Angel Villegas Abarca

Expediente 148/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
148/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Angel Villegas Abarca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido en exceso según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se desechó la demanda de amparo, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales Infórmese a la parte quejosa que cuenta con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presente debidamente identificado en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso se hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe. VJRH

  2. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con la totalidad de los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables, mediante los cuales se les comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a las autoridades responsables copia de la sentencia dictada en autos, para que estén en posibilidades de dar cumplimiento a la misma. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión provisional. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Devolución de billete En otro sentido, toda vez de que obra en la caja de valores de este Juzgado Federal el billete de depósito número N925421, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional, comuníquese a la parte quejosa que cuenta con el término de dos años para que pueda recoger en este órgano jurisdiccional el billete de depósito que obren en autos, el que fue exhibido para garantizar la suspensión provisional concedida; bajo el apercibimiento que transcurrido dicho plazo, el documento de referencia se hará efectivo a favor del erario federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Tesorería de la Federación. Asimismo, dígase al quejoso que para la devolución del citado billete de depósito, deberá comparecer personalmente ante este Tribunal Federal, debidamente identificado, en la inteligencia de que dicho documento será entregado únicamente a la parte quejosa; lo anterior, por razón de seguridad para este Juzgado y de garantía para el propio impetrante. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa que genere en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micro sitios "Servicios Judiciales". Ahora bien, se tiene por recibido el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito exhibido en el presente juicio de amparo. En ese sentido, dígasele al promovente que deberá de estarse a lo acordado en líneas que anteceden. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 148/2022, promovido por Ángel Villegas Abarca por su propio derecho contra actos de los Jueces de Control del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Jojutla, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Ángel Villegas Abarca, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables: JUEZ DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, EN JOJUTLA, MORELOS JUEZ DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, EN JOJUTLA, MORELOS. JUEZ DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS CON RESIDENCIA EN JOJUTLA, MOR JUEZ DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ADSCRITO A LA CIUDAD JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS JUEZ DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ADSCRITO A LA CIUDAD JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS JUEZ DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ADSCRITO A LA CIUDAD JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS COORDINACIÓN GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS DIRECTOR DE APREHENSIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS DIRECTOR DE LA POLICÍA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA FISCALÍA REGIONAL SUR-PONIENTE CON SEDE EL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUÁREZ, MORELOS Acto reclamado: ".la orden de detención, aprehensión ." SEGUNDO. El once de febrero de dos mil veintidós, esta autoridad admitió la demanda, radicó el asunto con el número de expediente 148/2022, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, el estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La orden de aprehensión o detención, emitida en su contra. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, DOS JUECES DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, EN JOJUTLA, MORELOS; TRES JUECES DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ADSCRITO A LA CIUDAD JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS; FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS; COORDINACIÓN GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS; DIRECTOR DE APREHENSIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS; DIRECTOR DE LA POLICÍA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA FISCALÍA REGIONAL SUR-PONIENTE CON SEDE EL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUÁREZ, MORELOS; negaron el acto reclamado. Se afirma lo anterior, pues además de la negativa de dichas autoridades responsables, el aquí quejoso Ángel Villegas Abarca, no desvirtuó tal aserto, en tanto no ofreció prueba alguna que justifique la existencia de alguna orden restrictiva de libertad, a pesar de que a él le correspondía dicha carga probatoria, pues atento a los principios "a instancia de parte agraviada" y "agravio personal directo", que son rectores del juicio de amparo, es la parte quejosa la que está constreñida a demostrar la existencia del acto de autoridad que afirma le causa perjuicio en su esfera jurídica de derechos. En tales condiciones, resulta procedente sobreseer en el juicio de amparo, ante la inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, Sexta Época, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". Así, como la diversa jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a./J. 36/98, de la Primera Sala de ese Alto Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, junio de 1998, Materias Penal y Común, página 5, de rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN". Y, el criterio sustentado en la jurisprudencia VI.2o. J/308, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 80, agosto de 1994, materia común, página 77, que se titula: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO". CUARTO. La autoridad señalada como responsable, JUEZ DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON RESIDENCIA EN JOJUTLA, fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, no obstante de encontrarse legal y oportunamente notificada para tal efecto, y haber transcurrido en exceso el término de quince días que le fue otorgado para rendirlo; en consecuencia, con apoyo