Ángel Peña Colín
Expediente 1028/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1028/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ángel Peña Colín
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por el quejoso Ángel Peña Colín, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 1028/2022 CAUSA ESTADO Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de Marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso d), del Acuerdo General citado. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por el promovente Ángel Peña Colín, mediante el cual solicita que no se decrete el desechamiento de este sumario, toda vez que en el diverso juicio de amparo 329/2020 del índice de este juzgado, no se ha dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el mismo; por lo que, dígase que deberá estar a lo acordado en auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, dejando a salvo sus derechos para que los haga valer a través de los medios de defensa correspondientes. Ahora, en relación a sus manifestaciones referentes a que no se ha dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el diverso sumario 329/2020, se le informa que las mismas deberá externarlas en el mismo. Notifíquese por lista al quejoso Ángel Peña Colín. JUZGADO OCTAVO EXP. 1028/2022
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta con número de registro 17322 signado por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, por medio del cual en atención al requerimiento formulado mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, remite el escrito original de desahogo de prevención con número de registro 14553, por lo anterior, téngase por recibido el escrito del quejoso Ángel Peña Colín, con el que desahoga en tiempo y forma la prevención formulada en auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, este juzgado federal provee lo conducente en virtud que en auto de seis de septiembre del año en curso, se avocó al conocimiento respecto de los actos reclamados en el expediente 935/2022, de su índice, que se originó con motivo de la demanda promovida por Ángel Peña Colín, con el diverso expediente 329/2020, de la estadística de este juzgado. Ahora, previo a acordar lo que en derecho corresponda, se debe tener en cuenta que de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. las partes. Del contenido de la demanda de amparo, se desprende que el impetrante de amparo, reclama de las autoridades que señalaron como responsables, lo siguiente: Asimismo, del escrito aclaratorio, precisó que el acto reclamado consiste en: Ahora, del escrito de demanda y atento al principio de que un hecho notorio1 lo constituyen los diversos asuntos que se tramitan 1 HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se ante este juzgado federal, es factible visualizar el juicio de amparo 329/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el aquí también quejoso Ángel Peña Colín, en el que señaló como acto reclamado y autoridad responsable lo siguiente: Asimismo, en sentencia dictada el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ángel Peña Colín, contra los actos reclamados al GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO, SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, SECRETARIO DE OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA MESA PRIMERA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ADVERSARIAL Y ORAL EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, ESTADO DE MÉXICO, SECRETARIO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO , JEFE DE GRUPO DE INVESTIGACIONES TORRE TLALNEPANTLA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, ESTADO DE MÉXICO, FISCALÍA ESPECIALIZADA DE DELITOS COMETIDOS POR FRACCIONADORES Y CONTRA EL AMBIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN DELITOS COMETIDOS POR FRACCIONADORES Y CONTRA EL AMBIENTE CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, JEFE DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, JEFE DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, POLICÍA MINISTERIAL DEL INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, ADSCRITA AL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a Ángel Peña Colín contra los actos atribuidos al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA MESA PRIMERA DE TRÁMITE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN B-4, DE LA FISCALÍA REGIONAL DE NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO, GRUPO TÁCTICO S.E.R.O DE LA POLICÍA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, por los motivos expresados en el considerando séptimo de la presente resolución. Por auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, Arturo Martínez Salgado, apoderado legal de la tercero interesada Banca trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. ??????????? Regional de Monterrey, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, División Fiduciaria, Inmobiliaria Quinsa, sociedad anónima de capital variable y Proyectos Pesa, Sociedad anónima de capital variable, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva misma que mediante testimonio de la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintidós, pronunciada en el amparo en revisión 203/2021, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, determinó lo siguiente en sus puntos resolutivos: PRIMERO.- Se CONFIRMA la sentencia revisada. