Angela Beltran Huerta

Expediente 135/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
135/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
19/05/2022

Partes del expediente

  • Angela Beltran Huerta
  • Margarita Leal Palma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual acusa recibo de los anexos certificados relativos al juicio 644/2020, que fueron enviados a ese Juzgado de Distrito con motivo de la separación de autos del expediente 644/2020; atento a su contenido, se tiene por hecha la comunicación vertida, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a doce de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, con fundamento en los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual comunica el acuerdo de nueve de mayo actual, dictado en el Juicio de Amparo 644/2020 de su índice, mediante el cual acusa de recibo de los anexos enviados por este órgano Jurisdiccional, asimismo, comunica que ese Juzgado resolverá el asunto de que se trata; al respecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, teniendo por hecha la comunicación vertida y por satisfecho lo solicitado. Por lo anterior, se ordena el archivo del presente cuaderno de antecedentes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21 del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que este Juzgado Federal se declaró incompetente para conocer del asunto; lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Martha Angélica Gómez Vázquez, mediante el cual devuelve el oficio 9843/2022, que contiene el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dirigido al presidente de la República, toda vez que el mismo debe ser dirigido al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ser quien lo representa en este juicio de amparo; al respecto, se tiene por hechas sus manifestaciones para los efectos legales conducentes, y ordénese reenviar dicho oficio a la autoridad que se indica para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a tres de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 11804/2022 firmado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual comunica el proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio de amparo 511/2022-I de su índice, y a su vez remite copia de las constancias que obran en dicho juicio de amparo, del que se advierte que no acepta la competencia declinada por éste Juzgador, por las razones que ahí menciona y ordena la devolución de los autos del presente juicio; acúsese de recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, este Juzgado se avoca al conocimiento de este asunto. No se comparte separación. Ahora bien, y luego de que el Juzgado Sexto mediante auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, ordenó la separación de los autos; este Juzgado Federal, respetuosamente no comparte la decisión de su homólogo, pues considera improcedente la separación de juicios propuesta por el Juzgado declinante, por los motivos que a continuación se expondrán. Primeramente, destaca que el Juzgado oficiante realiza la separación de juicios, por cuanto hace a los actos reclamados y autoridades responsables, de la siguiente forma: 1. Del Congreso del Estado de Morelos: la aprobación del convenio intermunicipal de transferencia de obligaciones entre los municipios de Puente de Ixtla, y Xoxocotla, ambos del Estado de Morelos, contenido en el decreto 696, publicado el diecisiete de julio de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado de Morelos. 2. De la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos: la omisión de informar y consultar la aprobación del convenio intermunicipal de transferencia de obligaciones entre los municipios de Puente de Ixtla, y Xoxocotla, ambos del Estado de Morelos, así como violación al procedimiento y la omisión de respetar la libre determinación del municipio en la firma del mismo. 3. Del Gobernador del Estado de Morelos: la promulgación del decreto 696, publicado el diecisiete de julio de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado de Morelos. 4. Del Secretario de Gobierno del Estado de Morelos y Director del Periódico Oficial del Estado: la orden de publicación y la publicación respectivamente del decreto 696, publicado el diecisiete de julio de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado de Morelos. 5. Del Concejero Presidente, Consecejero Sindico y Secretario Municipal todos del Municipio de Xoxocotla, Morelos: la omisión de informar y consultar la aprobación del convenio intermunicipal de transferencia de obligaciones entre los municipios de Puente de Ixtla, y Xoxocotla, ambos del Estado de Morelos, así como violación al procedimiento y la omisión de respetar la libre determinación del municipio en la firma del mismo. 