Ángel Sánchez Velez

Expediente 539/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
539/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Presidenta E Integrantes de la Comisión de Comunicaciones Y Transportes del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, Morelia
  • Ángel Sánchez Velez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los oficios signados por la Actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán; en su atención, se tiene al mencionado órgano colegiado, acusando recibo de los autos del juicio en que se actúa; asimismo, informa que admitió a trámite los recursos de queja interpuestos en contra del proveído de treinta y uno de julio del año en curso, registrándolos con los número de queja ********************/2023 y ********************/2023, respectivamente. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del Secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.

  2. Principal

    En quince de agosto de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con dos oficios, registrados bajo los folios 10413 y 10421. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de agosto de dos mil veintitrés. 1. Interpone recurso de queja. Agréguese al sumario el oficio signado por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales, de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del Estado, en representación del Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo. En atención a su contenido y con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, interponiendo recurso de queja, contra el proveído que admitió parcialmente la demanda de amparo, promovida contra actos del Gobernador del Estado y otra. Respecto a la designación de los delegados que refiere, el acceso al expediente electrónico que solicita y del domicilio que señala para recibir notificaciones en alzada, resérvese su petición a fin de que sea acordada por el Tribunal Colegiado al que corresponda conocer el mencionado recurso de queja. Distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios; y, una vez que se recaben las constancias de notificación correspondientes de este proveído, dentro del plazo de tres días, ríndase el informe a que se refiere el artículo 101, de la Ley de Amparo, remítase el escrito del recurso interpuesto, las constancias que soliciten las demás partes, así como las que este Juzgado estime pertinentes. Póngase a disposición de la Superioridad el expediente electrónico, para el ulterior trámite del recurso que se trata. 2. Se reserva informe. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Mesa Directiva de la Septuagésima Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y Presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, del citado Poder Legislativo de esta Entidad Federativa; en cuanto al informe justificado, resérvese proveer lo conducente, hasta en tanto se levante la suspensión del procedimiento en este asunto, decretada por auto de cuatro de agosto pasado. Fórmese tomo de pruebas con los anexos remitidos por la responsable de referencia. DOMICILIO Y DELEGADOS. No obstante lo anterior, téngasele señalando el domicilio que indica para recibir notificaciones. Asimismo, de conformidad con el artículo 9º, de la Ley de Amparo, se le tiene designando como delegados a las personas que refiere. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; quien actúa asistida del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.

  3. Incidental

    En Uruapan, Michoacán de Ocampo, siendo las diez horas con diez minutos del catorce de agosto de dos mil veintitrés, Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; asistida del secretario Iván Paredes Escobar, procede a celebrar la audiencia incidental señalada para este día; en el expediente del presente incidente de suspensión 539/2023. El Secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144, de la Ley de Amparo, el Secretario da cuenta con las constancias necesarias para resolver y la Secretaria Encargada del Despacho acuerda lo conducente. CUENTA ACUERDO INFORME PREVIO 1 Se da cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables Gobernador Constitucional y Congreso, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo. Se toma conocimiento de los informes rendidos por las autoridades responsables. PRUEBAS 2 Se da cuenta con las documentales que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, así como las documentales remitidas por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en apoyo a su informe previo. Se admiten y tienen por desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza jurídica las documentales en comento. ALEGATOS 3 Se hace constar que las partes no los formularon. Se toma conocimiento y se cierra esta etapa. Finalmente, la Secretaria Encargada del Despacho procede a dictar la siguiente resolución:VISTOS; y, RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo, Valente Álvarez Reyes, en cuanto apoderado jurídico de ********************, solicitó la suspensión del acto reclamado. SEGUNDO. Trámite. Por auto de treinta y uno de julio del año en curso, este Juzgado Federal, negó a la parte quejosa la suspensión provisional del acto reclamado, requirió a las autoridades responsables sus informes previos y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Así, el incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: "(.) Del Congreso y del Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Michoacán, en el ámbito de sus respectivas competencias, la iniciativa, aprobación, discusión y promulgación del: Decreto publicado el dos de junio de dos mil veintitrés, por el cual se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo. (.)". TERCERO. Norma, acto u omisión cuya certeza sí quedó acreditada. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Gobernador Constitucional y Congreso, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, puesto que así lo confirmaron al rendir sus respectivos informes previos. CUARTO. Improcedencia de la medida suspensional peticionada. Resulta necesario precisar que la parte quejosa reclama los numerales indicados, por su sola entrada en vigor es decir, de manera autoaplicativa. Ahora, del artículo 48 de la Ley de Amparo, se advierte por regla general que, en los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa, sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera del quejoso; lo cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar. Así lo que prevé dicho artículo es cómo deben ser los efectos de la suspensión, una vez que se hayan satisfecho los referidos requisitos. