Angel Menero Pacheco
Expediente 1192/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 26 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1192/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 23/11/2017
Partes del expediente
- Angel Menero Pacheco
- Ignacio Martinez Perez
- Samuel Hernandez Rojas
- Jose Luis Hernandez Rodriguez
- Jose Luis Hernandez Rodriguez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio remitido por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 33391/2016, por el que se le devolvieron las constancias que remitió como anexo a su informe justificado para substanciar el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y déjese sin efectos el apercibimiento inserto en el auto de quince de noviembre de dos mil diecisiete. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; quince de noviembre de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, a la parte quejosa, no recurrió la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Por lo tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, a la autoridad responsable Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, devuélvase las constancias que adjuntó como complemento a su informe justificado, consistente en ocho (8) tomos de copias certificadas de los pases de visita (garitas) que registran los quejosos correspondientes a la visita íntima, familiar y de defensores que han tenido, así como diversos vales de entrega de ropa y zapatos de los últimos meses. Solicitándose a la responsable, para que dentro del plazo de tres días inserto en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acusen recibo de las constancias referidas en el párrafo que antecede, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: El presente asunto es susceptible de depuración la totalidad de las constancias que integran el expediente con excepción de la demanda y sentencia respectiva, toda vez que se concedió la suspensión de oficio y de plano a los quejosos, respecto de unos actos, mediante proveído de veintiocho de julio de dos mil diecisiete; es decir, en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso III, párrafos segundo y cuarto del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, el cuaderno el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero). El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero). En el presente asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I. VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1192/2017-I, promovido por José Luis Hernández Rodríguez y otros, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y otras autoridades. . R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda recibido el veintiocho de julio de dos mil diecisiete en la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, José Luis Hernández Rodríguez y otros, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y otras autoridades, por los actos reclamados consistente en: malos tratos, tortura y actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la prohibición de visita familiar y abstención de suministrar zapatos, ropa y alimentos. Sin que se tuvieran como actos reclamados los restantes que mencionan en su demanda de amparo éstos ya que son calificativos que los propios agraviados les otorgaron. SEGUNDO. Los quejosos estimaron