Angel Villalobos Arellano
Expediente 995/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 995/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Angel Villalobos Arellano
- ANGEL VILLALOBOS ARELLANO y Otros.
- Juez Segundo de Distrito Especializado En el Sistema Penal Acusatorio de Justicia Penal Federal del Estado de Puebla
- IVAN SOLANO CASTILLO (CASTILLO) y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. En primer término, agréguense a los autos el oficio 1346/2018 signado por el 23. Director del Centro de Readaptación Social de Zihuatanejo, Guerrero y, el diverso oficio 2089 signado por el 3. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, Guerrero, por medio de los cuales rinden su informe, en relación a la suspensión de plano decretada en autos. Por otro lado, intégrese el oficio 38334/2018 del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, por medio del cual informa que el veintinueve de octubre del presente año, dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio de amparo 995/2018 promovido por Iván Solano Castillo, quien se ostentó como defensor particular del quejoso Ángel Villalobos Arellano; del que deriva este cuaderno de antecedentes formado con motivo de la competencia legal declinada por este órgano de control constitucional; radicándolo con el número 1445/2018-V de su índice; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, remítanse a la autoridad oficiante todas las documentales que fueron recibidas por este órgano jurisdiccional y cuyo envío fue reservado hasta este momento procesal, así como las constancias de notificación y que obran en el cuaderno de antecedentes en que se actúa (previa copia certificada que de dichas documentales se obtenga), solicitándose comedidamente, se sirva acusar el recibo correspondiente. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción; en consecuencia, al no existir documentos originales, transcurridos seis meses a partir de la fecha del presente proveído, procédase a su incineración, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo del ordenamiento en cita. Finalmente, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo de referencia (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio del 6. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS-DURANGO", por medio del cual, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, autoriza delegados e informa el acatamiento dado a la suspensión de plano concedida al quejoso Ángel Villalobos Arellano; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Sin embargo, en términos del auto de veintidós de octubre del actual, se reserva remitir el referido oficio al Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en La Laguna, Torreón, a quien por razón de turno corresponda el conocimiento del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, hasta que dicho órgano informe la determinación que haya adoptado respecto a la competencia planteada por este juzgado Federal. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio y anexo proveniente del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna y, en atención a su contenido, se le tiene devolviendo el exhorto 333/2018, número de orden 1143/2018, del índice de este juzgado, en el que se ordenó notificar al quejoso Ángel Villalobos Arellano lo actuado el veintidós de octubre del año en curso. Sin que haya lugar a realizar mayor proveído respecto a la devolución de dicha comunicación oficial, toda vez que el veinticuatro de octubre pasado, se tuvo por recibida la constancia de notificación ordenada. Ahora bien, en términos del auto de veintidós de octubre del actual, se reserva remitir el referido exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en La Laguna, Torreón, a quien por razón de turno corresponda el conocimiento del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, hasta que dicho órgano informe la determinación que haya adoptado respecto a la competencia planteada por este juzgado Federal. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 995/2018, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. TRÁMITE. Con fundamento en lo que disponen los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 15, 20, 35, 37, 107 y 109 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, tramítese la demanda de amparo promovida por Iván Solano Castillo, a nombre de Ángel Villalobos Arellano (aduciendo ser defensor particular de este último), contra los actos reclamados consistentes en: a) el ilegal traslado de centro penitenciario (sin que medie procedimiento para decretarla); b) incomunicación y c) la privación de la libertad fuera de procedimiento, que atribuye a las autoridades responsables 1. Juez Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla y otras autoridades. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Traslado. Con fundamento en los artículos 126 y 161 de la Ley de Amparo, DE OFICIO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO al quejoso Ángel Villalobos Arellano, para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no sea trasladado del Centro Penitenciario Federal de Readaptación Social Número Catorce (CPS-Durango), a otro centro penitenciario o a un lugar distinto del de su reclusión; en el entendido que las autoridades responsables deberán tomar las medidas más adecuadas en relación con las condiciones en que debe permanecer recluido. Sustenta el criterio del Juez de Distrito la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." De igual forma, la tesis siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE DECRETARLA CONTRA EL TRASLADO DE UN PROCESADO O SENTENCIADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, SI FUE ORDENADO ÚNICAMENTE POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de plano y de oficio, entre otros, contra actos que impliquen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 247, de título y subtítulo: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.", precisó que, derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la orden de trasladar a un procesado o sentenciado de un centro penitenciario a otro, es competencia exclusiva del Poder Judicial, por