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 9, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1726, del libro 14, enero de 2015, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2008231, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMAN NORMAS GENERALES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará "para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso", lo cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión." Precisado lo anterior, se procede a realizar el estudio atendiendo a los numerales 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, en los que se prevén los requisitos que deben cubrirse para el otorgamiento de la suspensión, a saber: a) Que exista petición de parte; b) La existencia de un derecho constituido en favor de la parte quejosa, antes de la presentación de la demanda [interés suspensional]; c) Un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho [siempre y cuando éste se actualice, el cual no será necesario analizar en el supuesto de negarse la suspensión]; y, d) La no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Ilustra, la tesis XXIII/2016, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 1376, del libro 30, mayo de 2016, tomo II, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011614, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley". Así, se tiene que el requisito señalado en el inciso a) se cubre a cabalidad, porque la parte quejosa pidió la suspensión de los actos reclamados, incluso, precisó los efectos que de ésta espera. Dicho lo anterior, procede analizar el requisito señalado como inciso b), referente al interés suspensional de la parte quejosa, para efectos de la medida cautelar, el cual pretende acreditar con las pruebas siguientes: Copia del Título de concesión de transporte público número FZTX17178, en favor del quejoso, de trece de febrero de dos mil doce, expedido por el Coordinador General de la Comisión de Transporte Público de Michoacán, con residencia en Morelia. La tarjeta de control de servicio público de autotransportes, con número de folio 017349, expedida el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, por la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, a nombre de la parte quejosa, con vigencia indefinida, en relación con el vehículo marca Nissan Mexicana, línea V-Drive T/M A/C, tipo sedán, modelo 2020, con número de serie 3N1CN7AD4LK417145, con número de motor HR164322000, color blanco/rojo, con número de placas A439LBT. La tarjeta de circulación de servicio público de autotransportes, con número de folio 017349, expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, a nombre de la parte impetrante, en relación con el vehículo marca Nissan Mexicana, línea V-Drive T/M A/C, tipo sedán, modelo 2020, con número de serie 3N1CN7AD4LK417145, con número de motor HR164322000, color blanco/rojo, con número de placas A439LBT. Dichas constancias gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2, al tratarse de documentales públicas, al haber sido expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones. Es aplicable, la jurisprudencia número 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Además, de dichas documentales la secretaría actuante ya ha dado cuenta, las cotejó y conforman los autos del presente cuaderno incidental, lo anterior con apoyo en la tesis XVI.3o.C.T. 1 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página 1462, del tomo XXXIII, junio de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 161840, que prevé: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SI EL JUEZ DE DISTRITO OMITE HACER CONSTAR QUE LOS DOCUMENTOS QUE EN AQUÉL SE OFRECEN SE EXHIBIERON EN EL CUADERNO PRINCIPAL EN ORIGINAL, EN COPIA CERTIFICADA, SIMPLE, O NO SE EXHIBIERON DEBE REPONER EL PROCEDIMIENTO A EFECTO DE HACER LA COMPULSA Y SE TOMEN EN CUENTA CON EL VALOR QUE LES CORRESPONDA AL DICTAR LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 71/2010 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 7, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97).", sostuvo que si durante la secuela del juicio de amparo, las partes exhibieron, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión, pruebas documentales originales o en copias certificadas con las copias suficientes para su compulsa, el Juez de Distrito debe ordenar, de oficio, su cotejo para que consten en ambos cuadernos y, al resolver, puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde en el cuaderno incidental. Por tanto, en el caso de que al incidente de suspensión se glosen originales o copias de documentos aportados por las partes, el Juez de Distrito debe hacer constar, de oficio, si en el cuaderno principal se exhibieron en original, en copia certificada, simple o no se exhibieron; y esto lo puede hacer desde la formación del incidente, durante su secuela o en la audiencia incidental, según la oportunidad en que se anexe el documento al cuaderno incidental. Lo anterior, con el fin de que al momento del dictado de la resolución que decida sobre la suspensión provisional o definitiva, se tenga la seguridad de que le es otorgado el valor probatorio que le corresponda; y, en caso de no hacerlo así, el Tribunal Colegiado de Circuito, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, ordenará la reposición del procedimiento en el incidente para el efecto de que se haga la referida compulsa." En el caso, con el carácter precisado en párrafos que anteceden, la parte quejosa reclama los efectos de la ley impugnada, pues considera que, por su sola entrada en vigor, pretende incorporar obligaciones que no existían o que no le fueron exigibles al momento del otorgamiento de la concesión del servicio público de transporte público. Por tanto, si la parte solicitante de la tutela constitucional demostró indiciariamente tener el carácter de concesionaria del servicio descrito, entonces dichos actos, directamente, se relacionan con la actividad que desempeña y genera un impacto en su esfera jurídica, porque está ubicada en la hipótesis normativa que combate, de ahí que, se acredita el interés suspensional para efectos de la medida cautelar (inciso b). En relación a la acreditación del supuesto previsto en el inciso c), consistente en el estudio del análisis de ponderación de la apariencia del buen derecho, en el presente asunto, no se hará pronunciamiento alguno al respecto, virtud a que, como se verá con posterioridad, se negará a la parte quejosa la suspensión de los actos reclamados solicitados. En ese sentido, se emprenderá el estudio de los requisitos señalados con el inciso d) correspondientes a que con la suspensión no se afecte al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Debe tenerse en cuenta que, el concepto de interés social es una noción jurídica que atiende a las necesidades específicas que concurran