Ángel Martínez Reyes
Expediente 657/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 657/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 24/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ángel Martínez Reyes
- Juez Mixto de Primera Instancia de Zaachila, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
mesa 4 pral. 657/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticuatro de junio de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro de junio de dos mil quince (fojas 34 a 36), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo solicitado; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que la referida sentencia, ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que se encuentre transcurriendo el plazo previsto en el numeral 86 invocado, para las autoridades responsables, pues, carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión a que se refiere el citado artículo, ya que todo recurso solamente puede hacerlo valer la parte quejosa; de ahí que, en el caso concreto, el único que pudiera resultar afectado con el fallo en cuestión, es el promovente, quien no hizo valer el medio de impugnación a que tiene derecho. Fundamenta lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, por identidad de razón, la tesis registrada en el IUS con el número 316096, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 676, del Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo CXXX, con el siguiente rubro y texto: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO. Si resulta improcedente la acción de un quejoso en cuanto a los actos de las autoridades responsables, asimismo resultará improcedente, por consecuencia, el recurso de revisión interpuesto por las propias autoridades de acuerdo con lo que previene el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que las autoridades responsables sólo pueden interponer el mencionado recurso en contra de las sentencias que afectan directamente al acto que de cada una de ellas se hubiese reclamado, y sobreseído el juicio respecto de los actos de las autoridades recurrentes, es indudable que el fallo del juez de Distrito, así reformado, no las afecta". Toda vez que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de accedo a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
mesa 4 a pral. 657/2015- (sentencia)Por lo expuesto y fundado legalmente y con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo aplicable; se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por ÁNGEL MARTÍNEZ REYES, en términos del considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
mesa 3 b inc. 787/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de junio de dos mil quince. Como está ordenado en auto de esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias del escrito de la demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad el día de hoy, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 128, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 787/2015, promovido por Juvencio Málaga Cóyolt, contra actos de la directora General del Cefereso trece, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y otra autoridad. Hágase saber a las partes que las promociones por escrito deberán presentarse por duplicado, a fin de ser glosadas a cada uno de los expedientes incidentales (original y duplicado). Con apoyo en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables rindan su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas; apercibidas que de no rendir el informe previo se les impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 260, fracción I, y 238, de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor. Se señalan las nueve horas con nueve minutos del once de junio de dos mil quince, para que tenga verificativo la audiencia incidental, acorde a lo dispuesto por el artículo 138, fracción II, de la ley invocada. Ahora, bien el quejoso Juvencio Málaga Cóyolt, solicita la medida cautelar contra la suspensión provisional y en su momento la definitiva de la sanción a que dice fue objeto el diecinueve de mayo de este año, a pagar un castigo de setenta y seis días, que lo mantiene segregado en el módulo "C-6" nivel B-2 estancia 6, sin la atención adecuada, ocasionando un retraso en su readaptación social ya que se le priva de actividades educativas y laborales, que refiere, son actividades esenciales en un proceso de reinserción y readaptación social; por lo que, se provee en los siguientes términos: El quejoso dice fue sancionado el diecinueve de mayo de este año, a pagar setenta y seis días de castigo, motivo por el cual ha sido segregado de la población reclusa en el Centro Federal número trece de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el módulo "C-6" nivel B-2 estancia 6. Así, como de acuerdo con la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, específicamente en sus artículos 13 y 14 bis, los correctivos se imponen previo procedimiento instaurado con derecho de defensa, ante la responsabilidad incurrida por el infractor. Sin prejuzgar sobre la constitucionalidad de la sanción impuesta, correctivo disciplinario, ya que ello será materia de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo respectivo, y únicamente para efectos de este incidente de suspensión, con los únicos datos aportados por el quejoso, y de acuerdo con la ley invocada, es de advertirse que la permanencia del quejoso en un módulo especial se debe a que ha observado una conducta sancionada con tal medida. De ahí que aunque el artículo 139 de la Ley de Amparo establece que la suspensión procede para que las cosas se mantenga en el estado que guardan a fin de que no quede sin materia el incidente de suspensión, pero, en el caso, de concederse tal medida se contravendrían las disposiciones de orden público a que se refiere la ley invocada, pues las correcciones disciplinarias constituyen una sanción por la infracción a las normas de convivencia y organización del centro de reclusión y es a través de su imposición, que se busca lograr el orden, consideración y respeto de los reclusos entre sí, por lo que la permanencia de sujetos en secciones distintas al en que se encuentra el resto de la población interna, es por existir inconveniente, de forma temporal, de que conviva con esa comunidad reclusa; ante lo cual, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada, respecto