Ángel Salas Dávila
Expediente 429/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/04/2019
Partes del expediente
- Ángel Salas Dávila
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el acuerdo que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de abril de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la demanda de cuenta, promovida por ****, regístrese bajo el número 429/2019-III-d. DESECHAMIENTO DE DEMANDA El solicitante del amparo reclama de la Presidenta Constitucional y Directora de Desarrollo Urbano, del Ayuntamiento del Municipio de Otzolotepec, Estado de México, la licencia de construcción a favor de la señora Ana Lilia Ramírez Saavedra. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, considera que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó los medios ordinarios de defensa previstos en la legislación correspondiente, para combatir el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Con el objeto de acreditar lo anterior, es menester precisar lo dispuesto en el dispositivo citado, el cual a la letra indica: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.) De la trascripción anterior, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra resoluciones judiciales o administrativas, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento de origen, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto, por las razones que a continuación se exponen: En términos del artículo invocado, el juicio de amparo es improcedente cuando se den los siguientes supuestos: a) Que la autoridad responsable no sea un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. Supuesto que acontece en el presente caso, toda vez que las autoridades responsables a las que son atribuidas las consecuencias legales de los actos en mención son la Presidenta Constitucional y de la Directora de Desarrollo Urbano, del Ayuntamiento del Municipio de Otzolotepec, Estado de México. Por tanto, es evidente que las autoridades señaladas como responsables no tienen el carácter de "tribunal judicial, administrativo o del trabajo". b) Que el acto reclamado deba ser revisado de oficio o, en su defecto, que pueda ser combatido por algún medio de defensa. Este último requisito también está plenamente acreditado, toda vez que contra el acto reclamado a las autoridades responsables, consistente en la licencia de construcción a favor de la señora Ana Lilia Ramírez Saavedra, procede el recurso administrativo de inconformidad ante la autoridad emisora del acto reclamado o el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo correspondiente, en términos de lo dispuesto por los artículos 186 y 187 fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Los preceptos invocados a la letra dicen: Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se le atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 187. El recurso de inconformidad procede contra de: (.) II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y (.) Como consecuencia de lo anterior, el acto reclamado en la presente instancia constitucional no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que respecto del citado acto impugnado, se debió interponer el recurso de inconformidad ante la autoridad que emitió la licencia reclamada, o bien, el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, tal como lo establece el ordinal 186 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, por lo que atendiendo a las consideraciones que expone el peticionario del amparo, el acto que combate en esta vía reviste la característica de un acto administrativo, el cual fue emitido u ordenado por una autoridad municipal, tal y como lo prevé la fracción II del artículo 187 del citado ordenamiento legal. Por lo que en la especie, dicho acto reclamado puede ser modificado, nulificado o revocado previamente al juicio de amparo; en consecuencia, al no haberse interpuesto dicho medio de defensa ordinario, se actualiza plenamente la causal de improcedencia en estudio y procede desechar la demanda de amparo en términos del citado artículo 113 de la Ley de Amparo. Máxime que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no exige mayores requisitos para suspender el acto reclamado en análisis. Pues los artículos 254, 255, 256 y 257 del citado Código, disponen lo siguiente: Artículo 254. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 255. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó. Artículo 256. Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el magistrado discrecionalmente podrá conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe. Cuando a criterio del magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá, previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada." Artículo 257. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor. Por su parte, los artículos 128, 129 y 132 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. De lo que se colige que el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, no consigna mayores requisitos que la ley de la materia para suspender el acto reclamado, en virtud de que en la legislación ordinaria se prevén, incluso, menores requisitos para tal efecto, esto es, en los numerales de referencia, particularmente por cuanto hace a los artículos 254 y 255 del ordenamiento legal invocado, únicamente se requiere que sea solicitado por el agraviado, y no exige forma especial para exhibir la garantía que en su caso llegase a requerírsele. En atención a lo expuesto, resulta aplicable por identidad sustancial la tesis de jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, página 933, Materia Común, Décima Época, con registro 2003858, que dispone: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad.". Atento a ello, es menester precisar que el recurso administrativo de inconformidad previsto en el artículo 186 del Código de Procedimientos Administrativos en el Estado de México, es procedente contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, por lo que los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; en ese sentido este Órgano de Control Constitucional considera que la parte quejosa en el presente asunto no agotó el principio de definitividad dado lo expuesto y fundado en la presente determinación; máxime que el acto reclamado en esta instancia constitucional no se ubica en ninguna de las excepciones al referido principio que rigen en el juicio de amparo. Por tanto, se desecha de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Toda vez que el domicilio que señala el impetrante para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este juzgado (Toluca) o de su zona conurbada (Metepec), conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tienen las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado para tal efecto hasta en tanto señale uno diverso. AUTORIZADO En relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Angel Ponce Jiménez5/2007
- Ángel Ramírez Aguilar576/2018
- Angel Ramiro García García165/2017
- Ángel Rivera Núñez7/2022
- Angel Roberto Rebollo Montes de Oca1111/2019
- Angel Ruiz Gonzalez357/2013
- Ángel Sánchez Hernández y Otros.916/2020
- Angel Sergio Noriega Arreola1049/2021
- Ángel Sergio Noriega Arreola1772/2018
- Angel Seron Carral1205/2014
- Ángel Tapia Martínez350/2023
- Ángel Vázquez Muciño533/2022