en cada caso, tomando en cuenta que el fin de la medida cautelar es evitar la afectación en los derechos de los gobernados, paralizando el acto reclamado, hasta en tanto exista un pronunciamiento definitivo sobre su constitucionalidad. Así, el orden público y el interés social son conceptos vinculados, pues el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de permitir el adecuado funcionamiento de la Administración Pública procurando el bienestar general; o en su defecto, impedir un mal a la población. Por su parte, el interés social es el necesario bienestar de la comunidad, o bien, la búsqueda de evitar un daño al colectivo que de otra manera no resentiría. Por tanto, se reitera que todas las normas jurídicas, por su naturaleza, son de orden público y de interés social, por ello, no basta con que una norma precise que es una disposición de orden público para con ello considerar que su observancia cumple con los estándares necesarios para generar un beneficio real a la colectividad; debe evaluarse si su contenido, fines y consecuciones, no son contrarios a los valores y principios a que aspira el orden público, o bien, que su aplicación no sea capaz de generar una restricción a derechos fundamentales en aras de procurar un aparente bienestar social. En ese orden de ideas, el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno. Asimismo, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde a los Juzgadores examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto, ya que se trata de conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. Por tanto, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Apoya a lo anterior, la tesis sin número, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 58, del volumen 47, tercera parte, de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 818680, de rubro y texto: "INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría." Precisado lo anterior, debe recordarse que la parte quejosa solicitó la suspensión en los siguientes términos: ". solicito se me conceda la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo, con el fin de evitar que se aplique al quejoso lo establecido en Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el dos de junio de dos mil veintitrés, materia del acto reclamado. Así como, para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar lo dispuesto en los artículos transitorios del Decreto materia del acto reclamado y evitar que se expida su reglamento, la creación del Instituto del Transporte del Estado de Michoacán de Ocampo, la conformación e instalación del Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, la creación del Sistema Estatal de Información Territorial y Urbanismo, el cobro de pagos de acuerdo a la Ley impugnada y los lineamientos para generar los contenidos de los exámenes de valoración integral teórico y práctico, de conocimientos y habilidades para la expedición de licencias y permisos de conducir". De la transcripción, se obtiene que la pretensión de la parte quejosa es que no se aplique a su esfera jurídica las disposiciones contenidas en la ley reclamada, ni se produzcan sus consecuencias. Ahora, a fin de dar claridad al caso, se traen a colación los artículos 20, fracciones XV y XVI, 206, 223, fracción IV, 224, 228, 229, 234, 252, 254, 256, 258, 259, fracción II y último párrafo, 261, 297 y 298 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán, publicada el dos de junio de dos mil veintitrés, que señalan: "Artículo 20. Los titulares de las concesiones y permisos tendrán de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes obligaciones: (.) XV. Definir estrategias que mejoren y faciliten el acceso e inclusión de las mujeres en los sistemas de movilidad conforme a sus necesidades en un marco de seguridad; (.) XVI. Establecer medidas para el uso de una metodología basada en la perspectiva de género, que garantice el diseño de soluciones a través de acciones afirmativas, prioritariamente con el objetivo de erradicar las violencias de género al hacer uso de la vía. Lo anterior debe tomar en consideración la interseccionalidad de las mujeres, y los principios de equidad y transversalidad; (.) Artículo 206. La prestación del servicio de transporte público de personas se llevará a cabo de manera general, continua, uniforme, regular y permanente en las vías públicas de comunicación del Estado y los municipios, mediante la utilización de vehículos adecuados para cada tipo de servicio, con el objeto de satisfacer la demanda de la población usuaria, previo pago, en efectivo, con tarjeta de prepago o cualquier otro medio digital, que deberá (sic) de realizar las personas usuarias, de conformidad con las tarifas previamente aprobadas por el Instituto o en su caso, el monto acordado por las partes en los casos de prestación del servicio de transporte turístico y Bici colectiva. (.) Artículo 223. Para efectos del (sic) presente Ley y su Reglamento el servicio de Transporte Especializado tendrá las modalidades siguientes: (.) IV. Bajo demanda a través de redes móviles mediante plataformas tecnológicas y aplicaciones digitales. Modalidad de transporte especializado destinado al traslado de personas, bienes, mercancías o alimentos que presta un particular a otro en las vías estatales y municipales de comunicación, empleando vehículos propios o de terceros, de un punto fijo a otro, utilizando sistemas de posicionamiento global y mediante el pago en efectivo o electrónico de acuerdo a la tarifa calculada a través de un contrato entre particulares, operando bajo el amparo de un permiso otorgado por el Instituto; utilizando como herramienta de contacto entre ambas personas una plataforma tecnológica y una aplicación digital diseñada, administrada, registrada y proporcionada por un tercero constituido como una sociedad mercantil conforme a las leyes mexicanas, para lo cual a esta el Instituto le expedirá una Constancia previo registro y pago de derechos correspondientes; (.) Artículo 224. Todos los tipos del servicio de transporte especializado, a excepción del servicio de transporte de bajo demanda a través de redes móviles y/o aplicaciones digitales, serán prestados por persona física o moral según corresponda, siempre y cuando cuenten con los permisos respectivos expedidas (sic) por el Instituto para tal efecto y, su regulación estará sujeta a las disposiciones de la presente Ley y su reglamento y demás disposiciones técnicas y operativas que determine el Instituto. (.) Artículo 228. El registro a que se refiere el artículo anterior se efectuará con una vigencia de 10 años para lo cual se expedirá la Constancia respectiva, debiéndose refrendar la misma anualmente un mes antes de que expire su vigencia; para