Ángel Tapia Martínez

Expediente 350/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
350/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Ángel Tapia Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículos 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación al punto 8.1.2, numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Juan José Pulido Rogel, que da fe.Map (

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Intégrese la razón actuarial a través de la cual, el fedatario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional manifiesta su imposibilidad para notificar al quejoso Ángel Tapia Martínez, por conducto de la organización civil, Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, asociación civil, el acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, toda vez que al constituirse en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, no pudo ingresar al inmueble indicado para dicho efecto, y a pesar de que acudido en diversas ocasiones y horarios, no se le permitió el acceso por el vigilante del lugar, siendo que este último le indicó que no lo podía dejar pasar, que cualquier documento se dejara pegado en el pizarrón que se encuentra en la entrada del fraccionamiento; asimismo, refiere que envió un correo electrónico a la cuenta señalada por la parte quejosa sin que haya tenido respuesta favorable En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III inciso a), en relación con el diverso 29 de la Ley de Amparo, practíquese a la parte quejosa la aludida notificación del trece de marzo de dos mil veintitrés, y la relativa al presente acuerdo, así como las subsecuentes, por medio de las listas que se fijan en los estrados de este juzgado federal; ello, hasta en tanto señale nuevo domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional (Toluca) o su zona conurbada (Metepec, Lerma, Zinacantepec y Almoloya de Juárez), para tal efecto; o bien, designe un usuario debidamente registrado en el registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. EN ATENCION AL AUTO ANTERIOR, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRECE DE MARZO ULTIMO, MISMO QUE REFIERE LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, trece de marzo de dos mil veintitrés.****************************************RADICACIÓN ********************Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que mediante proveído emitido el ocho de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio de amparo 270/2023, de su índice, separo los autos y ordenó remitir el escrito de demanda, por lo que hace al quejoso Ángel Tapía Martínez.****************************************En esas condiciones, con con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, registre la demanda por lo que hace a los actos reclamados por el quejoso ********************por conducto de la organización civil, ********************, personalidad que acreditan con el instrumento notarial ochenta mil seiscientos veinticuatro de once de marzo de dos mil veintiuno; con el número de expediente 350/2023-III-B.****************************************ACTO RECLAMADO********************Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo.****************************************Del análisis íntegro al escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: ****************************************La omisión por parte de la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la LX Legislatura del Estado de México, de enviar información adjunta a la solicitud de amnistía que presentó el tres y cuatro de septiembre de manera electrónica el aquí quejoso, así como, dar trámite a la citada solicitud conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley de Amnistía del Estado de México y de no definir que son los casos para su relevancia y que es la opinión consultiva en los lineamientos expedidos por la Comisión Especial en Materia de Amnistía.****************************************La resolución de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, emitida por la Visitaduría General sede Tenango del Valle, Estado de México, de la Comisión de Derechos Humanos, por la cual declaró improcedente la solicitud de amnistía radicada bajo el número de expediente CODHEM/TENV/AMN/39/2022 a nombre del quejoso (Oficio 400C135000/1768/2022)************************************************************DESECHAMIENTO********************En ese sentido, se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual prevé en la parte conducente, que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del recurrente; criterio que se comparte.********************Tal disposición legal que establece literalmente lo siguiente:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;********************(.)."********************De tal porción normativa se obtiene que el ejercicio de la acción constitucional está reservado para quien resienta una afectación en su esfera jurídica, respecto de un derecho del que aduce ser titular o se vea afectado algún interés jurídico o legítimo, con motivo de un acto de autoridad. ********************Evidenciándose que a efecto de que resulte procedente el juicio de protección de derechos fundamentales, se requiere que la parte quejosa resienta una afectación en los derechos de los que aduce ser titular por parte de la autoridad responsable, configurándose en ese momento el interés jurídico que lo facultará para accionar el juicio de control constitucional en su defensa.********************Asimismo, conviene establecer que el interés jurídico debe entenderse precisamente como esa titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos o posesiones que afirma fueron conculcados por las responsables; esto es, la existencia de un derecho previo, legalmente tutelado, que otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad.********************Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 87, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo VI, segunda parte-1, julio-diciembre de 1990, página 364, que dice:********************"INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona".********************Asimismo, la diversa 168/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, enero de 2008, visible en la página 225, que reza:********************"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4° de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados".