Angel Limon Gonzalez

Expediente 392/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
392/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Angel Limon Gonzalez
  • Agente del Ministerio Publico Investigador de la Unidad de Investigacion Especializada En Violencia Familiar Y Delitos de Genero, de la Fiscalía General del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil veintidós. I.FIRME SOBRESEIMIENTO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que a la fecha de este proveído, feneció el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en la cual se sobreseyó en el presente controvertido constitucional; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos II.DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  2. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE OCURSANTE GLORIA CLAUDIA RIVERA HERNÁNDEZ EL ACUERDO DE 07 DE JUNIO DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil veintidós. Visto, intégrese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Gloria Claudia Rivera Hernández, por el cual, solicita: 1. Le sea reconocido el carácter de tercera interesada en el presente sumario constitucional, pues aduce, que en este asunto se hizo referencia a la carpeta de investigación CDI/FEIDVGCM/SEXUALES-I/006956/2021, en la que ella tiene el calidad de denunciante en protección de su mejor hijo cuyo nombre se identifica con las siglas D.L.R., con motivo de los hechos con apariencia del delito de corrupción de menores y, señala que el resultado de este juicio impacta de manera sustantiva en los derechos del referido menor. 2. Proporciona domicilio para recibir notificaciones personales, así como autorizados para recibirlas en su representación. 3. Designa autorizados en términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo. 4. Se le expida copia certificada de todo lo actuado para estar en posibilidad de defender los derechos del menor en cita, dentro del procedimiento de la carpeta de investigación CDI/FEIDVGCM/SEXUALES-I/006956/2021 y el expediente número 523/2020 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de la Ciudad de Puebla. Al respecto, se provee: En relación a la petición contenida en el dígito 1, resulta preciso señalar, que acorde a lo establecido en el artículo 5° de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista. b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad. En el caso concreto, no se actualiza alguna de las hipótesis antes señaladas, en razón a que, si bien es cierto, el quejoso Ángel Limón González señaló como acto reclamado en su escrito inicial de demanda, además de otros, "la negativa por parte del 1. Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Genero de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de permitir al quejoso rendir su declaración y aportar pruebas en la carpeta de investigación CDI/FEIDVGCM/SEXUALES-1/006956/2021."; lo cierto es, que la autoridad responsable ordenadora 1. Encargada de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia -en su denominación correcta-, al rendir su informe justificado, negó categóricamente la existencia de tal acto, pues indicó que en esa Unidad no se contaba con registro de la referida carpeta. En esa tesitura, el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se emitió sentencia en la que se sobreseyó en el presente sumario constitucional, debido a la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad mencionada en el párrafo que precede y otras diversas señaladas como responsables; sin que el quejoso aportara algún medio de prueba idóneo que desvirtuara dichas negativas. De ahí, que es evidente que el fallo emitido en el presente asunto, no le genera alguna afectación a los derechos de la ocursante, ni de su menor hijo, verbigracia, a la reparación del daño o a la responsabilidad civil; y por ende, no se estima procedente reconocerle la calidad de tercera interesada, en el juicio de amparo en que se actúa. En otro orden, con relación a las peticiones formuladas por la ocursante, descritas en los numerales 2, 3 y 4, no ha lugar a acordarlas de conformidad, en atención a que, al no serle reconocido el carácter de tercera interesada, no es parte en este controvertido constitucional. Notifíquese personalmente a la ocursante en el domicilio señalado en su escrito de cuenta..."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil veintidós. Visto, intégrese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Gloria Claudia Rivera Hernández, por el cual, solicita: 1. Le sea reconocido el carácter de tercera interesada en el presente sumario constitucional, pues aduce, que en este asunto se hizo referencia a la carpeta de investigación CDI/FEIDVGCM/SEXUALES-I/006956/2021, en la que ella tiene el calidad de denunciante en protección de su mejor hijo cuyo nombre se identifica con las siglas D.L.R., con motivo de los hechos con apariencia del delito de corrupción de menores y, señala que el resultado de este juicio impacta de manera sustantiva en los derechos del referido menor. 2. Proporciona domicilio para recibir notificaciones personales, así como autorizados para recibirlas en su representación. 