Angel Obed Peña Quiroz
Expediente 586/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 586/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/08/2021
Partes del expediente
- Angel Obed Peña Quiroz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
...La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia de diecinueve de julio del dos mil veintiuno, por la cual se negó el amparo y la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado.ARCHIVO.Notifíquese.
- Principal
VISTO para resolver el juicio de amparo número 586/2020-I, promovido por Ángel Obed Peña Quiroz, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: Presentación de la demanda: El veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Admisión: El veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Intervención al Agente de Ministerio Público adscrito: El veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Emplazamiento del tercero interesada Obed Peña Franco: El seis de julio de dos mil veintiuno. Audiencia constitucional: Se celebró en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 12/2019 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013 relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, ya que en el caso se impugna un acto de una autoridad del orden civil que tiene ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que el acto reclamado es el siguiente: La resolución de tres de junio de dos mil veintiuno, emitida por la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en los autos del toca de apelación 210/2021, la cual confirmó la interlocutoria de veinte de abril de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, en la que se declaró procedente el incidente de liquidación de pensiones alimenticias promovido por Obed Peña Franco, así como su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México y a la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las constancias que remitió la Sala responsable en apoyo a su informe, consistentes en el toca 210/2021, el expediente 670/2016, el incidente de liquidación de pensiones alimenticias y un sobre con dos disco DVD; las que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. Procedencia del Juicio. I. Oportunidad de la demanda. La demanda se encuentra promovida en tiempo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 18, de la Ley de Amparo, esto es, dentro del término de quince días, toda vez que el acto reclamado se notificó al quejoso el cuatro de junio de dos mil veintiuno, el cual surtió efectos el siete siguiente, en términos del artículo 201, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, por ende, el plazo para presentar la demanda empezó a computarse al día hábil siguiente, esto es, el ocho del mismo mes y año, de ahí que el plazo transcurrió del ocho de junio al veintiocho de junio de la anualidad cursante; sin contar los días inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; entonces, al haber presentado la demanda de amparo el veinticinco de junio del año en curso, evidentemente se encuentra dentro del término legal para su promoción. II. Legitimación. Ángel Obed Peña Quiroz, está legitimado para promover la demanda, en términos de los artículos 5° fracción I y 6° de la Ley de Amparo, pues es titular de los derechos subjetivos que se ven afectados con la determinación emitida por la sala responsable, al confirmar la resolución del juez natural en la que se determinó que debería pagar cierta cantidad de dinero por concepto de adeudo de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas. III. Diversas causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Apoya esta consideración, la Jurisprudencia VI.2o.J/323, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del mes de Agosto de 1994, foja 87, con número de registro 210784, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Al respecto, toda vez que las partes no los hicieron valer, ni este Juzgador advierte de oficio alguna causa de improcedencia, por tanto, se procede al estudio del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis Obed Peña Franco demandó de Ángel Obed Peña Quiroz, el pago y aseguramiento de pensión alimenticia y pago de gastos y costas; por lo que, una vez admitida la demanda, se registró con el número de expediente 670/2018, y seguido en sus trámites se dictó sentencia el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, en la que se condenó al demandado al otorgamiento de una pensión alimenticia definitiva favor de su progenitor a razón del monto equivalente de treinta y dos unidades de medida (UMA) y actualización. Inconforme con lo anterior el quejoso promovió recurso de apelación 728/2018, resuelto el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en el sentido de confirmar la sentencia de primera instancia. Por lo anterior, el ahora quejoso promovió juicio de amparo directo 806/2018 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el que en fecha ocho de febrero del dos mil diecinueve, resolvió en el sentido de conceder el amparo solicitado, para los efectos siguientes: "1. Que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y luego emita otra. 2. En la nueva sentencia reitere lo que no fue materia de la concesión, vinculado con los diversos medios de convicción desahogados para tener en cuenta los gastos que merman la capacidad económica del deudor, destacando que éste tiene como diversas acreedoras alimentadas a Elena Quiroz Esquivel (madre) y Angela Beatriz Peña Lechuga (hija). Al examinar en su alcance los