****************************************Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo en torno a los actos que por esta vía se reclaman, se requiere acreditar tanto la existencia de ese derecho subjetivo y la afectación personal y directa, elementos que en su conjunto constituyen -como se vio- el denominado para efectos del juicio de amparo interés jurídico.********************En el caso, la opinión consultiva desfavorable de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, por la cual la Visitaduría General sede Tenango del Valle, Estado de México de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, declaró improcedente la solicitud de amnistía radicada bajo el número de expediente CODHEM/TENV/AMN/39/2022 a nombre del quejoso, no afecta el interés jurídico del quejoso puesto que el organismo de derechos humanos únicamente emite opiniones en relación con las solicitudes de amnistía de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amnistía del Estado de México y los Lineamientos para Substanciar los Procedimientos de Amnistía del Estado de México, publicados en la Gaceta de Gobierno el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, es decir, se trata de un simpe acto de trámite, pero no se trata de la determinación definitiva o recomendación pública no vinculatoria sin carácter imperativo que en su caso, se turnaría a la autoridad judicial para atender la recomendación tal y como lo establece el artículo 18 de la ley en cita.********************Máxime que de conformidad con el numeral 8 de la Ley de Amnistía del Estado de México, la solicitud de amnistía puede ser presentada por escrito o por medios electrónicos habilitados para tal efecto, ante la autoridad judicial competente, por ende, no se advierte la existencia de una lesión a los intereses jurídicos del directo quejoso.********************Es ilustrativa por su contenido, el criterio judicial sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, julio de 2003, página 1047, que dice:********************"COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA POR SÍ MISMO EL INCUMPLIMIENTO DE UNA RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE. En relación con el incumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el juicio de amparo resulta improcedente, dado que, con independencia de que no se trate de un organismo nacional interno, en términos exactos de lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es incontrovertible que participa de la misma naturaleza esencial de un organismo autónomo, cuyo objeto es el de conocer e investigar (en términos de la convención de la que surge) presuntas violaciones de derechos humanos y formular recomendaciones, en su caso. Para corroborar lo anterior basta consultar el contenido del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida como Pacto de San José), que establece: "La comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones: ... 5. Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los Gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos.". En tal virtud, no existe razón lógica o jurídica para desconocer la identidad en cuanto a la naturaleza de las recomendaciones que emiten las comisiones de derechos humanos (sean nacionales o internacionales), en este caso, tanto la interamericana como la de índole nacional, pues ambas participan de las mismas características esenciales, es decir, las de no ser vinculantes ni materialmente obligatorias para la autoridad a la que se dirigen; por tanto, carecen de un mecanismo propio para hacerse exigibles mediante el ejercicio de alguna facultad de imperio o autoridad, esto es, coercitivamente. Así, tratándose de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el artículo 46 de su ley señala: "La recomendación será pública y autónoma, no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia. ...". Por su parte, el artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: "1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.-2. La comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competen para remediar la situación examinada.-3. Transcurrido el periodo fijado, la comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe. ...". Como puede verse, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitida una recomendación a un Estado miembro se asigna un plazo para que adopte las medidas que le competan para remediar la situación examinadora. Transcurrido dicho plazo, si el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte Interamericana (órgano distinto a la comisión que, a diferencia de aquélla, sí cuenta con competencia jurisdiccional), por parte de la comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la comisión podrá determinar la publicación del informe sobre la recomendación no cumplida en el informe anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Luego, la consecuencia prevista para el posible incumplimiento de una recomendación, por parte de un Estado miembro, no es otra que la publicación del informe que así lo determine en el informe anual rendido a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos; y sin prejuzgar sobre el efecto que esa clase de publicación pudiere tener en el ámbito de las relaciones internacionales, es evidente que en el plano jurídico y material no existe un mecanismo de ejecución obligatoria respecto de la recomendación emitida, por tanto, ésta puede o no ser cumplida por el Estado de que se trate, como acto de voluntad política en el plano de dicha relación multinacional; sin embargo, la aludida recomendación (al igual que las emitidas por las comisiones nacionales), por sí misma no constituye, modifica o extingue una situación jurídica concreta y específica en beneficio o perjuicio de los particulares, esto es, no establece el surgimiento de un derecho público subjetivo a cuyo cumplimiento esté constreñido el Estado o autoridad en cuestión. Por lo anterior, si no existe ningún precepto en la legislación nacional ni en el ámbito de un tratado internacional exigible que determine la obligatoriedad vinculante de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es evidente que el eventual incumplimiento de alguna de ellas, en sí mismo, no constituye la transgresión a disposición legal alguna cuyo acontecer implique violación de garantías por parte del Estado mexicano en perjuicio de particulares en concreto, debido a que, a su vez, la recomendación en sí tampoco constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.