Angel Magaña Pérez
Expediente 747/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 747/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Angel Magaña Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, que remite en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en estos autos, la cual se encuentra en vías de ejecución. Sin embargo, la citada autoridad no remitió las constancias relativas al trámite administrativo para la devolución del vehículo propiedad del quejoso, así como la notificación correspondiente. Por tanto, se le requiere nuevamente para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este acuerdo, cumpla sin demora con la ejecutoria; para lo cual, deberá adjuntar las constancias que así lo acrediten, o bien, informar a este Juzgado las gestiones que haya realizado para dar debido cumplimiento. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $10,374.00 (diez mil, trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diez de octubre de dos mil veintitrés, con apoyo en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquélla, se declara que la expresada resolución que en su punto resolutivo primero concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce del derecho humano violado como lo dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de $10,374.00 (diez mil, trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 747/2023-I-A, promovido por Ángel Magaña Pérez, y********************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el quince de mayo de dos mil veintitrés; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Ángel Magaña Pérez, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad.********************SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de diecisiete de mayo de este año, se admitió a trámite la demanda de amparo, la que se registró con el número 747/2023-I-A; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, entre otras cosas, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional.********************TERCERO. Prevención para ampliación de demanda. Por acuerdo de ocho de junio de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar como nueva autoridad responsable al Fiscal Investigador de la Fiscalía General del Estado de la Agencia Décimo Séptima de Izamal, Yucatán; lo anterior, ya que del informe justificado del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se advirtió su participación.********************CUARTO. Demanda por no ampliada. Mediante acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por no ampliada la demanda de amparo; ya que la parte quejosa no desahogó la prevención a que se hizo referencia en el antecedente tercero, no obstante estar debidamente notificada y haber transcurrido el término que se le señaló para tal efecto; auto que causó estado el veintiocho de agosto siguiente.********************Finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y,********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación.********************SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa.********************Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: ********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."****************************************En el mismo sentido, tiene aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: ********************La negativa de entregarle el vehículo de su propiedad marca Volkswagen, tipo Vento, modelo dos mil diecisiete, color negro, con placas de circulación Y29-JGL del Estado de México, número de serie MEX512608HT047610 y número de motor CLS498309.****************************************TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, pues así se advierte del informe que rindió el Director Jurídico de la citada Secretaría, en su representación (número de promoción 9388).********************Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone:********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto."****************************************Lo que se corrobora con las constancias remitidas por el Fiscal en Jefe en turno de la Unidad de Investigación y Litigación Izamal, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (número de promoción 14250); documentales que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2.********************CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción.********************Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."****************************************QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación hechos valer por el peticionario de amparo, en el sentido de que la responsable ha transgredido sus derechos fundamentales, ya han omitido proceder a la devolución del vehículo marca Volkswagen, tipo Vento, modelo dos mil diecisiete, color negro, con placas de circulación Y29-JGL del Estado de México, número de serie MEX512608HT047610 y número de motor CLS498309, ordenado por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Izamal, Yucatán, en la carpeta de investigación F7-F7/000100/2022, mediante oficio de uno de marzo de dos mil veintitrés.********************Así, se precisa que las garantías de acceso efectivo a la justicia de todo gobernado, consagradas en el referido numeral de la Constitución Federal establecen, en lo conducente, lo siguiente: ********************"Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (...)" ****************************************De lo anterior, se advierte que el precepto constitucional en comento garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador secundario establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República.