Ángel Alejandro Rodríguez Medina

Expediente 180/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
180/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • Ángel Alejandro Rodríguez Medina
  • Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Protección, Prevención Y Readaptación Social, Con Residencia En la Ciudad de México

Actuaciones

  1. Principal

    Cuenta. En veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, certifica: Que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para recurrir el auto de siete de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió del quince al veintiuno de abril de dos mil veintiuno, sin que lo hubiere hecho, toda vez que fue notificada el trece de abril del año en curso, en tanto que, para el representante común del quejoso, del doce al dieciséis de abril del año en curso, al haber sido notificado el ocho de abril del año en curso, como se advierte de las constancias de notificaciones que obran en el rubro de notificaciones del expediente electrónico; con ello, doy cuenta al secretario encargado del despacho. Conste. Uruapan, Michoacán, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA ESTADO. En virtud de que no fue impugnado el auto de siete de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. ORDEN DE ARCHIVO Y SE RESERVA ENVÍO FÍSICO DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 21 inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. 2.2. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese; y publíquese también en la Página Electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Iván Paredes Escobar, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia concedida al titular, comunicada mediante oficio 1254/2021, de trece de abril de dos mil veintiuno, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y II, del Acuerdo General 12/2020, del propio Consejo; y en esos mismos términos firma el Secretario Juan José Bocanegra García, quien da fe.

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Se recibe oficio. Téngase al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación, Michoacán, con sede en Morelia, designando como defensor del quejoso Ángel Alejandro Rodríguez Medina, al licenciado Armando Ponce García, en el juicio en que se actúa. Sin que se considere necesario notificar personalmente dicha designación, ni que ratifique la aceptación de cargo, pues del oficio de cuenta se advierte que la autoridad oficiante, le hizo del conocimiento al referido defensor, y en caso, de oponerse a la misma, así deberá manifestarlo y justificarlo fundada y motivadamente. Por otro lado, se tiene a dicho delegado proporcionando el correo electrónico del referido representante; por tanto, se instruye a la servidora pública comisionada para la atención a las personas justiciables mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, que mantenga bajo debido resguardo estos datos y los ponga a disposición del personal que así lo requiera para que se utilicen como efectivos canales de comunicación tanto para requerir o recibir información derivada de este asunto de manera ágil y segura, como para generar las condiciones adecuadas para que las notificaciones y demás actuaciones que deban practicarse resulten exitosas, de tal forma que sólo deba acudirse físicamente a este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. Notifíquese.

  3. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ángel Alejandro Rodríguez Medina, por derecho propio, contra actos del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 180/2021. 2. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda se advierte que Ángel Alejandro Rodríguez Medina, reclama: La orden de traslado y su ejecución. 2.1. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Dicho numeral dispone que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, estos deben promoverse antes de acudir a la instancia de amparo. La hipótesis es de interpretación restrictiva y tiene cuatro excepciones contemplado en el aludido artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, exclusivamente los siguientes supuestos: a) Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. b) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. c) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. d) Que la suspensión tenga los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional Ahora, de los artículos 1º, 2º, 4º tercer y cuarto párrafos, 9º, 18, 107 al 112, 114 y 130 al 133 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se deduce que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera, la citada Ley Nacional dispone que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad- ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a las personas privadas de la libertad- cuando se lo soliciten- a formular el escrito correspondiente; incluso, en dicho procedimiento el interno puede ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Además, los internos tienen a su alcance los recursos de revocación y apelación para el caso de estar inconformes con alguna decisión de la autoridad judicial al momento de resolver la controversia planteada. En esa tesitura, como es el caso, se advierte que las condiciones de internamiento y plan de actividades de las personas privadas de la libertad y cuestiones relacionadas, que impliquen violación de derechos fundamentales, primeramente deberán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria, luego ejercitar la acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, quien de oficio o a petición de parte ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Es decir, la invocada ley prevé la suspensión del acto sin mayores requisitos que la Ley de Amparo. Por tanto, previamente al juicio de amparo, el promovente debió acudir ante la autoridad penitenciaria, y después agotar la acción judicial ante el juez de ejecución, a través del cual pudo obtener la modificación o revocación del acto que se reclama. En tales circunstancias, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el citado artículo 113 en relación con el 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. 3. VISTA A DEFENSA. Por otra parte, en el apartado del acto reclamado de la demanda de amparo, el quejoso solicita, "se le haga del conocimiento de su defensa, allegue las pruebas del núcleo familiar, para allegarlas al proceso penal, ya que no quiere meterlas o en su defecto se le explique cómo puede meterlas, ya que es un P.P.L.", toda vez que se trata de solicitud referente a la causa penal instruida en su contra, no tiene carácter de acto reclamado, al respecto se provee lo siguiente: Toda vez que de la demanda de amparo de cuenta, se desprende que el quejoso Rodríguez Medina, refiere que se le instruye la causa penal 203/2018, en el Juzgado de Procesos Penales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, por delitos de orden federal; en esas condiciones, conforme lo establecido en los arábigos 6, fracciones II y IV y 12 de la Ley Federal de Defensoría Pública y así como en los numerales 20 y 25 de las Bases Generales para la Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Púbica, se ordena dar vista al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para conforme a sus atribuciones proceda atender lo expuesto por el quejoso Ángel Alejandro Rodríguez Medina. 3. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en el Acuerdo General 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformaron el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 3.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 3.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. 3.3. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono celular 4525180416 Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 3.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 3.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 3.6. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 3.7. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 3.8. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 3.8.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 3.8.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 3.8.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 3.8.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 3.8.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado a cualquiera de los siguientes medios de contacto: Mensajería instantánea (WhatsApp) 4525180416 Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 3.8.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 3.8.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 3.8.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 3.9. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 4. Notificación a la parte quejosa. Dado que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, para que se constituya en el interior del aludido centro de reclusión y le notifique el presente auto. Lo anterior, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de la persona justiciable Instrúyase al área administrativa de este Juzgado, para los efectos del artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 5. Representante especial. Del estado de autos se advierte que el quejoso se encuentra privado de su libertad y no designó autorizado para recibir notificaciones; por tanto, con fundamento en el artículo 29 fracción V, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, solicítese vía correo electrónico al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, para que en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir de que le sea legalmente notificado el presente proveído, tenga a bien designarle un asesor o defensor público, según sea el caso, que lo asista por lo que se refiere a este expediente, adjuntándole copia simple de la demanda. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

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