violados en su perjuicio los artículos 1, 4, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. El conocimiento de la demanda de amparo correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; por auto de veintiocho de julio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite y se decretó la suspensión de oficio y de plano únicamente por el acto reclamado consistente en los malos tratos, tortura y actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; asimismo, ordenó la apertura de los cuadernos incidentales respecto del diverso acto consistente en la prohibición de visita familiar y abstención de suministrar zapatos, ropa y alimentos. De igual forma, se requirió los informes justificados de las autoridades responsables, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y se señaló día y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. CUARTO. Cabe precisar que mediante proveídos de dos, nueve, once, quince, diecisiete y veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se sobreseyó en el juicio de amparo únicamente por lo que respecta a los quejosos Christian Lucenilla Salazar, José Iván Chao Llañez. Blas Vallejo Benítez, Francisco Rene Campos Martínez, Rene Calderón López, Tomás Mauricio García Sifuente, Héctor Anahoxin Sotero Cuellar, Christian Rodríguez Martínez, Audon Rodríguez Ramírez, Pedro González Guadarrama, Jovanni Fernando Ramírez Robledo, Juan Ramírez Flores, David Arcos Martínez, Juan Gabriel Montez Sermeño, Joaquín Hernández Rodríguez, Luis Manuel García Henríquez, Francisco Ramos Arriaga, Martín Ortega Arzula, Cesar Loyola Guerrero, Feliciano Ramírez Miranda, Guillermo Contreras Garduño, Juan José López, Guillermo Gallardo Sauceda, Cristian Arturo Hernández Torin, Leonel Islas Martínez, Elver Cerón Gregorio, Oscar Abel Adrián Hernández González, Javier Torres Torres, Samuel Hernández Rojas, Javier Almazán Cantú, José Luis Hernández Rodríguez, Ángel Menero Pacheco, Erick Eduardo Guarneros Cortes y Gustavo Vasconcelos Pérez, por los motivos y consideraciones expuestas en dichas determinaciones. Precisando en dicha determinación que el presente asunto se continuaba con su tramitación respecto de los diversos quejosos. QUINTO. La presente sentencia no se ocupará de los actos reclamados a la autoridad señalada como ""TITULAR DEL ÁREA DE SERVICIO DE ALMACÉN DEL CENTRO FEDERAL Y READAPTACIÓN SOCIAL NUMERO UNO ALTIPLANO", "TITULAR DEL ÁREA DE SERVICIO DE TIENDAS DEL CENTRO FEDERAL Y READAPTACIÓN SOCIAL NUMERO UNO ALTIPLANO" y "TITULAR DEL ÁREA DE SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL DEL CENTRO FEDERAL Y READAPTACIÓN SOCIAL NUMERO UNO ALTIPLANO", pues mediante proveído de dos de agosto del año en curso, se les dejó de tener como autoridades responsables para efectos del trámite subsecuente del presente juicio de amparo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado es atribuido a autoridades con residencia en donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en malos tratos, tortura y actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la prohibición de visita familiar y abstención de suministrar zapatos, ropa y alimentos. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del juicio, incluyendo la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Se estima aplicable, la tesis VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, número de registro 181810, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de éste, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, número de registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. Ahora bien, las autoridades responsables: Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México y la Directora General de lo Contencioso y de Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor en representación del Procurador Federal del Consumidor. Director de Área adscrito a la Unidad de Asuntos legales y Derechos Humanos, en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación éste a su vez en representación Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como del Coordinador General de Centros Federales. Al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado por los quejosos los cuales hicieron consistir en malos tratos, tortura y actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la prohibición de visita familiar y abstención de suministrar zapatos, ropa y alimentos. Por tal motivo, si los quejosos no aportaron prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, número de registro 917818, cuyo tenor es el siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis VI.2º.A.4 K, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, número de registro 187728, cuyos rubro y texto son: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Lo anterior, porque el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación del quejoso de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a la autoridad en cita corresponde al solicitante del amparo. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, número de registro 210769, Octava Época, de contenido: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por tanto, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1192/2017-I, promovido por ELÍAS ALCANTAR CORTÉS, ZARATE CHÁVEZ JUAN MARTÍN Y/O NELSON ALEJANDRO JUÁREZ RODRÍGUEZ, EDGAR DAVID MORALES ROBLEDO, JOSÉ LUIS LÓPEZ MANJIVAR, LUIS ANTONIO FLORES GOMÉZ. REYNALDO GIRON Y/O JIRON PADILLA, SELVÍN GIRON PADILLA Y/O JIRON PADILLA SERVIO, NOÉ ROBLES HERNÁNDEZ Y/O SOTELO GARCÍA NOÉ ABRAHAM. JOSÉ PABLO VENTURA HERNÁNDEZ. FRANCISCO ALEJANDRO OROZCO GONZÁLEZ, CARLOS ANTONIO OROZCO GONZÁLEZ. CÉSAR OVALLE LANDEROS Y/O CESAR HUMBERTO OVALLE LANDEROS. JUAN CARLOS OVALLE LANDEROS. CARLOS ALBERTO RAMÍREZ CONTRERAS, DAMIÁN ISAIS ROSALES BAEZ, ALAN JAHIR SÁNCHEZ OCAMPO, MARIO JIOVANNY QUEZADA BELTRÁN. OSCAR ABEL JUÁREZ PAREDES, ANUAR TRINIDAD QUEZADA BELTRÁN. JESÚS JAIR DE SANTIAGO RODRÍGUEZ, AUGUSTO EFRÉN DELGADO SANTIAGO, EVERARDO RAMÍREZ GUZMÁN, PEDRO BARRIOS Y/O BARRIENTOS CRUZ. VÍCTOR MANUEL IRINEO RAMOS, GERARDO LÓPEZ RUÍZ, JOSÉ ISRAEL MORENO ARELLANO, JESÚS GUILLERMO FERNÁNDEZ VALDEZ, HUMBERTO SÁNCHEZ CRUZ, EFRAÍN SÁNCHEZ CRUZ, JONATHAN MARTÍNEZ CATALÁN Y/O MATINEZ HERNÁNDEZ JONATHAN, HÉCTOR SÁNCHEZ CRUZ, SANTIAGO CHRISTIAN CORONADO GALLEGOS, EDGAR JARAMILLO BENÍTEZ. CHRISTIAN RAMÍREZ RODRÍGUEZ. GERARDO BARRÓN BANASAS. JORGE ARTURO TOVAR Y/O TOBON MANRÍQUEZ. JOSÉ ANTONIO CARRASCO SOLLS Y/O SILVESTRE HARO RODRÍGUEZ, CHRISTOPHER ABRAHAM ARELLANO ARROYO, ALEJANDRO MARTÍNEZ RUIZ Y/O ALEJANDRO RUIZ MARTÍNEZ, JOSÉ MARTÍNEZ JUNIOR, ELEAZAR GARCÍA SIMENTAL, MARIO SAÚL FARFÁN ORTIZ. PEDRO RUÍZ MARTÍNEZ, ISMAEL