********************Sin que sea óbice a lo anterior que el quejoso también señale como acto reclamado la omisión por parte de la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la LX Legislatura del Estado de México, de enviar información adjunta a la solicitud de amnistía que presentó el tres y cuatro de septiembre de manera electrónica, así como, dar trámite a la citada solicitud conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley de Amnistía del Estado de México y de no definir que son los casos por su relevancia y que es la opinión consultiva en los lineamientos expedidos por la Comisión Especial en Materia de Amnistía; pues dicha omisión, se encuentra estrechamente relacionada con la solicitud de amnistía con número de expediente CODHEM/TENV/AMN/39/2022, la cual como se estableció en párrafos anteriores, se trata de una determinación definitiva o recomendación pública no vinculatoria sin carácter imperativo.****************************************En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************por conducto de la organización civil, ********************, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en virtud de ser notoriamente improcedente.****************************************DOMICILIO ********************Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones.****************************************En caso de no contar con un usuario registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera extraordinaria y conforme a lo establecido el artículo 257, fracción I del referido Acuerdo General, en el mismo término, deberá proporcionar un número telefónico, a fin de establecer comunicación no procesal y, por excepción, procesal, para realizar las notificaciones a las que les recaiga el carácter personal por este medio, apercibido que de ser omiso al respecto, sin ulterior acuerdo, se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación.****************************************INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN DE USUARIO ELETRÓNICO (QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO)********************Cabe señalar que el usuario de referencia se obtiene de la siguiente forma:****************************************Primeramente deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica:****************************************https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro****************************************Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". ****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse.********************************************************************************************************************************************************************************************************Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario.****************************************************************************************************************************************************************************************************************************Se exhorta a las partes a transitar al juicio en línea.****************************************AUTORIZADOS********************Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos.****************************************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES********************En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.****************************************EXPEDICIÓN DE COPIAS********************Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional.****************************************CONSULTA DE EXPEDIENTE********************Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal .****************************************EXHORTO A LAS PARTES********************Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.****************************************MEDIOS ELECTRÓNICOS********************Por otra parte, en torno a las respectivas solicitudes en el sentido de autorizar el empleo de medios electrónicos, cámaras, lectores ópticos, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de dichos medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. ****************************************Notifíquese; por única ocasión en el domicilio físico que señaló la quejosa en la demanda de amparo.****************************************Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Juan José Pulido Rogel, que da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de marzo de dos mil veintitrés.****************************************RADICACIÓN ********************Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que mediante proveído emitido el ocho de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio de amparo 270/2023, de su índice, separo los autos y ordenó remitir el escrito de demanda, por lo que hace al quejoso Ángel Tapía Martínez.****************************************En esas condiciones, con con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, registre la demanda por lo que hace a los actos reclamados por el quejoso ********************por conducto de la organización civil, ********************, personalidad que acreditan con el instrumento notarial ochenta mil seiscientos veinticuatro de once de marzo de dos mil veintiuno; con el número de expediente 350/2023-III-B.****************************************ACTO RECLAMADO********************Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo.****************************************Del análisis íntegro al escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: ****************************************La omisión por parte de la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la LX Legislatura del Estado de México, de enviar información adjunta a la solicitud de amnistía que presentó el tres y cuatro de septiembre de manera electrónica el aquí quejoso, así como, dar trámite a la citada solicitud conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley de Amnistía del Estado de México y de no definir que son los casos para su relevancia y que es la opinión consultiva en los lineamientos expedidos por la Comisión Especial en Materia de Amnistía.****************************************La resolución de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, emitida por la Visitaduría General sede Tenango del Valle, Estado de México, de la Comisión de Derechos Humanos, por la cual declaró improcedente la solicitud de amnistía radicada bajo el número de expediente CODHEM/TENV/AMN/39/2022 a nombre del quejoso (Oficio 400C135000/1768/2022)************************************************************DESECHAMIENTO********************En ese sentido, se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual prevé en la parte conducente, que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del recurrente; criterio que se comparte.