la realización de dicho trámite, las sociedades mercantiles interesadas deberán presentar la solicitud de trámite ante el Instituto. El registro será a través de su representante legal, el cual es intransferible y no generará derechos reales de ninguna clase a favor de otras sociedades mercantiles; las constancias resultado del registro son inembargables e inalienables, los actos mediante los cuales se pretendan gravar o enajenar serán nulos de pleno derecho. Artículo 229. Las sociedades mercantiles que diseñen, administren, registren, promuevan, operen, medien y proporcionen las plataformas tecnológicas y aplicaciones digitales, para que los particulares presten el servicio a que se refiere este Capítulo, tendrán las obligaciones siguientes: I. Tener políticas y prácticas claras de competencia leal, inclusión, respeto y de seguridad de los usuarios del servicio y personas conductoras que utilicen las plataformas; II. Coadyuvar con las autoridades competentes ante la probable comisión de conductas delictivas, proporcionando oportunamente la información que le sea solicitada por escrito por la autoridad competente; III. Capacitar a las personas conductoras que ofrezcan el servicio de transporte especializado, en protección de la seguridad e integridad tanto de los conductores como de las personas usuarias que contratan el servicio de traslado; IV. A que el número de vehículos que circulen y que presten el servicio en territorio estatal, a que se refiere esta Sección, sean conforme a las medidas de control que determinen las autoridades competentes como medida de contención al impacto ambiental, urbano, tráfico vehicular, seguridad vial y el equilibrio entre los demás modos de transporte; V. Generar en conjunto con el Instituto y las demás autoridades competentes, encuestas y estudios que ayuden a mejorar la calidad del servicio de la modalidad y la experiencia de viaje de las personas usuarias; VI. Garantizar que todos los vehículos que presten el servicio de transporte especializado a través de su plataforma tecnológica mediante aplicación digital cuenten con seguro de cobertura amplia. En caso contrario y de ocurrir un siniestro de tránsito, el conductor y propietario del vehículo que preste el servicio de transporte especializado respectivo, serán responsable solidariamente de los daños ocasionados atribuibles al conductor; VII. Los vehículos que presten el servicio de transporte especializado a través de plataforma tecnológica mediante aplicación digital deberán portar en lugar visible el distintivo que el Instituto proporcione durante el tiempo en que se encuentre operando previo el pago del derecho correspondiente; VIII. Proporcionar al Instituto, el registro total de los vehículos, propietarios, asociados, afiliados o inscritos con ese carácter o similar y operadores que utilicen su plataforma tecnológica a través de la aplicación digital respectiva, así mismo, los que han sido dados de alta, baja y las causas de esta última; en dicho padrón se deberá establecer la cantidad de viajes realizados, así como su costo unitario, el registro de siniestros de tránsito cuando ocurran, todo esto actualizado de manera mensual; y, IX. A que toda la Información generada tanto por el registro en la plataforma tecnológica como por la contratación de la prestación del servicio de transporte especializado deberá ser resguardada conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posición de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, poniendo a disposición del usuario el aviso de privacidad. (.) Artículo 234. Se entiende por Permiso el documento otorgado por el Instituto previo el pago de los derechos respectivos, el cual, consiste en el acto administrativo por el que, se confiere a una persona física o moral una autorización para prestar el servicio de transporte especializado de personas, a que se refiere la presente Sección, de conformidad a las disposiciones previstas en la presente Ley y su Reglamento, y demás disposiciones aplicables. El Permiso al que se refiere el párrafo anterior tendrá una vigencia de 1 año, el cual deberá refrendarse anualmente mediante el pago de los derechos correspondientes; a falta de este último o cuando se incumpla con alguna de las disposiciones de esta Ley y su Reglamento será causa de su cancelación. (.) Artículo 252. Las personas concesionarias autorizadas deberán solicitar la constancia de inscripción del gravamen en el Registro Estatal del Transporte, la cual deberá expresar los antecedentes de la concesión. (.) Artículo 254. Cualquier vehículo que opere con concesión del servicio de transporte público deberá contar con póliza de seguro de cobertura amplia, expedido por compañía de seguros debidamente registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o en su caso contar con la constancia de cobertura que le expida una Sociedad o Unión Mutualista, fondo de garantía o similar que cubra cualquier responsabilidad derivada de siniestro de tránsito y que se encuentre debidamente registrada ante el Instituto de conformidad a las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable. (.) Artículo 256. Las concesiones deberán otorgarse por el Ejecutivo del Estado previo estudio técnico y convocatoria pública de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. (.) Artículo 258. El Instituto, podrá concesionar o prestar de manera directa el servicio de transporte colectivo, celebrando en este caso, contratos o convenios con personas físicas y morales únicamente para que proporcionen los vehículos, los recursos humanos y/o los recursos materiales necesarios para la prestación directa del servicio. Artículo 259. En el Estado las concesiones contarán con su vigencia de la siguiente manera: II. Concesión de persona moral y persona física del servicio público de transporte, su vigencia será de un año, la cual podrá ser renovada cada año fiscal previo el pago de los derechos correspondientes, y requisitos que señala la presente Ley y su Reglamento; y, (.) Para los casos a que refiere el presente artículo, las concesiones deberán revalidarse cada año fiscal previo el pago de los derechos respectivos que señala la Ley de Ingresos y de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo y cumplimiento de los requisitos señalados en la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable. (.) Artículo 261. Permiso de servicio público o especializado es el acto unilateral por medio del cual el Ejecutivo del Estado otorga autorización hasta por un año susceptible de renovación, a una persona física o moral, para prestar mediante una remuneración, el servicio de transporte de personas o cosas, así como la autorización temporal para la instalación y funcionamiento