de ese acto reclamado. Se invocan en apoyo, por tratar sobre el tema, la tesis y jurisprudencia siguientes: Novena Época Registro: 183133 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Octubre de 2003 Materia(s): Penal Tesis: II.2o.P.85 P Página: 909 CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL, LA MEDIDA DE CONTAR EN LOS, CON ÁREAS ESPECIALES DE UBICACIÓN DE INTERNOS, NO PUEDE CONSIDERARSE EN SÍ MISMA COMO DE SEGREGACIÓN O AISLAMIENTO. Si desde su ingreso al Centro Federal de Readaptación Social el quejoso ha permanecido en el área de "tratamientos especiales", dicha estancia, lejos de considerarse una "decisión arbitraria y unilateral" de las autoridades de ese centro, obedece al resultado de los estudios en las diversas disciplinas y áreas que se precisan en el acta de designación de estancia reclamada, exámenes mediante los cuales se determina periódicamente la peligrosidad y avance readaptatorio del quejoso y, si en el caso, acorde con las motivaciones que sustentan tal acto, aquél ha revelado una capacidad de expansión criminógena, con conocimiento de los sistemas y procedimientos de seguridad que operaban en el centro penitenciario de su procedencia, esas características lo hacen un sujeto potencialmente de alto riesgo para la seguridad de la institución; por consiguiente, su permanencia en aquella sección atiende a la inconveniencia, por el momento, de que conviva con el resto de la comunidad del centro de reclusión de mérito. Décima Época Registro: 2002133 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a. /J. 71/2012 (10a.) Página: 673 CORRECCIONES DISCIPLINARIAS IMPUESTAS DENTRO DE PRISIÓN. EL ARTÍCULO 126 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ESTABLECE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA EN FAVOR DEL INTERNO. Las correcciones disciplinarias constituyen una sanción por la infracción a las normas de convivencia y organización del centro de reclusión, y a través de su imposición se busca lograr el orden, consideración y respeto de los reclusos entre sí, con las autoridades e, inclusive, con los visitantes. A pesar de que las correcciones disciplinarias no constituyen un acto de privación, sino de molestia, el artículo 126 del Reglamento Interno de los Centros de Readaptación Social del Estado de Querétaro, establece que el presunto infractor será escuchado por el Consejo Técnico Interdisciplinario antes de resolver sobre la imposición de dichas correcciones. El Reglamento reconoce que el propósito de escuchar previamente al sentenciado es el de que este último manifieste lo que a su defensa convenga, por lo tanto, dicho propósito sólo se puede lograr a través del respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, a las cuales hace referencia el artículo 14 constitucional. Esta afirmación encuentra apoyo, a su vez, en el diverso artículo 18 constitucional, de cuya lectura se desprende que el sistema de ejecución de las penas tiene como vocación lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir; asimismo, establece que la organización del sistema penitenciario se apoyará, entre otros, en el respeto a los derechos humanos. Un entendimiento democrático y expansivo de los derechos de los sentenciados permite considerar que antes de imponer una corrección disciplinaria dentro de un centro de reclusión, se hace indispensable escuchar al supuesto infractor a través del respeto a la garantía de audiencia previa. La generación de un régimen penitenciario que tenga por objeto desincentivar la comisión de nuevas conductas delictivas, requiere de mecanismos que impidan el ejercicio arbitrario del poder o de un sistema opresivo en exceso. Es en la prisión en donde el interno debe tener vivencias que favorezcan su contacto con el debido proceso y la legalidad, a fin de coadyuvar a su sana reinserción social. De ahí que a pesar de que el Reglamento Interno de los Centros de Readaptación Social del Estado de Querétaro es omiso en señalar una a una las formalidades esenciales del procedimiento que habrán de adoptarse antes de imponer la corrección disciplinaria, ello no es obstáculo para que la autoridad penitenciaria las implemente y respete directamente. Para tal efecto, la autoridad competente deberá notificar al interno el inicio del procedimiento sancionador, el cargo que está enfrentando, quién lo ha denunciado y las posibles consecuencias de la sanción; otorgarle un plazo, aunque sea breve pero suficiente, para que prepare su defensa; brindarle la oportunidad de ofrecer pruebas que respalden su versión de los hechos; procurarle la posibilidad de alegar lo que a sus intereses convenga y, finalmente, dictarle una resolución debidamente fundada y motivada. Como lo pide la parte quejosa expídasele copia de esta determinación. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones por parte del quejoso Juvencio Málaga Cóyolt, el del lugar en que se encuentra privado de su libertad, Centro Federal número trece, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por lo que, como lo establecen los preceptos 12 y 24 de la ley de la materia, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, que establece que las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia del tribunal en que se siga el juicio, deberá encomendarse al juez de primera instancia del lugar en que deban practicarse, gírese despacho al juez Mixto de Primera Instancia, en turno, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique este auto al referido quejoso, en dicho centro de reclusión. Notifíquese; por despacho al quejoso.
- Principal
MESA 2 APRAL. 1341/2014-(SENTENCIA)Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, 73, 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por CARLOS MARTÍNEZ SÁNCHEZ, contra el acto reclamado al juez Segundo de lo Familiar de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, consistente en la desposesión del hogar conyugal, en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a CARLOS MARTÍNEZ SÁNCHEZ, contra el acto reclamado al juez Segundo de lo Familiar de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, consistente en el proveído dictado en el expediente civil 16/2014, de su índice, en términos del considerando octavo de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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