Angel Manuel Rodriguez Capistran

Expediente 295/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
295/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Angel Manuel Rodriguez Capistran

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la presente fecha ha transcurrido el término legal de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurra el proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de desechamiento.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a catorce de julio de dos mil veintiuno. EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida por Ángel Manuel Rodríguez Capistran, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Titular de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y otras autoridades; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 295/2021. DESECHAMIENTO Primeramente resulta pertinente transcribir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa toralmente reclama de las autoridades responsables: La negativa de acceso al siguiente ciclo escolar agosto 2021 a julio 2022. La omisión en verificar la originalidad, validez y vialidad de la plataforma learming denominada educem.neolms.com de la empresa denominada Instituto Bachillerato Centro de México, en esta ciudad La negativa a permitir al quejoso presentar el examen final de la materia de inglés de diez de julio de dos mil veintiuno, con el usuario U000003303. La calificación de cuatro por un examen de diez de julio del año en curso. En tal virtud, se advierte que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (...)." De la interpretación de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad responsable converge en establecer que, es aquélla que -con independencia de su naturaleza formal-, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, de dichos preceptos deriva que la procedencia del juicio de amparo está supeditada a que los actos que se reclamen provengan, precisamente, de una autoridad. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento, fue sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,2 de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Asimismo, dicha Sala al emitir la jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.),3 de rubro: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", indicó que conforme al artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. También estableció que el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación. Tesis consultable en la página 647, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2017394, del rubro y texto siguiente: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." Lo anterior, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En ese tenor, los actos reclamados que se atribuyen al Titular de la Secretaría, al Titular de la Dirección de Educación Secundaria y Superior, y al Jefe del Departamento de Preparatorias, todos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y al Instituto de Bachillerato Centro de México, con sede en esta ciudad, en relación con la afectación que genera en la esfera de derechos de la parte quejosa, deriva de un contrato de prestación de servicios educativos privados, que no genera actos de autoridad por parte de las instituciones educativas, sino que origina una relación de coordinación, derivada de un acuerdo de voluntades, en la que las partes actúan en un plano de igualdad. Aunado a que kel Instituto de Bachillerato Centro de México, con sede en esta ciudad, señalado también como responsable es una institución privada, de ahí que, conforme a lo establecido por el más Alto Tribunal del País, tiene una relación de prestación de servicios con el aquí peticionario de amparo y, por ende, al aceptar la oferta emitida por esa institución educativa, la parte quejosa otorgó consentimiento sobre el contenido de los reglamentos y otras normas contractuales que rigen su relación contractual y no un acto de autoridad. Por ende, como en el caso, el Instituto de Bachillerato Centro de México, con sede en esta ciudad, constituye un ente privado el cual actúa de conformidad con su normatividad interna, la cual obliga únicamente a quienes voluntariamente deciden adquirir el carácter de alumnos, por ende, los actos que se le atribuyen, no son de autoridad al no desplegar facultades de imperio. En esas condiciones, no es el ejercicio o potestad legal de ésta que se materializa para determinar lo concerniente, ni es irrenunciable, por no ser la función pública la fuente de su potestad, de manera que las señaladas como responsables en el contexto planteado en la demanda de amparo, no crean, modifican o extinguen por sí mismas y unilateralmente, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de la parte promovente, puesto que tienen como objeto prestar servicios educativos y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos. En efecto, este órgano de control constitucional advierte que en la especie respecto de los actos aquí reclamados, no se actualiza el primero de los elementos a que alude la tesis jurisprudencial citada en líneas precedentes, relativa al hecho de que el acto atribuido a las autoridades responsables resulte de la relación de supra a subordinación con un particular. Es aplicable por las razones que expone la tesis 1a. XXII/2020 (10a.),5 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "BAJA O CESE DE UN ALUMNO DE UNA ESCUELA PRIVADA DEL NIVEL BÁSICO. POR REGLA GENERAL, NO ACTUALIZA EL CARÁCTER DE ACTO DE AUTORIDAD EQUIVALENTE. Hechos: El juicio de amparo se interpuso en contra de diversos actos de una escuela privada de nivel básico entre ellos la baja de un alumno. Criterio jurídico: Cuando dicho acto se emite por una escuela privada por incumplimiento de una obligación contractual pactada como condición de ingreso y permanencia -como es el pago de una contraprestación- es un acto cuya generación deriva de una fuente contractual y, por tanto, se controla mediante un contenido contractual específico, no obstante que se requiera autorización oficial para prestar los servicios. Por tanto, este acto no supera el primer paso del estándar fijado por esta Primera Sala para determinar actos de autoridad equivalentes, ya que no se acredita el nexo entre el acto del particular y una potestad normativa atribuida al Estado. Justificación: La educación es un derecho social de jerarquía constitucional, el cual se garantiza a través de su caracterización como servicio público de educación, siendo obligatorio en el nivel básico. Para satisfacer este derecho, se dispone que el Estado debe prestarlo directamente, respetando determinados principios y condiciones previstos en el artículo 3o. de la Constitución Federal. Lo relevante es que en la fracción VI de la norma constitucional se prevé que los particulares tienen una prerrogativa para participar en la prestación de dicho servicio público, mediante la obtención de una autorización estatal, que los habilita para ello y los integra al sistema educativo nacional, pero siendo silencioso respecto a la etapa en la que ofrecen ese servicio al mercado y las condiciones de contratación de sus servicios con los particulares, lo que evidencia la neutralidad de la Constitución respecto de este punto: lo reserva a la libertad contractual. Así, la decisión de optar por una escuela privada, en lugar de una escuela pública, y las condiciones de permanencia en dicha opción, por cumplimiento de las condiciones pactadas en ese contrato, se reserva a la libertad de las personas." En tal virtud, es de concluirse que se actualiza la causal de improcedencia invocada, de ahí que, lo que procede es desechar de plano la demanda de garantías, por notoriamente improcedente, en términos de los artículos 112 y 113 del citado ordenamiento legal. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la parte demandante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en su escrito de demanda. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA OBTENCIÓN Y USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA Con fundamento en el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que obtengan el certificado digital de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por conducto de alguna de las Unidades Certificadoras del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, cualquier certificado digital reconocido, como el certificado digital (FIEL) emitido por el Servicio de Administración Tributaria, para que presenten, tramiten y/o reanuden sus asuntos a través de la modalidad "Juicio en Línea", para lo cual es indispensable el uso de la misma. 1 De esa manera, se encontraran en aptitud de obtener los diferentes beneficios que representa presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Ello en el completo entendido que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica solicitud ni autorización alguna para recibir notificaciones 1 Así como demás aplicables y concernientes al Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico; y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, pues para dicho efecto es menester que las partes lo soliciten expresamente. DATOS DE CONTACTO Y/O LOCALIZACIÓN Finalmente, y con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se propone y solicita a las partes que proporcionen como formas especiales y expeditas de contacto sus números telefónicos y correos electrónicos, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido se registre y, de ser necesario, se incorpore al presente expediente previa certificación. Lo anterior, conforme al diverso ordinal 23, fracción I de la referida normatividad, propiciará el éxito y seguridad de la práctica de notificaciones personales, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes intervengan en la diligencia concerniente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, conforme a la autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, notificada mediante oficio CCJ/ST/1785/2021, para el periodo comprendido del uno al quince de julio de dos mil veintiuno, por vacaciones del Secretario autorizado para desempeñar las funciones de titular, quien a su vez es asistido de José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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