en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como presuntivamente cierto el acto mismo. QUINTO. Estudio y resolución del asunto. No es necesario trascribir los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en su escrito de demanda, ya que no se requiere para el desarrollo y dictado de la resolución. Sobre el particular, es aplicable la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que aparece bajo el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Son infundados los conceptos de violación, pues en ellos el quejoso alega básicamente que la autoridad responsable transgrede en su perjuicio, las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 20, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la autoridad responsable trata de privarlo de su libertad. Ahora bien, previo a examinar el cuestionamiento aludido, se impone acudir a ciertos aspectos generales que giran en torno a la interpretación del artículo 117, párrafo tercero de la Ley de Amparo. El indicado precepto legal, estatuye: "Artículo 117. . Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley.". Cabe destacar que lo relativo a la obligación oficiosa del Juez de Distrito de recabar pruebas o actuaciones procesales que no obren en el expediente, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, a que hace referencia el diverso numeral 75, párrafo tercero del mismo cuerpo de leyes, no emerge en el caso justiciable, merced a que, este supuesto solamente surge cuando la autoridad responsable ya rindió su informe con justificación y siempre que se estimen necesarias para la emisión del fallo respectivo. Empero, cuando la autoridad es omisa o advierte la certeza del acto reclamado en su informe justificado, no tiene aplicación el antedicho artículo 75, párrafo tercero, ya que en esta hipótesis debe aplicarse el precepto 117 de la ley de la materia, que establece, en términos genéricos, que corresponde a la parte quejosa demostrar que el acto reclamado es inconstitucional, cuando no es violatorio de derechos fundamentales en sí mismo. Es ilustrativa a la anterior consideración, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6530, Tomo LXXII, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. Según el artículo 149 de la Ley de Amparo, la falta de informe de la autoridad responsable, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad dependa de motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, esto es, el quejoso no queda relevado de la carga de la prueba, sino cuando el acto sea en sí mismo violatorio de garantías. En consecuencia, los Jueces de Distrito nunca pueden dar por probados los conceptos de violación, cuando la inconstitucionalidad dependa de ciertos hechos susceptibles de ser acreditados en el juicio, por dicho quejoso." Retomando el examen del artículo 117 de la Ley de Amparo, se advierte que prevé dos aspectos distintos, a saber: a) La falta de informe justificado produce la presunción de certeza del acto reclamado, salvo prueba en contrario. b) Cuando se da la presunción de certeza del acto reclamado por falta de informe, corresponde al quejoso demostrar su inconstitucionalidad del acto cuando éste no sea violatorio de garantías en sí mismo. Sobre los destacados puntos, cabe abundar que la presunción de certeza recae sólo sobre el acto reclamado, más no así, respecto de las circunstancias que lo rodean, como es su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pues, el dispositivo en análisis, es claro en contemplar que ante la falta de informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, excluyendo, implícitamente, entre otras cuestiones, como son las relativas a la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ilustra las acotaciones anteriores el criterio jurisprudencial 2a./J. 23/94 sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 84, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, página veinte, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. OBLIGACIÓN DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCION DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, al producirse la presunción prevista en el tercer párrafo del artículo 117 de la ley que rige al juicio de amparo, lo único que debe tenerse por cierto es el acto reclamado, sin embargo, tal presunción no comprende los demás aspectos que lo rodean, en virtud de que no hay precepto que así lo establezca. En lo que atañe a la segunda parte del tercer párrafo del supradicho numeral 117, establece, como regla general que, corresponde a la parte quejosa demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado; empero, prevé sólo una excepción a lo anterior, consistente en que el peticionario queda relevado de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando el acto reclamado sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo. Así, lo que determina si la carga probatoria recae en el impetrante de amparo, es precisamente, la circunstancia de que el acto sea o no violatorio de derechos fundamentales en sí mismo; de ahí que sea indispensable precisar este concepto. Un acto es en sí mismo violatorio de la Constitución Federal, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por dicha Carta Magna. En cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría apegado a la Ley Fundamental, entonces no es en sí mismo violatorio. Por tanto, la inconstitucionalidad de un acto que en sí mismo es violatorio de derechos fundamentales, no está sujeto a prueba, ya que la contravención a la Carta Magna surge por la mera existencia del acto, de su naturaleza intrínseca, con independencia de otros elementos. De aceptarse lo contrario, se llegaría al extremo de que ante un acto inconstitucional en sí mismo, se recaben pruebas, pues, con independencia de ellas, de cualquier manera procederá conceder el amparo, por lo que el ofrecimiento y admisión de pruebas, en este caso, resultaría ocioso. Es aplicable en el caso, la tesis II.2o.93 C, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página301, Tomo XIII, marzo de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. LA CARGA DE LA PRUEBA DE INCONSTITUCIONALIDAD, CORRESPONDE AL QUEJOSO. El artículo 149 de la Ley de Amparo en su tercer párrafo, establece: "Art. 149.-... Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; términos de los que se desprende que la carga de la prueba de los hechos que determinan la inconstitucionalidad del acto reclamado, corresponde al quejoso cuando aquéllos no sean en sí mismos violatorios de garantías sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, de tal manera que si el peticionario no aporta dicha prueba debe negarse la protección federal." De acuerdo con las consideraciones anteriores, es válido concluir que el acto reclamado en esta instancia constitucional, consistente en la orden de aprehensión, detención, dictada en contra del quejoso, que se tuvo como cierto en virtud de la omisión del JUEZ DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON RESIDENCIA EN JOJUTLA, en rendir su informe justificado, de ninguna manera es inconstitucional en sí mismo, ya que el impetrante no acreditó que en la emisión de la misma, así como su ejecución, la autoridad responsable actuara fuera de los márgenes que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, es preciso destacar lo que al efecto establecen diversas disposiciones normativas aplicables al caso concreto: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)" Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. "ARTICULO 69.- Corresponde a los Jueces de primera instancia penales que tramitan procesos regulados por el Código de Procedimientos Penales del 9 de octubre de 1996 y sus reformas: I.- Conocer de todos los asuntos penales que se susciten en sus respectivos distritos, que sean de su competencia; II.- Practicar mensualmente visitas a los reclusorios dando cuenta al Tribunal Superior del resultado de las mismas; y III.- Las demás que les asignen las leyes. ARTICULO 69 Bis.- Los jueces de control actuarán en forma unitaria y tendrán las siguientes atribuciones: (ADICIONADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2008) I.- Otorgar las autorizaciones judiciales previas que solicite el Ministerio Público para realizar las actuaciones que priven, restrinjan o perturben los derechos asegurados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y los convenios y tratados internacionales vigentes en el país; (ADICIONADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2008) II.- Dirigir las audiencias judiciales de la fase de investigación y resolver los incidentes que se promueven en ellas; (REFORMADA, P.O. 10 DE DICIEMBRE DE 2014) III.- Decidir sobre la libertad o prisión preventiva, medidas de protección, providencias precautorias y demás medidas cautelares de los imputados; (ADICIONADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2008) IV.- Resolver sobre la vinculación a proceso de los imputados; (ADICIONADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2008) V.- Procurar la solución del conflicto a través de medidas alternas, con las limitaciones que establezca la ley; (ADICIONADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2008) VI.- Dirigir la audiencia intermedia; (ADICIONADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2008) VII.- Dictar sentencia en el procedimiento abreviado; y (ADICIONADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2008) VIII.- Las demás que le otorgue la ley. (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 10 DE DICIEMBRE DE 2014) ARTICULO 69 Ter.- Los Tribunales de enjuiciamiento en materia penal se integrarán por tres jueces que actuarán en forma colegiada y tendrán las siguientes atribuciones: (ADICIONADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2008) I.- Conocer y juzgar los procesos sometidos a su conocimiento; (ADICIONADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2008) II.- Resolver todas las cuestiones que se presentan durante el juicio; (ADICIONADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2008) III.- Dictar sentencia con base en las pruebas presentadas durante la audiencia de juicio; y, (ADICIONADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2008) IV.- Las demás que les otorgue la ley." Acorde a los anteriores numerales, constitucionalmente, el Juez responsable se encuentra facultado para emitir una orden de aprehensión, detención. En consecuencia, al no estimarse que el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, detención, dictada contra el quejoso, y su ejecución, sean violatorios de derechos fundamentales en sí mismo, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad, depende de los motivos, datos o pruebas que tiene la responsable en el procedimiento de origen y, que en la especie correspondía a la parte quejosa la carga de probar tal evento, sin que así lo hubiera hecho; entonces, devienen infundados los conceptos de violación hechos valer. Consiguientemente, al no advertirse queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, por lo que respecta a la mencionada orden. Negativa que se hace extensiva respecto del acto de ejecución que se reclama a las autoridades responsables ejecutoras, pues no se le reclaman vicios propios. Cobra aplicación al respecto, la tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Materia Común, página 357, que dispone: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Por lo expuesto y fundado; se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ángel Villegas Abarca, contra los actos reclamados a la autoridad responsable JUEZ DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, CON RESIDENCIA EN JOJUTLA, por los motivos precisados en el quinto considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas. Doy fe.- Doy fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por Sandra Rosalba Toledo Camacho, perito en materia de contabilidad, mediante el cual pide una prórroga y solicita copias para estar en aptitud de emitir su dictamen; al respecto, por lo que hace a las copias que solicita, se le otorga un término de cinco días contados a partir de su notificación para que se imponga de los autos e indique documentación que necesita para emitir su dictamen. Por lo anterior, se le concede un término de diez días hábiles, para que una vez que cuente con la documentación necesaria para su emisión, salvo que se encuentre imposibilitada para ello, lo haga del conocimiento de este juzgado. En el entendido se hace saber a dicha partes de que deberá llevar a cabo su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, dado que este juzgado debe tomar las medidas necesarias a efecto de reducir el riesgo de contagio que dio origen a la pandemia que se vive, en estricta observancia a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acuerdo anterior que fue reformado por el diverso Acuerdo General 25/2020. Lo anterior, hágase del conocimiento de la citada experta por conducto del Director Regional de Servicios Periciales, Zona Metropolitana, de la Coordinadora General de Servicios Periciales en Morelos, de la Fiscalía General del Estado de Morelos, con el fin de que dé cumplimiento a lo aquí indicado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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