de sitios, bases de servicio y lanzaderas de servicio de transporte de pasajeros en las vías públicas de jurisdicción estatal en vehículos autorizados conforme a esta Ley y su Reglamento y previo pago de derechos correspondiente. (.) Artículo 297. En el servicio de Transporte Urbano, Suburbano, Foráneo, Regional y Metropolitano se establecerán tarifas para cada destino y sus principales puntos intermedios, dentro del espacio territorial del municipio, región o zona metropolitana, tomándose como referencia la cabecera municipal con mayor concentración poblacional; las tarifas por cobertura, horario y modalidad serán determinadas conforme a las disposiciones del Reglamento de la presente Ley. Artículo 298. Para el caso de las modalidades del taxi y la bici taxi, el Ejecutivo del Estado a través del Instituto definirá las tarifas conforme lo que se dispone en la presente Ley, su Reglamento, así como en las diversas disposiciones aplicables". Para dar claridad al caso, se sintetiza el contenido de los numerales reclamados. Normas reclamadas Contenido esencial de lo que prevén los preceptos. 20, fracción XV. Los titulares de concesiones y permisos deben definir estrategias que mejoren y faciliten el acceso e inclusión de las mujeres en los sistemas de movilidad, conforme a sus necesidades, en un marco de seguridad. 20, fracción XIV. Los aludidos titulares deben establecer medidas para el uso de metodología basada en perspectiva de género, que garantice el diseño de soluciones a través de acciones afirmativas, con el fin primordial de erradicar la violencia de género al hacer uso de la vía. 206 La prestación del servicio de transporte público de personas se llevará a cabo de manera general, continua, uniforme, regular y permanente en las vías públicas de comunicación del Estado y los municipios, mediante la utilización de vehículos adecuados para cada tipo de servicio, con el objeto de satisfacer la demanda de la población usuaria. 223, fracción IV. El servicio de transporte especializado tendrá, entre otras modalidades, bajo demanda a través de redes móviles mediante plataformas digitales y aplicaciones digitales. 224. Todos los tipos del servicio de transporte especializado, a excepción del servicio de transporte de bajo demanda a través de redes móviles o aplicaciones digitales, serán prestados por persona física o moral según corresponda, siempre y cuando cuenten con los permisos respectivos expedidos por el Instituto correspondiente. 228. El registro ante el Instituto para efectos de vigilancia, operación y seguridad de los usuarios en territorio estatal, se efectuará con una vigencia de diez años para lo cual se expedirá la constancia respectiva, la cual debe refrendarse anualmente un mes antes de que expire su vigencia. 229. Enuncia las múltiples obligaciones que tienen Las sociedades mercantiles que diseñen, administren, registren, promuevan, operen, medien y proporcionen las plataformas tecnológicas y aplicaciones digitales, para que los particulares presten el servicio de transporte especializado. 234. Prevé la definición del permiso para la prestación del servicio mencionado. 252. Las personas concesionarias autorizadas deberán solicitar la constancia de inscripción del gravamen en el Registro Estatal del Transporte, la cual deberá expresar los antecedentes de la concesión. 254. Señala que cualquier vehículo que opere con concesión del servicio de transporte público deberá contar con póliza de seguro de cobertura amplia, la cual debe apegarse al marco normativo que indica. 256. Refiere que las concesiones deberán otorgarse por el Ejecutivo del Estado previo estudio técnico y convocatoria pública. 258 El Instituto, podrá concesionar o prestar de manera directa el servicio de transporte colectivo, celebrando en este caso, contratos o convenios con personas únicamente para que proporcionen los vehículos, los recursos humanos o materiales necesarios para la prestación directa del servicio. 259, fracción II. La concesión del servicio público de transporte tendrá una vigencia de un año, la cual puede ser renovada cada año fiscal, previo el pago correspondiente. 259, último párrafo. Indica los diversos requisitos que deben cumplirse para revalidar una concesión. 261. Define al permiso de servicio público o especializado. 297. Indica que el servicio de Transporte Urbano, Suburbano, Foráneo, Regional y Metropolitano se establecerán tarifas para cada destino y sus principales puntos intermedios, dentro del espacio territorial del municipio, región o zona metropolitana, tomándose como referencia la cabecera municipal con mayor concentración poblacional; las tarifas por cobertura, horario y modalidad. 298. Prevé que para el caso de las modalidades de taxi y bici taxi, el Ejecutivo del Estado definirá las tarifas correspondientes. Asimismo, resulta pertinente señalar que las normas combatidas tuvieron su origen en la siguiente exposición de motivos: "En Me´xico, hasta antes del an~o 2016, no existi´a referencia formal en ningu´n cuerpo normativo al derecho a la movilidad, sino que existi´an concepciones aisladas y mutuamente excluyentes sobre los conceptos de transporte, vialidad y tra´nsito. Fue en ese mismo an~o, que una reforma novedosa a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se aventura, definiendo por primera vez a la movilidad en Me´xico en la fraccio´n XXV de su arti´culo tercero como la capacidad, facilidad, y eficiencia de tra´nsito o desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, asi´ como la sustentabilidad de la misma, como un elemento en la gestio´n de los asentamientos humanos. De lo anterior, se destaca el primer asentamiento normativo en Me´xico en reconocer el concepto de la accesibilidad universal y conjugar conceptos que antes se entendi´an aislados, tal como la vialidad, el desplazamiento y los asentamientos humanos. Con lo anterior, el concepto de movilidad en Me´xico adquiere la concepcio´n de la obligacio´n del Estado y las entidades federativas de regular activamente el crecimiento de los asentamientos humanos de manera ordenada, responsable y sustentable, siendo entonces que este concepto pasa a ser una cuestio´n de observancia obligatoria en la planeacio´n urbana, sin embargo, siendo au´n percibido como una cuestio´n accesoria. Teniendo en consideración lo anterior, habiendo ganado terreno práctico, conceptual y necesidad regulatoria, entre el 2019 y 2020, el Congreso de la Unión aprobó´ en sus términos y por unanimidad la reforma constitucional a los artículos 4o, 73, 115 y 122, reconociendo la plena facultad de este para legislar en materia de movilidad y seguridad vial. Además de lo anterior, México reconoce de manera constitucional el derecho a la movilidad, adicionando