Ángel Morales Ramos

Expediente 862/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
862/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Ángel Morales Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto ********************, que promovió ********************por derecho propio; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés y remitido al día siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridades siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: INTEGRANTES DE LA SALA REGIONAL DEL SUR ESTADO DE MÈXICO Y AUXILIAR EN MATERIA DE PENSIONES CIVILES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO. (.). RESPONSABLES DE LA SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. IV. ACTOS RECLAMADOS: DE LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SALA REGIONAL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO Y AUXILIAR EN MATERIA DE PENSIONES CIVILES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, SEÑALO COMO ACTOS RECLAMADOS LOS SIGUIENTES: LA OMISIÓN DE ACORDAR LO CONDUCENTE, A MI ESCRITO QUE PRESENTÉ CON FECHA 17 DE MAYO DE 2023, Y; LA OMISIÓN DE REALIZAR Y EECUTAR LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES PARA SEGURAR Y HACER CUMPLIR ÍNTEGRAMENTE LOS TÉRMINOS DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RADICADO BAJO EL NÙMERO ********************, EMITIDA CON 07 DE FEBRERO DE 2020, ASÍ COMO DE LA RESOLUCIÒN DE LA INTERLOCUTORIA DE QUEJA Y DICATADA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÉCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE NINGUNA FORMA QUEDE INCUMPLIDA O SE EJECUTEN EN PLAZOS PROLONGADOS E INCIERTOS COMO LO SUCEDE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTES CITADO. LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE: EL (A) RESPONSABLE DE LA SUBDELEGACIÒN DE PRESTACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE OAXACA, SEÑALO AMBAS AUTORIDADES, COMO ACTO RECLAMADO: LA OMISIÒN DE ACATAR EN EL TÈRMINO LEGALMENTE ESTABLECIDO CON EL CUMPLIMIENTO ÌNTEGRO DE LA RESOUCIÒN Y/O SENTENCIA FIRME Y EJECUTORIADA DICTADA POR LOS MGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SALA REGIONAL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO Y AUXILIAR EN MATERIA DE PENSIONES CIVILES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRTIVO, RADICADO BAJO EL NÚMERO ********************, EMITIDA CON FECHA 07 DE FEBRERO DE 2020, Y DE REALIZAR ACTOS POR DEMÁS DILATORIOS Y PROLONGADOS, NEGLIGENTES E INJUSTIFICADOS QUE ME GENERAN DE MANERA CONTINUA PERJUICIOS A MIS DERECHOS HUMANOS, ASÍ MISMO DE CUMPLIR Y ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA, EN TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN DE QUEJA POR OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE FECHA 26 DE ENERO DE 2022." Narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derecho fundamental vulnerado el contenido en los artículos 1, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número ********************, se ordenó admitir a trámite, se dio la intervención que le asiste al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, se solicitó de las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido los trámites de ley, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se verificó en los términos que anteceden; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 59/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el similar 3/2013, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, de los que conoce este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y apoyo en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se fijan de forma clara y precisa los actos reclamados, por lo que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridades responsables Actos reclamados Ordenadora. 1) Magistrados integrantes de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en materia de Pensiones Civiles, con residencia en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México. a) La omisión de acordar el escrito de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. b) La omisión de realizar y hacer cumplir la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad ********************, el siete de febrero de dos mil veinte. c) La omisión de realizar y hacer cumplir la resolución dictada en la Queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en ese juicio administrativo, el veintiséis de enero de dos mil veintidós. Ordenadora 2) Subdelegación de Prestaciones del Instituto de y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. a) La omisión de cumplir la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad ********************, el siete de febrero de dos mil veinte. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Los 1) Magistrados integrantes de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en materia de Pensiones Civiles, con residencia en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados. No obstante, deben tenerse por ciertos respecto del acto omisivo imputado a la Sala responsable, éste se acredita, ya que de la lectura a las copias certificadas del juicio de nulidad, que obran en autos, se advierte que sí obra un escrito del quejoso; sin embargo, no había dado respuesta a ese ocurso de petición, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis. "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido" Por otra parte, se advierte que no ha culminado el procedimiento establecido en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso. Ahora bien, el 2) Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, no rindió su informe justificado, no obstante haber quedado notificadas de su solicitud, como consta de la constancia de notificación de esa autoridad; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se le reclaman. Resulta aplicable al caso la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 232226, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "INFORME JUSTIFICADO. DEBEN PRESUMIRSE CIERTOS LOS ACTOS SI NO SE EXPRESA SI SON O NO CIERTOS. De acuerdo con lo establecido por el artículo 149 de la Ley de Amparo, deben presumirse ciertos los actos reclamados cuando la autoridad responsable no rinde informe justificado, lo que no sólo se presenta cuando materialmente no se rinde dicho informe, sino también cuando, habiéndose presentado, en él simplemente se transcriben los actos reclamados en la demanda, sin manifestarse si los mismos fueron o no ciertos." Aunado que, de autos no obra constancia alguna de la que se advierta que ésta haya dado cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad ********************. CUARTO. Causal del improcedencia. Previo al estudio del fondo de este asunto, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es así que en el caso, se