6. Del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario, todos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos: la omisión de informar y consultar la aprobación del convenio intermunicipal de transferencia de obligaciones entre los municipios de Puente de Ixtla, y Xoxocotla, ambos del Estado de Morelos, así como violación al procedimiento y la omisión de respetar la libre determinación del municipio en la firma del mismo. 7. Del Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos: la inminente aplicación del decreto 696, publicado el diecisiete de julio de dos mil veinte, en los autos del expediente 452/2006. Del Juzgado de lo Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos: 8. La inminente aplicación del decreto 696, publicado el diecisiete de julio de dos mil veinte, en los autos del expediente 144/2012. 9. La inminente aplicación del decreto 696, publicado el diecisiete de julio de dos mil veinte, en los autos del expediente 144/2012. 10. La inminente aplicación del decreto 696, publicado el diecisiete de julio de dos mil veinte, en los autos del expediente 144/2012. 11. La inminente aplicación del decreto 696, publicado el diecisiete de julio de dos mil veinte, en los autos del expediente 144/2012. 12. Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero: La inminente aplicación del decreto 696, publicado el diecisiete de julio de dos mil veinte, en los autos del expediente 91/2014. Ahora, conviene destacar que al resolver la contradicción de tesis 6/1996, el Pleno del Más Alto Tribunal del País, en esencia, estimó que aun cuando la figura de separación de juicios no está específicamente regulada en la Ley de Amparo, debía tomarse como base el artículo 57 de la abrogada ley de la materia, que establecía la procedencia de la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, pues fuera de los casos que ahí se preveían, en cualquier otro supuesto se requiere hacer separación. En lo que interesa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia estableció que procede la separación de juicios, pero sólo cuando los actos provengan de diversos juicios desvinculados entre sí. Esto es, estableció que aun cuando la figura de "separación" no esté regulada específicamente por la Ley de Amparo, ésta debe ser implementada aplicando en sentido contrario las disposiciones que regulan la acumulación de juicios precisadas por el artículo 57 de ese ordenamiento, cuando del texto de la demanda de amparo se advierta que se reclaman actos provenientes de diversos juicios; lo que tiene como finalidad evitar el dictado de una sentencia incongruente consigo misma, con la consecuente problemática que implicaría su cumplimiento. Los anteriores razonamientos se encuentran contenidos en la jurisprudencia P./J. 76/97, de registro 197671, que dispone lo siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." De ahí que considerando los mismos principios que sirvieron de fundamento a la referida jurisprudencia, es claro que a fin de no crear una incertidumbre jurídica y a su vez denegar justicia a quien acude a solicitar la protección de la Justicia Federal, la separación de juicios es procedente desde luego, siempre y cuando los actos reclamados en la demanda tengan existencia autónoma y no dependan entre sí, es decir, que persigan el mismo objeto procesal, pues de resultar así, no debe decretarse la separación, en virtud de que no es factible dividir la continencia de la causa. Los aspectos anteriores se actualizan en el presente caso y, por ende, se estima improcedente la separación de juicios propuesta por la Juzgadora declinante, toda vez que, tal como se advierte de la copia certificada de la demanda de amparo y anexos, la causa originaria de los actos reclamados, pretende comprobar la ilegalidad de un convenio intermunicipal de transferencia de obligaciones entre Municipios, por la omisión de realizar consulta previa, y la creación en consecuencia del Decreto con la finalidad de lograr desincorporarlo de su esfera jurídica, al sostener que les ha sido aplicado en diversos juicios del orden civil. Esto es, la acción de amparo de la parte quejosa, al reclamar diversos actos de distintas autoridades, tiene un solo objetivo a saber: lograr evidenciar la falta de consulta previa para celebrar el Convenio Intermunicipal de Trasferencia de Obligaciones entre los Municipios de Puente Ixtla y Xoxocotla en el Estado de Morelos que llevaron a la creación del Decreto 696, publicado el diecisiete de julio