Angel Rodrigo Uc Ku
Expediente 1185/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1185/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Angel Rodrigo Uc Ku
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 8358********************, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido a trámite el recurso de queja interpuesto por Ángel Rodrigo Uc Ku, contra la resolución dictada el ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictada en este expediente 1185********************, en la cual, se desechó la demanda de amparo promovida por el aludido Uc Ku, formándose por tal motivo el toca 327********************. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
veintiuno de agosto de dos mil veintitrés Mérida, Yucatán, a veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito signado por ********************, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; y el oficio OCC/C14/TCM/232/2023, signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común B de los Tribunales Colegiados de Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el escrito de agravios del quejoso ********************. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA PARTE RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo al considerarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX. Ahora bien, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado el siete de noviembre de dos mil veintidós, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente. Asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito de xxxx, con el que atiende a lo solicitado en los autos de veinticuatro de julio del año en curso y tres de agosto, ambos del año en curso. Ahora, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por xxx contra actos que reclama de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida y de otra autoridad; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado como juicio de amparo 1185/2023-III. Ahora, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima lo anterior, pues el peticionario de amparo reclama de la responsable, medularmente, la suspensión de actividades de los inmuebles cuatrocientos veinticuatro, de la calle treinta y cuatro, y cuatrocientos uno, de la calle cuarenta y cinco, ambas sitas en el centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán. En ese sentido, esta Juzgadora Federal considera que respecto de tal acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operara la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Ahora bien, a fin de sustentar lo anterior, es menester destacar que la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, en sus artículos 2 y 4, establece lo siguiente: "Artículo 2. Objeto del tribunal El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán es un organismo constitucional autónomo, máxima autoridad en materia contencioso administrativa, fiscal y de responsabilidades administrativas, dotado de plena jurisdicción, autonomía e independencia para dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir, que tiene por objeto conocer, resolver y dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública centralizada y paraestatal del estado y sus municipios, y los particulares; así como respecto de las faltas administrativas graves que correspondan a los servidores públicos y a particulares relacionados con hechos de corrupción que constituyan faltas administrativas graves, en términos de la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas." "Artículo 4. Competencia El tribunal tendrá competencia para conocer y resolver lo siguiente: I.- Las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública y los particulares. II.- Los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales. III.- Los juicios que se promuevan en contra de los actos de naturaleza fiscal que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado y de los municipios. IV.- Los juicios contra resoluciones dictadas por las autoridades administrativas o fiscales del Poder Ejecutivo del estado y de los municipios en los recursos ordinarios establecidos por las leyes y reglamentos respectivos. V.- Los juicios de impugnación contra las resoluciones de responsabilidad por faltas administrativas no graves sancionadoras dirigidas a servidores públicos del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos constitucionales autónomos, en los términos de la ley en la materia. VI.- Los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la ley fija. VII.- El recurso de reclamación, en términos de su reglamento interior, en contra de los autos de admisión o desechamiento de la demanda ante el tribunal o de su ampliación y del auto que admita o deseche la contestación o su ampliación, así como del que admita o rechace pruebas. VIII.- Los juicios que promueva la Administración Pública estatal o municipal, o sus autoridades, para que sean modificadas las resoluciones administrativas o fiscales favorables a un particular, provenientes de autoridades diferentes a este tribunal, en términos del reglamento respectivo. IX.- La imposición, en los términos que disponga la ley, de las sanciones a los servidores públicos por responsabilidades administrativas graves, con excepción de los servidores públicos del Poder Judicial, y a los particulares que participen en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales. X.- El recurso de apelación, revisión y reclamación, y demás medios de inconformidad de su competencia, de los que conocerá en términos de la normativa que los establece, en los de esta ley y el reglamento interior del tribunal. XI.- Los medios de impugnación que establezca la ley que organiza y reglamenta el funcionamiento de los ayuntamientos, en caso de que los municipios no cuenten con tribunales de lo contencioso administrativo propios en términos del artículo 81 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. XII.- La impugnación de multas derivadas de procesos de ejecución de medidas de apremio según lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. XIII.