lo que, cuando tal mandamiento es emitido por una autoridad administrativa sin la intervención de aquél, debe considerarse que se trata de un acto fuera de procedimiento que afecta indirectamente la libertad personal. En ese orden de ideas, contra el mencionado traslado ordenado únicamente por una autoridad administrativa, procede decretar la suspensión de plano, en términos del aludido artículo 126." Lo anterior, a efecto de preservar la materia del juicio de garantías, en acatamiento de lo dispuesto por el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo, pues si llegare a ejecutarse la orden de traslado haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado; ello, hasta en tanto cause ejecutoria la resolución que se dicte en el presente juicio de amparo. EXCEPCIONES A LA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA, RESPECTO DE LA ORDEN DE TRASLADO. Asimismo, la medida cautelar concedida no surtirá efectos en los casos siguientes: 1. Si la orden de traslado fue dictada mediante resolución administrativa en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución, es decir: a) En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; b) En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, c) En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Porque de concederse soslayando tales aspectos, se causaría un perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, en términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. En este supuesto, deberán remitir copia certificada de la determinación del juez que calificó de legal o no la orden administrativa de traslado. 2. Si la orden de traslado fue dictada por una autoridad judicial; 3. Si la suspensión de la orden de traslado que se reclama es materia de una medida cautelar dictada dentro de un diverso juicio de amparo o en su incidente de suspensión; 4. Si con ella, se afecta el orden público o el interés social; 5. Si el acto reclamado ya fue ejecutado, pues no tiene efectos restitutorios; 6. Si deriva de autoridades diversas a las señaladas como responsables; y, 7. Si el acto reclamado ya fue objeto en juicio de amparo o medida cautelar diversa. Incomunicación. Ahora bien, en virtud de que el promovente señala que presenta demanda de amparo a nombre de Ángel Villalobos Arellano, manifestando que probablemente se encuentre incomunicado, como consecuencia de que el Director del Centro penitenciario donde se encuentra recluido desconozca del sistema penitenciario y ante el abuso de autoridad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado, consistente en la incomunicación o cualquier acto de los previstos en el artículo 22, primer párrafo constitucional, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos. En el entendido que las autoridades responsables deberán permitir al quejoso Ángel Villalobos Arellano, tenga comunicación con sus abogados y/o familiares, quedando bajo su estricta responsabilidad implementar los horarios y condiciones de seguridad para tal fin. APERCIBIMIENTOS. Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, dentro del término de veinticuatro horas, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo de veinticuatro horas, se les impondrá a cada una, una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se hace del conocimiento de las nombradas autoridades que la violación de este mandamiento constituye un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Además, debe indicarse a las autoridades responsables que, la medida aquí decretada tampoco impide la aplicación de las correcciones disciplinarias previstas en el Reglamento Interior de dicho Centro de Reinserción Social o en la Ley Nacional de Ejecución Penal, según sea el caso, debiendo las autoridades responsables, remitir de inmediato las constancias correspondientes. Igualmente, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el incumplimiento a este mandamiento constituye la comisión de un delito federal previsto en el artículo 265, fracción I de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. INCOMPETENCIA Ahora, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que se reclama el traslado del directo quejoso Ángel Villalobos Arellano, a cualquier Centro Penitenciario ubicado en el Estado de Guerrero, quien actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS-Durango", el cual se ubica dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en la ciudad de La Laguna, Torreón, así como actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, motivo por el cual este órgano de control constitucional determina que carece de legal competencia para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se expresan. En primer lugar, resulta conveniente transcribir el artículo 37, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado artículo transcrito establece las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, pues precisa que cuando conforme a las prescripciones de esa ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esa jurisdicción, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada cuando ésta no requiera ejecución material; última regla que también se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viola alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. En ese contexto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37, de la Ley de Amparo, y en atención a que el acto reclamado tiene ejecución fuera de la jurisdicción de este juzgado de Distrito, esto es, en La Laguna, Torreón, pues de acuerdo con los antecedentes narrados en la demanda, el directo quejoso actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS-Durango"; este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, declara que carece de competencia legal para conocer y resolver sobre la referida demanda de amparo y la declina a favor del Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Coahuila, con sede en La Laguna, Torreón. En esas condiciones, se ordena remitir el expediente de amparo en que se actúa (integrado con la papeleta de turno, el escrito de demanda y el presente acuerdo que recayó a la demanda de amparo en comento), al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en