Angel Hernandez Meza

Expediente 637/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
637/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/06/2023

Partes del expediente

  • Angel Hernandez Meza

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dos de junio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído por el cual se desechó la demanda de amparo. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo causó estado para todos los efectos legales. 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 2 ANOTACIONES Y ARCHIVO Hágase la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2, Sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE De conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 , inciso d) del Acuerdo General de referencia, y capitulo 8 Expedientes Destruibles, 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, sub punto 42 , 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: [.] d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; 2 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. 4. Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Nota: Esta regla aplica a cualquier serie documental. 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 3 ??????????????? del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; el presente asunto, es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 152 del citado Acuerdo General. Por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años, y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el mismo, debiendo remitir el acta de baja documental condigna, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 254 , del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que 3 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. 4 Artículo 24. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 4 verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el Segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a doce de mayo de dos mil veintitrés. EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida físicamente por Ángel Hernández Meza y Concepción Torres Silva, contra actos del Secretario de la Honestidad y Función Pública, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de otras autoridades. Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 637/2023 I-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO DE LA QUEJOSA CONCEPCIÓN TORRES SILVA Atento a la lectura de dicha demanda y principalmente, en lo concerniente al acto reclamado y sus efectos, a juicio de este juzgador debe desecharse de plano, bajo las siguientes consideraciones de derecho. El artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 2 causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El transcrito dispositivo legal autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda cuando exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En esencia, la citada tesis señala que se debe entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal de orden público, de estudio preferente y oficioso, en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. Pues bien, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 3 ??????????????? estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: La cancelación del pliego de responsabilidad CGE/SCG/CIR/DIX/155/2001 sin la substanciación de procedimiento. El embargo e inscripción del inmueble que es propiedad de la quejosa Concepción Torres Silva, con número de registro 68653, registro 103, sección 2, libro 1, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. En ese sentido, respecto de los actos reclamados ya precisados con antelación, respecto de la quejosa Concepción Torres Silva, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Lo anterior, toda vez que conforme al precepto legal transcrito, la causa de improcedencia en estudio, se actualiza cuando se combaten actos que fueron materia de ejecutoria dictada en anterior juicio de amparo, resolviendo su constitucionalidad o inconstitucionalidad, o cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo en modo absoluto, acorde con lo dispuesto en la fracción XI, del propio numeral (que norma el supuesto que el juicio precedente haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 4 autoridades y acto reclamado, sin importar que las violaciones constitucionales sean diversas); lo que pone de manifiesto que el fin de la institución es dar certeza y definitividad a las situaciones jurídicas sancionadas por la sentencia ejecutoriada, lo que es necesario para mantener la paz social, de otro modo, los litigios podrían replantearse indefinidamente. En relación con la causal de improcedencia destacada el máximo Tribunal del País ha emitido criterio, en el sentido de que el referido numeral no transgrede los derechos humanos previstos en los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal ni el derecho de acceso a la justicia efectiva, pues constituye un requisito para la procedencia del juicio constitucional, que es el recurso nacional más efectivo impuesto por el parlamentario federal que debe ser observado como presupuesto para el derecho fundamental de acceso a la justicia por razones de seguridad jurídica, para dotar de certeza lo resuelto en otros juicios de amparo en beneficio de la correcta y funcional administración de justicia, así como para la efectiva protección de los derechos de las personas, cuya previsión se encuentra en armonía con lo que establece al respecto el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la amplia jurisprudencia en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando en un segundo juicio de amparo se reclame la violación de derechos humanos que no se hicieron valer en el primero. Al caso, se invoca la tesis 1a. XCV/2016 10a. emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes datos de localización: Registro digital: 2011383, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Tesis: 1a. XCV/2016 (10a.),Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 5 ??????????????? Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1107, Tipo: Aislada, del tenor literal siguiente: COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. En ese sentido, como hecho notorio se hace constar que la referida quejosa Concepción Torres Silva, promovió ante este Juzgado de Distrito el diverso juicio de amparo 1513/2022, en el que señaló como actos reclamados los siguientes: a) El pliego de responsabilidad CGE/SCG/CIR/DIX/155/2001, fincado por la ex 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 6 contraloría General del Estado, a Ángel Hernández Meza, ex presidente municipal de Tonalá, Chiapas. b) El embargo fuera de procedimiento del bien inmueble número de registro 68653, registro 103, sección 2, libro 1, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Asimismo, del citado juicio de amparo se advierte que el trece de enero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio promovido por la impetrante Concepción Torres Silva, misma que causó ejecutoria mediante acuerdo de dos de febrero de dos mil veintitrés, al no ser recurrida por las partes. Expediente que se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto al numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, y por la jurisprudencia 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos ochenta y cinco, Tomo XXV, junio de dos mil siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto que dice: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 7 ??????????????? Y la jurisprudencia J/12, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página doscientos noventa y cinco, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. En ese contexto, al pretender la quejosa Concepción Torres Silva, controvertir nuevamente mediante la acción del juicio de amparo los citados actos reclamados, es incuestionable que se materializa la hipótesis de improcedencia que se estudia, en virtud de que tales actos de autoridad fueron materia de pronunciamiento en una ejecutoria de un amparo precedente, declarándose inatacable 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 8 al haberse sobreseído por haber sido promovida su demanda en forma extemporánea, actualizándose en el juicio de amparo 1513/2022, la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; lo cual hace inejercitable nuevamente la acción de amparo. Lo anterior se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable, de manera absoluta, una nueva acción de amparo, pues tal eventualidad impide al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto; ello, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, dado que no puede desconocerse la firmeza de la determinación que sobreseyó el primer juicio, mediante la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos reclamados. Además, tomando en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó que la institución de cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un proceso judicial que ha concluido en todas sus etapas; como en el caso concreto, pues la firmeza de la determinación de improcedencia, dimana del hecho de que la primigenia no fue recurrida por las partes, y por ende causó ejecutoria para todos los efectos legales, lo que en consecuencia, constituye cosa juzgada en términos de lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, según lo previene el artículo 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, lo decidido en el juicio de amparo 1513/2022, ya no es susceptible de discutirse, dotando a las parte en litigio de certeza jurídica sobre la definitividad del fallo y su ejecución, siempre que en el juicio o procedimiento se hayan respetado las formalidades a esenciales del procedimiento, en aras de salvaguardar las garantías de 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 9 ??????????????? seguridad jurídica y acceso a la justicia que consagran los artículos 14 y 17 constitucionales. Sobre el tema es aplicable la jurisprudencia P/J 85/2008 del Pleno de Nuestro Alto Tribunal del País, con las siguientes datos de localización; Registro digital: 168959, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 85/2008, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 589, Tipo: Jurisprudencia, del rubro y texto siguientes: COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 10 Por tanto, como ya se estableció, no es dable jurídicamente examinar los actos consistentes en la cancelación del pliego de responsabilidad CGE/SCG/CIR/DIX/155/2001 sin la substanciación de procedimiento, y el embargo e inscripción del inmueble que es propiedad de la quejosa Concepción Torres Silva, con número de registro 68653, registro 103, sección 2, libro 1, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Lo anterior, toda vez que al hacerlo contravendría la hipótesis prevista en la fracción XI del citado artículo 61 de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3414, Tomo LXVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que textualmente dice: AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución. Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, publicada el trece de junio de dos mil 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 11 ??????????????? catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que textualmente dice: COSA JUZGADA. AL CONSTITUIR UN DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD JURÍDICA PROTEGIDO POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y POR LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 25, NUMERALES 1 Y 2 DE ÉSTA. De conformidad con el artículo 25, numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro que sea efectivo, que la ampare contra actos que violenten sus derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución, la ley y la citada convención. Los Estados Parte se comprometen a decidir sobre los derechos de quien interponga algún recurso y garantizar el cumplimiento de lo que ahí se decida. Sin embargo, la regulación de este derecho no es obstáculo para considerar que la aplicación de la figura jurídica de la cosa juzgada es transgresora de las prerrogativas consagradas en dichas disposiciones, pues la finalidad de ésta consiste en que exista certeza respecto de las cuestiones resueltas en lo litigios, mediante la invariabilidad de lo fallado en una sentencia ejecutoria, ante el riesgo de que al tramitarse un nuevo juicio en el que se ventilen las mismas cuestiones que en el anterior, por los mismos sujetos y conforme a similares causas, se pronuncien sentencias contradictorias con la consecuente alteración de la estabilidad y seguridad de los contendientes en el goce de sus derechos, lo cual también constituye un derecho humano consistente en la seguridad jurídica protegido por la Constitución y por la referida Convención Americana. De igual manera, es aplicable por analogía, la tesis 1a.CCLXXVIII/2012 (10a) sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo uno, página 524, con número de registro 2002272, de rubro y texto siguiente: COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 12 IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Luego, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, respectivamente; con apoyo en el ordinal 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de referencia. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO DEL QUEJOSO ÁNGEL HERNÁNDEZ MEZA Por otra parte, respecto del quejoso Ángel Hernández Meza, éste órgano jurisdiccional estima actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, y 17, de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 13 ??????????????? "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 14 c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Dicho plazo se computará a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, tal y como acontece en el presente caso. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 15 ??????????????? computará a partir del día de su entrada en vigor. Apoya esta determinación, el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 115/2010, publicada en la página 5, tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 16 del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En el caso concreto, se actualizan las hipótesis contenidas en la jurisprudencia en cita, para tomar como fecha de la presentación de la demanda, la data que este órgano jurisdiccional la recibió, esto es, el once de mayo de dos mil veintitrés. Se afirma lo anterior, pues constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que en sentencia de amparo de trece de enero de dos mil veintitrés, dictada en autos del juicio protector de derechos fundamentales 1513/2022, del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, se sostuvo que mediante escrito de seis de enero de dos mil veinte, el impetrante Ángel Hernández Meza, promovió juicio contencioso administrativo en contra de la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, contenida en el oficio SH/PF/SLA/DLC/713/2019, emitido por el Subprocurador de legislación y asuntos jurídicos de la Procuraduría Fiscal del Estado. Asimismo, de los autos que integran el juicio de amparo 1513/2022, se advierte que en oficio SH/PF/SLA/DLC/713/2019, de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, declaró que no es jurídicamente procedente emitir la prescripción del crédito fiscal derivado del pliego de responsabilidades CGE/SCG/CIR/DIX/155/2001, y por tanto, dicha determinación fue recurrida por el aquí quejoso Ángel Hernández Meza, mediante escrito de seis de enero de dos mil veinte, promoviendo el juicio contencioso administrativo. 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 17 ??????????????? Todo ello, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 1364, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1532, tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del Apéndice de 2011, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". Del mismo modo, es aplicable al caso, la jurisprudencia 2397, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, localizable en la página 2803, tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del Apéndice de 2011, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 18 oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". En ese sentido, en el presente juicio protector de derechos fundamentales, promovido contra la cancelación del pliego de responsabilidad CGE/SCG/CIR/DIX/155/2001 sin la substanciación de procedimiento, y el embargo e inscripción del inmueble que es propiedad de la quejosa Concepción Torres Silva, con número de registro 68653, registro 103, sección 2, libro 1, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se colman las hipótesis a que alude la mencionada tesis jurisprudencial para estimar que desde la presentación del escrito de seis de enero de dos mil veinte, mediante el cual el quejoso Ángel Hernández Meza, promovió juicio contencioso administrativo en contra de la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, contenida en el oficio SH/PF/SLA/DLC/713/2019, emitido por la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, en la que declaró que no es jurídicamente procedente emitir la prescripción del crédito fiscal derivado del pliego de responsabilidades CGE/SCG/CIR/DIX/155/2001, hasta la fecha de presentación de la demanda once de mayo de dos mil veintitrés, ha transcurrido en exceso el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. Apoya esta determinación, la jurisprudencia 13, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, tomo VI, Quinta Época, del Apéndice de 1995, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo". 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 19 ??????????????? En consecuencia, al sobrevenir la causa de improcedencia invocada y con apoyo además, en el dispositivo 63 fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, por su notoria improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ángel Hernández Meza, contra los actos y autoridades señaladas en el escrito de demanda. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la parte demandante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en su escrito de demanda. Asimismo, se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Abelardo de la Peña Silva, por no contar con el registro a que se hace referencia en párrafo precedente. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 20 para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1 , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y 1 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 21 ??????????????? archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA OBTENCIÓN Y USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA Con fundamento en el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que obtengan el certificado digital de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por conducto de alguna de las Unidades Certificadoras del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, cualquier certificado digital reconocido, como el certificado digital (FIEL) emitido por el Servicio de Administración Tributaria, para que presenten, tramiten y/o reanuden sus asuntos a través de la modalidad 19/08/23 14:15:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 22 "Juicio en Línea", para lo cual es indispensable el uso de la misma. 1 De esa manera, se encontraran en aptitud de obtener los diferentes beneficios que representa presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Ello en el completo entendido que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica solicitud ni autorización alguna para recibir notificaciones 1 Así como demás aplicables y concernientes al Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico; y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, pues para dicho efecto es menester que las partes lo soliciten expresamente. DATOS DE CONTACTO Y/O LOCALIZACIÓN Finalmente, y con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se propone y solicita a las partes que proporcionen como formas especiales y expeditas de contacto sus números telefónicos y correos electrónicos, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido se registre y, de ser necesario, se incorpore al presente expediente previa certificación. Lo anterior, conforme al diverso ordinal 23, fracción I de la referida normatividad, propiciará el éxito y seguridad de la práctica de notificaciones personales, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes intervengan en la diligencia concerniente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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