- La impugnación de las resoluciones, en términos del artículo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. XIV.- Las suspensiones del acto impugnado, por cuerda separada a cargo del magistrado presidente, en términos de esta ley, de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán y demás normativa aplicable. XV.- El incumplimiento de las sentencias del tribunal, conforme a lo que establezca el reglamento interior y demás normativa aplicable. XVI.- Los juicios que se promuevan contra los decretos y acuerdos de carácter general a nivel local, dictados por la Administración Pública, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. XVII.- Los demás juicios o procedimientos que se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivas impuestas con base en la normativa en materia de responsabilidades de servidores públicos, así como aquellas que las leyes consideren como competencia del tribunal. Las sentencias del tribunal serán definitivas e inatacables a excepción de aquellas sobre las que sea procedente el recurso de apelación o de revisión en términos de los artículos 216 y 221 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en todo caso deberán acatarse en sus propios términos y contarán con fuerza ejecutiva para lograr su cumplimiento. Para efectos de resolución de los recursos de revisión y apelación previstos en la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas, el pleno del tribunal se integrará con los magistrados titulares, con excepción de aquel que haya fungido como magistrado ponente, quien será suplido, en términos del artículo 29 de esta ley. Esta instancia constituye un (sic) nueva oportunidad de reflexión, análisis y valoración para los magistrados del tribunal, por lo que, para garantizar que sea un medio de defensa eficaz y el acceso a un recurso efectivo, gozarán de absoluta libertad para emitir sus opiniones personales y votos particulares o razonados sin que por ello puedan ser reconvenidos o incurran en responsabilidad." Asimismo, el artículo 1° de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, prevé: "Artículo 1. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Los juicios por responsabilidad administrativa se substanciarán conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Para los efectos de esta ley se entenderá por Tribunal al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y por Magistrado al Magistrado que se encuentre en función de ponente para la sustanciación de cada asunto en concreto." Atento a ello, de la interpretación de los preceptos invocados en párrafos precedentes, del acto reclamado y antecedentes del mismo, se colige que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver juicios contenciosos administrativos contra cualquier acto administrativo dictado, ordenado, ejecutado o que se trate de ejecutar por las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos, de los definitivos de sus Jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales, en agravio de personas físicas o morales. Así, es pertinente indicar que por acto administrativo debe entenderse como el acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado o del Municipio en ejercicio de la potestad administrativa y crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad; es decir, crea, reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos u obligaciones, es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general. Conforme a las precisiones anteriores, la suscrita Juzgadora Federal estima que el presente juicio de amparo es improcedente, porque la ley concede a la parte quejosa, un recurso o medio de defensa legal, como en el presente caso, es el juicio contencioso, a fin de que el acto dictado, ordenado, ejecutado o que se trate de ejecutar por las autoridades administrativas del Estado de Yucatán, en agravio de personas físicas o morales, pueda ser modificado, revocado o nulificado, antes de acudir al juicio de amparo, por lo tanto, se deben agotar tales recursos o medios de defensa legal. Lo anterior es así, en virtud de que el acto reclamado por la quejosa, lo constituye la suspensión de actividades ordenada por la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, de esta ciudad, el cual es un acto administrativo, pues conforme al relato de la demanda, el sello respectivo fue emitido unilateralmente por la responsable. Por lo que contra el acto reclamado, procede un medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, que lo constituye el juicio contencioso administrativo que establece la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, cuenta habida que éste procede contra los actos administrativos atribuidos a autoridades pertenecientes al Gobierno del Estado de Yucatán. Como consecuencia de lo anterior, y conforme a la técnica que rige el juicio constitucional, es evidente que el peticionario del amparo debió acudir ante la autoridad administrativa y agotar el procedimiento respectivo, antes de acudir al juicio de amparo. Ello, al ser dicho procedimiento el medio de defensa idóneo para obtener una resolución favorable a sus intereses; es decir, la modificación o revocación de la suspensión de obra indicada en el sello que afirma le fue impuesto a los inmuebles de su propiedad. Cabe precisar que no se actualiza en el caso alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad, tal como se explicará a continuación: En primer lugar, porque a través de la promoción del juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos del acto combatido, ya que la ley que lo rige prevé dicha medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. En efecto, la medida suspensional se advierte en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, sin exigir mayores requisitos de los establecidos en la Ley de Amparo, tal y como se desprende de los numerales 23, 24, 25 y 26 de la citada Ley. Así del análisis comparativo de los señalados artículos de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado y 128, 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo