Ángel Ramírez Juárez

Expediente 1123/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1123/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México
  • Carolina Ruiz Sánchez (Defensora) y Otros.
  • Ángel Ramírez Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV de esa normatividad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y vía electrónica a la defensora pública ********************

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito con evidencia criptográfica de Carolina Ruiz..., en su carácter de defensora publica adscrita al Área de Amparos del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, como representante del quejoso Ángel Ramírez Juárez, mediante el cual en atención a la prevención formulada en proveído de cinco de septiembre del año en curso, la defensora refiere las precisiones realizadas por el impetrante en su ocurso aclaratorio y, adjunta copia del oficio con terminación 2822/2023 de trece del presente mes y año, del informe de seis de octubre de la presente anualidad emitido en la carpeta de ejecución penal 1580/2018, del acta circunstanciada de visita de cinco de los actuales; y, de manera destacada, del escrito de desahogo suscrito por el peticionario de garantías. DESECHAMIENTO Al respecto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haber agotado la parte quejosa el recurso ordinario establecido en la ley, para lograr modificar o revocar el acto reclamado, es decir, no agotó el principio de definitividad, al no combatirlo mediante la interposición del recurso de revocación que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a acudir a la instancia constitucional, para efectos de la procedencia del juicio constitucional, en términos de lo previsto en el citado numeral que establece: "61. El juicio de amparo es improcedente:. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de improcedencia de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo (autoridades jurisdiccionales) establecidos en el numeral y fracción transcrita, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están anunciados en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Sin embargo, se estima que no se actualiza ninguno de esos supuestos de excepción, dado que si bien el quejoso se encuentra privado de su libertad, se estima que no se realiza fuera de procedimieto; aunado a que al menos con respecto al acto y expediente de ejecución penal, con antelación a que éste se formara, fue sometido formal y materialmente al proceso en el que incluso fue condenado a través de sentencia definitiva. Orienta en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), registro 2002977, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 534, de rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica una afectación a su libertad, al menos parcialmente, en la medida en que su prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, pues se le obliga a comparecer en los plazos o fechas indicados las veces que resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal. Así, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma y directamente de su libertad personal, sí puede considerarse un acto que indirectamente lo hace, pues constituye una condición para someterlo formal y materialmente a proceso. Lo anterior, con independencia de que el nuevo sistema de justicia penal prevea diversas medidas cautelares, de coerción o providencias precautorias, distintas a la prisión preventiva, pues éstas tienen entre otras finalidades, asegurar la presencia del imputado en el juicio y garantizar el desarrollo del proceso, siendo la sujeción a éste lo que restringe temporalmente su libertad. Consecuentemente, al encontrarse ésta afectada temporalmente con el dictado de un auto de vinculación a proceso, es incuestionable que se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad contenido en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo y, atento a que se afecta un derecho sustantivo y que dicha afectación es de imposible reparación, procede en su contra el juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 114, fracción IV, de la mencionada Ley, el cual, además, puede promoverse en cualquier tiempo, al ubicarse en el caso de excepción previsto en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, se destaca que el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé el recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en la citada legislación, numeral que establece: "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." De lo anterior se advierte que contra la determinación como la que aquí reclama el quejoso, procede el recurso de revocación. En ese contexto, del precepto legal citado en líneas que anteceden se advierte que el recurso de revocación previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene por objeto que el mismo órgano jurisdiccional que emitió la determinación impugnada la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda; de igual forma, refiere que, si dicho recurso se interpone contra una resolución pronunciada durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y, en la misma audiencia, se dictará la resolución respectiva; asimismo, que si el recurso se interpone contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación; se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda; y, se resolverá al día siguiente. Por tanto, el recurso de revocación es un medio de defensa amplio, con el que se pueden confirmar, modificar o revocar las resoluciones de mero trámite que emiten las autoridades jurisdiccionales (juez y tribunal de alzada) en el procedimiento de ejecución, a efecto de tutelar el derecho del justiciable a un recurso efectivo. Pues permitir inobservar el principio de definitividad y exceptuar de su interposición, implicaría una carga excesiva en el juicio de amparo indirecto, que sería la única vía de control judicial frente a determinaciones del Juez y de la Alzada (de mero trámite), lo que es contrario a la sistemática del juicio de amparo, en sinergia