acuerdo a la penalidad aplicable a esta nueva valoración del delito, y de igual forma tendrá que hacerse en cada una de las fases que integran el procedimiento penal." Finalmente, es menester señalar que el tema de la prescripción de la acción penal puede ser analizado en cualquiera de las instancias, e inclusive el juicio de amparo, aún y cuando la autoridad responsable no se hubiere pronunciado al respecto. En sustento a lo anterior, se invoca la tesis jurisprudencial aprobada por la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE ANALIZARSE EN AMPARO INDIRECTO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO AL RESPECTO. El Juez de Distrito tiene la obligación de analizar la legalidad del acto reclamado, tomando en cuenta diversos aspectos: competencia de la autoridad, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc. Esta obligación es más intensa tratándose del juicio de garantías en materia penal, pues el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, previene la suplencia total de la queja en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación. De ahí que cuando en la demanda de garantías el quejoso haga valer como concepto de violación en contra del auto de formal prisión reclamado, que la acción penal se encontraba prescrita, el juzgador tiene el deber de estudiar tal argumento, a pesar de que no se le hubiera propuesto a la autoridad responsable. Tal proceder, en modo alguno puede estimarse como una indebida sustitución del Juez, o infracción a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, pues este precepto sólo lo obliga a apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; esto es, a no allegarse más pruebas que le permitan conocer los hechos, que aquellas que formen parte de la averiguación previa, o que hayan sido admitidas por la autoridad responsable. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen." De igual manera, es ilustrativa la tesis aislada emitida igualmente por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y SUPLENCIA DE LA QUEJA. Si de acuerdo con el artículo 183 de la Ley de Amparo, esta Primera Sala debe suplir la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal el quejoso no la alega, por la misma razón jurídica debe considerar la extinción de la acción persecutoria cuando, aducida en la apelación, la responsable deja de estudiarla. Es decir, en puridad, esta Sala siempre debe estudiar, como presupuesto de las violaciones de fondo que se invocan, si la acción penal está o no prescrita, pero si, como sucede en la infinita mayoría de asuntos, el quejoso no la argumenta como concepto de violación y además no existe tal prescripción, resultaría ocioso hacer relación de ella. Como consecuencia, no es el caso de que se conceda el amparo para el efecto de que la responsable estudiara la prescripción, en virtud de que como se ha dicho, esta Suprema Corte de Justicia, por imperativa del artículo 183 mencionado, tiene la obligación preferente de resolver la citada prescripción tratándose de la acción penal." Luego, atendiendo a que el delito por el cual se decretó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso Ángel Xavier Sulú Chan, es el de falsificación de documentos en su variante de uso de documentos falsos. El cual se encuentra sancionado en el artículo 283 del Código Penal del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, con una pena de seis meses a tres años de prisión y de diez a cincuenta días-multa, aumentada en una mitad en virtud de haber sacado el falsario un provecho para sí, en perjuicio de un tercero. Por lo que, el término medio aritmético de la sanción a imponer en el presente caso, lo es, el de tres años que es el término mínimo para la prescripción de la acción penal establecido en el numeral 120 del Código sustantivo local, dado que el término medio a imponer por el delito atribuido es de dos años siete meses quince días. En consecuencia, tomando en consideración que el delito de falsificación de documentos en su variante de uso de documentos falsos, es un delito de naturaleza instantánea, por lo que su consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado sus elementos constitutivos, entonces la prescripción de ese delito se contará a partir del momento en que se consumó el delito. El cual de acuerdo con lo narrativa de los hechos plasmados en la resolución reclamada, se dio el veintidós de septiembre de dos mil quince. Siendo que el término para la prescripción del ilícito en mención se vio interrumpida el día cuatro de noviembre de dos mil quince, fecha en que Agustín Genero Laines García ratificó ante la autoridad ministerial su denuncia que presentó en contra del hoy quejoso por los hechos delictuosos que le imputó. Por lo que de esta fecha (4 de noviembre de 2015) al cuatro de mayo de dos mil diecisiete, transcurrió la mitad del tiempo necesario para la prescripción de la acción penal, sin que se hubiera hecho la consignación relativa, ya que la formulación de la imputación se realizó hasta el veintinueve de junio de dos mil veintidós. Por lo que en esas condiciones, el término para la prescripción de dicha acción penal feneció el tres de noviembre de dos mil dieciocho, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del citado código sustantivo local, cuando la actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del tiempo necesario para la prescripción, ya no podrá interrumpirse la prescripción de la acción penal, salvo por la aprehensión del imputado. Además, que el diverso numeral 120 del propio ordenamiento, dispone que el plazo para que opere la prescripción de la acción penal por delitos consumados prescribiría en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad que corresponda al delito, el cual en ningún caso será menor de tres años. Por lo que, del cuatro de noviembre de dos mil quince, fecha de la ratificación de la denuncia, al veintinueve de junio de dos mil veintidós, en que formuló imputación el Ministerio Público, es inconcuso que transcurrieron en exceso los tres años que es el término medio aritmético mínimo establecido por la ley, para decretar la prescripción de la acción penal; por lo que, de acuerdo a lo que señala el dispositivo 116 del Código Penal del Estado de Yucatán, extingue la acción penal. En las relatadas consideraciones, procede CONCEDER al quejoso Ángel Xavier Sulú Chan, la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad: 1.- Deje insubsistente la determinación de cuatro de julio de dos mil veintidós, en la que decretó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, aquí quejoso, por el delito de falsificación de documentos en su variante de uso de documentos falsos, previsto y sancionado por el numeral 284 fracción V, en relación con el 283, ambos del Código Penal del Estado, dentro de la causa penal 181/2022, que se sigue en contra del aquí quejoso; y, 2.- Dicte una nueva, en la que atendiendo a las directrices trazadas en la presente sentencia constitucional, haga la declaración de que operó la prescripción de la acción penal por los hechos que se le atribuyen al implicado y, en consecuencia, sobresea en la causa al tenor de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo cual deberá hacer de su conocimiento. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública;. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Ángel Xavier Sulú Chan, en contra del acto reclamado a la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en la parte final del mismo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.

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