agravios del apelante, parta de la base de que la cantidad fijada por concepto de alimentos debe ser acorde a la posibilidad real del deudor alimentado y a la necesidad del que debe recibilos. De ahí que la Sala debe analizar en su integridad los gastos del enjuiciado, teniendo en cuenta los que eroga para sus acreedoras alimentarias formal hija y voluntaria (madre), respectivamente, escritos en el informe de trabajo social, para que de acuerdo con el demás material probatorio, se determine la capacidad económica real de éste y con base en ello, se fije la pensión alimenticia que justa y equitativamente corresponda a cubrir las necesidades del actor (progenitor del quejoso, Obed Peña Franco). En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, la Sala responsable, emitió el once de marzo de dos mil diecinueve, nueva resolución en el TOCA 728/2018, en la que determinó lo siguiente: ".son parcialmente fundados los agravios expresados por el hoy quejoso, bajo el siguiente tenor: "... se colige que Obed Peña Franco se encuentra en estado de vulnerabilidad derivado de su edad y estado de salud, por lo que debe suplirse en su beneficio la queja deficiente en el mismo grado y alcance de sus limitaciones físicas, profesionales, salariales, laborales y patrimoniales..." "Por tanto, en atención a los aspectos que componen la capacidad económica de Ángel Obed peña Quiroz, resulta procedente condenado a suministrar una pensión alimenticia mensual en favor de Obed Peña Franco consistente en 38 (TREINTA Y OCHO) UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, unidad que equivale de forma diaria durante el presente año según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha diez de enero de dos mil diecinueve a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 m.n.), es decir, la citada condena equivale mensualmente a la cantidad de $3,210.62 (tres mil doscientos diez pesos 62/100 m.n.); luego entonces, dicha condena será de utilidad para satisfacer alrededor del 52% (cincuenta y dos por ciento) de las necesidades alimentarias de Obed Peña Franco" Inconforme el hoy quejoso con la resolución interlocutoria de once de marzo de dos mil diecinueve dictada dentro del el TOCA 728/2018, por La Primera Sala Familiar Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, promovió en Amparo Directo número 283/2019 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por lo que, una vez seguido el proceso por sus etapas, se emitió sentencia en la cual se determinó negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo anterior, el hoy tercero interesado Obed Peña Franco, planteó Incidente de Liquidación de Pensiones Alimenticias No Pagadas correspondiente a los meses de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2020 dos mil veinte y enero y febrero del año 2021 dos mil veintiuno; por lo que se ordenó darle vista al quejoso con dicha liquidación, la cual desahogó en el sentido de que dicha liquidación resulta improcedente en términos del RESOLUTIVO CUARTO de la sentencia ejecutoria de fecha 03 tres de julio del año 2019 dictada dentro del TOCA 728/2018 por la H. Primera Sala Familiar Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia, en la cual expresamente se le había condenado a pagar la cantidad de $3,210.62 (TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 62/100 M.N.) en favor del acreedor alimentario Obed Peña Franco; incidente que fue resuelto el veinte de abril del dos mil veintiuno, en los términos siguientes: "SEGUNDO.- Se aprueba la presente planilla de ejecución de convenio y liquidación de pensiones alimenticias por la cantidad de $49,639.02 (cuarenta y nueve mil seiscientos treinta y nueve pesos 02/100 moneda nacional), correspondiente desde el mes de diciembre de dos mil diecinueve a febrero de dos mil veintiuno; cantidad que deberá ser cubierta por el deudor alimenticio en un término improrrogable de ocho días contados a partir de que la presente sea ejecutable, con el apercibimiento legal para el caso de no hacerlo, se procederá en vía de apremio.". Inconforme con la resolución interlocutoria de veinte de abril del año dos mil veintiuno dictada dentro del Incidente de Liquidación de Pensiones Alimenticias No Pagadas, el ahora quejoso interpuso recurso de apelación 210/2021, del índice de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; y una vez sustanciado, en fecha tres de junio de dos mil veintiuno se dictó sentencia en el sentido de confirmar la resolución recurrida. Determinación que constituye el acto reclamado en el sumario constitucional en que se actúa. SEXTO. Estudio de fondo del asunto. El quejoso aduce como concepto de violación medularmente lo siguiente: La autoridad responsable transgrede en su perjuicio las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1.193 párrafo segundo, 1.194, 1.195 y 1.196 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, porque el acto reclamado no se encuentra fundado ni motivado pues no se analizaron todos los agravios hechos valer por el quejoso; en específico lo que hizo valer cuando desahogó la vista que se le otorgó respecto de la demanda incidental, en el que adujo que se le condenó al pago de una cantidad de numerario distinta a la cual fue sentenciado, señalado en el resolutivo cuarto de la sentencia de tres de julio del año dos mil diecinueve dictada dentro del toca 728/2018 en el cual se le condenó a pagar la cantidad de $3,210.62 (TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 62/100 M.N.) en favor del acreedor alimentario