3. Designa autorizados en términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo. 4. Se le expida copia certificada de todo lo actuado para estar en posibilidad de defender los derechos del menor en cita, dentro del procedimiento de la carpeta de investigación CDI/FEIDVGCM/SEXUALES-I/006956/2021 y el expediente número 523/2020 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de la Ciudad de Puebla. Al respecto, se provee: En relación a la petición contenida en el dígito 1, resulta preciso señalar, que acorde a lo establecido en el artículo 5° de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista. b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad. En el caso concreto, no se actualiza alguna de las hipótesis antes señaladas, en razón a que, si bien es cierto, el quejoso Ángel Limón González señaló como acto reclamado en su escrito inicial de demanda, además de otros, "la negativa por parte del 1. Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Genero de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de permitir al quejoso rendir su declaración y aportar pruebas en la carpeta de investigación CDI/FEIDVGCM/SEXUALES-1/006956/2021."; lo cierto es, que la autoridad responsable ordenadora 1. Encargada de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia -en su denominación correcta-, al rendir su informe justificado, negó categóricamente la existencia de tal acto, pues indicó que en esa Unidad no se contaba con registro de la referida carpeta. En esa tesitura, el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se emitió sentencia en la que se sobreseyó en el presente sumario constitucional, debido a la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad mencionada en el párrafo que precede y otras diversas señaladas como responsables; sin que el quejoso aportara algún medio de prueba idóneo que desvirtuara dichas negativas. De ahí, que es evidente que el fallo emitido en el presente asunto, no le genera alguna afectación a los derechos de la ocursante, ni de su menor hijo, verbigracia, a la reparación del daño o a la responsabilidad civil; y por ende, no se estima procedente reconocerle la calidad de tercera interesada, en el juicio de amparo en que se actúa. En otro orden, con relación a las peticiones formuladas por la ocursante, descritas en los numerales 2, 3 y 4, no ha lugar a acordarlas de conformidad, en atención a que, al no serle reconocido el carácter de tercera interesada, no es parte en este controvertido constitucional. Notifíquese personalmente a la ocursante en el domicilio señalado en su escrito de cuenta...

  4. Principal

    25/05/2022 V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 392/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Ángel Limón González, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el doce de abril de dos mil veintidós (fojas 2 a 9), mediante buzón judicial, y remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Ángel Limón González solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de doce de abril de dos mil veintidós (fojas 10 a 16), se registró la demanda promovida por Ángel Limón González, por propio derecho, con el número de juicio de amparo indirecto 392/2022; y se previno al quejoso para que diera cumplimiento a lo siguiente: "(.) PRIMERO. Precise bajo protesta de decir verdad, el nombre correcto del quejoso que insta el presente sumario constitucional. Lo anterior es así, pues en el proemio del escrito inicial de demanda se desprende que Ángel Limón González, acude a esta contienda constitucional por propio derecho, además signa el referido libelo; sin embargo, en el segundo párrafo del escrito inicial de amparo refirió lo siguiente: (.) vengo a demandar el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, en contra de los actos de autoridad que más adelante señalare como Autoridad Responsable, por violaciones a los DERECHOS HUMANOS del suscrito Quejoso MARIO HUERTA ALVAREZ (..)" "SEGUNDO. Precise la denominación actual y correcta de la autoridad ejecutora responsable que señaló como: "C) Director de la policía ministerial en el estado de puebla. (...) TERCERO. Deberá precisar bajo protesta de decir verdad, si reclama de las autoridades responsables: a) La negativa de declarar en la carpeta de investigación de origen; o, b) La omisión de darle informes respecto a la indagatoria de origen. [.]" Una vez que la citada parte quejosa desahogó la vista en cuestión, en auto de veinticinco de abril del año que transcurre (fojas 19 a 22), se ordenó la ratificación del escrito mediante el cual cumplió con tal prevención, por lo que en diligencia de veintinueve de abril del presente año (foja 26), Ángel Limón González compareció ante el suscrito juzgador y ratificó el contenido y la firma que fue plasmada en el ocurso de desahogo de la prevención. En consecuencia, mediante proveído de dos de mayo de dos mil veintidós (fojas 28 a 34), se admitió a trámite la demanda de amparo, formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 40). TERCERO. Cita para audiencia. En auto de dos de mayo del año en curso (fojas 28 a 34), se señalaron las nueve horas con treinta y cuatro minutos de este día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza cuya ejecución se atribuye a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, desahogo del auto preventivo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Ángel Limón González, reclama: a) Las órdenes de arresto, detención, captura, presentación, aprehensión o cualquier orden privativa de libertad libradas en contra del quejoso; y, su ejecución. b) La negativa por parte del 1. Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Genero de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de permitir al quejoso rendir su declaración y aportar pruebas en la carpeta de investigación CDI/FEIDVGCM/SEXUALES-1/006956/2021. