Angel Rodríguez López

Expediente 1595/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1595/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
15/11/2016

Partes del expediente

  • Angel Rodríguez López

Actuaciones

  1. Principal

    (AVISO PARTE QUEJOSA) VIII. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintiséis de octubre pasado (foja 100), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, a fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio se promovió por Denisse Alejandra Pimentel González, contra: - La dilación en que ha incurrido la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en cumplir el laudo firme en el juicio laboral J.5/81/2009. Mediante sentencia de seis de julio pasado (fojas 29 a 38), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Denisse Alejandra Pimentel González, contra el acto y autoridades que quedaron precisados en los considerandos tercero y cuarto, por los motivos y para los efectos asentados en el último considerando de la presente determinación." La concesión del amparo fue para que la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, realizara lo siguiente: a) Una vez que causeara ejecutoria la presente resolución, con plenitud de jurisdicción emitiera la determinación que conforme a derecho corresponda, respecto del requerimiento de pago y embargo solicitado por la actora, ello tomando en consideración la etapa procesal en la que se encuentre la ejecución del laudo. b) Notificara a las partes dicha determinación, en los términos establecidos en la ley. En auto de uno de agosto de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia, razón por la cual se requirió a la autoridad responsable de referencia diera cumplimiento a la misma (foja 42). Finalmente, mediante oficio presentado el veinticinco de octubre del año actual en la oficialía de correspondencia de este Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, (foja 97 y 98), la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, remitió copia certificada de la diligencia de embargo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, donde se advierte se siguió los lineamientos del fallo protector, es decir atendió la totalidad de las manifestaciones expuestas por la parte quejosa en el escrito que dio origen al acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, página 301, del contenido siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."

  2. Principal

    VIII. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la quejosa Laura Elena Garfias Reyes, a través del cual solicita copia certificada de la audiencia constitucional y resolución dictada en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, de conformidad con lo establecido con el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, expídase a su costa la copia certificada que solicita, en el entendido que quien comparezca, deberá exhibir copia simple de una identificación oficial vigente, para que se certifique y glose en autos para debida constancia legal.