Obed Peña Franco, resolución esta que no fue impugnada por ahora tercero interesado. El concepto de violación resulta infundado, pues la responsable al contestar los agravios hechos valer por el quejoso al resolver el recurso de apelación 210/2021, adujo lo siguiente: (.) Ahora bien, el hecho de que lo manifestado por el señor Ángel López Peña Quiróz al desahogar la vista impuesta con el incidente que nos ocupa, no haya generado los efectos jurídicos que pretendió, no se traduce en que la resolución recurrida no sea congruente, o que contravenga la determinación del resolutivo cuarto del fallo emitido el 3 de julio del año 2019, en el toca de apelación 728/2018, al no desprenderse de este que la cantidad líquida para el año en que se dictó dicha resolución deberá actualizarse en el cambio de tasación de la UMA; sino más bien obedece a las consideraciones expresadas por el apoyo en el párrafo del considerando tercero, quien al realizar una interpretación íntegra de los considerandos tercero y cuarto de dicha resolución, como determinó que resultaba claro que se condenó el deudor alimenticio al pago de 38 unidades de medida y actualización UMA de manera mensual, y que se liquidó dicha cantidad para el año en que se dictó dicha resolución, debiendo actualizarse el monto con el cambio de estación de la Unidad de medida y actualización. Determinación, que en concepto de este órgano colegiado resulta correcta, en virtud de que, no obstante, del resolutivo cuarto, como se desprende que se previno el demandado Ángel Peña Quiróz, para que consignará la cantidad de $3,210.62 pesos moneda nacional; sin embargo, ello obedece a que el resolutivo tercero, evidencia que se le condenó al pago de una pensión alimenticia, a razón del monto equivalente a 38 Unidades de Medida y Actualización; lo que se interpreta en que para el año 2019, en que se fijó la pensión alimenticia definitiva, como el valor de la Unidad de Medida y Actualización diaria equivalía a $84.49 pesos, moneda nacional y las 38 Unidades de Medida y Actualización a $3,210.62 pesos, importe este en dinero que fue liquidado durante ese año, y no debe perderse de vista que si la intención del órgano jurisdiccional, hubiera sido establecida expresamente tal cantidad económica como monto por concepto de pensión alimenticia definitiva, no había tomado como referente la Unidad de Medida y Actualización. Por otra parte, este órgano colegiado estima necesario, con el fin de disolver la confusión que pudiera existir sobre la intención del juzgador, en los resolutivos tercero y cuarto, del fallo de fecha 3 de julio de 2019 con respecto a la condena definitiva de alimentos hacer las precisiones siguientes: Por lo que, si en el fallo definitivo de fecha 3 de julio de 2019, se estableció que la unidad de medida decretada durante dicho año correspondía las cantidades de $84.49 pesos Moneda nacional diarios y $3,210.62 centavos moneda nacional mensuales; de acuerdo a dicha redacción, tenemos que la cantidad líquida que equivalía sería mientras dure, al tiempo que estuviera vigente dicho valor. Por otra parte, de la consulta de la página oficial del INEGI, se advierte que durante los años 2020 y 2021 el valor diario de la unidad de medida actualización fue de $86.88 moneda nacional y $89.62 moneda nacional, respectivamente. por lo que, considerando que cada año, se publica el valor de la unidad de medida y actualización; tenemos que, mientras dure el tiempo de duración del valor de la unidad de medida y actualización para cada año, el equivalente a las 38 unidades de medida y actualización. Correspondería a diversas cantidades. En segundo lugar, no se soslaya que en la sentencia de fecha 3 de julio de 2019, se determinó la que la condena sería de utilidad para satisfacer alrededor del 52% de las necesidades alimentarias de Peña Franco; al respecto, cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 1.260 del Código de procedimientos civiles, constituye un hecho notorio que las pensiones alimenticias que se fijan en determinada unidad de medida, como ya sea en salarios mínimos o unidad de medida y actualización, su equivalente en dinero se actualiza simultáneamente conforme al incremento al porcentaje del índice nacional de precios al consumidor; a fin de evitar con ello que el acreedor alimentario tenga que promover el incremento de la pensión alimenticia fijada, cada vez que ésta sea insuficiente por la depreciación del dinero y disminución del poder adquisitivo al aumentar la inflación y el costo de la vida, como al estar directamente relacionado con el índice de precios al consumo del mercado, específicamente de la canasta alimentaria básica, la cual comprende un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades básicas de consumo. Por ende, para que la pensión alimenticia pueda cumplir con su función, no debe perder su poder adquisitivo de ahí que, el valor de la unidad de medida y actualización, incremente de forma porcentual anual, atendiendo entre otros aspectos al índice nacional de precios al consumidor y la proporción a las necesidades básicas de consumo; por tanto, al incrementar el valor de la unidad de medida y actualización, el importe en dinero de la pensión alimenticia debe actualizarse automáticamente. Ya que sería ilógico estimar que la cantidad de $3,210.62 pesos moneda nacional equivale mensualmente el valor de las 38 unidades de medida y actualización para el año 2019 y con el que tienes entonces el 52% de las necesidades alimentarias de Peña Franco, fuera