se concluye lo siguiente: 1. Que en ambas legislaciones, cuando la suspensión es solicitada al promover la demanda, es suficiente que la autoridad competente determine si están satisfechos los presupuestos para otorgarla; 2. Tanto el artículo 24 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado como el diverso 130 de la Ley de Amparo permiten al interesado solicitar la medida suspensional sin algún límite procesal más que el dictado de la resolución respectiva; 3. Conforme al artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, el magistrado deberá conceder o negar la paralización de la ejecución del acto impugnado, mientras que en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional competente para resolver al respecto es aquel que conoce del juicio, acorde con lo dispuesto por los diversos 125 y 138 de la Ley de Amparo, en cuanto a que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte en los casos de la competencia de los jueces de distrito, los que decidirán en la audiencia incidental sobre la concesión o la negativa de dicha medida; 4. Tanto el artículo 24 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, como el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, exigen para el otorgamiento de la medida que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; 5. Ambos ordenamientos consignan, esencialmente, que si la concesión de la medida cautelar es susceptible de causar daños o perjuicios a terceros, se concederá condicionada al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía bastante para reparar el daño e indemnizar al tercero, en el evento que no obtenga resolución favorable; 6. El artículo 25 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, y el artículo 135 de la Ley de Amparo, prevén que en las demandas de nulidad que involucren cobro de contribuciones, aprovechamientos o créditos tributarios, la suspensión de la ejecución del acto impugnado surtirá efectos si se constituye garantía del interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes hacendarias. 7. Conforme a la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, en vigor a partir del cuatro de octubre siguiente, en relación con el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, tratándose del amparo en materia administrativa, no será necesario agotar previamente el medio ordinario de defensa si establece un plazo mayor que el previsto por la ley reglamentaria del juicio constitucional para el otorgamiento de la suspensión provisional (artículo 107, fracción IV, primer párrafo). Ahora, en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo, el Juzgador cuenta con el término de veinticuatro horas para resolver si admite o desecha la demanda de amparo y, además, decidir si concede o niega la suspensión de los actos reclamados, esto es, dentro del lapso de veinticuatro horas debe proveer sobre la admisión y también sobre el otorgamiento de la medida cautelar. Por otro lado, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, en relación con el diverso 162 de la misma legislación, se tiene que tratándose del juicio de nulidad, el magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión de la ejecución, a más tardar, dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, ya que refiere "tan luego como sea presentada". Así las cosas, de los numerales trascritos en párrafos precedentes, para la solicitud de la suspensión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y dado el carácter del acto que por esta vía se pretende impugnar, no se requieren mayores requisitos de los que señala la Ley de Amparo, por lo que pueden ser combatidos ante dicho Tribunal Administrativo. Tiene aplicación al caso, por similitud de razón, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, que dispone: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del 23 al 28 del propio ordenamiento, consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." Asimismo, como se analiza a continuación, no se actualiza alguna otra excepción al principio de definitividad, reconocidas jurisprudencialmente por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, y que podrían estar relacionadas con un asunto de carácter administrativo. Es así, pues en la demanda de referencia no fue impugnada norma general alguna; así como tampoco, se advierte que se trate de un acto que carezca de fundamentación, pues en las constancias adjuntadas por la quejosa, específicamente en las impresiones fotográficas del sello de suspensión de actividades, se cita la disposición normativa aplicable (artículo 110, fracción II, del Reglamento de actos y Procedimientos administrativos del Ayuntamiento de Mérida). Asimismo, el demandante no se duele sólo de violaciones directas a la Carta Magna, sino de violaciones al procedimiento administrativo acontecidas durante el desahogo de la diligencia de inspección. En consecuencia, la amparista estaba obligada a observar el principio de definitividad, pues de la lectura de su demanda, se advierte que estuvo en aptitud de procurarse una adecuada defensa ante la potestad común. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Por tanto, al ser los actos reclamados por la parte quejosa, actos administrativos en su agravio, éstos deben impugnarse mediante el juicio contencioso administrativo, antes de acudir a este juicio de amparo, para lograr su modificación, revocación o nulidad, sin que la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo; sin embargo, al acudirse al juicio de amparo indirecto, sin agotar el medio de defensa que la ley establece provoca que la demanda sea improcedente, porque la quejosa no agotó tal medio de defensa legal, antes de instar el presente juicio de amparo, es decir, no observó el principio de definitividad. Sirve de apoyo la tesis aislada II.1o.3 A (10a.), con registro digital: 2007835, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con Residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, página 2886, que dice: "ORDEN DE CLAUSURA, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES O SERVICIOS, DECRETADA PREVENTIVAMENTE EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. AUN CUANDO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ESTA CIRCUNSTANCIA NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La orden de clausura, suspensión de actividades o servicios, decretada preventiva o temporalmente en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es un acto de imposible reparación, porque impide al particular disponer materialmente de la posesión de su local comercial y restringe su libertad de trabajo, industria o comercio que ahí desarrolla; sin embargo, esta circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues de la interpretación de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, se colige que el amparo en dicha vía es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, lo cual implica que el hecho de que la medida ordenada sea de imposible reparación, no exime automáticamente de observar el aludido principio. Sin que sea óbice a lo anterior el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 22/2012 (10a.), en el sentido de que la clausura provisional dictada como medida preventiva en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es un acto de imposible reparación, y que en su contra procedía el amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, en virtud de que dicho precepto no determina que esa imposible reparación exima al quejoso de agotar el juicio, recurso o medio ordinario de defensa procedente, es decir, que aquélla sea una excepción al principio de definitividad." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 576, del Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 185065, que es del tenor siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando esta ley exija mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo para conceder la suspensión; en ese sentido, si el artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos para conceder la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los que establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra esa clase de resoluciones cuando no se ha agotado, previamente, el juicio de nulidad." En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del aludido ordenamiento legal. En otro orden de ideas, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, en el que se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; se exhorta a la parte quejosa para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el acuerdo general citado así como en el diverso 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de agosto de dos mil veintitrés.********************Agréguese a estos autos el escrito de ********************con el que atiende a la prevención que se le hizo en auto de veinticuatro de julio del año en curso.********************Ahora bien, toda vez que en su escrito de cuenta el quejoso manifiesta que en ninguno de los predios que defiende se está realizando obra de construcción alguna, sin indicar de manera clara y precisa qué tipo de actividad realiza en cada uno de los inmuebles que defiende, o la utilidad que cada uno de ellos cuenta.********************De igual manera, se aprecia, que si bien el quejoso indica que no se está realizando ninguna obra de construcción en los predios de su propiedad, posteriormente en singular y sin especificar a cuál de ellos se refiere, señala que se trata de casa habitación y agrega que ocasionalmente renta uno de sus cuartos; empero, no especifica a cuál de ellos se refiere, lo que resulta indispensable, a fin de estar en aptitud de analizar y proveer lo conducente al trámite de la demanda de amparo instada.********************En ese entendido, quien suscribe considera que no ha lugar a tener por cumplida la prevención de que se trata.********************En consecuencia, y en virtud de lo narrado en los párrafos que anteceden, subsiste la prevención realizada a la parte promovente contenida en auto de veinticuatro de julio de la anualidad en curso, por lo que, se le previene para que en lo que resta del término otorgado en el citado proveído, dé cumplimiento en su totalidad a la prevención realizada.********************Al respecto, si el acuerdo de referencia (aclaratorio de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés) se le notificó el veintisiete de julio del año en curso, surtió sus efectos al día hábil consecutivo, por lo que a la fecha en que presentó su escrito aclaratorio transcurrieron cuatro de los cinco días que originalmente le fueron otorgados.********************En ese contexto, dígase a la parte quejosa que el término restante (de un día), empezará a correr y contar a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este acuerdo se le haga. ********************Al caso cobra aplicación, por analogía, la tesis cuyo rubro y texto versan:********************"ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo."****************************************Adicionalmente a lo requerido, tomando en consideración que la quejosa señala que encontró colocados en la pared, un letrero que contiene un sello, requiérasele para que dentro del mismo término, y bajo protesta de decir verdad, indique el contenido íntegro del aludido sello, en la inteligencia que podrá hacerlo con una transcripción íntegra del letrero que indica, o bien con foto o captura fotográfica del mismo; ello a fin de que éste órgano judicial se encuentre en aptitud de acordar lo que en derecho proceda.********************En ese entendido, se reitera el apercibimiento realizado en el proveído de dieciséis de junio del año en curso, en el sentido de que en caso de no dar cumplimiento a lo antes expuesto, dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se tendrá por no presentada la demanda instada.********************Notifíquese personalmente a la parte quejosa.********************Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/3650/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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