tiene actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Dicha causa de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que supera al reclamado, de forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Al respecto, se tiene que uno de los actos que se reclaman es el siguiente: La omisión de dar respuesta a la petición de su escrito enviado por correo postal el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés y recibido por la responsable hasta el veintiséis de mayo siguiente. Luego, conforme a las constancias remitidas por la autoridad responsable, las que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por tratarse de actuaciones certificadas, se tiene que los Magistrados integrantes de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar, con residencia en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en proveído de veintidós de septiembre del año en curso, dio contestación a la petición realizada por el aquí quejoso ********************, la cual le notificó el cuatro de octubre siguiente, por boletín jurisdiccional (foja 165 y 168 del anexo). De ahí que, si bien es cierto que, en la fecha de presentación de la demanda (cuatro de septiembre de dos mil veintitrés), las autoridades responsables, no habían emitido la respuesta respectiva, cuya omisión reclamó la parte quejosa; también lo es, que los Magistrados integrantes de la Sala Regional Sur responsable, al emitir la respuesta respectiva, el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda, es evidente que cesaron los efectos de la omisión reclamada. Por lo que, al cesar los efectos, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si dicha omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso. Sirve de aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número 2 / J 59 / 99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, bajo el tenor: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales condiciones, de conformidad con los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO, respecto del acto y la autoridad señalada. QUINTO. Estudio de fondo. La parte quejosa en sus conceptos de violación plantea esencialmente que las autoridades responsables violan en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de nulidad, ya que vulneran el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, en su vertiente de justicia pronta y expedita: Tales planteamientos son fundados. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El párrafo transcrito protege el derecho fundamental a una tutela jurisdiccional efectiva, la cual consiste en el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Es posible distinguir tres etapas dentro del mencionado derecho fundamental, las cuales corresponden al desarrollo del proceso o procedimiento correspondientes: a) Una previa al juicio, que está vinculada con el derecho de accionar ante los tribunales. b) Una judicial, que comprende desde el inicio del procedimiento hasta el dictado de la sentencia o resolución que ponga fin al juicio. c) Una posterior al juicio, que corresponde a la etapa de ejecución de la sentencia, la cual tiene que ver con la eficacia de la resolución emitida. En apoyo a lo anterior, se invocan la jurisprudencia 1 a . / J . 103 / 2017 ( 10 a ) y 1 a . / J . 42 / 2007, sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del tenor siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1 a . / J . 42 / 2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos desembarazados, libres de todo estorbo para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." En congruencia con el postulado constitucional que se analiza, el legislador estableció en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las normas aplicables para lograr el cumplimiento de las sentencia emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo normativo establece: "ARTÍCULO 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento." El precepto transcrito establece las normas que regulan el procedimiento y prevé los plazos relativos, conforme a los cuales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe tramitar la etapa de ejecución de las sentencias de nulidad. Así, se tiene que el legislador estableció los siguientes pasos o etapas a seguir, a saber: Una vez transcurrido el plazo de cuatro meses previsto en el numeral 52 del citado ordenamiento legal, de oficio o a petición de parte, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia (en adelante el tribunal), debe requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Transcurrido dicho término (tres días), con informe o sin él, el tribunal debe decidir si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue. Imponer multa de apremio a la autoridad demandada responsable y requerirla para cumplir con la sentencia en el término de tres días; previniéndole, además, que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas; cuya circunstancia debe ser informada al superior jerárquico de la autoridad demandada. Transcurrido dicho plazo, si persiste la renuencia de la autoridad demandada, el tribunal puede requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá multa de apremio al superior jerárquico. Si lo permite la naturaleza del acto impugnado, el tribunal está facultado para comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Transcurridos los referidos plazos, el tribunal cuenta con facultades para poner en conocimiento de la Contraloría Interna (órgano de control interno) los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Ahora bien, en el presente caso, de las constancias que la Sala responsable remitió en apoyo de su informe justificado, se colige que en el juicio de nulidad ********************, se emitió sentencia definitiva desde el siete de febrero de dos mil veinte, en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada. Mediante escrito presentado ante la Sala responsable, el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, el ahora quejoso interpuso queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia de siete de febrero de dos mil veinte, por la autoridad demandada; recurso que fue admitido el once de octubre de dos mil veintiuno, en el que requirió a la autoridad demandada para que desahogara la vista otorgada. En resolución de veintiséis de enero de dos mil veintidós, la autoridad responsable de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, declaró fundada la queja interpuesta y ordenó a la autoridad demandada procediera a dar cabal cumplimiento a la sentencia de mérito, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de dicho fallo. Ante el incumplimiento a ese requerimiento, el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, la referida Sala hizo efectivo el apercibimiento