La Laguna, Torreón, quien a su vez deberá remitirla al Juez de Distrito en turno. No pasa inadvertido para el suscrito juez Federal que, el quejoso señaló como responsable a una autoridad con residencia en la ciudad de Puebla, a saber, el "Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de Justicia Penal Federal del Estado de Puebla"; sin embargo, el señalamiento de dicha autoridad no es apto para fincar competencia a favor de este órgano de control constitucional, pues el acto reclamado es una orden de traslado, la cual tiene ejecución material y por lo mismo en términos del artículo 37, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del asunto, el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se combate deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; y en este caso, como ya se vio, es un Juez de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en Durango . Se solicita al Juez de Distrito al que competa recibir la demanda de amparo, se sirva informar la determinación que adopte respecto a si acepta o no la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con una copia simple de la papeleta de turno, escrito de demanda y original del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de amparo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DOMICILIO Con independencia de que el promovente haya señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Privada Monte Morelos, número treinta y siete, Clúster Parque Nuevo León, Sección Cascatta, Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula, Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el lugar en donde se encuentra recluido, esto es, en el Centro Penitenciario Federal de Readaptación Social Número Catorce (CPS-Durango) y con fundamento en lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de la materia, se ordena realizarle todas las notificaciones de carácter personal en el lugar en que se encuentra recluido. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE COAHUILA, CON SEDE LA LAGUNA, TORREÓN, a fin de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Penitenciario Federal de Readaptación Social Número Catorce (CPS-Durango); b) Busque, al aquí directo quejoso Ángel Villalobos Arellano, se cerciore de su identidad y una vez localizado éste, le requiera para que manifieste en ese acto si ratifica o no la presente demanda de garantías promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; En la inteligencia de que, la ratificación el directo quejoso la deberá realizar en ese acto, o dentro de los tres días siguientes, ante el Juez de Distrito al que le corresponda conocer de la presente demanda (supuesto este último, en el que el término otorgado comenzará a correr a partir de que se tenga conocimiento del juez que aceptó la competencia). c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente - juicio de amparo 995/2018; d) Notifique a la parte quejosa el presente proveído; e) Le corra traslado con copia autorizada del acuerdo antes citado; f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. Así, de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia y se autoriza al licenciado Paulo César Falcón Gómez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal para que sea el encargado del envío de dicha comunicación oficial. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. VISTA MINISTERIAL. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda. APERCIBIMIENTOS. Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables que, de no cumplir con lo anterior, se les impondrá a cada una y por separado, una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se hace del conocimiento de las indicadas autoridades responsables que la violación de este mandamiento constituye la comisión de un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en los términos restringidos previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que no acreditaron encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, ni proporcionarse los datos correspondientes de su cédula profesional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercero(s) interesado(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.s, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que si su denominación no es exactamente como se encuentre en su organigrama interno, ello no las exime de recibir los oficios que contengan el presente proveído, por la naturaleza de los actos reclamados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los actuarios de la adscripción para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Toda vez que el promovente Iván Solano Castillo en su escrito inicial de demanda, solicitó el acceso al expediente electrónico, para lo cual con fundamento en el artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal proporcionó el registro de usuario: "SOLANO". En mérito de lo anterior, a efecto de no irrogar perjuicio alguno a la parte promovente, al efecto se provee: En atención al artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, y después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acredita que el licenciado Iván Solano Castillo, es titular del usuario "SOLANO", el cual se encuentra vigente, con fundamento en el referido artículo 3 de la Ley de Amparo y en los artículos 77, 78, 93 y 94 del también mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, por lo que se concede a Iván Solano Castillo, el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 57 del acuerdo en conjunto aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, Hugo Mercado Bautista, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. COPIA CERTIFICADA Finalmente, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en supletoriedad de la Ley de Amparo, expídasele por duplicado copia certificada del presente proveído, previa toma de razón que por su recibo obre en autos, debiendo comparecer la persona autorizada para tal efecto con identificación oficial y vigente, en el horario comprendido de las diez a las doce horas, en días hábiles, ya que así lo permiten la labores de este órgano jurisdiccional.
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