Angel Rafael Ceballos Escalante

Expediente 327/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
327/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
29/03/2019

Partes del expediente

  • Angel Rafael Ceballos Escalante

Actuaciones

  1. Principal

    IV. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de doce de marzo del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Vista la demanda de amparo promovida por Ángel Rafael Ceballos Escalante, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Sentado lo anterior, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de acto reclamado, se advierte el quejoso impugna de la responsable, la resolución interlocutoria de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, relativa al incidente de liquidación, que promovió el actor, aquí quejoso, en autos del juicio laboral 113/2012. Sentado lo anterior, este Juzgador Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Se afirma lo anterior, toda vez que la promoción del presente juicio amparo se hizo de manera extemporánea, al término que establece el numeral 17 de la Ley de Amparo, una vez que el quejoso tuvo conocimiento del acto que por esta vía impugna. En efecto, de las constancias que integran el diverso juicio de amparo 379/2018, del índice de este órgano de control constitucional, se advierte que el quejoso Ángel Rafael Ceballos Escalante, tuvo conocimiento de la resolución interlocutoria que por esta vía impugna, por lo menos desde el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. En ese sentido, debe decirse que constituyen un hecho notorio para este Juzgador, los expedientes tramitados en este órgano de control constitucional; por tanto, se invoca como tal, el juicio de amparo 379/2018, promovido por el propio quejoso. Constancias de las que se desprende que en la ejecutoria emitida en dicho juicio de amparo, se concedió al aludido quejoso, el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la interlocutoria de liquidación de doce de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el expediente laboral 113/2012, dictada por la misma autoridad señalada como responsable. La protección constitucional fue otorgada para el efecto de que la Junta responsable dejara sin efectos la resolución interlocutoria invocada en el párrafo que antecede, y en su lugar dictara otra, con plenitud de jurisdicción, en la que diera contestación a las manifestaciones vertidas por el aquí quejoso. En cumplimiento a dicho fallo protector, por resolución de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, la Junta responsable dictó una nueva interlocutoria, en la que dejó insubsistente la resolución anterior de doce de febrero de dos mil dieciocho, y dio contestación a las manifestaciones vertidas por el aquí quejoso en su escrito de siete de junio de dos mil diecisiete. De dicha determinación, se dio vista al quejoso, por lo que se le notificó de manera personal, en aquél juicio de amparo, el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, tal y como se advierte de la cédula de notificación, que obra a fojas 160 y 170. Además de las propias constancias que obran en el citado juicio de amparo, se advierte que el aquí quejoso Ceballos Escalante, mediante escrito de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, realizó diversas manifestaciones en relación con el contenido de la nueva interlocutoria de catorce de noviembre del año pasado, emitida en cumplimiento al fallo protector, en autos del juicio laboral 113/2012. Siendo que mediante auto cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se declaró cumplido dicho fallo protector; de lo cual tuvo conocimiento el quejoso, el once siguiente. A fin de acreditar lo anterior, se ordena glosar a este expediente, copia certificada de las constancias a que se hizo alusión con antelación. Con base en lo narrado en el párrafo que precedente, se llega al convencimiento de que la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, respecto al acto reclamado consistente en la interlocutoria de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en el expediente 113/2012, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en atención a que tal y como se estableció en párrafos precedentes, fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. En efecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. En mérito de lo antes expuesto, si de las constancias que integran el juicio de amparo 379/2018, del índice de este órgano de control constitucional, se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de la resolución de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en el expediente 113/2012, desde el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en que hizo diversas manifestaciones en relación al contenido de dicha interlocutoria, que constituye el acto reclamado, y que fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; es dable inferir que el plazo para presentar su demanda de amparo comenzó a correr y contarse al día siguiente de tal data, por lo que es inconcuso que a la fecha en que presentó su demanda de amparo, que lo fue el ocho de marzo de la presente anualidad, según aparece de la boleta de registro expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues como ya se indicó en párrafos precedentes, de las constancias que obran en el diverso juicio de amparo 379/2018, del índice de este Juzgado, el quejoso tuvo conocimiento de la interlocutoria reclamada, por lo menos desde el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en que presentó un escrito haciendo diversas manifestaciones en relación al contenido de la misma, la cual fue dictada por la Junta responsable en el expediente laboral de origen, en cumplimiento al fallo protector emitido en el aludido juicio de amparo; por lo que es notorio que resulte extemporánea, sin que se esté en ninguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la mencionada causal de improcedencia y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Sin que constituya obstáculo para arribar a la anterior determinación, que la parte quejosa indique que el plazo para promover el presente juicio de amparo, comenzó a correr y contarse a partir del quince de febrero del año en curso, en que le fue notificada la determinación que por esta vía impugna. Ello, cuenta habida que de la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se concluye que el plazo para presentar la demanda, cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva. Lo anterior, tal y como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 5, del Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el predio que señala en su escrito de cuenta; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rodolfo Moreno Canché, y con las limitaciones que establece la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Abraham Salomón Cruz Ramayo, María Jesús Tamayo Sosa, y a Jorge Eutimio Quintal Chi, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que la Actuaria Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

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