inalterable; pues de acuerdo, al costo de la vida, que se ve afectado año con año, dicha cantidad no tendría el mismo poder adquisitivo para satisfacer tal porcentaje de las necesidades alimentarias del señor Obed Peña Franco." En efecto, de la transcripción precedente se advierte que la Sala responsable dio contestación a los agravios hechos valer por el recurrente ahora quejoso, pues adujo que contrario a lo señalado por éste, no se transgredían los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni los artículos 1.194, 1.195, 1.56, 1.205, 1.206 y 1.207 del Código de procedimientos civiles; pues no le asistía razón al aseverar que en el fallo interlocutorio recurrido, no se había cerrado la discusión jurídica en límites precisos; que se incumplía la determinación judicial emitida en el toca de apelación 792/1018, cómo que tampoco se habían modificado los términos de dicha sentencia, al no desprenderse del resolutivo cuarto, que la cantidad líquida para el año en que se dictó la resolución tenía que actualizarse con el cambio de tasación de la unidad de medida y actualización. Es decir, la responsable especifico, que si bien era cierto que la cantidad que debía pagar inicialmente el demandado al acreedor inicialmente era de $3,210.62 pesos moneda nacional mensualmente, equivalente al valor de las 38 unidades de medida y actualización para el año 2019, también es cierto que, precisó que dicha cantidad era únicamente por lo que hace a ese año, y no por todos los subsecuentes, pues no debía perderse de vista que la cantidad a que tenía derecho el acreedor, debía garantizar su subsistencia en un 52%, por tanto, la misma debía aumentar conforme el paso del tiempo y el valor que obtuviera la UMA, de conformidad con lo que estableciera el INEGI, anualmente; de ahí que, no resultaba necesario que dicho aspecto se precisara de esa forma en la resolución recurrida, pues precisamente por ello se había tomado en consideración la Unidad de Medida de Actualización, bajo el entendido que dicha medida modifica su valor, de conformidad con la situación que se vive en el momento del pago respectivo. Así las cosas, como se dijo anteriormente, se estima que el concepto de violación hecho valer por el ahora quejoso en el presente juicio de amparo es infundado pues como ha quedado preciado en párrafos precedentes, la responsable sí expuso las razones de porque era acertado que la cantidad que debía pagar el deudor ahora quejoso al acreedor aumentaba anualmente; es decir, que debía variar la señalada inicialmente, en atención el costo de las necesidades del acreedor y al aumento anual de la UMA. De ahí que, se considere infundado el motivo de disenso hecho valer por el peticionario del amparo, puesto que contrario a lo aducido, la Sala responsable sí dio contestación a los agravios que hizo valer, y precisó porque se debía actualizar cada año el pago mensual al acreedor alimenticio, ello derivado del incremento de la UMA, que era precisamente la mediada utilizada para tal efecto, de ahí que, dicha situación no resultaba necesaria que se precisara de manera explícita; además, expuso los motivos y fundamentos para establecer su dicho. En mérito de lo anterior, ante lo infundado del concepto de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el quejoso Ángel Obed Peña Quiroz. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ángel Obed Peña Quiroz, respecto de los actos y autoridades señalados en el considerando segundo de esta sentencia, conforme a las consideraciones expuestas en el último considerando. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de julio de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; se provee lo siguiente: La certificación que antecede evidencia que feneció el plazo de tres días concedido en auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, al tercero interesado Obed Peña Franco para que señalara domicilio donde oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional. En consecuencia se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de referencia y de conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2° y 28, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por la lista que se realiza mediante publicación en internet, prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal y que se coloca en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita tal y como lo prevé al artículo 21 del Acuerdo General aludido, hasta en tanto se señale un lugar determinado en el cual sea factible recibir notificaciones y practicar diligencias que en el caso debe ser un inmueble, casa o despacho en donde las personas que deban notificarse residan, habiten o tengan el principal asiento de sus negocios. ...
- Principal
.... Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio y anexos consistentes en el toca de apelación 210/2021, incidente de liquidación de pensiones alimenticias, un legajo de copias certificadas del expediente 670/2016 y un sobre con dos discos en formato dvd, enviados por la Magistrada de la Sala Familiar Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de los cuales rinde informe justificado; con ellos dése vista a la parte quejosa, lo anterior, sin perjuicio de relacionarlos en la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, dada la voluminosidad de las constancias remitidas y para evitar el deterioro de las mismas, fórmese anexo correspondiente y procédase hacer la carátula respectiva para su identificación. ...
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