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia, (en su denominación correcta). Niega (foja 42) 2. Fiscal de Investigación Metropolitana -por su representación-. Niega (foja 35) 3. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega (foja 41) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. Aunado a lo anterior, por cuanto hace a los actos relativos a las órdenes de detención, captura, aprehensión o cualquier orden privativa de libertad que atribuye el peticionario de amparo a la autoridad responsable ordenadora 1. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia, (en su denominación correcta), se destaca que esa potestad no cuenta con la facultad de dictar órdenes de aprehensión o captura, acorde a lo previsto en los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tal potestad es exclusiva de la autoridad judicial; de ahí, que el citado precepto legal, así como los diversos 141 y 142, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén la obligación que los Agentes del Ministerio Público justifiquen ante el Juez de la causa, la solicitud de la emisión de una orden de aprehensión, ante la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. Incluso en el citado numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que será el Juez de Control a solicitud del Ministerio Público, quien librará una orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela; también podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. De ahí, que la autoridad señalada como responsable ordenadora en el presente controvertido constitucional, no cuenta con la prerrogativa constitucional para emitir los mandatos de captura que por esta vía se le reclama. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, como lo solicitó el quejoso en su escrito de demanda, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso Ángel Limón González, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por cualquier medio de comunicación interna al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado.Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante la secretaria Martha Graciela Lemus Barajas, quien autoriza y da fe. Doy Fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) Ana Paulina En la propia fecha se giraron los oficios correspondientes al tenor de la minuta que se anexa y se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 392/2022 promovido por Ángel Limón González, por propio derecho; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante Martha Graciela Lemus Barajas, secretaria que autoriza y da fe, procede a su celebración, sin la asistencia de las partes, ni de su representante legítimo. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan el escrito de demanda presentado por Ángel Limón González (fojas 2 a 9); acuerdo preventivo (fojas 10 a 16); desahogo de la misma (fojas 17 y 18); diligencia de ratificación del escrito por el que se dio cumplimiento con dicho auto preventivo (foja 26); acuerdo admisorio (fojas 28 a 34); informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 35, 41 y 42); y, proveídos en que se recibieron (fojas 36, 37, 43 y 44). Asimismo, la Secretaria certifica: - Que transcurrió el plazo de ocho días concedido a las partes para que se impusieran de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otro lado, la Secretaria da cuenta con el escrito signado por el quejoso Ángel Limón González, registrado en el libro correspondiente con el folio 9362. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por realizada la relación de constancias, así como la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes. En diverso aspecto, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Ángel Limón González, mediante el cual solicita que se le autorice el acceso al expediente electrónico, y la práctica de notificaciones electrónicas, proporcionando para tal efecto el usuario "davidsanchezhuerta"; por lo que, al efecto se provee: Toda vez que al realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se acreditó que existe el usuario "davidsanchezhuerta", el cual se encuentra vigente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda favorable la solicitud de la parte quejosa de tener acceso al expediente electrónico del presente juicio, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y se ordena que las notificaciones de las resoluciones judiciales derivadas de este asunto, se realicen vía electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Signifíquese al quejoso que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, para los efectos legales procedentes. Abierto el período probatorio: La secretaria certifica que ninguna de las partes ofreció pruebas. Enseguida, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede; y, por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria da cuenta con las manifestaciones vertidas por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante pedimento 142/2022 presentado el doce de abril del año en curso; asimismo, hace constar que las demás partes no formularon alegatos. A lo anterior, el juez de Distrito acuerda: se tienen por realizados los alegatos formulados por el representante social de la adscripción y por precluido el derecho de las demás partes para formularlos; y, con fundamento en el artículo 124 de la Ley que rige al juicio de amparo, se da por concluido el período de referencia. Luego, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional. Acto seguido, el suscrito