Ángel Roa Ordoñez

Expediente 11/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
11/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
23/05/2019

Partes del expediente

  • Ángel Roa Ordoñez
  • Arelih Galán Mondragón

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por el que solicita se le informe el domicilio para citas y notificaciones que proporciono el quejoso del juicio en que se actúa Ángel Roa Ordoñez, a lo que se acuerda: En atención a la solicitud del homólogo federal, con fundamento en el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, por oficio que derive de este auto, remítasele copia certificada de la demanda de amparo, de la cual se advierte el domicilio señalado por el quejoso en cita, así mismo se le hace de su conocimiento que el juicio en que se actúa se desechó y el mismo causo estado el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, lo anterior para los efectos legales conducentes...MESA 1

  2. Principal

    VISTA LA CERTIFICACION... HA CAUSADO EJECUTORIA,... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... TRANSFIERASE A LA DIRECCION GENERAL EN CITA... MESA: 1

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo.....Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, en el caso a estudio, los promoventes de amparo hacen consistir el acto reclamado en la orden verbal para impedirles la libre expresión de ideas y como efecto de ello la sanción de privación de sus percepciones económicas (haberes), a partir del quince de enero actual y en forma indefinida. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.De los mismos ordenamientos legales, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir, que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Ahora, toda vez que en el presente juicio los quejosos reclaman la posible suspensión del pago de sus haberes para ser aplicado a partir del quince de enero del año en curso, derivado de la orden verbal de la responsable, por lo que se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación de los hoy quejosos, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por lo tanto, deben probar de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser dirigido en forma personal y no por inducciones, tal y como acontece en el caso concreto, en donde los quejosos manifiestan lo siguiente: En ese orden de ideas, cabe precisar que para que se estime que un acto u omisión es desplegado por una autoridad como ente del Estado, requiere de los siguientes atributos: que sea unilateral, esto es, no requiere la aprobación del gobernado; imperativo en razón de que se impone al particular contra su voluntad, y coercitivo porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley; entonces, si la actividad o abstención desplegada por el ente estatal no reúne tales características, no puede válidamente considerarse que se esté en presencia de un acto de autoridad. Ahora, tomando en consideración que la quejosa reclama en esta instancia constitucional, como se precisó con antelación, la orden verbal para impedirles la libre expresión de ideas y como efecto de ello la sanción de privación de sus percepciones económicas, misma que le fue dado a conocer de manera verbal por diversas personas de la nueva administración del municipio de Nicolás Romero, Estado de México, por orden verbal por parte del Presidente Municipal de Nicolás Romero, Estado de México. En consecuencia, puede afirmarse que la información dada a conocer a los aquí quejosos por parte de diversas personas de la nueva administración del municipio de Nicolás Romero, Estado de México, de manera verbal, no configuran actos de autoridad para efectos del juicio amparo. En efecto, pues como se ha visto, para ello es indispensable que la relación de supra a subordinación tenga su nacimiento en la Ley y que con motivo de ella cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas u omita tales actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Lo cual no acontece con motivo de la orden verbal en la que refieren se les impide la libre expresión de ideas, pues incluso se identifican a las personas que les indicaron dicha circunstancia y no fue su deseo señalarlas como autoridades responsables y no basta que aduzcan que las mismas refieran ser de la nueva administración, por lo que es inconcuso que no se genera la aludida relación de supra a subordinación de la que surja una obligación (legal) por parte del ente del Estado, que de llevarla a cabo cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, pues para que esto se origine se debió notificar el acto reclamado por escrito o en su caso la afectación directa haberse ejecutado, por lo que revela conductas que pudieran ser ilícitas, materia de demanda ante autoridades jurisdiccionales correspondientes, pero no que hubiese realizado un trámite que genere un acto. De lo transcrito, se advierte que los quejosos, no atribuyen a alguna autoridad el acto que por esta vía pretenden impugnar, lo que a juicio de este juzgador resulta insuficiente para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo. Asimismo, los efectos que ocasionaría el acto de autoridad, resulta evidente de que en el caso concreto, lo que los quejosos pretenden es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Precisado lo anterior, es válido concluir que no han sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1° y 61 de la Ley de Amparo, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria, ya que el escrito de demanda no se advierte si quiera de manera probable la ejecución del acto reclamado, ya que no los atribuye a ninguna autoridad. En tales condiciones, es inconcuso que la demanda de amparo deviene improcedente, toda vez es importante determinar la naturaleza del acto existente frente al acto futuro, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente del juicio amparo, pueden sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y los actos que aquí se pretende combatir, aun no se han materializado ni derivan de un acto de autoridad. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya a los solicitantes de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio, en el entendido que no se le atribuye a alguna autoridad en los antecedentes de la demanda de amparo. En tales condiciones, al no haber acreditado los promoventes del juicio de amparo, que con el acto reclamado se afectó su esfera jurídica, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en lo previsto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Se tiene como representante común de los quejosos a ................ Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, el que indican en su demanda de amparo. Ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere en su ocurso, hasta en tanto registren su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado....MESA 1