********************Tal disposición legal que establece literalmente lo siguiente:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;********************(.)."********************De tal porción normativa se obtiene que el ejercicio de la acción constitucional está reservado para quien resienta una afectación en su esfera jurídica, respecto de un derecho del que aduce ser titular o se vea afectado algún interés jurídico o legítimo, con motivo de un acto de autoridad. ********************Evidenciándose que a efecto de que resulte procedente el juicio de protección de derechos fundamentales, se requiere que la parte quejosa resienta una afectación en los derechos de los que aduce ser titular por parte de la autoridad responsable, configurándose en ese momento el interés jurídico que lo facultará para accionar el juicio de control constitucional en su defensa.********************Asimismo, conviene establecer que el interés jurídico debe entenderse precisamente como esa titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos o posesiones que afirma fueron conculcados por las responsables; esto es, la existencia de un derecho previo, legalmente tutelado, que otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad.********************Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 87, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo VI, segunda parte-1, julio-diciembre de 1990, página 364, que dice:********************"INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona".********************Asimismo, la diversa 168/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, enero de 2008, visible en la página 225, que reza:********************"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4° de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados".****************************************Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo en torno a los actos que por esta vía se reclaman, se requiere acreditar tanto la existencia de ese derecho subjetivo y la afectación personal y directa, elementos que en su conjunto constituyen -como se vio- el denominado para efectos del juicio de amparo interés jurídico.********************En el caso, la opinión consultiva desfavorable de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, por la cual la Visitaduría General sede Tenango del Valle, Estado de México de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, declaró improcedente la solicitud de amnistía radicada bajo el número de expediente CODHEM/TENV/AMN/39/2022 a nombre del quejoso, no afecta el interés jurídico del quejoso puesto que el organismo de derechos humanos únicamente emite opiniones en relación con las solicitudes de amnistía de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amnistía del Estado de México y los Lineamientos para Substanciar los Procedimientos de Amnistía del Estado de México, publicados en la Gaceta de Gobierno el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, es decir, se trata de un simpe acto de trámite, pero no se trata de la determinación definitiva o recomendación pública no vinculatoria sin carácter imperativo que en su caso, se turnaría a la autoridad judicial para atender la recomendación tal y como lo establece el artículo 18 de la ley en cita.********************Máxime que de conformidad con el numeral 8 de la Ley de Amnistía del Estado de México, la solicitud de amnistía puede ser presentada por escrito o por medios electrónicos habilitados para tal efecto, ante la autoridad judicial competente, por ende, no se advierte la existencia de una lesión a los intereses jurídicos del directo quejoso.********************Es ilustrativa por su contenido, el criterio judicial sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, julio de 2003, página 1047, que dice:********************"COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA POR SÍ MISMO EL INCUMPLIMIENTO DE UNA RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE. En relación con el incumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el juicio de amparo resulta improcedente, dado que, con independencia de que no se trate de un organismo nacional interno, en términos exactos de lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es incontrovertible que participa de la misma naturaleza esencial de un organismo autónomo, cuyo objeto es el de conocer e investigar (en términos de la convención de la que surge) presuntas violaciones de derechos humanos y formular recomendaciones, en su caso. Para corroborar lo anterior basta consultar el contenido del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida como Pacto de San José), que establece: "La comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones: ... 5. Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los Gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos.". En tal virtud, no existe razón lógica o jurídica para desconocer la identidad en cuanto a la naturaleza de las recomendaciones que emiten las comisiones de derechos humanos (sean nacionales o internacionales), en este caso, tanto la interamericana como la de índole nacional, pues ambas participan de las mismas características esenciales, es decir, las de no ser vinculantes ni materialmente obligatorias para la autoridad a la que se dirigen; por tanto, carecen de un mecanismo propio para hacerse exigibles mediante el ejercicio de alguna facultad de imperio o autoridad, esto es, coercitivamente. Así, tratándose de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el artículo 46 de su ley señala: "La recomendación será pública y autónoma, no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia. ...". Por su parte, el artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: "1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.-2. La comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competen para remediar la situación examinada.