  3. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; veinte de octubre de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio suscrito por la Secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual comunica el proveído emitido el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis en los autos del recurso de queja 199/2016 de su índice, mediante el que admitió ese medio de inconformidad hecho valer por la parte quejosa. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta y estése en espera de la determinación que se emita. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    VII. (SE LISTA CITATORIO QUEJOSA)SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISEÍS, EL CUAL A LA LETRA DICE: VII. Toluca, Estado de México; veinte de octubre de dos mil dieciséis. Radicación. Por recibido el oficio de cuenta a través del cual el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, remite el expediente 1043/2016, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Ángel Rodríguez López, por derecho propio, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, así como el expediente laboral 703/2015 y dos copias de demanda. Atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los numerales 36 y 47 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acepta la competencia planteada, acúsese el recibo de estilo; con el oficio de cuenta y los autos del expediente 1043/2016 fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1595/2016-VII. Dada la voluminosidad de las constancias remitidas por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, fórmese cuaderno por separado debidamente identificado para que se tenga a la vista en el momento procesal oportuno. Desechamiento. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la procedencia o improcedencia de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la tesis en mención al interpretar el artículo 145 de la norma abrogada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de contenido similar al artículo 113 del cuerpo normativo vigente, interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74 de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte promovente del amparo hizo consistir el acto reclamado la resolución emitida el once de julio de dos mil dieciséis, en la que se resuelve procedente la excepción de trabajador de confianza opuesta por la demandada, y ordenó cerrar esa etapa procesal y apertura la relativa a la de ofrecimiento y admisión de pruebas, para lo cual señaló las once horas del dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Conforme a lo anterior, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispositivos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Al respecto, resulta oportuno establecer que conforme a la jurisprudencia existe consenso en que por actos de imposible reparación, dentro de juicio, se entienden aquellos que afectan de manera cierta y directa alguno de los derechos humanos que a favor del individuo tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la libertad personal, la libertad de tránsito, la libre disposición de los bienes, la inviolabilidad del domicilio, entre otros (sin descartar aquellos derechos esenciales del individuo y del ciudadano previstos en ordenamientos que, acordes con la Constitución Federal, constituyan la Ley Suprema de la Unión, en términos del artículo 133 constitucional), cuya afectación es de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente y que es impugnable en la vía indirecta, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto de los cuales no procede el amparo indirecto no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan en tanto sea adverso a los intereses del promovente del amparo; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, y producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en la posición que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, así cuando se logra este objetivo primordial, esos efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos humanos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, de ahí que, respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente y ese acto se puede impugnar como una violación al procedimiento reclamable en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio. Pues el amparo indirecto procede, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, acorde con la siguiente distinción: - Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos humanos del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. - Derechos adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos humanos y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Las consideraciones precedentes encuentran apoyo en la jurisprudencia publicada en la página 164 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable" los actos dentro de juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro de juicio". De acuerdo con la fracción XXIII del precepto legal transcrito en primer término, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio constitucional, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de improcedencia de la acción constitucional, quien para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que en la especie es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en ninguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. En efecto, la interpretación sistemática de las disposiciones transcritas, permite establecer que los actos en el juicio, es decir, los procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del quejoso. Al respecto, resulta aplicable el criterio P. LVII/2004, Registro No. 180415. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XX, Octubre de 2004. Página: 9. Tesis: P. LVII/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común, cuyo rubro es "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Asimismo, el criterio P./J. 24/92, Registro No. 205651. Localización: Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 56, Agosto de 1992. Página: 11. Tesis: P./J. 24/92. Jurisprudencia. Materia(s): Común, cuyo rubro es: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". Y el criterio P. LVIII/2004, Registro No. 180217. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XX, Octubre de 2004. Página: 10. Tesis: P. LVIII/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común, cuyo rubro es: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS". Al caso, resulta pertinente mencionar que el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaban actos de tribunales judiciales emitidos dentro del juicio, el amparo indirecto era procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Esa ley no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación, sin embargo, la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza: a) El primero de esos lineamientos indica que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trata; y b) El segundo de ellos, nos señala que los actos procesales son de imposible reparación cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sobre esas reglas se admitía la procedencia del amparo indirecto contra actos procesales de imposible reparación cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos. Las tesis temática sobre los actos que dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación y la procedencia del amparo indirecto, es la siguiente tesis P.L.VII/2004, sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página nueve, del tomo XX, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena época, de rubro siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE, CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Ahora, la Ley de Amparo vigente, en el artículo 107, fracción V, expresamente establece lo que debe entenderse por un acto que dentro del juicio sea de imposible reparación, de esta manera, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales; esto es, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. En ese contexto, en torno a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interposición de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; Por lo cual, se considera que el texto de la Ley de Amparo vigente, no permite la aplicación de la jurisprudencia ya mencionada, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Así, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Precisado lo anterior, este juzgador considera que el acto reclamado consistente en la resolución emitida el once de julio de dos mil dieciséis, en la que se resuelve procedente la excepción de trabajador de confianza opuesta por la demandada, y ordenó cerrar esa etapa procesal y apertura la relativa a la de ofrecimiento y admisión de pruebas, para lo cual señaló las once horas del dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, no constituye un acto de imposible reparación, con el que se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, se cita la Jurisprudencia número VI.2º.C. J/231, de la Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, Página 1186, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." En efecto, la resolución por esta vía combatida, como se ha dicho, no causa a la parte quejosa un perjuicio de manera inmediata, al no atacar alguno de sus derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, o en los Tratados Internacionales en los que México es parte; toda vez que aquella determinación únicamente tiene consecuencias intraprocesales, meramente formales; esto es dicho acto reclamado, no es un acto de imposible reparación que afecte inmediatamente alguno de los derechos humanos de la parte quejosa, reconocidos por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Por tanto, toda vez que la determinación reclamada no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, la demanda promovida por la parte quejosa es improcedente, por lo que con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ángel Rodríguez López, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Autorizados. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Angel Cuadros Martínez toda vez que se encuentra registrado en el Sistema de Registro de Profesionales de Derecho y a Enrique Ramírez Muñoz solo para oír y recibir notificaciones. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la presente demanda. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Segundo Transitorio de la citada Ley, en caso de solicitarse una versión pública de la resolución que se emita en este juicio, se ordena clasificar la información que, en su caso, fuese reservada y suprimir la confidencial de las partes en términos de los artículos 110 y 113 de dicha norma. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya Garcia que autoriza, firma y da fe.

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