Juez procede a dictar: S E N T E N C I A V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 392/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Ángel Limón González, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el doce de abril de dos mil veintidós (fojas 2 a 9), mediante buzón judicial, y remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Ángel Limón González solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de doce de abril de dos mil veintidós (fojas 10 a 16), se registró la demanda promovida por Ángel Limón González, por propio derecho, con el número de juicio de amparo indirecto 392/2022; y se previno al quejoso para que diera cumplimiento a lo siguiente: "(.) PRIMERO. Precise bajo protesta de decir verdad, el nombre correcto del quejoso que insta el presente sumario constitucional. Lo anterior es así, pues en el proemio del escrito inicial de demanda se desprende que Ángel Limón González, acude a esta contienda constitucional por propio derecho, además signa el referido libelo; sin embargo, en el segundo párrafo del escrito inicial de amparo refirió lo siguiente: (.) vengo a demandar el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, en contra de los actos de autoridad que más adelante señalare como Autoridad Responsable, por violaciones a los DERECHOS HUMANOS del suscrito Quejoso MARIO HUERTA ALVAREZ (..)" "SEGUNDO. Precise la denominación actual y correcta de la autoridad ejecutora responsable que señaló como: "C) Director de la policía ministerial en el estado de puebla. (...) TERCERO. Deberá precisar bajo protesta de decir verdad, si reclama de las autoridades responsables: a) La negativa de declarar en la carpeta de investigación de origen; o, b) La omisión de darle informes respecto a la indagatoria de origen. [.]" Una vez que la citada parte quejosa desahogó la vista en cuestión, en auto de veinticinco de abril del año que transcurre (fojas 19 a 22), se ordenó la ratificación del escrito mediante el cual cumplió con tal prevención, por lo que en diligencia de veintinueve de abril del presente año (foja 26), Ángel Limón González compareció ante el suscrito juzgador y ratificó el contenido y la firma que fue plasmada en el ocurso de desahogo de la prevención. En consecuencia, mediante proveído de dos de mayo de dos mil veintidós (fojas 28 a 34), se admitió a trámite la demanda de amparo, formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 40). TERCERO. Cita para audiencia. En auto de dos de mayo del año en curso (fojas 28 a 34), se señalaron las nueve horas con treinta y cuatro minutos de este día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza cuya ejecución se atribuye a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, desahogo del auto preventivo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Ángel Limón González, reclama: a) Las órdenes de arresto, detención, captura, presentación, aprehensión o cualquier orden privativa de libertad libradas en contra del quejoso; y, su ejecución. b) La negativa por parte del 1. Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Genero de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de permitir al quejoso rendir su declaración y aportar pruebas en la carpeta de investigación CDI/FEIDVGCM/SEXUALES-1/006956/2021. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia, (en su denominación correcta). Niega (foja 42) 2. Fiscal de Investigación Metropolitana -por su representación-. Niega (foja 35) 3. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega (foja 41) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. Aunado a lo anterior, por cuanto hace a los actos relativos a las órdenes de detención, captura, aprehensión o cualquier orden privativa de libertad que atribuye el peticionario de amparo a la autoridad responsable ordenadora 1. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia, (en su denominación correcta), se destaca que esa potestad no cuenta con la facultad de dictar órdenes de aprehensión o captura, acorde a lo previsto en los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tal potestad es exclusiva de la autoridad judicial; de ahí, que el citado precepto legal, así como los diversos 141 y 142, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén la obligación que los Agentes del Ministerio Público justifiquen ante el Juez de la causa, la solicitud de la emisión de una orden de aprehensión, ante la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. Incluso en el citado numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que será el Juez de Control a solicitud del Ministerio Público, quien librará una orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela; también podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. De ahí, que la autoridad señalada como responsable ordenadora en el presente controvertido constitucional, no cuenta con la prerrogativa constitucional para emitir los mandatos de captura que por esta vía se le reclama. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, como lo solicitó el quejoso en su escrito de demanda, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso Ángel Limón González, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por cualquier medio de comunicación interna al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado. Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante la secretaria Martha Graciela Lemus Barajas, quien autoriza y da fe. Doy Fe.

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