PUGA OHM, BASILIO BERNAL BERNARDO, JOSÉ LUIS ZAVALA CONTRERAS, SAÚL ISRAEL ZARAGOZA ELENES, ALFREDO PRADA MADRIGAL. ENRIQUE RAMÍREZ RUBIO Y/O HÉCTOR RIVERA JAIMES, GONZALO MARTÍNEZ ZÚÑIGA. ALBERTO RIVERO MARTÍNEZ, JESÚS PINEDA MONTES. JAVIER TORRES GÓMEZ, JOSUÉ NORANJO MELGAR, CENAIDO HERNÁNDEZ GUTEMALA, JOSÉ LUIS GARCÍA BAUTISTA, ALEJANDRO GONZÁLEZ RAMIREZ. ROMEL SANTIAGO GONZÁLEZ CHAVEZ Y/O GONZÁLEZ SÁNCHEZ ROMEL SANTIAGO, CHISTOPHER RAMÍREZ CRUZ Y/O RAMÍREZ CRUZ CHRISTOFER ARMANDO, JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ SERRANO, JOSÉ ANTONIO RAMOS JAIME, LUIS ADRIÁN VEGA RUEDA, WILLLAM TORRES SOLORZANO, ENRIQUE ZERMEÑO GARCÍA. JAVIER ALMANZA CANTU. JUAN CARLOS SUASTEGUI HERNÁNDEZ, ELÍAS ALCANTAR CORTEZ, VÍCTOR HUGO CAMARGO VALENCIA. OBET GÓMEZ RAMOS, ALEJANDRO ROSADO DOMÍNGUEZ, IBAN BEAS BELMONTE, JUAN MARTIN Y/O MANUEL ZARATE CHÁVEZ, JOSÉ ÁNGEL TOVAR GUILLEN, JESÚS GUILLERMO FERNÁNDEZ VALDEZ. HILARLO GARCÍA CAMACHO Y/O CAMACHO ESPINOZA JESÚS, JESÚS SANTIAGO ÁLVAREZ AYALA, SIDRONIO COVARRUBIAS SALGADO, JOSÉ ANTONIO ISLAS GARCÍA, ISIDRO LOZANO DÍAZ, MISSAEL MORAN NAVARRETE, FERNANDO LEMUS GONZÁLEZ. MARIO HERNESTO MÉNDEZ MENDOZA. FROILAN BENÍTEZ BENÍTEZ, NICOLÁS BENÍTEZ BENÍTEZ, ROBERTO SALAZAR MERAZ, JOSÉ ANTONIO ESCALANTE AGUIRRE. MATÍAS BENÍTEZ ALVITA. MARTIN BELTRÁN DELGADILLO, DANIEL FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, ERIC MANUEL TAMAYO CARMONA. HUGO PONCIANO REA. TIOFAN ANTONIO SORIANO RODRÍGUEZ, ARMANDO LÓPEZ SORIANO. JUAN Y/O MARCO ANTONIO HURTADO VERA, JUAN MANUEL ACEVEDO CORTEZ. SERGIO DÍAZ CISNEROS, JESÚS SANTANA FERRUSCA, CARLOS PERAZA GERARDO Y/O GÓMEZ GERARDO. JUAN FRANCISCO AGUILAR HERRERA, DANTE IBAN GARZA RUVALCABA Y/O GARZA RAMÍREZ JUAN. JOSÉ TRINIDAD ESCOBAR SALMERON. DANIEL RAMÍREZ EMIGDIO, CLAUDIO LEDEZMA CAMPOS. ISMAEL LEDEZMA CAMPOS. EDGAR ADRIEL ARENAS ORTEGA, RUBÉN MORALES SALAZAR, BERNARDO ARAUJO HERNÁNDEZ, RAÚL CORZO CANALES. ESTEBAN ORTIZ CORONEL Y/O ORTIZ GONZÁLEZ CORONEL. CARLOS VILLANUEVA DE LA CERDA. NERY SALGADO HARRISON, JESÚS GERÓNIMO VILLANUEVA FIGUEROA. JUAN CARLOS CALDERÓN ÁVILA, EFRÉN RUBIO LÓPEZ Y/O JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ GERÓNIMO, SOCORRO BAZOCO LÓPEZ, RENE MURGUÍA ELLZONDO, VÍCTOR FELLX FELLX, INÉS ENRIQUE TORRES ACOSTA, JORGE ALBERTO PÉREZ CASARES, JORGE COURI LAYON, ALFREDO DELGADILLO SOLÍS. TEODORO GARCÍA SIMENTAL. JOSÉ GUADALUPE YÁÑEZ RODRÍGUEZ, EMANUEL PALMA MORQUECHO, ORLANDO GARCÍA URQUIZA. ALFREDO SALAZAR RAMÍREZ Y/O CÁRDENAS ARMENTA URIBE, ROBERTO MARTÍNEZ MORALES, HÉCTOR MANUEL AVENDAÑO OLEADA, ALONSO CORIA GARCÍA. JOSÉ LUIS CORTEZ ORTIZ, PEDRO GATICA GIL. LUIS PARRA MOJICA, LÁZARO LLLNAS CASTRO, CARLOS ABEL MARTÍNEZ MORAN. JESÚS ALBERTO GALAVIZ VEGA, ALEJANDRO ABARCA DOMÍNGUEZ, JOSÉ ANTONIO RAMOS JAIME. VÍCTOR ALBERTO SALMERON TORRES, ANDRÉS MARTÍNEZ BALCAZAR, ADOLFO CUAUHTÉMOC REYES HINOSTROZA, BRAYAN CRISTÓBAL HERNÁNDEZ ORTEGA, ÁNGEL MANUEL MORA CABERTA, LUIS IGNACIO ESCOBAR TORRES. ALEJANDRO MARTÍNEZ CHIU. FEDERICO ABDON RODRIGUEZ GARCÍA AMADOR ESQUIVEL OROZCO, VÍCTOR CABRERA DELGADO, FRANCISCO DAIR MONTALVO RECIO, MARCO DE JESÚS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ GREGORIO MAYORCA DE LA TORRE, OSCAR ARTURO LÓPEZ PASTEN, OMAR IRAM GUZMÁN ORTIZ. EDGAR ADRIEL ARENAS ORTEGA. JESÚS VALENCIA RINCON, CLEMENTE VALENCIA