-3. Transcurrido el periodo fijado, la comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe. ...". Como puede verse, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitida una recomendación a un Estado miembro se asigna un plazo para que adopte las medidas que le competan para remediar la situación examinadora. Transcurrido dicho plazo, si el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte Interamericana (órgano distinto a la comisión que, a diferencia de aquélla, sí cuenta con competencia jurisdiccional), por parte de la comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la comisión podrá determinar la publicación del informe sobre la recomendación no cumplida en el informe anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Luego, la consecuencia prevista para el posible incumplimiento de una recomendación, por parte de un Estado miembro, no es otra que la publicación del informe que así lo determine en el informe anual rendido a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos; y sin prejuzgar sobre el efecto que esa clase de publicación pudiere tener en el ámbito de las relaciones internacionales, es evidente que en el plano jurídico y material no existe un mecanismo de ejecución obligatoria respecto de la recomendación emitida, por tanto, ésta puede o no ser cumplida por el Estado de que se trate, como acto de voluntad política en el plano de dicha relación multinacional; sin embargo, la aludida recomendación (al igual que las emitidas por las comisiones nacionales), por sí misma no constituye, modifica o extingue una situación jurídica concreta y específica en beneficio o perjuicio de los particulares, esto es, no establece el surgimiento de un derecho público subjetivo a cuyo cumplimiento esté constreñido el Estado o autoridad en cuestión. Por lo anterior, si no existe ningún precepto en la legislación nacional ni en el ámbito de un tratado internacional exigible que determine la obligatoriedad vinculante de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es evidente que el eventual incumplimiento de alguna de ellas, en sí mismo, no constituye la transgresión a disposición legal alguna cuyo acontecer implique violación de garantías por parte del Estado mexicano en perjuicio de particulares en concreto, debido a que, a su vez, la recomendación en sí tampoco constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.********************Sin que sea óbice a lo anterior que el quejoso también señale como acto reclamado la omisión por parte de la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la LX Legislatura del Estado de México, de enviar información adjunta a la solicitud de amnistía que presentó el tres y cuatro de septiembre de manera electrónica, así como, dar trámite a la citada solicitud conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley de Amnistía del Estado de México y de no definir que son los casos por su relevancia y que es la opinión consultiva en los lineamientos expedidos por la Comisión Especial en Materia de Amnistía; pues dicha omisión, se encuentra estrechamente relacionada con la solicitud de amnistía con número de expediente CODHEM/TENV/AMN/39/2022, la cual como se estableció en párrafos anteriores, se trata de una determinación definitiva o recomendación pública no vinculatoria sin carácter imperativo.****************************************En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************por conducto de la organización civil, ********************, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en virtud de ser notoriamente improcedente.****************************************DOMICILIO ********************Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones.****************************************En caso de no contar con un usuario registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera extraordinaria y conforme a lo establecido el artículo 257, fracción I del referido Acuerdo General, en el mismo término, deberá proporcionar un número telefónico, a fin de establecer comunicación no procesal y, por excepción, procesal, para realizar las notificaciones a las que les recaiga el carácter personal por este medio, apercibido que de ser omiso al respecto, sin ulterior acuerdo, se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación.****************************************INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN DE USUARIO ELETRÓNICO (QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO)********************Cabe señalar que el usuario de referencia se obtiene de la siguiente forma:****************************************Primeramente deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica:****************************************https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro****************************************Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". ****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse.********************************************************************************************************************************************************************************************************Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario.****************************************************************************************************************************************************************************************************************************Se exhorta a las partes a transitar al juicio en línea.****************************************AUTORIZADOS********************Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos.****************************************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES********************En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.****************************************EXPEDICIÓN DE COPIAS********************Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional.****************************************CONSULTA DE EXPEDIENTE********************Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal .****************************************EXHORTO A LAS PARTES********************Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.****************************************MEDIOS ELECTRÓNICOS********************Por otra parte, en torno a las respectivas solicitudes en el sentido de autorizar el empleo de medios electrónicos, cámaras, lectores ópticos, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de dichos medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. ****************************************Notifíquese; por única ocasión en el domicilio físico que señaló la quejosa en la demanda de amparo.****************************************Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Juan José Pulido Rogel, que da fe.

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