al artículo cuarto los siguientes términos: "Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad", agregando en el artículo segundo transitorio que el Congreso de la Unión deberá´ expedir una Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial, reglamentaria. En concordancia con el Decreto por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo del año dos mil veintidós, el cual tiene por objeto establecer las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusio´n e igualdad, se propone lo siguiente:  Garantizar la proteccio´n de la vida e integridad fi´sica de las personas que circulan en las vi´as pu´blicas del Estado, asi´ como regular la poli´tica, planes y programas de seguridad vial para tales fines. Estipular que la seguridad vial es el derecho de toda persona y de la colectividad de contar con las condiciones necesarias que protejan la integridad fi´sica en sus desplazamientos por las vialidades pu´blicas. Establecer como principios de la seguridad vial lo siguiente:Toda muerte por accidente de tra´nsito es prevenible; El resguardo de la integridad fi´sica de la persona usuaria sera´ responsabilidad compartida entre la misma, los proveedores de las vi´as y los operadores de transporte; La seguridad vial debera´ ser continua, respondera´ a las necesidades de las generaciones presentes y futuras, a trave´s de instrumentos e instituciones; La generacio´n de sistemas viales seguros con requerimiento de acciones de concertacio´n entre sectores pu´blicos, privados y sociales, a trave´s de mecanismos transparentes de participacio´n; El disen~o vial de espacios seguros con el mejoramiento de intersecciones, calles y la pacificacio´n de tra´nsito, bajo criterios de accesibilidad universal; y, Las poli´ticas pu´blicas en la materia priorizara´n a las personas usuarias ma´s vulnerables, a trave´s de la multimodalidad y el uso cordial y responsable de la vi´a pu´blica; Precisar que la prioridad de las poli´ticas, planes y programas para el uso de las vi´as pu´blicas sera´ determinada por el nivel de vulnerabilidad de las personas usuarias de las mismas, estableciendo los criterios para tales fines; Establecer quienes sera´n las autoridades competentes para la creacio´n e integracio´n del Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, asi´ como sus atribuciones. Asimismo, se establece que el Estado y los municipios, en el a´mbito de sus respectivas competencias, llevara´n a cabo la gobernanza de acuerdo a sus ordenamientos legales en cumplimiento a las acciones previstas en esta ley mediante el Consejo Estatal. Indicar el procedimiento para financiar proyectos en materia de Seguridad Vial; Estipular que se debe fomentar una cultura de respeto a las personas peatonas y usuarias del transporte por parte de quienes intervienen en esta materia; Establecer las directrices generales, asi´ como los derechos y obligaciones que debera´n cumplir los actores para el desarrollo de sus actividades, en atencio´n a lo que determine el Gobierno del Estado y los municipios; Resaltar que el Estado, a trave´s de sus dependencias competentes celebrara´ convenios de cooperacio´n y coordinacio´n en la materia; Enumerar las facultades del Estado, en conjunto con diversas dependencias, de las entidades federativas y de los municipios en el tema; Establecer que para conducir vehi´culos motorizados dentro del territorio estatal sera´ necesario contar con una licencia para conducir, asi´ como establecer los requisitos y procedimientos para la obtencio´n de la misma; Sen~alar las disposiciones que debera´ contener los reglamentos que deriven del presente proyecto de decreto; Establecer los componentes mi´nimos del Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, atribuyendo a las autoridades estatales y municipales el fomento de a la cultura de la movilidad, la seguridad vial de las personas usuarias de la vi´a pu´blica, considerando la jerarqui´a de la movilidad que establece el presente Proyecto de Decreto, principios y criterios de accesibilidad; y, Regular la operacio´n del Consejo y establecer sus atribuciones, asi´ como de las autoridades competentes en la materia. De acuerdo con datos del Censo 2021 practicado por el Instituto Nacional de Estadi´stica y Geografi´a (INEGI), en el Estado, el padro´n vehicular supera los 2.6 millones de vehi´culos de transporte particular; y por lo que ve a al padro´n de unidades del transporte pu´blico, el Estado registra aproximadamente 36 mil unidades, siendo la tercera entidad con mayor cantidad de vehi´culos en circulacio´n, convirtie´ndolo en un Estado que carece de movilidad sustentable. Por su parte, el marco normativo vigente en el Estado se encuentra desfasado con relacio´n a las disposiciones previstas en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, especi´ficamente, lo previsto en la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado promulgada en el an~o de 1982 por lo que tiene 41 an~os de vigencia, en los cua´les solamente ha tenido tres reformas, la primera en el an~o de 1998, la segunda en el 2007 y la u´ltima en el an~o 2014, mediante las cua´les se adiciono´ un ti´tulo y un capi´tulo con dos arti´culos: el 53 y el 54, los cuales regulan el Consejo Consultivo de Comunicaciones y Transportes e Infraestructura Carretera, por lo que esta´, ma´s bien tiene las caracteri´sticas de un reglamento de transportes, regulando u´nicamente las concesiones, asi´ como las sanciones a los concesionarios y operadores del Transporte. A su vez, la Ley de Tra´nsito y Vialidad del Estado publicada en el 2002, en la cual, no se reconocen los principios rectores y la jerarqui´a de la movilidad, vinculada a la seguridad vial; de ahi´ la necesidad de una urgente actualizacio´n y homologacio´n del marco normativo estatal. Se llevo´ a cabo, el Foro "Hacia una Ley de Movilidad y Seguridad Vial" que tuvo como objetivo rendir informacio´n a la ciudadani´a en general, sobre las problema´ticas y necesidades de Michoaca´n, por lo que, se desarrollaron ponencias en materia de movilidad, transporte y seguridad vial. Derivado de lo anterior, la Comisio´n de Comunicaciones y Transportes, en coordinacio´n con el Poder Ejecutivo del Estado y los municipios, en cumplimiento al arti´culo segundo transitorio del Decreto Federal, mediante el cual se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y tomando en consideracio´n el sentir social, llevo´ a cabo el Parlamento Abierto para la Consulta Ciudadana para la elaboracio´n del presente proyecto de Ley con el objetivo de contar con un marco normativo eficaz y acorde a las necesidades sociales de nuestro Estado, asi´ como la debida efectividad en la aplicacio´n de la norma, para los entes pu´blicos competentes en la materia. Dicho