Angel Gustavo Hernandez Lopez

Expediente 1328/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1328/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
25/01/2018

Partes del expediente

  • Angel Gustavo Hernandez Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de ocho de enero de dos mil dieciocho que sobreseyó en el juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Agente del Ministerio Público de la Mesa Uno de la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexos I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1328/2017-B promovido por ÁNGEL GUSTAVO HERNÁNDEZ LÓPEZ, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Vistos los autos del presente juicio de garantías, se advierte que aún no transcurre el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable 9. Agente del Ministerio Público Delegación Centro, a cargo de la Unidad Centro del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, ya que fueron notificados por lista de éste el veinte de diciembre pasado (foja 40 vuelta), notificación que surtió efectos el veintiuno siguiente; por tanto, el referido término de ocho días transcurrirá del veintidós de diciembre del año que transcurre al cuatro de enero del año próximo. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Atento a lo anterior, no se está en condiciones de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por tanto, SE DIFIERE y se fija como nueva fecha para su celebración las diez horas con veinte minutos del ocho de enero de dos mil dieciocho.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Mesa Uno de la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante el cual rinde informe justificado; sin embargo, no ha lugar a tener por rendido el mismo, en virtud de que, por acuerdo de diecinueve de diciembre pasado, se tuvo por rendido el mismo. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como prueba de la autoridad responsable de mérito la documental que anexa al oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarla al momento de celebrarse la audiencia constitucional, y con la misma, dese vista a las partes para los efectos legales conducentes. Además, en razón al cuantioso número de fojas que remitió la citada autoridad responsable, y que se dificulta su manejo y consulta al integrarlo al expediente en que se actúa, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmese el ANEXO I de este expediente, respetando el folio original, a fin de que el día que tenga verificativo la audiencia constitucional pueda ser apreciado debidamente. Así mismo, téngase a la referida autoridad manifestando que la información proporcionada es de carácter confidencial; en consecuencia, dada la calificación que realizó la citada autoridad, si bien las partes podrán tener acceso a dichas constancias para su consulta, no podrán ser grabadas o reproducidas por cualquier medio, en virtud de la calificación dada por parte de la autoridad responsable; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 97, 110, fracción XI, 113, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sirve de sustento a lo anterior, el siguiente criterio: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo.

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