Angel Sergio Noriega Arreola

Expediente 1079/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1079/2018
Año
2018
Actuaciones
23
Última actuación
30/10/2018

Partes del expediente

  • Angel Sergio Noriega Arreola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    VI. Toluca, Estado de México; treinta de octubre de dos mil dieciocho. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, a través de la cual manifiesta la imposibilidad de notificar el oficio 24585/2018 dirigido a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por los motivos expuestos en la misma. A la razón de mérito se le otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por tratarse de una actuación de un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia marcada con el número 563, visible en la página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Por tanto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, téngase por hecha la notificación respectiva, pues el oficio fue dirigido al domicilio señalado por la autoridad cuando rindió su informe justificado (fojas 184 y 185), sin que haya informado que cambió de domicilio. Notifíquese.

  2. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa a quien podría causarle perjuicio la sentencia de diez de septiembre del presente año, no la recurrió, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y vía electrónica al quejoso.

  3. Principal

    VI) VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1079/2018-VI, promovido por Ángel Sergio Noriega Arreola, por propio derecho, contra el acto que reclama del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito de demanda recibida el diecisiete de julio de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, Ángel Sergio Noriega Arreola, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos señalados en su escrito inicial de demanda. SEGUNDO. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. El quejoso señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1° párrafo primero, segundo y tercero, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por acuerdo de veintisiete de julio del año en curso (fojas 103 a 105), se admitió a trámite el presente asunto, se dio intervención al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, se requirió informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. AUTORIDADES INEXISTENTES. Esta resolución no se ocupará del acto reclamado a la autoridad responsable señalada como Comisario General de la Policía Ministerial dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, toda vez que mediante auto de dos de agosto pasado (foja 124 y 125) se dejó de tener como autoridad responsable. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues los actos reclamados son considerados como de imposible reparación y pudieren tener ejecución en el ámbito territorial en el cual este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del desahogo de prevención (fojas 99 a 101), se precisa como acto reclamado la orden de aprehensión, detención y/o comparecencia, así como su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Previamente al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. En ese orden, se precisa que las autoridades responsables: Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción (foja 110). Fiscal General de Justicia del Estado de México (foja 115). Coordinador de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (foja 116). Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de México (fojas 128 y 129). Subdirector de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia (foja 130). Secretaría de Seguridad del Estado de México (fojas 138 a 141). Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México (foja 69). Subdelegado de Procedimientos Penales "C", de la Procuraduría General de la República, Delegación Estado de México (foja 158). Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de México (foja 160). Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl (foja 163). Jueza Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl (foja 165). Juez Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl (foja 167). Juez de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México (foja 175). Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada (fojas 184 y 185). Al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado, sin que el quejoso haya aportado prueba idónea para desvirtuar tales negativas dentro de la secuela del procedimiento, o en la propia audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues oportunamente se le dio vista con el contenido del referido informe a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba que considerara pertinentes para acreditar lo contrario, pese a lo que cual no lo realizó. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, número de registro 917818, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis asilada VI.2º.A.4 K, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, número de registro 187728, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Lo anterior, porque el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación del quejoso de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a la autoridad en cita corresponde al solicitante del amparo. Sin que pase inadvertido que el quejoso haya ofrecido diversas documentales a su escrito de demanda, sin embargo, de las mismas no se advierte la existencia del acto que les reclama a las autoridades responsables. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, número de registro 210769, Octava Época, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Atento a lo anterior, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, fracción III, 78, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ángel Sergio Noriega Arreola, contra los actos, las autoridades y por los motivos descritos en el último considerando de este fallo. Notifíquese y vía electrónica al quejoso.

  4. Principal

    VI)Toluca, Estado de México a veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la constancia de notificación realizada por el actuario judicial adscrito a la parte quejosa. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, y para conocimiento de las partes, agréguese el telegrama de cuenta, enviado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada, en suplencia por ausencia del Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada; mediante el cual rinde su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de ellos al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese y al quejoso vía electrónica.

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