Parlamento conto´ con la participacio´n social de diversos sectores como son personas con discapacidad, personas peatonas, personas con movilidad reducida, adultas mayores, ciclistas, motociclistas, automovilistas, operadoras del transporte pu´blico, concesionarias, instituciones educativas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y dema´s grupos interesados en la materia; para la formulacio´n del presente proyecto, se estudio´, analizo´ y sistematizo´ el resultado de dicho Parlamento, conformando, un expediente por cada una de las sedes, que permite dar constancia de la participacio´n, aforo, propuestas y soluciones de las y los ciudadanos del Estado de Michoaca´n de Ocampo. Derivado del acuerdo de coordinacio´n entre el poder Legislativo y Poder Ejecutivo, tuvieron a bien establecer una mesa técnica para la formulación del Proyecto de la Ley de Movilidad y seguridad Vial del Estado de Michoaca´n de Ocampo misma que fue instalada el 17 de Junio del an~o 2022, contando con la participacio´n de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, La Secretaria de Gobierno, la Secretaria de Seguridad Pu´blica, la Secretaria de Finanzas y Administracio´n, la Secretaria de salud, la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, la Comisio´n Coordinadora del Transporte de Michoaca´n. Es importante sen~alar que para la elaboracio´n del presente proyecto de Decreto, esta Comisio´n tuvo a bien considerar las iniciativas de Decreto turnadas a esta Comisio´n para su estudio, ana´lisis y dictamen, las cuales fueron contempladas con la finalidad de contar con un proyecto integral, incluyente y transversal, que permita un marco normativo que de´ certeza juri´dica a las y los michoacanos, tomando en consideracio´n los diversos motivos expuestos por las y los diputados proponentes de la LXXV Legislatura y que consideramos importante resaltar su aporte e invaluable labor legislativa." De todo lo anterior, se advierte que la ley reclamada tuvo como finalidad actualizarse y homologarse en materia de movilidad, a fin de dar contenido al derecho fundamental consagrado en el precepto 4 de la Constitución Federal, que prevé que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, pues la normativa local se encontraba desfasada en relación con la diversa normativa federal que se implementó con motivo del reconocimiento de la prerrogativa aludida. Para tal efecto, se contó con la participación social de múltiples sectores de la población como eran las personas con discapacidad, personas peatonas, personas con movilidad reducida, adultas mayores, ciclistas, motociclistas, automovilistas, operadoras del transporte público, concesionarias, instituciones educativas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y demás grupos interesados en la materia. Las opiniones de dichos sectores fueron parte fundamental para que las autoridades legislativas establecieran el marco regulatorio correspondiente que, como se puede apreciar de su contenido y del precepto 3 de la ley combatida, tiene como objeto regular de forma incluyente, igualitaria y sin discriminación las necesidades de todas las personas en sus desplazamientos en el espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte y los sistemas de movilidad, es decir, garantizando este derecho a todas las personas en Michoacán. Además, busca establecer las competencias y acciones que llevarán a cabo tanto los gobiernos municipales como el del Estado, donde se establezcan parámetros mínimos que deben contener la infraestructura y mobiliario urbano, para permitir la accesibilidad, eficacia y sobre todo la seguridad vial. Aunado a ello, la ley reclamada prevé las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Este punto se destaca, porque la sociedad está directamente interesada en que el servicio de transporte público se encuentre debidamente regulado a fin de que se les brinde de acuerdo a dichas condiciones. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que de concederse la medida cautelar para los efectos solicitados por la parte quejosa, esto es, para que no se le aplique la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, pues es evidente que el decreto controvertido se encuentra dirigido a regular, controlar y vigilar las operaciones relacionadas con el servicio público de autotransporte, a fin de dar mayor protección a los miembros de la sociedad en general, específicamente al usuario al regular los costos de los servicios y dar certidumbre jurídica al inicio, durante el proceso y al finalizar la prestación del servicio. Ahora, si bien es cierto que con la negativa de la suspensión se puede causar a la quejosa un perjuicio en su esfera jurídica, incluso de tipo económico, también lo es que ese interés individual o particular no puede estar por encima del interés social y el orden público existentes en la impostergable necesidad regular el servicio público de autotransporte, a fin de hacerlo acorde al numeral 4 del Pacto Federal. Por tanto, es improcedente conceder la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de la ley impugnada, pues debe prevalecer y protegerse la no afectación al orden público y a la sociedad, frente al daño económico y operativo en la actividad que realiza la parte quejosa. Así, los beneficios que dejaría de percibir la sociedad con la concesión, son mayores al perjuicio que se provocaría a la parte incidentista negando la medida. Además, no sería jurídicamente viable conceder la suspensión para el efecto de que no se emitiera la diversa normativa que desarrollará el contenido de la ley combatida, ni se crearan los organismos que aplicarán el marco jurídico de mérito, pues con ello se impediría que la sociedad viera reflejados los beneficios que trae consigo el decreto reclamado, relacionados con su derecho a la movilidad. Máxime que este órgano jurisdiccional no advierte, en este momento, que las normas impugnadas tuvieran como consecuencia la revocación de la concesión para la prestación del servicio público de autotransporte que allega la parte solicitante de amparo. Apoya todo lo anterior, por las razones que aduce, la jurisprudencia 47/2022, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2629, del libro 18, octubre de 2022, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2025374, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO PROCEDE RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DERIVADOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I, APARTADO B, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, ASÍ COMO DE DIVERSAS REGLAS Y ANEXOS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022, QUE SE REFIEREN A LA CONTABILIDAD DE QUIENES DEBEN LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes al resolver recursos de queja, analizaron una misma problemática jurídica y arribaron a consideraciones contrarias con relación a si procede o no conceder la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias derivados del artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación, así como de las reglas 2.6.1.3., 2.6.1.4., 2.6.1.5. y 2.6.1.6., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, y los Anexos 30, 31 y 32 de ésta, pues uno de ellos razonó que debe otorgarse la medida cautelar en virtud de que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, porque el sistema normativo de contabilidad en materia de controles volumétricos ya resultaba obligatorio con anterioridad, por lo que se puede conceder la medida para que el quejoso continúe observando la regulación previa; mientras que el otro órgano jurisdiccional decidió que no debe concederse la suspensión porque no se satisface el requisito que exige la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, existe el interés general de que la autoridad hacendaria cuente con la información suficiente para vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de hidrocarburos o petrolíferos. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no procede conceder la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias derivados del artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021, así como de las reglas 2.6.1.3., 2.6.1.4., 2.6.1.5. y 2.6.1.6., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada el 27 de diciembre de 2021, y los Anexos 30, 31 y 32 de ésta, publicados el 13 de enero de 2022, ya que se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Justificación: Las disposiciones reclamadas son de orden público e interés social porque tienen como finalidad regular la contabilidad que deben llevar aquellas personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, quienes deben contar con los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos, es decir, aquellos registros de volumen que se utilizan para conocer la adquisición, existencia y venta de ese tipo de bienes; se trata, entonces, de la normativa que regula el control de las cantidades de hidrocarburos o petrolíferos que se expenden al público en general, que no sólo permiten llevar una contabilidad adecuada, sino que son un mecanismo con el que se combate el mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos. Por ello, no es procedente conceder la medida cautelar porque la sociedad está interesada en que prevalezcan los beneficios que se obtienen con esas disposiciones, que no sólo son aquellos de carácter fiscal, sino también de combate a ese mercado ilícito". Así como, la jurisprudencia 36/2023, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia de este país, visible en la página 1010, del libro 79, octubre de 2020, tomo I, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2022337, que señala: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO PROCEDE CONTRA LA APLICACIÓN DE DISPOSICIONES DE TRÁNSITO Y VIALIDAD QUE RESTRINGEN LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA PESADA (LEGISLACIÓN DE JALISCO Y DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN). Hechos. Los órganos jurisdiccionales contendientes, al resolver recursos de queja, analizaron una misma problemática jurídica y arribaron a posicionamientos contrarios, ya que para uno de ellos la suspensión en el juicio de amparo procede cuando se impugnan disposiciones del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey, que establece restricciones para la circulación de vehículos de carga, pues considera que no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, mientras que para el otro es improcedente dicha medida cautelar contra la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en su texto anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 25 de enero de 2020, que prevé limitaciones a la circulación de dichos vehículos, ya que no se satisface el requisito contenido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Esta Segunda Sala determina que no procede conceder la suspensión provisional contra la aplicación de disposiciones de tránsito y vialidad que restringen la circulación del transporte de carga. Justificación. Lo anterior, porque las disposiciones que establecen restricciones para la circulación del transporte de carga pesada, contenidas en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey son de orden público e interés social y tienen como finalidad ordenar y otorgar mayor seguridad a los ciudadanos que hacen uso de las vías públicas, y para ello, entre otras medidas, establecen limitaciones de horario para el tránsito de vehículos de carga pesada. En ese tenor, esta Segunda Sala considera que no es procedente conceder la medida cautelar provisional en contra de esas normas, porque la ponderación entre el derecho que tienen los particulares a transitar con libertad y el interés social inmerso en las disposiciones que limitan o restringen tal derecho, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Federal, lleva a concluir que en el caso concreto se debe privilegiar, por encima del interés particular, el bien común, de manera que si las restricciones que imponen los preceptos reclamados a la circulación del transporte de carga repercuten en la regularidad de la actividad social y económica de la colectividad, lo adecuado es negar la suspensión provisional del acto, porque además esta decisión no causa un daño irreparable al particular". En consecuencia, con apoyo en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, SE NIEGA A LA PARTE QUEJOSA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a ********************, en términos del considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; quien actúa asistida del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.

  4. Incidental

    En diez de agosto de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con un escrito y anexos, registrados bajo el folio 10228. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de agosto de dos mil veintitrés. Incorpórese a los autos el escrito y anexos signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; en su atención, de conformidad con el artículo 140, de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo informe previo. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica y, como delegados en términos del artículo 9º, de la Ley de Amparo, a las personas que refiere. Con lo anterior, dese vista a la partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; quien actúa asistida del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.

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