Ángel Sánchez Tinajero
Expediente 1464/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1464/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ángel Sánchez Tinajero
Actuaciones
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Finalmente, como en el presente asunto obran diversos documentos originales, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recogerlo; apercibida que de no hacerlo, serán destruidos, como lo dispone el artículo 21, párrafo segundo del Acuerdo General citado. Notifíquese personalmente al quejoso..."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Radicación Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ángel Sánchez Tinajero, por propio derecho, contra el acto atribuido al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades; fórmese expediente con el número 1464/2022-III que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. Acto reclamado Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La propuesta de baja como médico residente en el Hospital Regional de Alta Especialidad "Bicentenario de la Independencia", contenida en el oficio HRAEBI/D/SM/CEI/924/2022, de nueve de diciembre de dos mil veintidós, emitido por el Coordinador de Enseñanza e Investigación, Secretario Técnico del Comité de Enseñanza e Investigación. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. En el presente asunto, el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción el artículo 61, XXIII, en relación con el 1° y 5° de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo, es improcedente: (..) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los artículos anteriores se aprecia que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, debiéndose entender como tal, aquéllas que omiten, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo no basta que el acto combatido sea emitido por un órgano del Estado, sino que debe analizarse si dicha actuación se condujo como ente de derecho público o de derecho privado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 194367, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." En términos de la fracción II del citado ordinal 5°, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora, la definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5° de la Ley de Amparo, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, con número de registro digital 199459, que a continuación se transcribe: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De las anteriores consideraciones deriva que el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, como aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares (que se emitan en el mismo plano de igualdad), precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Luego, para efectos de dilucidar si en la especie nos encontramos ante actos provenientes de una autoridad o no, es necesario acudir a lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha precisado cuáles son las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo; una de ellas consiste en la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Así lo ha señalado en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, registro digital 161133, del rubro y contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Asimismo, es menester precisar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, la ley establece los procedimientos ordinarios necesarios para su resolución y, en su caso, la imposición coactiva de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando las partes en un mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Asimismo, de las consideraciones anteriores, se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridades, ello es así pues, obedece a que tiene como finalidad la de salvaguardar las derechos fundamentales de los gobernados ante las arbitrariedades de algún ente del Estado. De ahí que, si el acto que se reclame no proviene de autoridad en el ejercicio de sus funciones, el juicio de amparo resulta improcedente. Además resulta oportuno precisar, que las autoridades en el ejercicio de sus funciones pueden actuar en dos aspectos, como particular y como ente del Estado; esto es que, las autoridades tienen una doble personalidad como ente de carácter público y otra como persona de derecho privado. Ahora bien, en el caso, el quejoso se duele de la propuesta de baja como médico residente en el Hospital Regional de Alta Especialidad "Bicentenario de la Independencia", contenida en el oficio HRAEBI/D/SM/CEI/924/2022, de nueve de diciembre de dos mil veintidós, emitido por el Coordinador de Enseñanza e Investigación, Secretario Técnico del Comité de Enseñanza e Investigación; de ahí que es incuestionable que el acto reclamado no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, al no tener facultades de imperio que caracteriza a una autoridad, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y su actuación u omisión se materializa en función de sus atribuciones como ente patronal frente al trabajador (médico residente). Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J.2/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2013538, que dice: "MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular". En las relatadas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar de plano la demanda, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de su zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio en los municipios mencionados, todas las notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en los términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la ley de amparo. Se autoriza a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Transparencia Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. Horario de atención Se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Integración del expediente físico y electrónico Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. Tramitación electrónica en el juicio en línea Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación; III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; y, IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente al quejoso en el domicilio designado en su demanda de amparo.
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