GONZÁLEZ, JUAN MANUEL BERNAL VÁZQUEZ. RAÚL RUIZ ALPIZAR, JOSÉ ALBERTO PUNTAS VÁZQUEZ, GEOVANNI GALLEGOS BOLAÑOS. OMAR HERNÁNDEZ BENÍTEZ. ROBERTO MORALES GIMÉNEZ, MISAEL GUZMÁN AGUIRRE, RODOLFO GONZÁLEZ CARBAJAL, MARCO ANTONIO REYES LEAL. ISAÍ FLORES RAMOS, JOEL RODRÍGUEZ MARRERO, MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ DÍAZ, JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ SORIANO, JESÚS SÁNCHEZ AGÜERO, JESÚS VÁZQUEZ PÉREZ, LADISLAO GONZÁLEZ SILVERIO, ERICK FERNANDO DÍAZ ORIHUELA, MARCO ANTONIO PÉREZ CORREA, EDGAR ALEJANDRO ESPINOZA GÓMEZ. VÍCTOR MANUEL VILLAR MEDINA, RAÚL PEREGRINO ORTEGA, JUAN MARTIN SOUZA NIEVES Y/O GONZALO MARTIN SOUZA NIEVES, ALFREDO PARIENTE ARCE, JOSÉ DOLORES BUSTOS BAHENA. DANIEL ZUÑIGA PÉREZ, EDUARDO DÍAZ CASTILLO, JOSÉ LUIS GARCÍA URBINA, MANUEL ANTONIO GUERRERO DE LA GARZA, ALFREDO DELGADILLO SOLLS, CARLOS VILLANUEVA DE LA SERDA, JUAN RAMÓN RÍOS HERNÁNDEZ, LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ MARCOS. EDGAR EDUARDO GARZA MURILLO, ROLANDO MONSIVAIS TREVIÑO, CESAR ALFREDO NIEBLA LERMA, VÍCTOR MAGNO ESCOBAR LUNA, CARLOS MANUEL JOO RAMÍREZ. EDGAR AARÓN CHAVIRA GÓMEZ, MARCELLNO TICANTE CASTRO, EDGAR MANUEL LÓPEZ OSORIO, LUIS MANUEL HENRÍQUEZ PADILLA, JOSÉ ALFREDO MONTOYA HIDALGO, JOSÉ PABLO ARVISU SERVIN, PEDRO SÁNCHEZ ARRAS, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JESÚS ANTONIO Y/O JESÚS SANTIAGO ÁLVAREZ AYALA, GUSTAVO ADOLFO GUZMÁN CABRERA, JORGE ASTUDILLO MARTÍNEZ, JUAN FRANCISCO AGUILAR HERRERA, GILBERTO RAMÍREZ FLORES, JESÚS MANUEL MARTÍNEZ VÁZQUEZ. BARILA MORALES LUIS, LOERA MARTÍNEZ ENRIQUE, LIBORIO COLÍN DOMÍNGUEZ Y/O AGUILAR RODRÍGUEZ PEDRO. ÁNGEL GONZÁLEZ VERGARA, IBAN GARZA RUVALCABA. SERGIO DÍAZ FERNÁNDEZ, CARLOS MORALES GUTIÉRREZ, ISRAEL BALLARTA TRESCISNEROS. GERMAN CONTRERAS MÉNDEZ, ANGEL CARRASCO CORONEL, MIGUEL ÁNGEL ALARCÓN VÁZQUEZ. DAVID GARCÍA SÁNCHEZ, RIGOBERTO ADÁN LÓPEZ HERNÁNDEZ, LUIS ADRIÁN VEGA RUEDA, JONATHAN ABBIT ESPINOZA ANAYA, EDUARDO ROSALES SILVESTRE, CARLOS MARIO MARTÍNEZ HANNS, CARLOS ALESSANDRO RICALDE BORADO, RAÚL FRANCO HERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ DÍAZ, OBED SÁNCHEZ ÁNGEL, LEONEL ESTRADA GONZÁLEZ, ADRIÁN GARZA TORRES, LUIS GARCÍA SAMORA, ERICK MANUEL TAMAYO CARCAMO, JOSÉ LUIS CORTEZ ORTIZ. APOLINAR GUTIÉRREZ GARCÍA, RICARDO SOLÍS PÉREZ Y AURELLO PÉREZ SOLÍS, por los actos, contra las autoridades y por los motivos expuestos en el considerando ultimo de este fallo. Notifíquese; personalmente al representante común de los quejosos en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que la audiencia constitucional se fijó para las once horas con cinco minutos del veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, tal y como se determinó en auto de veintiocho de agosto pasado; sin embargo, de conformidad con los comunicados 27 y 28 de veinte y veinticuatro de septiembre de dos mil diecisiete, emitidos por la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se declaró la suspensión de labores del veinte al veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. En tales condiciones, la audiencia de ley que se encontraba señalada para dicha fecha, se difiere y en su lugar se fijan las once horas con cinco minutos del dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
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