Ángel Lázaro González Magaña

Expediente 1191/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1191/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Ángel Lázaro González Magaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso ÁNGEL LÁZARO GONZÁLEZ MAGAÑA, en contra de la sentencia de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo; medio de impugnación que se admitió bajo el número de toca 450/2022, del índice de la Superioridad. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    NOT ELECT Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a este expediente el escrito signado vía electrónica por el quejoso Ángel Lázaro González Magaña, mediante el cual interpone recurso de revisión y expresa los agravios que hace valer en contra de la sentencia dictada el doce de septiembre de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en los artículos 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de expresión de agravios, remítanse copias del mismo a la autoridad responsable y córrase traslado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, con entrega de una copia de dicho escrito. Hecho esto, envíese este expediente, junto con el original del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar al respecto. En mérito de lo anterior, fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias conducentes, además de una copia simple del escrito de agravios. Notifíquese; personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; y cúmplase.

  3. Principal

    ELECTR.VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1191/2022-IV-B, promovido por ÁNGEL LÁZARO GONZÁLEZ MAGAÑA, en su carácter de defensor particular de MANUEL JESÚS CHI MEDINA; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció ÁNGEL LÁZARO GONZÁLEZ MAGAÑA, como defensor particular de MANUEL JESÚS CHI MEDINA, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que atribuyó a las autoridades responsables Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín y Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Izamal, Yucatán (Agencia Décimo Séptima). SEGUNDO. En auto de once de mayo de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa a efecto de que precisara los actos reclamados, requerimiento que cumplió, por lo que en auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se desechó parcialmente la demanda, por lo que hace al acto reclamado a la autoridad responsable Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Izamal, Yucatán (Agencia Décimo Séptima), y se admitió a trámite por la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable antes señalada; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se tiene que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictado por la Juez responsable, en el que ordenó el archivo del expedientillo 60/2022, por considerar que el quejoso no tiene el carácter de víctima u ofendido para interponer el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el caso no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ya sea que las partes la invoquen o que este órgano jurisdiccional la advierta de oficio. Por tanto, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción es innecesaria, ya que no existe precepto alguno que obligue a ello, además de que no le causa perjuicio a la ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de la litis constitucional. Los conceptos de violación vertidos por el quejoso, resultan infundados sin que deba suplirse la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, al no advertir motivo para ello. En efecto, en sus motivos de disenso, la parte amparista medularmente refiere que es incorrecta la determinación de la Juez de Control responsable de archivar el expedientillo 60/2022 de su índice, al señalar que al tener el carácter de imputado no puede interponer el recurso que establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando puede hacerse una interpretación analógica de dicho numeral para que tal medio de defensa pueda ser utilizado por las partes procesales, en este caso, por el implicado, pues no puede ser limitativo, atento a los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad del proceso penal acusatorio y oral. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable en copia certificada adjuntas a su informe de ley, a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, derivadas el expedientillo 60/2022 de su registro, se obtiene lo siguiente: 1. Mediante escrito fechado el veinticinco de abril de dos mil veintidós, Ángel Lázaro González Magaña, ostentándose defensor particular del imputado MANUEL JESÚS CHI MEDINA, acudió ante la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial, con sede en Kanasín, Yucatán, a solicitar el control judicial en contra de la omisión del Fiscal investigador residente en Izamal, Yucatán, de contestarle la solicitud que realizó por escrito el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, para que decretara el no ejercicio de la acción penal, adjuntando copia del citado memorial. 2.- Luego, en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictado en el expedientillo 60/2022, la Juez responsable dictó un auto, que es de la literalidad siguiente: "JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO. Kanasín, Yucatán, 26 de abril de 2022. VISTOS: La cuenta que inmediatamente antecede, firmada por la Administradora de este juzgado de control, en el cual informa que a las 12:58 horas del día de ayer, se recibió vía correo electrónico, en la Administración de este juzgado un memorial de fecha 25 del mes y año en curso, suscrito por el licenciado Ángel Lázaro González Magaña, defensor privado del ciudadano Manuel Jesús Chi Medina, por medio del cual solicita la intervención judicial de esta juzgadora en la carpeta de investigación número F7-F7-84/2018 de la Unidad de Investigación y Litigación del Ministerio Público con sede en Izamal, Yucatán, esto con motivo de que a la fecha no le ha dado contestación a su petición de fecha 26 de septiembre del año 2020, atinente al no ejercicio de la acción penal. En mérito de lo anterior, se acuerda: fórmese el expedientillo número 60/2022 y engrósense al mismo el escrito de cuenta y anexos que adjunta, para los efectos legales que correspondan. Ahora bien, considerando que esta juzgadora tiene competencia para ejercer las atribuciones que el Código Nacional de Procedimientos Penales, le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio, con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional; así como atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal; en el caso que nos ocupa, si bien es cierto, que el defensor privado, licenciado Ángel Lázaro González Magaña, es quien solicita la intervención de esta juzgadora, por determinaciones de la autoridad ministerial, éstas solamente pueden ser impugnadas por la victima u ofendido, supuesto que no acontece; luego entonces (sic) de emitir alguna resolución, el legitimado en su caso para poder hacer uso del recurso, no lo es el citado promovente licenciado González Magaña; sino la víctima u ofendido, tal y como los dispone el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; en consecuencia, al no existir razón jurídica para la subsistencia del presente expedientillo, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL MISMO COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Otro sustento de derecho tesis jurisprudencial VI. 2o.P. 56. P (10a), registro digital 2020081. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. [.]". La resolución anterior constituye el acto reclamado. Al respecto, como se anticipó, no tiene razón el inconforme en sus motivos de disenso, aún suplidos en su deficiencia, pues el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que prevé el recurso innominado en relación con el control judicial de que se trata, señala: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Así, del precepto jurídico citado, se obtiene que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. Por tanto, es notorio que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a los sujetos legitimados para interponer el medio de impugnación que prevé, señala únicamente a la víctima u ofendido, por lo que, ante su redacción restrictiva, el imputado o quien se ostente con tal carácter no está legitimado para impugnar ante el Juez de Control las actuaciones del Ministerio Público sobre los tópicos ya señalados. En esa guisa, de acuerdo a lo señalado por la norma procesal que rige al acto, es claro que el imputado o quien se ostente con tal carácter, no cuenta con legitimación para promover ese control judicial, precisamente porque el legislador fue claro al prever que solamente sería la víctima u ofendido quienes pueden interponer ese medio de impugnación. Ello, en razón de que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se conceptualiza como una forma de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la víctima u ofendido, por dos razones: a) Porque dicho artículo emerge dentro del nuevo paradigma del sistema acusatorio penal, cuya reforma debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, con el fin de armonizar un sistema en el cual, entre otras cuestiones, se priorice la protección de los derechos de la víctima u ofendido, asignándole un papel preponderante dentro del proceso penal; y, b) Porque de una interpretación teleológica del artículo en estudio, se advierte que las determinaciones impugnables en términos del referido artículo 258, son aquellas que afectan principalmente a la víctima u ofendido, atendiéndose a su papel activo dentro del proceso. En ese contexto, si en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se indica en forma clara y precisa que la interposición del recurso innominado a que se refiere, únicamente corresponde interponerlo a la víctima u ofendido, no ha lugar a hacer mayor interpretación, porque ése fue el espíritu del legislador. Sobre la base de las consideraciones anteriores, es notorio que el recurso interpuesto por el imputado, deviene notoriamente improcedente, como correctamente lo señaló la Juez de Control responsable, precisamente porque el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales únicamente prevé su interposición por parte de la víctima u ofendido. Tales razonamientos encuentran apoyo en el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecido en la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 1841, del Libro 5, Septiembre de 2021, de la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "MEDIO DE DEFENSA INNOMINADO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL INCULPADO O QUIEN SE OSTENTE COMO TAL, NO ESTÁ OBLIGADO A INTERPONERLO, PREVIAMENTE A PROMOVER JUICIO DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar si era necesario que el imputado o quien se ostentara como tal, agotara el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a promover el juicio de amparo, ello con el objeto de cumplir con el principio de definitividad, o bien, si sólo resulta exigible su interposición para el ofendido o víctima de algún delito. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, atendiendo al espíritu del legislador federal en la creación del recurso innominado a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ante la redacción restrictiva del mismo, en el que sólo se señala a la víctima u ofendido del delito; debe prevalecer como criterio que el inculpado o quien se ostente como tal no está obligado a interponerlo, previamente a promover el juicio de amparo. Justificación: Ello, porque el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se conceptualiza como una forma de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la víctima u ofendido; por dos razones: primero, porque dicho artículo emerge dentro del nuevo paradigma del sistema acusatorio penal, cuya reforma debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, con el fin de armonizar un sistema en el cual, entre otras cuestiones, se priorice la protección de los derechos de la víctima u ofendido, asignándole un papel preponderante dentro del proceso penal; y, segundo, porque de una interpretación teleológica del artículo en estudio, se advierte que las determinaciones impugnables en términos del referido artículo 258, son aquellas que afectan principalmente a la víctima u ofendido, atendiéndose a su papel activo dentro del proceso. Además, porque conforme al principio de definitividad, se exige a la parte quejosa que previo a la interposición del juicio, agote los recursos contemplados en la ley, mediante los cuales se pueda modificar, revocar o nulificar el acto impugnado, porque de no hacerlo así, se podría declarar su improcedencia, con base en las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, esa improcedencia debe ser manifiesta e indudable, esto es, el juzgador no debe acudir a mayor interpretación, sino que se debe advertir claramente de la ley, o del análisis de las constancias que se estimen conducentes. En ese contexto, si en el artículo multicitado se precisa en forma clara que la interposición del recurso innominado a que se refiere, únicamente corresponde interponerlo a la víctima u ofendido, no ha lugar a hacer mayor interpretación, porque ése fue el espíritu del legislador y de otra forma no se estaría dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 133 de la Ley de Amparo, porque la causa de improcedencia no sería notoria ni manifiesta." Cabe precisar que, con lo anterior no se afecta el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa, precisamente porque, en relación a la abstención de integrar la carpeta de investigación por parte del Ministerio Público, en su calidad de imputado, se encuentra facultado a promover el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar el precitado recurso innominado, precisamente porque, como se determinó en la jurisprudencia antes aludida, condicionarlo a ello representaría imponerle una exigencia excesiva y carente de razonabilidad, al no estar autorizado por el texto expreso de la ley para interponer dicho medio ordinario de defensa. Así las cosas, ante lo infundado de los motivos de inconformidad esgrimidos por la parte quejosa, lo procedente es NEGAR el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, solicitados por la parte quejosa en contra del acto que reclamó de la Juez de Control responsable, atento a los motivos expresados a lo largo de esta sentencia. SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte no hizo manifestación respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 215 y 217 de la referida Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MANUEL JESÚS CHI MEDINA MANUEL, por conducto de su abogado particular Ángel Lázaro González Magaña, en contra del acto que reclama de la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que aún no transcurre el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado remitido por la autoridad responsable Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, residente en Kanasín, Yucatán, el cual fue recibido y puesto a la vista de las partes en proveído de doce de agosto en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se fija como nuevas fecha y hora para su celebración las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese, y cúmplase.

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