con el nuevo proceso penal. En efecto, los principios rectores y la naturaleza jurídica del juicio de amparo, como medio extraordinario de defensa, previo agotamiento de todos los recursos ordinarios, no han variado con la implementación del nuevo sistema de justicia penal; al contrario, se ha reforzado con diversas instituciones y figuras jurídicas que someten a control judicial previo numerosas determinaciones que antes eran irrecurribles. Por ello, para efectos del juicio de amparo, es necesario que se acuda a los principios que lo conforman, para realizar una interpretación extensiva y funcional de algún precepto de cualquier legislación, para evitar que se trastoque su naturaleza excepcional, y con ello que se convierta en una instancia judicial más en un procedimiento ordinario. Se invoca al efecto, la jurisprudencia II.2o.P.6 P (11a.), registro 2025438, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la novena época, Tomo IV, Noviembre de 2022, página 3794, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DE MERO TRÁMITE DEL TRIBUNAL DE ALZADA EMITIDAS AL SUSTANCIAR EL DIVERSO DE APELACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la determinación del Tribunal de Alzada, en la que consideró que la resolución del juzgado de ejecución que declaró procedente pero infundado el recurso de revocación que interpuso contra la diversa en la que programó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no es impugnable a través del recurso de apelación. El órgano de control constitucional desechó de plano la demanda, al estimar actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo (definitividad), pues previamente a promover el juicio debió agotar el recurso de revocación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que, en observancia al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, el quejoso debe agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contra el auto que desecha la apelación interpuesta dentro de un procedimiento de ejecución, en virtud de que dicho medio de impugnación también procede contra las determinaciones de mero trámite que el Tribunal de Alzada emita al sustanciar el recurso de apelación dentro de esa etapa. Justificación: De nuevas reflexiones, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que si bien el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que regula el recurso de revocación, sólo se refiere a las determinaciones del "Juez de Ejecución", ello no significa que únicamente proceda contra las resoluciones emitidas por el juzgado de primera instancia y deban excluirse las pronunciadas por el tribunal de segundo grado en el procedimiento de ejecución. Lo anterior es así, por varias razones. Primera, en la segunda instancia del procedimiento de ejecución también se emiten diversas determinaciones de mero trámite al sustanciar la apelación, las cuales, en caso de causar agravio, deben ser materia de análisis horizontal de legalidad. Por lo que aceptar que el recurso de revocación solamente procede contra pronunciamientos de mero trámite del Juez de Ejecución de primera instancia y excluir las emitidas por el Tribunal de Alzada, impactaría negativamente en los fines y principios que inspiraron al nuevo modelo de justicia penal, toda vez que el recurso de revocación es un medio de defensa amplio, a efecto de tutelar el derecho del justiciable a un recurso efectivo. Lo anterior se corrobora con el artículo 3, fracción XI, de la ley citada, en el sentido de que "Juez de Ejecución" se refiere, de manera genérica, a las autoridades judiciales que pueden solucionar las controversias que se susciten en esa materia, sin hacer distinción entre los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancias (esto es, el Juez de Ejecución -propiamente dicho- y el Tribunal de Alzada), al ser los encargados de dilucidar las cuestiones que surjan de una controversia en materia de ejecución penal (en ambas instancias). No se soslaya que en la fracción XVI del mismo precepto se conceptualiza como "órgano jurisdiccional" al Juez de Control, al Tribunal de Enjuiciamiento y al Tribunal de Alzada, ya sea del fuero federal o local; sin embargo, se considera que se refiere expresamente a los órganos judiciales que intervienen en el procedimiento oral precisado en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales (el cual no abarca la etapa de ejecución penal). Segunda. Admitir que la revocación en ejecución penal sólo procede contra resoluciones de mero trámite en primera instancia, implicaría una carga excesiva en el juicio de amparo indirecto, que sería la única vía de control judicial frente a determinaciones de la alzada (de mero trámite), lo que es contrario a la sistemática del juicio de amparo en sinergia con el nuevo proceso penal. En efecto, los principios rectores y la naturaleza jurídica del juicio de amparo, como medio extraordinario de defensa, previo agotamiento de todos los recursos ordinarios, no han variado con la implementación del nuevo sistema de justicia penal; al contrario, se ha reforzado con diversas instituciones y figuras jurídicas que someten a control judicial previo numerosas determinaciones que antes eran irrecurribles. Por ello, para efectos del juicio de amparo, es necesario que se acuda a los principios que lo conforman, para realizar una interpretación extensiva y funcional de algún precepto de cualquier legislación, para evitar que se trastoque su naturaleza excepcional, y con ello que se convierta en una instancia judicial más en un procedimiento ordinario. Tercera. El artículo 130 de la ley especializada debe interpretarse de manera armónica y congruente con la teleología del juicio de amparo, para que ambos sean funcionales y complementarios, atendiendo, en primer orden, a la naturaleza de excepción que caracteriza a la instancia constitucional, lo cual se logrará observando los principios que rigen al primero y, en segundo, para impedir que se entorpezcan con dilaciones innecesarias los procedimientos, al evitar que los órganos jurisdiccionales, dentro