  4. Principal

    CITATORIO. Se notifica por medio de lista el auto que dice... Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de enero de dos mil nueve. Recepción y registro de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por por Arelih Galán Mondragón, Ángel Roa Ordoñez, Enrique Cerón Reyes, José Rogelio Rivas Reyes, Alondra Elizabeth de la Vega Maupome y Claudia Ivonne Vargas Bustos, por su propio derecho, contra actos que reclaman del Presidente Municipal de Nicolás Romero, Estado de México, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 11/2019-1, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva acabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas, relativas al estudio integral de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Causal de improcedencia. Ahora, en el caso a estudio, los promoventes de amparo hacen consistir el acto reclamado en la orden verbal para impedirles la libre expresión de ideas y como efecto de ello la sanción de privación de sus percepciones económicas (haberes), a partir del quince de enero actual y en forma indefinida. De lo anteriormente, se desprende que al interpretar los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I II de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XXIII, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] " De los mismos ordenamientos legales, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir, que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Ahora, toda vez que en el presente juicio los quejosos reclaman la posible suspensión del pago de sus haberes para ser aplicado a partir del quince de enero del año en curso, derivado de la orden verbal de la responsable, por lo que se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación de los hoy quejosos, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por lo tanto, deben probar de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser dirigido en forma personal y no por inducciones, tal y como acontece en el caso concreto, en donde los quejosos manifiestan lo siguiente: "B. Que el día DOS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, mientras nos desempeñábamos normalmente, como a las once horas, se presentaron en nuestra área de trabajo diversas personas que manifestaron ser parte de la nueva administración del Municipio de Nicolás Romero, Estado de México, y debido a que los Garantistas expresaba ideas diferentes al partido político que actualmente está gobernado dicho municipio, es por lo que EL PRESIDENTE MUNICIPAL HABÍA DADO LA ORDEN VERBAL PARA QUE SE NOS IMPIDIERA EXPRESAR NUESTRAS IDEAS y SE NOS SANCIONARÁ, en consecuencia, con la suspensión del pago de nuestros haberes indefinidamente el día QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE hasta en tanto dejáramos de expresar nuestras ideas y expresáramos ideas afines al partido Movimiento de Regeneración Nacional ("MORENA" por sus siglas)." Asimismo, es menester mencionar que el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones de autoridades que violen derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que significa que mediante dicho juicio sólo pueden examinarse por los tribunales federales, actos o abstenciones provenientes de una autoridad que vulneren la esfera jurídica del gobernado. Lo que en el caso no acontece, en virtud de lo siguiente: En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En ese orden de ideas, cabe precisar que para que se estime que un acto u omisión es desplegado por una autoridad como ente del Estado, requiere de los siguientes atributos: que sea unilateral, esto es, no requiere la aprobación del gobernado; imperativo en razón de que se impone al particular contra su voluntad, y coercitivo porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley; entonces, si la actividad o abstención desplegada por el ente estatal no reúne tales características, no puede válidamente considerarse que se esté en presencia de un acto de autoridad. Ahora, tomando en consideración que la quejosa reclama en esta instancia constitucional, como se precisó con antelación, la orden verbal para impedirles la libre expresión de ideas y como efecto de ello la sanción de privación de sus percepciones económicas, misma que le fue dado a conocer de manera verbal por diversas personas de la nueva administración del municipio de Nicolás Romero, Estado de México, por orden verbal por parte del Presidente Municipal de Nicolás Romero, Estado de México. En consecuencia, puede afirmarse que la información dada a conocer a los aquí quejosos por parte de diversas personas de la nueva administración del municipio de Nicolás Romero, Estado de México, de manera verbal, no configuran actos de autoridad para efectos del juicio amparo. En efecto, pues como se ha visto, para ello es indispensable que la relación de supra a subordinación tenga su nacimiento en la Ley y que con motivo de ella cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas u omita tales actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Lo cual no acontece con motivo de la orden verbal en la que refieren se les impide la libre expresión de ideas, pues incluso se identifican a las personas que les indicaron dicha circunstancia y no fue su deseo señalarlas como autoridades responsables y no basta que aduzcan que las mismas refieran ser de la nueva administración, por lo que es inconcuso que no se genera la aludida relación de supra a subordinación de la que surja una obligación (legal) por parte del ente del Estado, que de llevarla a cabo cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, pues para que esto se origine se debió notificar el acto reclamado por escrito o en su caso la afectación directa haberse ejecutado, por lo que revela conductas que pudieran ser ilícitas, materia de demanda ante autoridades jurisdiccionales correspondientes, pero no que hubiese realizado un trámite que genere un acto. De lo transcrito, se advierte que los quejosos, no atribuyen a alguna autoridad el acto que por esta vía pretenden impugnar, lo que a juicio de este juzgador resulta insuficiente para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo. Asimismo, los efectos que ocasionaría el acto de autoridad, resulta evidente de que en el caso concreto, lo que los quejosos pretenden es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Precisado lo anterior, es válido concluir que no han sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1° y 61 de la Ley de Amparo, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria, ya que el escrito de demanda no se advierte si quiera de manera probable la ejecución del acto reclamado, ya que no los atribuye a ninguna autoridad. En tales condiciones, es inconcuso que la demanda de amparo deviene improcedente, toda vez es importante determinar la naturaleza del acto existente frente al acto futuro, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente del juicio amparo, pueden sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y los actos que aquí se pretende combatir, aun no se han materializado ni derivan de un acto de autoridad. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya a los solicitantes de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio, en el entendido que no se le atribuye a alguna autoridad en los antecedentes de la demanda de amparo. Apoya lo anterior, la tesis número XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 138, que quien esto juzga comparte y que dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." Se desecha demanda de amparo. En tales condiciones, al no haber acreditado los promoventes del juicio de amparo, que con el acto reclamado se afectó su esfera jurídica, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en lo previsto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Arelih Galán Mondragón. Notificación de las partes. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, el que indican en su demanda de amparo. Se habilitan días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados. Ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere en su ocurso, hasta en tanto registren su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Transparencia y Acceso a la Información Pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.

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