al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, decretado en la resolución interlocutoria, le impuso multa, ordenó su ejecución y requirió nuevamente a la autoridad demandada, por conducto de su superior jerárquico. Sin que hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo se haya logrado el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo. Por tanto, de acuerdo con los antecedentes narrados, se advierte que en el juicio de nulidad de donde emanan los actos reclamados, no se ha agotado en su totalidad el procedimiento establecido en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en la medida que el tribunal responsable no ha hecho uso de todas las facultades con las que cuenta para exigir el cumplimiento de sus determinaciones (realizar los requerimientos que sean necesarios a la demandada -los cuales incluso pueden derivar en la imposición de multas y hacer del conocimiento de su desacato a la contraloría correspondiente- para que informen respecto del cumplimiento de la sentencia). Por su parte, la autoridad demandada no ha cumplido con la sentencia dictada en el juicio de nulidad de origen, pues de las constancias que remitió, no ha informado nada al respecto, una omisión total. Por tanto, se concluye que los actos reclamados vulneran en agravio de la parte quejosa, el derecho fundamental a una tutela jurisdiccional efectiva, pues no se ha logrado el total cumplimiento del fallo definitivo aun cuando posee la fuerza de cosa juzgada y han transcurrido más de veinticinco meses, desde que se inició a petición de parte el procedimiento relativo; lo que resulta violatorio del artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: 1. La Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en materia de Pensiones Civiles, con residencia en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, dicte los acuerdos necesarios mediante los cuales continúe con el procedimiento establecido en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo; para lo cual deberá hacer uso de las facultades ahí previstas, con el objeto de obligar a la autoridad demandada a cumplir con la sentencia dictada en el juicio de nulidad ********************. Lo que deberá demostrar con las constancias relativas, donde conste el cobro de las multas y/o el inicio del procedimiento administrativo que corresponda. 2. La Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, cumpla de forma inmediata con la referida sentencia de nulidad dictada en el juicio ********************. Sexto. Publicación de datos personales Infórmese a las partes que en el presente asunto, se suprimirá la Información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por ********************, en los términos resueltos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra los actos de Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en materia de Pensiones Civiles, con residencia en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, y otra autoridad, en términos del considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el magistrado y secretario de acuerdos, ambos adscritos a la Sala Regional del Sur del Estado de México y Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, Estado de México, por el que en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de treinta de octubre del año en curso, remite copia certificada de constancias relativas a partir de la sentencia definitiva de siete de febrero de dos mil veinte dictada en el expediente * * * * * * de su índice. Con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva. De la misma manera, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase a la autoridad citada, ofreciendo como prueba documental de su parte, las que acompañó al oficio que se provee, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno. A efecto de evitar el deterioro de las constancias de mérito, se ordena formar por separado como tomo anexo I al presente expediente, respetando su folio y entresello, quedando a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado para su consulta; por tanto, no formará parte del expediente electrónico, tal como lo dispone el párrafo cuarto, del artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha en que se actúa, se encuentra pendiente en que la autoridad responsable Sala Regional del Sur del Estado de México y Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, Estado de México, remita copia certificada de la totalidad de las constancias relativas a partir de la sentencia definitiva de siete de febrero de dos mil veinte dictada en el expediente ********************, de su índice, pues quedó notificada de dicha petición el tres de noviembre del año en curso. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese por lista electrónica.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta y certificación que anteceden, se advierte que para el veintiséis de octubre de este año se encontraba programada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, de conformidad con los avisos de los Coordinadores de Magistrados y Jueces del Decimotercer Circuito y las Circulares 28/2023 y 29/2023, emitidas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon inhábiles los días comprendidos del dieciséis al veintisiete de octubre de esta anualidad, por lo que fue jurídica y materialmente imposible desahogar la aludida audiencia. Asimismo, se advierte que en proveído de veintinueve de septiembre pasado, la autoridad responsable magistrado y secretario de acuerdos, ambos adscritos a la Sala Regional del Sur del Estado de México y Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca, Estado de México, como apoyo a su informe justificado únicamente remitió copia certificada del acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés y de la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictados en el expediente ********************, de su índice. En tales condiciones, con fundamento en los numerales 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en términos de su artículo 2, requiérase a la citada autoridad responsable, para que en el plazo de tres días contado a partir de su notificación, remita copia certificada de la totalidad de las constancias relativas a partir de la sentencia definitiva de siete de febrero de dos mil veinte dictados en el expediente ********************, de su índice; apercibido que, de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida de actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, con fundamento en el artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo. La jurisprudencia P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada se difiere y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese por lista electrónica.

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