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto, por inexistencia de los actos reclamados, en los términos plasmados en el considerando tercero y punto resolutivo primero de la resolución recurrida. TERCERO. La justicia de la UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ÁNGEL PEÑA COLÍN, respecto a las autoridades responsables precisadas en la sentencia impugnada, al tenor de las consideraciones y para los efectos precisados en dicha resolución. CUARTO. Se declara sin materia la revisión adhesiva promovida por ÁNGEL PEÑA COLÍN. En ese contexto, en esa misma fecha se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma en los siguientes términos: requiérase a las autoridades responsables AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA MESA PRIMERA DE TRÁMITE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN B-4, DE LA FISCALÍA REGIONAL DE NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO, para que en el término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, en el ámbito de su competencia den cumplimiento a lo siguiente: deje sin efectos la medida de protección del veintidós de mayo del año en curso, dictada en la en la carpeta de investigación NUC: TLA/FNC/060/098693/20/04 ECO 748/2020, de su índice, y de estimarlo conveniente con plenitud de jurisdicción, emita una nueva, ciñéndose a los lineamientos de esta resolución, es decir fundando y motivado la causa legal de su actuar indicando los datos de prueba; o en su caso se pronuncie de manera fundada y motivada respecto a la determinación de la medida cautelar: "Vigilancia permanente y continua del inmueble precisado en líneas que anteceden". Asimismo, notifique dicha determinación al impetrante de acuerdo a la normatividad aplicable al caso en concreto. Desechamiento de la demanda. Precisado lo anterior, este juzgado de distrito advierte que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues, en torno al acto que por esta vía se combate, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En efecto, la fracción X del artículo en cita establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; De la lectura del numeral transcrito se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria de amparo en otro juicio promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Dicha causal tiene su origen en el principio de cosa juzgada, por virtud del cual, al haberse examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en un diverso juicio de amparo cuya sentencia ha causado ejecutoria, produce su inatacabilidad con la promoción de un nuevo juicio de amparo en que se reclame el mismo acto, pues de no ser así, se llegaría al extremo de aceptar que pudieran promoverse diversos juicios tantas veces como el quejoso afirmara que se enteró de un hecho que desconocía con anterioridad, o bien, tantas veces como conceptos de violación se hicieran valer; lo cual evidentemente vulneraría la verdad legal a que se allegó en el juicio de garantías más antiguo. Empero, también puede suceder, que en dos juicios de amparo promovidos por el mismo gobernado formalmente se señalen actos reclamados y autoridades responsables distintos, ya sea porque en uno de los expedientes se designan más o menos actos reclamados, o autoridades; no obstante ello, se puede dilucidar con suficiente claridad que en esencia se trata del mismo acto reclamado, de tal modo que si se estudiaran los actos reclamados en el segundo amparo, se estaría analizando de nueva cuenta sobre el acto que ya fue materia de estudio en el sumario cuya sentencia ha causado ejecutoria y, ante tales circunstancias, se estaría soslayando de igual forma el principio de cosa juzgada que prevé la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que la ratio legis de dicho precepto, es precisamente que no se vulnere la verdad legal a que se allegó en el juicio de garantías más antiguo, con la interposición de amparos subsecuentes, en los que medularmente se reclame lo mismo. Luego, debe estimarse que conforme al principio de cosa juzgada que establece la causal de improcedencia de mérito, un gobernado que figuró como parte quejosa en un juicio de amparo promovido contra determinado acto de autoridad, ya no puede promover un nuevo juicio de amparo indirecto contra ese acto, pues el nuevo juicio resultará improcedente en términos de la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; toda vez que en un nuevo juicio no se debe pretender, que se declare la inconstitucionalidad de un acto que estableció cosa juzgada al respecto. Ahora bien, para actualizar esa causal es necesario cubrir las siguientes hipótesis: a) Que el quejoso en la demanda de amparo impugne un mismo acto o actos reclamados con anterioridad; b) Que dichos actos se los atribuya a las mismas autoridades responsables; y c) Que dichos actos hayan sido materia en una ejecutoria de otro juicio de amparo. En el presente caso se actualizan los elementos mencionados. De lo anterior, se concluye que en el juicio que nos ocupa existe litispendencia, ya que no puede analizarse en este asunto la legalidad de la actuación reclamada sin inferir las consideraciones que fueron objeto de estudio dentro del expediente 329/2020 de este índice, mismo que se promovió con anterioridad al que se resuelve y que se presentó por el quejoso de mérito, contra los actos y autoridades ya señalados en supralíneas, esto es, la solicitud que tiene relación con la medida de protección ordenada el veintidós de mayo del año en curso, en la en la carpeta de investigación NUC: TLA/FNC/060/098693/20/04 ECO 748/2020, en virtud de que este órgano jurisdiccional ya se pronunció al respecto en la sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, que actualmente se encuentra en etapa de ejecución. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/40 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, página 247, que a la letra dice: "COSA JUZGADA. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE. De los criterios sostenidos por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del concepto de cosa juzgada, se pueden establecer los supuestos que deben verificarse a fin de determinar su existencia en un juicio, los que son: a) Identidad de las personas que intervinieron en los dos juicios; b) Identidad en las cosas que se demandan en los juicios; y, c) Identidad de las causas en que se fundan las dos demandas; sin embargo, se advierte un cuarto elemento de convicción que requiere verificar el juzgador a fin de actualizar la institución de la cosa juzgada y que se refiere a que en la primera sentencia se haya procedido al análisis del fondo de las pretensiones propuestas. Este último requisito cobra relevancia, pues debe considerarse que para que la excepción de cosa juzgada surta efectos, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia que ha causado ejecutoria y aquel asunto en el que dicha excepción sea invocada, concurra identidad en las cosas, en las causas, en las personas de los litigantes, en la calidad con la que intervinieron y, por supuesto, que en el primer juicio se hubiere analizado en su totalidad el fondo de las prestaciones reclamadas, en razón a que de no concurrir este último no podría considerarse que se está ante la figura de la cosa juzgada, pues lo contrario, llevaría al absurdo de propiciar una denegación de justicia al gobernado, al no darle la oportunidad de que lo demandado sea resuelto en alguna instancia." De igual forma, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página 2306, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN QUE EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Así como la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 2717, Tomo XXXI, Abril de 2010, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. En ese contexto, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por Ángel Peña Colín. Notificación a la parte quejosa. Por otro lado no ha lugar, a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, pues los estrados es una forma de notificar a las partes, no propiamente un domicilio para que aquéllas las señalen como domicilio procesal, por ello, mientras no señale un domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se le realizarán a través de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo.. En relación al correo electrónico que proporciona la parte quejosa en su escrito de demanda laurahuertaabogado2101@hotmail.com, debe señalarse que el correó electrónico no es una de las formas de notificación de conformidad con lo señalado en el artículo 26 de la Ley de Amparo. Autorizados. Téngase por autorizadas a las personas que indica en su libelo para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos y, por cuanto hace al profesionista que señala, hasta en tanto, acredite haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de juicio en línea, es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, también se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese. JUZGADO OCTAVO EXP. 1028/2022
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio 27432/2022, emitido en el cuaderno de varios, en el cual se reconoció el conocimiento previo planteado por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, en esta misma sede, en relación con los actos reclamados en el expediente 935/2022, de su índice, que se originó con motivo de la demanda promovida por Ángel Peña Colín, con el diverso expediente 329/2020, de la estadística de este juzgado, por lo que, este juzgado de distrito, se avoca al conocimiento del citado asunto, acúsese el recibo correspondiente. Lo anterior obedece a que el conocimiento previo de los juicios y sus antecedentes implica seguridad jurídica para las partes vinculadas y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; pues así, el juez de amparo que conoce ya cuenta con una aproximación directa al asunto y sabe plenamente de sus antecedentes. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida Ángel Peña Colín, contra actos que reclama del Gobernador del Estado de México y otras autoridades, se provee: Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 1028/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Solicitud de constancias Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se desprende que en auto de veintitrés de agosto pasado, previno al quejoso Ángel Peña Colín, a efecto de que bajo protesta de decir verdad manifestara si compareció a la carpeta de investigación NUC:TLA/FNC/FNC/060/098693/20/04, económico 748/2022, mediante escritos presentados el treinta de julio y treinta de septiembre de dos mil veinte, en los que solicitó el retiro de la custodia decretada en dicha carpeta de investigación, respecto del inmueble que defiende, para lo cual le otorgó el término de cinco días contados a partir de la legal notificación de dicho proveído. En ese contexto y a efecto de proveer lo conducente respecto a la demanda promovida por el quejoso Ángel Peña Colín, solicítese al homólogo federal Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en la misma sede que, de no tener inconveniente legal alguno, remita la constancia de notificación del auto de veintitrés de agosto pasado y en su caso el escrito de desahogo correspondiente; asimismo, vincule el expediente electrónico del sumario 935/2022 a este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
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