de su ámbito competencial, resuelvan controversias de mero trámite. De estimar que debe partirse de una interpretación literal o gramatical, se establecería que las resoluciones de mero trámite que pronuncian los órganos jurisdiccionales de segunda instancia no son recurribles a través de la revocación, y que su único medio de defensa sería el juicio de amparo indirecto, lo que generaría un exceso en el uso de un medio de control constitucional que entorpecería el procedimiento jurisdiccional ordinario, lo que contravendría la pronta y expedita impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional." Por lo que el recurso de mérito tiene por finalidad que de estimarlo procedente, revoque, confirme o modifique la determinación de la que se duele la parte quejosa, tomando en cuenta las cuestiones materiales y legales que a concepto del promovente causen agravio; es decir, para el caso en concreto, la finalidad del recurso estriba en que el juzgador realice mayor pronunciamiento sobre la solicitud del agraviado en relación a su solicitud de prescripción de la pena pecuniaria de multa, al estimar el solicitante haber alcanzado la prescripción de la misma por el confinamiento de más de cinco años. Ahora, la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo referida se actualiza en el caso, porque el aquí quejoso reclama el auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, por el que atento a su solicitud de decretar la prescripción de multa que se le impuso como sanción penal, la autoridad responsable Juzgado de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, le hizo del conocimiento que deberá dar cumplimiento al pago de la multa impuesta tal y como lo establece el artículo 158, fracción II de la Ley Nacional de Ejecución Penal; y, contra éste existe un medio ordinario de defensa que tiene por objeto analizar lo ahí resuelto, el cual -como se dijo-, se debe agotar previo a la interposición del juicio de amparo; por lo que al no hacerlo, se surte la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, a página 902, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Lo anterior, pues este órgano federal estima que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, encuadra en el supuesto que enmarca el mencionado artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; en este sentido, deviene improcedente el juicio de amparo que nos ocupa, trayendo como consecuencia que no se haya cumplido con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; máxime, no se ubica en alguna excepción que permita acudir inmediatamente al juicio constitucional sin necesidad de agotar los recursos procedentes, pues dicho principio que rige y caracteriza al juicio de amparo, en cualquiera de sus formas de instauración, es de observancia obligatoria y general, siendo únicamente mediante el reconocimiento de excepciones específicas que se pueden admitir supuestos en los que dicha observancia deja de ser obligatoria. Por lo anterior, se concluye que al haberse determinado que el presente juicio de amparo es improcedente, se desecha de plano la demanda en estudio, por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia al que se ha hecho alusión con anterioridad, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y vía electrónica a la defensora pública Carolina Ruiz...

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintitrés.****************************************Agréguese el escrito con evidencia criptográfica de Carolina Ruiz Sánchez, en su carácter de defensora publica adscrita al Área de Amparos del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, como representante del quejoso Ángel Ramírez Juárez, mediante el cual informa y anexa copia de las constancias de las que se desprende que giró oficio a la Dirección Regional Zona Oriente del citado Instituto, para solicitar designe defensor público que se constituya en el interior del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Ecatepec, Estado de México y proceda a entrevistarse con el quejoso, con el fin de estar en posibilidad de desahogar la prevención formulada en auto cinco de septiembre del año en curso; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.****************************************Consecuentemente, al margen de la colaboración que se desprende solicitó, se hace de su conocimiento que le subsiste en apercibimiento decretado en el proveído en mención, toda vez que se le tuvo por aceptado y protestado el cargo en acuerdo de veintiocho siguiente.****************************************Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y vía electrónica a la defensora pública.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito con evidencia criptográfica de Carolina Ruiz..., en su carácter de defensora publica adscrita al Área de Amparos del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, como representante del quejoso Ángel Ramírez...; asimismo, solicita se autorice el acceso al expediente electrónico y que se le realicen las notificaciones de manera electrónica. En esas condiciones, se tiene a la defensora pública compareciendo a protestar y aceptar el cargo conferido. Como lo solicita, en términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el numeral 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario "09267004"; en el entendido que queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. En la inteligencia que la elección de esta modalidad electrónica, debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario; en términos de la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), registro 2026122, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo III, página 2405, Undécima Época, Materias(s): Común, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Finalmente, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio al usuario que señala y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y vía electrónica a la defensora pública Carolina Ruiz...

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