de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado de Morelos (en adelante Convenio y Decreto), que se tilda de ilegal -proceso legislativo- y en consecuencia, su aplicación. Es cierto que la quejosa reclama la aplicación del Convenio y Decreto que tilda de ilegales, en distintos juicios civiles donde no es parte formal. No obstante, esa sola circunstancia, se considera, no justifica la separación propuesta, pues con independencia de si le asiste razón a la parte quejosa o no, en señalar distintos contradictorios civiles como acto de aplicación, lo cierto es que al impugnar la legalidad de disposiciones normativas que considera le afecta en su esfera de derechos, el acto de aplicación (se genere o no en la realidad fáctica), es una consecuencia directa del acto reclamado en primer término, esto es de la ilegalidad del Convenio y Decreto que asegura son contrarios a derecho. Lo anterior, se advierte en forma clara del texto de la demanda y en particular se cita el siguiente extracto: "En cuanto hace a la molestia que nos causó como habitantes del municipio Indígena de Xoxocotla en decreto 696 y la aprobación del Convenio Inter Municipal de Transferencia de Obligaciones es a razón de que de por si no contamos con un presupuesto suficiente para el otorgamiento de los servicios municipales a la comunidad, ahora con una deuda de más de 120,000, 000 millones de pesos, cuando las autoridades ejecutoras apliquen el decreto 696 para el inminente requerimiento de pago a nuestro Municipio, esto es a razón de que dicho decreto que se combate señala en sus CONSIDERACIONES, específicamente el considerando sexto dice: 'VI. Así mismo se estableció en la cláusula tercera del Convenio en cuestión que el municipio de Xoxocotla, Morelos, libera al municipio de Puente de Ixtla, Morelos, especificarle de las obligaciones precisados en el punto que antecede, esto es de los juicios civiles y mercantiles y de las obligaciones derivadas de las cuentas pendientes por pagar identificadas como anexo 1ª del Convenio que nos ocupa' anexo del cual desconocemos el contenido, pero es inminente que el Municipio Xoxocotla tendrá que cumplir con dichas obligaciones, al aplicarse el decreto 696, por lo que se nos condena que el Consejo Municipal colapse y deje de dar los servicios municipales de limpia publica, de servicios de Seguridad Pública, de obra para el desarrollo y bienestar de nuestras familias, así como el mantenimiento de la red de drenaje sanitario, y la atención propia del Consejo Municipal al pueblo de Xoxocotla, así como el pago a sus trabajadores y si esto llegara a suceder nos veríamos reducidos y afectados en forma directa al no poder contar con los servicios esenciales que dota un Ayuntamiento a sus habitantes, además de que sería un acto de discriminación por nuestra condición de indígenas, puesto que de cargar con la deuda nos veríamos reducidos en nuestro desarrollo físico y mental así como una vida digna tal y como lo exige el Articulo 12, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, los Artículos 22, 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como habitantes de Xoxococla al cual tenemos por derecho por Ley y señalando los convenios internacionales firmados por el Estado Mexicano." Incluso, de la lectura integral de la demanda constitucional se advierte que los considerados por la quejosa como actos de aplicación corresponden a: 7. Del Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos: la inminente aplicación del decreto 696, publicado el diecisiete de julio de dos mil veinte, en los autos del expediente 452/2006. Del Juzgado de lo Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos: 8. La inminente aplicación del decreto 696, publicado el diecisiete de julio de dos mil veinte, en los autos del expediente 144/2012. 9. La inminente aplicación del decreto 696, publicado el diecisiete de julio de dos mil veinte, en los autos del expediente 144/2012. 10. La inminente aplicación del decreto 696, publicado el diecisiete de julio de dos mil veinte, en los autos del expediente 144/2012. 11. La inminente aplicación del decreto 696, publicado el diecisiete de julio de dos mil veinte, en los autos del expediente 144/2012. 12. Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero: La inminente aplicación del decreto 696, publicado el diecisiete de julio de dos mil veinte, en los autos del expediente 91/2014. Claramente se advierte que la parte inconforme no formuló conceptos de violación por vicios propios de dichos juicios civiles, sino se insiste, se trata de lo que considera como actos de aplicación del Decreto y Convenio que tilda de ilegales. Consecuentemente, no es factible dar trámite a la demanda separada en los términos que pretende el Juzgado oficiante, porque de hacerlo se generaría el estudio de una acción constitucional fragmentada, incluso con el riesgo de sentencias contradictorias. Por tanto, se estima que en la especie, y atendiendo a las circunstancias precisadas, aun cuando los actos reclamados que pretende separar la Juzgadora oficiante, se llevaran en distintos juicios civiles, lo cierto es que, el acto destacado es la ilegalidad del Convenio y Decreto del que se viene hablando y sus distintos actos de aplicación en distintos juicios, esto último no se combate por vicios propios sino en consecuencia; de ahí que no se actualiza la condicionante jurisprudencial para que la separación sea procedente. Luego, se estima que en derecho, corresponde que un mismo órgano jurisdiccional resuelva íntegramente el planteamiento constitucional hecho valer por la quejosa, pues se insiste, de hacerlo en forma separada, se correría el riesgo de emitir sentencias contradictorias, máxime cuando la causa de pedir deriva de la determinación respecto a la legalidad o no del Convenio Intermunicipal de Trasferencia de Obligaciones entre los Municipios de Puente Ixtla y Xoxocotla en el Estado de Morelos, que llevaron a la creación del Decreto 696, publicado el diecisiete de julio de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado de Morelos y en consecuencia su desincorporación de la esfera jurídica en los que asegura son actos de aplicación, ya que el análisis fragmentado de la demanda en la forma pretendida, implicaría que el acto de aplicación se analice en forma abstracta sin el examen previo respecto a la legalidad de la norma que se tilda de ilegal, lo que evidentemente haría nugatorios los derechos de la peticionaria del amparo. Se estima aplicable la tesis cuyos datos de localización y texto, enseguida se transcriben: Décima época Registro: 2007504 Instancia: Plenos de Circuito Tipo Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, abril de 1997 Materia: Común Tesis: PC.IA.J/26 K (10ª.) Página: 1026 "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO Y SU AMPLIACIÓN PROMOVIDA CONTRA NORMAS GENERALES (FEDERALES O ESTATALES) Y SUS ACTOS DE EJECUCIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ QUE PREVINO Y CONOCIÓ ORIGINALMENTE DE LA DEMANDA, NO OBSTANTE QUE DICHOS ACTOS SE ORIGINEN EN PROCEDIMIENTOS DIVERSOS Y SEAN INICIADOS POR AUTORIDADES DIFERENTES Y EJECUTADOS EN ENTIDADES FEDERATIVAS DISTINTAS. De la interpretación del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concluye que en los casos en los que se controvierte una norma general y, como consecuencia, actos de aplicación dentro de diversos procedimientos administrativos, seguidos en distintas entidades federativas contra la misma quejosa, es evidente que sus efectos han comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siguen ejecutándose en otro; de ahí que como la inconstitucionalidad se hace derivar de la planteada sobre aquella norma, el Juez competente para conocer del asunto es el que previno y conoció originalmente de la demanda, se controviertan esos actos por vicios propios o no, siempre que dentro de la jurisdicción de éste se hayan ejecutado actos de aplicación de los cuales deba conocer. Ello, porque el tema central de la controversia radica en la constitucionalidad de normas generales, de manera que el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o el reglamento del que concierne a su aplicación, ya que los actos de ejecución son precisamente los que causan perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o reglamento; sin que para ello sea óbice que los actos de ejecución se originen en procedimientos diversos, iniciados por autoridades diferentes y ejecutados en distintas entidades federativas, toda vez que la unidad de la controversia se encuentra en la impugnación de las normas generales, por lo que no puede dividirse la continencia de la causa. Por tanto, este Juzgado Federal no comparte los razonamientos expuestos para sustentar la separación planteada por el Juez oficiante, por lo que respetuosamente no se acepta el conocimiento del asunto. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente asunto al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, por ser el órgano que previno. En razón de la resolución adoptada, devuélvanse las copias certificadas del cuaderno principal, y anexos de pruebas remitidos por el Juez oficiante. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

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