********************Esto es así, pues el derecho fundamental establecido a favor del gobernado en este caso, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades administrativas de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, y tener, en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los procedimientos ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas, lo que conlleva a entender que la obligación estatal que deriva de esta garantía es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales tienen el deber de actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita de conformidad con los plazos procesales. ********************Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis 1a. LXX/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 438, Tomo XXII, Julio de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del literal siguiente: ********************"JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA. El mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial. Por lo que respecta a los actos legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando el legislador establece en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales, entendiéndose por: a) generales, que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales." ****************************************En este orden de ideas, de las manifestaciones vertidas en la demanda y de las constancias adjuntas se desprende que el quejoso es propietario del vehículo marca Volkswagen, tipo Vento, modelo dos mil diecisiete, color negro, con placas de circulación Y29-JGL del Estado de México, número de serie MEX512608HT047610 y número de motor CLS498309, pues al efecto acreditó la propiedad ante el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Izamal, Yucatán.********************Asimismo, que dicho vehículo fue puesto a disposición del citado fiscal Investigador, el treinta de diciembre de dos mil veintidós, por un elemento de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública, en el depósito vehicular número uno de dicha Secretaría.********************Sin embargo, dicho fiscal investigador mediante oficio de uno de marzo de dos mil veintitrés, solicitó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, que se ordene lo conducente para que sea devuelto materialmente al quejoso el vehículo marca Volkswagen, tipo Vento, modelo dos mil diecisiete, color negro, con placas de circulación Y29-JGL del Estado de México, número de serie MEX512608HT047610 y número de motor CLS498309.********************No obstante, de las constancias que obran en este sumario se advierte que el Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, no ha entregado el vehículo de mérito al quejoso no obstante que ya fue ordenado por el aludido Fiscal, desde el uno de marzo de dos mil veintitrés. ********************Por tanto, dado el tiempo transcurrido desde que se emitió el oficio en el cual ordenó se lleven a cabo las gestiones para la devolución del vehículo del quejoso, hasta la fecha de la presente audiencia, es evidente que su proceder se traduce en una franca violación a lo previsto en el artículo 17 Constitucional, toda vez que la omisión de dar trámite administrativo a la entrega del citado automotor, no está sustentada en algún precepto legal que la faculte a desatender la solicitud de mérito, obstaculizando con ello, el debido cumplimiento de un mandato ministerial, lo que implica la denegación de justicia de que se duele el peticionario de amparo y, por ende, violatoria del citado precepto constitucional, que prevé como derecho de todo individuo, el acudir a la jurisdicción del Estado, a fin de que se le administre justicia pronta, completa e imparcial, ante la prohibición constitucional de hacerlo por sí mismo. ********************Máxime que su proceder carece de sustento en virtud de que el citado vehículo fue resguardado en el depósito vehicular de la Institución provisionalmente, pero estaba a disposición de la autoridad investigadora, por lo que, si ésta giró oficio informando que no existía inconveniente legal alguno para que se procediera a su devolución a su propietario, el proceder de la responsable carece de sustento legal alguno.********************Por lo tanto, al resultar fundado el concepto de violación antes analizado, con fundamento en el artículo 77, fracción II, párrafo segundo de la Ley de Amparo en vigor, procede conceder la protección de la Justicia Federal solicitada.********************SEXTO. Efectos de la sentencia. En las relatadas condiciones, al resultar la conducta de la responsable violatoria de los derechos fundamentales del quejoso, lo procedente es concederle al quejoso ******************** el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, de inmediato realicen el trámite administrativo para la devolución del vehículo marca Volkswagen, tipo Vento, modelo dos mil diecisiete, color negro, con placas de circulación Y29-JGL del Estado de México, número de serie MEX512608HT047610 y número de motor CLS498309, ordenado por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Izamal, Yucatán, en la carpeta de investigación F7-F7/000100/2022 de su índice.********************Sin que a partir de la fecha de expedición de dicha orden del fiscal se le pueda cobrar alguna cantidad por estancia del automotor, como una consecuencia del ilegal actuar de la autoridad.********************SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales.********************Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares.********************Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: ********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; ****************************************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública.********************De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. ********************NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo.********************Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se :********************R E S U E L V E:********************PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al quejoso ********************, en contra de los actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por lo motivos expresados en el considerando quinto de este fallo, y para los efectos establecidos en el sexto subsecuente.********************SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. ********************TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública.********************CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia.********************Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Fiscal en Jefe en turno, de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General del Estado, con sede en Izamal, Yucatán, y anexo que acompaña, con los que da cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de uno de septiembre actual. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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